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Responde el empleador, no asi la ART por los daños sufridos por el actor al caer de un caballo mientras trasladaba la hacienda.

Voces: RELACIÓN DE CAUSALIDAD – RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO O GUARDIÁN DE LA COSA – ART – ACCIDENTE DE TRABAJO – INDEMNIZACIÓN DEL DERECHO CIVIL POR RIESGOS DEL TRABAJO – COSA RIESGOSA – DAÑOS CAUSADOS CON ANIMALES

Partes: López Gonzalo Javier c/ Garrido Gonzalo y otro s/ accidente – acción civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 18-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-79536-AR | MJJ79536 | MJJ79536

El empleador debe indemnizar al actor por la lesión en la rodilla sufrida al caer de un caballo mientras trasladaba la hacienda, quedando exonerada de responsabilidad civil la ART. Cuadro de rubros indemnizatorios.

CuadroMJ79536.png

 

 

 

 

 

 

 

Sumario:

1.-Debe revocarse el fallo recurrido y, en consecuencia, acoger la acción civil deducida, pues en la causación del daño intervino un caballo, que constituye un peligro en potencia y las circunstancias del caso lo convirtieron aún en un elemento de mayor peligrosidad, habida cuenta de que, en el cumplimiento de sus funciones, el actor se encontraba montado guiando a otro caballo hacia el corral, cuando el animal que cabalgaba se costaló, todo lo cual constituye una cosa riesgosa en los términos del art. 1113 del CCiv., de la que era propietario y/o guardián el empleador, sin que se haya invocado y menos aún acreditado la culpa de la víctima o de un tercero por el que no se deba responder.

2.-La culpa de la víctima para cortar -totalmente- el nexo de causalidad entre el hecho y el detrimento a que alude el art. 1113, 2º párr. del CCiv., debe aparecer como la única causa del perjuicio, aparte de revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor.

3.-La existencia de un episodio traumático -más allá de las vicisitudes que se agitan en orden a sus particularidades- resultó admitida por el empleador al formular la denuncia del siniestro ante la aseguradora con la que había convenido la cobertura por riesgos del trabajo, por lo que mal puede desconocerlo sin incurrir en contradicción con su conducta anterior válidamente asumida.

4.-Debe desestimarse la acción intentada contra la ART, pues el accionante no ha denunciado cuál fue el recaudo de seguridad que omitió informar la aseguradora de riesgos y que podría, razonablemente apreciado, haber evitado el evento dañoso (máxime teniendo en cuenta que la cosa riesgosa es un semoviente, es decir, tiene movilidad por voluntad propia y su manejo requiere cierta destreza); presupuesto insoslayable para determinar la existencia de un nexo de causalidad adecuado entre el daño y el cumplimiento deficiente de las obligaciones legales previstas en los art. 4º de la LRT.

5.-El hecho de que la ART acepte un evento como accidente de trabajo no la inhibe para formular las defensas pertinentes, si el empleado decide accionar con fundamento en disposiciones del derecho común, máxime si no ha tenido participación en el evento dañoso.

6.-Si bien la ley 24557 ha puesto en cabeza de las ART una obligación cuasi-estatal como es la seguridad y vigilancia en los lugares de trabajo, cuyo incumplimiento puede generar la responsabilidad en el caso de que un trabajador sufra un daño, debe acreditarse que la inobservancia de los deberes a cargo de las aseguradoras guarden respecto al evento dañoso, un nexo adecuado de causalidad, presupuesto que en el caso no se acreditó conforme a lo que surge de autos.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de 2013, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

I.- La sentencia de primera rechazó la demanda contra Gonzalo GARRIDO y PREVENCION A.R.T. S.A., entablada por accidente laboral en los términos de la acción civil. Ello suscita la queja de la parte actora a tenor del memorial presentado a fs. 781/796. Por su parte, el abogado del demandado cuestiona los honorarios regulados a su favor, por estimarlos reducidos.

II.- El actor se considera agraviado porque la sentenciante «a quo» no hizo lugar a la pretensión inicial. En lo sustancial, el reproche endilgado gravita en torno a la ponderación de la prueba documental y pericial médica, y a partir de ahí cuestiona la conclusión alcanzada, en orden al acaecer mismo del evento dañoso, y por ende, de la consecuencia indemnizatoria.

