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No se ajustó a derecho el despido por abandono de trabajo si el empleado se encontraba reclamando la regularización de la relación laboral.

Mayora Myriam Mabel c/ Kraft Foods Argentina S.A. y otros

Voces: VIAJANTES DE COMERCIO – INTIMACIÓN AL CUMPLIMIENTO – REGISTRACIÓN DEFECTUOSA – SOLIDARIDAD LABORAL – DESPIDO CON CAUSA – ABANDONO DEL TRABAJO – ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA

Partes: Mayora Myriam Mabel c/ Kraft Foods Argentina S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 15-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79539-AR | MJJ79539 | MJJ79539

No se ajustó a derecho el despido por abandono de trabajo si el empleado se encontraba reclamando la regularización de la relación laboral.
Sumario:

1.-El despido dispuesto por la demandada por abandono de trabajo no resultó ajustado a derecho en los términos previstos en el art. 242 LCT., pues la actora no solamente no adoptó una actitud que pudiera traducirse en abandono, sino que se encontraba reclamando la regularización de la relación laboral.

2.-Para que se configure la cesantía por abandono de trabajo en los términos del art. LCT. es necesario, además de la previa intimación al trabajador, que quede evidenciado su propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna y la nota que lo caracteriza es en principio y generalmente, el silencio del dependiente.

3.-La actividad de la actora quedó enmarcada dentro del Estatuto de Viajantes de Comercio, por cuanto su desarrollo laboral consistía en visitar a clientes dentro de determinada zona, la cual había sido asignada previamente por la empresa y recababa el pedido de compras que, en definitiva, eran derivados por su intermediación a la principal; así, las tareas de la accionante consistían en la concertación de operaciones de venta por cuenta y a nombre de la firma, a los clientes de ésta, operaciones que estaban sujetas a los precios y condiciones determinadas previamente.

4.-La actividad desarrollada por la actora (venta en almacenes y supermercados) cumplida por la empresa para la que trabajaba, es necesaria para el normal cumplimiento del objetivo de la demandada, por ello corresponde confirmar la condena solidaria impuesta en los términos del art. 30 LCT,. pues contrató o subcontrató trabajos o servicios que corresponden a la actividad normal y específica del establecimiento y, el empleador incurrió en incumplimientos graves de la relación laboral, ya que la actora se encontraba parcialmente registrada.

Fallo:

Buenos Aires, 15 de abril de 2013.

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar a las pretensiones deducidas en el inicio, se agravian las demandadas a tenor de sus memoriales de fs. 779/782 y fs. 783/788 que recibieron réplica de su contraria a fs. 791/795.

En materia de honorarios, apela el perito contador sus honorarios, por considerarlos reducidos (conf. fs. 773).

En primer lugar la codemandada Distribuidora Lanús S.A. apela porque la sentenciante de grado, entendió que el abandono de tareas en que la consideró incursa la demandada no resultó ajustado a derecho.

Entiendo que no le asiste razón, ya que para que se configure la cesantía por abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo es necesario, además de la previa intimación al trabajador, que quede evidenciado su propósito expreso o presunto de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna y la nota que lo caracteriza es en principio y generalmente, el silencio del dependiente.

En el caso, entiendo que la actora no solamente no adoptó una actitud que pudiera traducirse en abandono, sino que se encontraba reclamando la regularización de la relación laboral. Ello así, ya que la accionante intimó a la demandada a que regularice su situación laboral el 11.01.08, la demandada la intimó a que se presente a trabajar el 14.01.08 y la demandada con fecha 16.01.08 la consideró incursa en abandono de tareas (conf. fs.526/528).

Por ello, entiendo que el despido dispuesto por la demandada por abandono de trabajo no resultó ajustado a derecho en los términos previstos en el art. 242 de la L.C.T., por lo que se impone confirmar lo resuelto en la instancia previa.

También apela porque la sentenciante consideró que la actora revestía la condición de viajante de comercio, pero estimo que no le asiste razón.

De las declaraciones testimoniales de Manrique (fs. 458/461), Cedeira (fs. 462/464), Scarione (fs. 467/469), Pagano (fs. 470/473) y Acuña (fs. 580/581) surge que la actora debía vender los productos de Kraft, visitando supermercados y almacenes, que los listados de clientes eran los proveídos por la demandada y que luego de realizar el recorrido debía concurrir a la distribuidora a entregar los pedidos de mercadería que le habían efectuado los clientes. Dan cuenta de que la distribuidora era quien les asignaba las zonas a los vendedores y facturaba los pedidos.

En primer lugar señalo que todos los aquí deponentes menos Pagano -quien dijo realizar en la distribuidora tareas administrativas- trabajaron con la actora en algún momento en el área de ventas de la empresa demandada, de aquí la razón de sus dichos.

Desde tal perspectiva, estimo que la actividad de la actora quedó enmarcada dentro del Estatuto de Viajantes de Comercio (ley 14.546 ) por cuando su desarrollo laboral consistía en visitar a clientes dentro de determinada zona, la cual había sido asignada previamente por la empresa y recababa el pedido de compras que, en definitiva, eran derivados por su intermediación a la principal. Así, las tareas de la accionante consistían en la concertación de operaciones de venta por cuenta y a nombre de la firma, a los clientes de ésta, operaciones que estaban sujetas a los precios y condiciones determinadas previamente, circunstancia por la cual -a mi juicio- permite encuadrar a la dependiente en lo prescripto en los arts. 1 y 2 del texto legal citado.Luego se agravia porque en primera instancia se consideró que parte de la remuneración de la actora era percibida fuera de registro y en este aspecto entiendo que los testigos de fs. 458/460, fs. 470/473 y fs. 580/581 dan cuenta de que la modalidad de la empresa demandada era abonar sumas sin registrar. Digo ello porque los deponentes expresan que se les abonaba parte del salario fuera de registro legal, que ello ocurría el día que se reunían los vendedores, les abonaba Carla en un sobre y el resto era la suma que figuraba en el recibo de sueldo.