Liminarmente, es dable destacar que la existencia de un episodio traumático -más allá de las vicisitudes que se agitan en orden a sus particularidades-, resultó admitida por el empleador al formular la denuncia del siniestro ante la aseguradora con la que había convenido la cobertura por riesgos del trabajo (ver, constancia de denuncia ante Prevención A.R.T. a fs. 273 y escrito de contestación de demanda de fs.108 punto VI La realidad de los hechos), y por ende, mal puede desconocerlo sin incurrir en contradicción con su conducta anterior válidamente asumida, resultando aplicable en la situación en debate la doctrina que emerge del aforismo latino «venire contra factum propium non valet», es decir que si se siguió un curso de acción que más tarde la apelante advirtió que no era el conveniente para sus propios intereses, no puede desdecirse vulnerando la regularidad y confiabilidad del tráfico jurídico y el principio de buena fe que debe primar en toda relación laboral

El testigo José Luis Capelli, (fs. 478), yerno del demandado, propuesto por éste, manifestó que el actor trabajaba en el establecimiento rural El Picaflor, bajo las órdenes de Gonzalo Garrido como peón general, siendo una de sus actividades la de correr la hacienda. Que sabe que tuvo una lesión en la rodilla derecha, su suegro le comentó que se habría caído del caballo. Que el actor fue asistido por el Sr. Gonzalo Garrido quien lo ayudó y trasladó hasta el Hospital Municipal de Lobería.

En síntesis, las declaraciones precedentemente transcriptas dan cuenta de la mecánica del accidente, corroboran la versión del siniestro tal como fue descripta en la demanda y no alcanzan a ser morigeradas en su fuerza convictiva por las genéricas impugnaciones vertidas a fs. 518/519.

Con arreglo a ello, es evidente que el hecho que produjo el daño cuya indemnización se reclama ocurrió en ocasión y lugar del servicio del demandante y por ende, tal como se ha puntualizado, no puede prescindirse, a los fines de la apreciación de la responsabilidad, del principio objetivo que emana del artículo 1113 2º párrafo del Código Civil.En ese marco, basta que el damnificado pruebe el daño y el contacto con la cosa dañosa, no siendo admisible distinguir, a los efectos de determinar el derecho que pueda asistir al trabajador, si el daño fue producido por las cosas o en ocasión de realizar tareas con ellas, propias de la actividad, pues implicaría un apartamiento del concepto jurídico que cabe asignar aquel vocablo en el contexto del art. 1113 del Código Civil (C.S.J.N., Fallos: 311:1694, «Horacio, Julio N c/ YPF).

Sólo a mayor abundamiento, es dable destacar que en la causación del daño intervino un caballo, que constituye un peligro en potencia (arg. arts. 1124 y sgtes. C.C.) y que las circunstancias del caso lo convirtieron aún en un elemento de mayor peligrosidad. Ello es así, habida cuenta de que, en el cumplimiento de sus funciones, el actor se encontraba montado guiando a otro caballo hacia el corral, cuando el animal que cabalgaba se costaló, todo lo cual constituye una cosa riesgosa, en los términos del art. 1113 del Código Civil, de la que era propietario y/o guardián el empleador, sin que se haya invocado y menos aún acreditado la culpa de la víctima o de un tercero por el que no se deba responder (arg. arts. 1124 y sgtes C.C.).

Desde este último aspecto, cabe recordar que la culpa de la víctima para cortar -totalmente- el nexo de causalidad entre el hecho y el detrimento a que alude el art. 1113, 2º párrafo del Código Civil, debe aparecer como la única causa del perjuicio, aparte de revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (Fallos.308:1957; 310:2103; 311:1018; 327:5224 , entre otros antecedentes).

Al respecto, la perito (fs.687/696) informó, luego de la entrevista, evaluación médica, exámenes físicos y estudios realizados al actor, que éste padeció una afectación en su rodilla derecha por traumatismo directo (caída con el caballo) por lo que fue intervenido por meniscos y por gonalgia derecha, padeciendo actualmente una hidrartrosis moderada, episodios de dolor que ceden con reposo y hielo local por enrojecimiento de la piel de la rodilla, con disminución del cuádriceps crural derecho, resultando indudable que el acontecimiento súbito y violento ocurrido en ocasión del trabajo – y cabe agregar, a esta altura del proceso, debidamente acreditado- produjo la aparición del daño actual, que lo incapacita en forma parcial y permanente en el 13,2 % de la t.o.

En mi opinión, la experticia médica presenta claridad y seriedad científicas que le confieren pleno valor probatorio y no alcanza a ser relativizada ni por la impugnación vertida a fs. 712 y contestada a fs. 736/737, desde que; por un lado el dictamen ha sido elaborado sobre la base de los exámenes médicos y estudios complementarios practicados al trabajador, se sustenta en fundamentos, bases científicas y técnicas propias de la profesión del galeno (cf. arts. 346 y 477 del C.P.C.C.N.), y por el otro, lo cierto es que en oportunidad del ingreso el demandando debió haberse asegurado que el actor se encontraba apto para trabajar, corroborando tales datos mediante el examen médico preocupacional del art. 6º. 3b de la ley 24.557.

Respecto de la incapacidad psicológica, atento que la pericia respectiva indica que el actor ha logrado resolver el hecho traumático no evidenciando daño psíquico, entiendo no corresponde hacer lugar al reclamo de este rubro.

A partir de lo expuesto, verificado el daño -incapacidad del 13,2%- que cabe atribuir causalmente al accidente denunciado y debidamente acreditado, sólo cabe sostener que la demanda encuentra sustento normativo en la previsión emergente del art. 1113 del Código Civil.Así lo voto.

III.- Dicho ello, cabe detenerse respecto de la responsabilidad de Prevención A.R.T. S.A. En este punto, el accionante no ha denunciado cuál fue el recaudo de seguridad que omitió informar la aseguradora de riesgos y que podría, razonablemente apreciado, haber evitado el evento dañoso (máxime teniendo en cuenta que la «cosa» riesgosa es un semoviente, es decir, tiene movilidad por voluntad propia y su manejo requiere cierta destreza); presupuesto insoslayable para determinar la existencia de un nexo de causalidad adecuado entre el daño y el cumplimiento deficiente de las obligaciones legales previstas en los art. 4º de la LRT (arts. 512 , 902 , 1109 y 1074 del Código Civil). Esta conclusión no varía por la sola circunstancia de que la ART debe capacitar a todos los trabajadores denunciados por la empresa, pues la mecánica del accidente -en el caso, que el caballo rodara y arrastrara en la caída al peón que lo montaba- no permite incluirlo, sin más, en los riesgos implícitos en las labores comunes de la empresa.

No obsta a esta conclusión que la aseguradora le hubiese prestado asistencia médica y hasta lo hubiese indemnizado en el marco de lo dispuesto por la ley 24.557.Ello así porque ante la denuncia del accidente efectuada por el trabajador, la ART se encuentra obligada a otorgar las prestaciones de la ley, sin poder formular objeción al respecto (salvo el supuesto previsto en el Decreto 717/906), pues si así no fuera el trabajador quedaría en el más absoluto desamparo.

Pero el hecho de que la ART acepte un evento como accidente de trabajo no inhibe a esta para formular las defensas pertinentes, si el empleado decide accionar con fundamento en disposiciones del derecho común, máxime si no ha tenido participación en el evento dañoso.

No obstante lo expuesto, si bien la ley 24.557 ha puesto en cabeza de las ART una obligación cuasi-estatal como es la seguridad y vigilancia en los lugares de trabajo, cuyo incumplimiento puede generar la responsabilidad en el caso de que un trabajador sufra un daño, debe acreditarse que la inobservancia de los deberes a cargo de las aseguradoras guarden respecto al evento dañoso, un nexo adecuado de causalidad, presupuesto que en el caso no se acreditó conforme a lo que surge de autos. La omisión de comunicación burocrática a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la detección de incumplimientos, no posee, ni podría llegar a poseer eficacia causal para desencadenar o causar la afección del actor. No se debe confundir la responsabilidad administrativa por omisión de un comportamiento debido, sancionable en el marco de la ley especial, con la responsabilidad civil genérica, que requiere, para su operatividad, la concurrencia de una relación de causalidad material entre el hecho o acto y el resultado, también material, lesivo para el sujeto pasivo.

En definitiva, los hechos referidos no ofrecen ningún parámetro razonable como para condenar a la aseguradora con fundamento en el derecho común.

En estos términos, corresponde establecer la responsabilidad de PREVENCION Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., hasta el límite de la cobertura contratada. Tal solución se adecua a la pretensión del actor, esgrimida a fs.6/21 del escrito de demanda, y a la postura asumida en el responde, cuando la aseguradora explicó la aplicación al caso de la L.R.T., y solicitó que la cuestión se rigiera por esta normativa (fs. 48 vta.).