Entiendo que las declaraciones reseñadas logran dar razón de cómo tomaron conocimiento de sus dichos y resultan coincidentes, concordantes y precisas, ya que se trata de ex compañeros de trabajo de la actora, por lo que les otorgo a las mismas plena eficacia convictiva, lo que en principio tornaría aplicables las multas contenidas en la ley 24.013 .

En cuanto a la intimación en los términos de la norma del informe de Correo Argentino de fs. 525/528 surge que la actora intimó a las demandadas en los términos de la norma, por lo que corresponde confirmar lo decidido.

Asimismo, entiendo que el cálculo efectuado por la sentenciante de grado de las multas de la ley 24.013 resulta ajustado a derecho.

La codemandada Kraft Foods Argentina S.A. se agravia porque fue condenada en los términos previstos en el art. 30 de la L.C.T. y sostiene que ella se encontraba vinculada con Distribuidora Lanús comercialmente y que su actividad corresponde a la fabricación de productos alimenticios.

Ahora bien, de la pericia contable surge que la actividad de Kraft es la «fabricación, transformación, elaboración, importación y exportación, distribución, comercialización de productos alimenticios en general (…)» (conf. fs. 619/vta.).

No es un hecho controvertido que la Distribuidora Lanús comercializaba los productos de Kraft.En este contexto, la actividad desarrollada por la actora (venta en almacenes y supermercados de los productos Kraft) cumplida por la empresa para la que trabajaba, es necesaria para el normal cumplimiento del objetivo de Kraft Foods. En consecuencia, corresponde confirmar la condena solidaria impuesta en los términos del art. 30 LCT pues contrató o subcontrató trabajos o servicios que corresponden a la actividad normal y específica del establecimiento y, siendo que el empleador incurrió en incumplimientos graves de la relación laboral, ya que la actora se encontraba parcialmente registrada, resulta evidente que la parte demandada no cumplió con los controles previstos en el art. 30 de la L.C.T.

Asimismo cuestiona la valoración de la prueba testimonial efectuada por la sentenciante e impugna los testimonios de Pagano y Manrique por entender que se encuentran comprendidos dentro de las generales de la ley, por tener juicio pendiente con las demandadas, pero en este aspecto, entiendo que el juicio pendiente no invalida su declaración, sino que las mismas deben ser analizadas con mayor estrictez.

Por otra parte, la recurrente intenta impugnar la declaración de Scarione, pero lo hace de manera genérica y sin dar suficiente razón que entiendo permita rever la misma.

Apela por la remuneración de $1.900 utilizada por la Sra. Juez «a quo» para el cálculo de los rubros salariales e indemnizatorios y sostiene que la remuneración informada por el experto contable ascendió a la suma de $921,14, pero ni siquiera cuestionó el fundamento de la sentenciante relativo a que parte del mismo era abonado fuera de registro legal.

Luego, cuestiona el importe correspondiente al s.a.c. proporcional, que en la instancia previa se fijó en la suma de $316,66 y en este aspecto entiendo que le asiste razón, ya que teniendo en cuenta que la remuneración ascendió a la suma de $1.900, el mismo debió ascender a $81,72 ($1.900/12 *16 días del mes).

Ambas demandadas se agravian porque se difirieron a condena los rubros «art.10 y 15 , ley 24.013», «art. 2 , ley 25.323» y «art. 80 de la L.C.T.».

No encuentro mérito para apartarme de lo decidido en relación con la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, ya que el actor intimó a que se le abonen las indemnizaciones derivadas del despido (conf. fs. 537/8) y debió accionar judicialmente para lograr su cobro.

En cuanto al pago de las multas previstas en la ley 24.013, en atención a lo anteriormente decidido se impone confirmar lo resuelto.

También se agravian porque se difirió a condena la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T., pero entiendo que corresponde confirmar lo decidido en grado.

Distribuidora Lanús sostiene que la documentación fue acompañada, pero, siendo que según lo decidido, éstas no contienen los verdaderos datos de la relación laboral, corresponde rechazar el agravio vertido en tal sentido. Por otra parte, siendo que la demandada en cuestión, puso a disposición las certificaciones previstas en la norma, no resultaba necesaria la intimación del trabajador en tal sentido.

Kraft se agravia por la procedencia de dicha indemnización y en este aspecto sostiene que él no fue empleador del actor, pero considero que se trata de una obligación patrimonial en virtud de la solidaridad decidida.

En atención al mérito e importancia de las tareas desarrolladas, entiendo que los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y perito contador no resultan elevados, por lo que propongo se confirmen (conf. ley 21.839 y dec-ley 16.638/57 ).

Las costas de Alzada serán soportadas por las demandadas, quienes resultaron sustancialmente vencidas (conf. art. 68 , C.P.C.C.).

Los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia se fijan en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia previa (conf. art.14 , ley 21.839).

Por lo anteriormente expuesto, de prosperar mi voto, propondré: 1) Modificar el monto de condena, el que ascenderá a la suma total de $34.885,11. 2) Confirmar la sentencia de grado en lo restante que decide y fuera materia de agravios. 3) Imponer las costas de Alzada a las demandadas. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia se fijan en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia previa.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que, por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la Ley 18345), el tribunal RESUELVE: I) Modificar el monto de condena, el que ascenderá a la suma total de $34.885,11. II) Confirmar la sentencia de grado en lo restante que decide y fuera materia de agravios. III) Imponer las costas de Alzada a las demandadas. IV) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia se fijan en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

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