Toda vez que la pericia médica dictaminó una incapacidad del 13.2%, corresponde imponer a Prevención A.R.T. S.A. el pago de la indemnización, calculada en base a los parámetros de la L.R.T., en la suma de $16.421,16, debiendo deducirse la suma de $5.696,50 que fuere abonada previamente por la aseguradora mencionada. Así lo voto.

IV.- Por todo lo dicho hasta aquí considero que debe hacerse lugar a la queja planteada por el actor, condenándose al demandado Gonzalo Garrido al pago de la indemnización por incapacidad física del 13,2% determinado en la pericia médica; con más un 20% de lo que resulte de daño físico, en concepto de daño moral. Así lo propongo.

V.- Corresponde ahora expedirse sobre los montos de condena a cargo del empleador Garrido y de Prevención A.R.T. S.A.

Por lo pronto, cabe puntualizar que sobre este aspecto esta Sala ha traído a colación lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que «El valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres» (A. 436. XL; Recurso de hecho: «Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.y Pametal Peluso y Compañía SRL , del 8 de abril de 2008), en la cual el Alto Tribunal también señaló que «La incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., y debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable».

Sentado ello, cabe recordar que a raíz del evento acaecido, el accionante sufrió un traumatismo directo en su rodilla derecha por lo que fue intervenido por meniscos y por gonalgia derecha, padeciendo actualmente una hidrartrosis moderada, episodios de dolor y disminución del cuádriceps crural derecho, lo cual lo hace portador de una minusvalía física parcial y permanente del orden del 13,20%.

En ese marco, es decir tomando en consideración lo ya expuesto por la Corte Suprema (CSJN «Aróstegui» del 8-4-08 cit.) en el sentido de que cuando -como ocurre en estas actuaciones- se requiere el resarcimiento de los daños sufridos por la vía civil, cabe tomar en consideración no solamente el déficit laborativo, sino también los perjuicios que se derivan para la vida de relación del afectado y que repercute en sus inclinaciones sociales, artísticas, deportivas, etc.(esta Sala «Murray, Alejandro c. Lloyd Aéreo Boliviano S.A. y otro s/accidente» del 23-4-12).

Para arribar a esta conclusión cabe tomar en consideración todos los «ítems» mencionados precedentemente, su grado de incapacidad física y síquica, su edad (treinta y seis años a la fecha del accidente) y el tenor de las lesiones sufridas:cirugía de meniscos y gonalgia derecha que generaron hidrartrosis moderada y pérdida de cuádriceps crural derecho.

En base a todo ello sugiero respecto de la parte empleadora -Garrido-, fijar la reparación del daño material en la suma de $77.096,45 y del daño moral en la de $19.274,11. Total $96.370,56 (art. 165 CPCC). A dichos montos deberá deducirse la suma a cargo de Prevención A.R.T. S.A., es decir $16.421,16; por lo que el monto definitivo de condena que debe soportar el empleador asciende a $79.949,40, al que se le adicionarán los intereses a partir del alta médica (23/11/2007) y hasta el efectivo pago, conforme la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (Res. 2357/02 del 07 de mayo del 2002 y Res. 08/02 CNAT).

VI.- Lo expuesto implica admitir la pretendida declaración de inconstitucionalidad que mereció el art. 39, inc. 1 , de la ley 24.447, y que suscitó reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en lo principal, comparto, sin que se hayan proporcionado nuevos elementos de juicio o argumentos que permitan apartarse de lo resuelto.

En efecto, a partir del caso «Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidente Ley 9688» (sentencia del 21 de setiembre de 2004), así como en los pronunciamientos posteriores en que fijaron su postura los jueces del máximo Tribunal que no habían intervenido en el precedente mencionado («Díaz, Timoteo Filiberto c/ Vaspia S.A.» , sentencia del 7 de marzo de 2006; «Perrota c/ Aipaa S.A.» y «Avila Juchami c/ Decsa S.R.L.», sentencias del 28 de marzo de 2006; Fallos: 327:3753 ), se descalificó, mediante votos concurrentes cuya doctrina resulta aplicable al «sub examine», la disposición del art. 39, ap.1 de la ley 24.557 en cuanto veda al trabajador -o sus derechohabientes- la posibilidad de reclamar con fundamento en el derecho civil, entendido este último como expresión del principio general de responsabilidad que emana del art. 19 de la Constitución Nacional.

Por lo demás, esta Sala, incluso con otras integraciones, ha declarado desde hace varios años la inconstitucionalidad de la norma bajo análisis, en tanto importa una «capitis diminutio» para los trabajadores a quienes, por el sólo hecho de ser tales, se los margina de una vía reparadora a la que puede acudir cualquier persona.

Desde tal perspectiva y de acuerdo con las circunstancias que quedaron plasmadas en diversas constancias de la causa corresponde la declaración de irrazonabilidad del art. 39, ap. 1 de la ley 24.557.

Asimismo, señalo que la circunstancia de que el actor haya percibido un resarcimiento con arreglo a lo establecido en la ley 24.557 por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo, no veda su posibilidad de reprochar la constitucionalidad de la norma -en los aspectos que interesan- ni de demandar con fundamento en el derecho común. En ese sentido y por razones de brevedad, me remito -en lo pertinente- a la doctrina del Alto Tribunal en las causas «Llosco, Raúl c/ Irmi S.A.» y «Cachambi, Santos c/ Ingenio Río Grande S.A.» , sentencias del 12 de junio de 2007.

VII.-En atención al nuevo resultado del proceso, corresponde emitir pronunciamiento sobre costas y honorarios (artículo 279 C.P.C.C.N.). Las costas del proceso se impondrán a cargo de las demandadas vencidas, debiendo responder la A.R.T. en la proporción de su condena (art. 68 CPCCN). Estimo los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, del codemandado Gonzalo Garrido, de la codemandada Prevención A.R.T. S.A.y los correspondientes peritos médico y psicóloga en el 17%; 13%; 11%, 5% y 5% respectivamente, a calcularse sobre la suma de capital más intereses, en la proporción fijada para cada codemandada (artículos 6, 7, 8 , 19 y 33 de la Ley 21.839, artículo 3 del Decreto Ley 16.638/57 y artículo 38 de la Ley 18345).

VIII.- Por las razones expuestas, propongo: se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la demanda; se condene al codemandado Gonzalo Garrido y a Prevención A.R.T. S.A. a pagar al actor las sumas de pesos $79.949,40 y de $16.421,16 (esta última previa deducción de la abonada de $5.696,50), dentro del quinto día de quedar firme la liquidación que se practique en la etapa del artículo 132 de la L.O. a la que se accederán intereses a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos desde el 23/11/2007 y hasta el efectivo pago; se deje sin efecto lo resuelto sobre las costas y honorarios; se impongan las costas del proceso a cargo de las demandadas vencidas, debiendo responder la A.R.T. en la proporción de su condena (art. 68 CPCCN); se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, del codemandado Gonzalo Garrido, de la codemandada Prevención A.R.T. S.A. y los correspondientes peritos médico y psicóloga en el 17%; 13%; 11%, 5% y 5% respectivamente, a calcularse sobre la suma de capital más intereses, en la proporción fijada para cada codemandada; se regulen los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Alzada en el 25% de lo que en definitiva corresponda a la representación y patrocinio letrado de la parte respectiva por su actuación en la instancia anterior (artículos 68 C.P.C.C.N.y 14 de la Ley 21839).

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

I.- Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda;

II.- Condenar al codemandado Gonzalo Garrido y a Prevención A.R.T. S.A. a pagar al actor las sumas de pesos $79.949,40 y de $16.421,16 (esta última previa deducción de la abonada de $5.696,50), dentro del quinto día de quedar firme la liquidación que se practique en la etapa del artículo 132 de la L.O. a la que se accederán intereses a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos desde el 23/11/2007 y hasta el efectivo pago;

III.- Dejar sin efecto lo resuelto sobre las costas y honorarios;

IV.- Imponer las costas del proceso a cargo de las demandadas vencidas, debiendo responder la A.R.T. en la proporción de su condena (art. 68 CPCCN);

V.- Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, del codemandado Gonzalo Garrido, de la codemandada Prevención A.R.T. S.A. y los correspondientes peritos médico y psicóloga en el 17%; 13%; 11%, 5% y 5% respectivamente, a calcularse sobre la suma de capital más intereses, en la proporción fijada para cada codemandada;

VI.- Regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Alzada en el 25% de lo que en definitiva corresponda a la representación y patrocinio letrado de la parte respectiva por su actuación en la instancia anterior

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.-

VICTOR A. PESINO LUIS A. CATARDO

JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

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