Se casó la decisión de sobreseer a una escribana que dio fe de conocimiento de personas que utilizaron documentos falsos

DNIPartes: L. I. R. M. s/ recurso de casación

Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 20-dic-2012

Cita: MJ-JU-M-79478-AR | MJJ79478 | MJJ79478

Se casó la decisión de sobreseer a la escribana imputada al no haberse incorporado elemento alguno que permita desincriminar a la encartada en un proceso de aristas complejas.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la casación deducida por la Fiscal y dar intervención a una nueva sede judicial, pues no resulta posible afirmar que la actuación de la encartada, como notaria en las operaciones cuestionadas, se encuentre desprovista de ilicitud, en tanto la acreditación de la identidad de los intervinientes es la función específica que le corresponde y los alcances de su labor sostenidos por los magistrados en el auto impugnado no encuentran adecuada justificación.

2.-No se incorporó al sumario elemento alguno que permita desincriminarla, más aún si estamos ante un suceso con aristas complejas atento el volumen de actuaciones, pluralidad de hechos y sus características, imponiéndose la necesidad de realizar el debate oral, a los fines de determinar los alcances del accionar de la encartada en las operaciones en las que se desempeñó como escribana.

3.-Procede el recurso de casación promovido por el Fiscal pues para que el sobreseimiento en la etapa de juicio no vulnere la garantía del debido proceso, debe aparecer como una consecuencia natural, irreversible e inevitable, que torne innecesario el debate, supuesto que no se verifica configurado pues luego de dictada la citación a juicio a las partes en los términos del art. 354 del CPPN., se resolvió sobreseer a la imputada por considerar que el hecho resultaba atípico por ausencia de dolo. Esa cuestión se encuentra controvertida y dada la multiplicidad y complejidad de los hechos, no puede llegarse a una conclusión al respecto por fuera de la sustanciación del debate amplio propio del juicio oral y público, máxime cuando no se agregaron elementos probatorios que permitan modificar sin más el contorno de una imputación, cuyo procesamiento fue confirmado por la Cámara.

4.-Para que el sobreseimiento en la etapa de juicio no vulnere la garantía del debido proceso debe aparecer como una consecuencia natural, irreversible e inevitable, que torne innecesario el debate. Tal supuesto, no se advierte configurado, en tanto el a quo resolvió sobreseer al encausado por considerar que el hecho que se le imputa resulta atípico por ausencia de dolo, cuestión que no sólo no resulta para nada obvia, sino que en efecto se encuentra controvertida por las partes(del voto del Dr. Hornos).

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 (veinte) días del mes de diciembre del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente, los doctores Juan Carlos Gémignani y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por él Secretario Actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a f s. 3997/4007 de la presente causa Nro. 14.913 del registro de esta Sala, caratulada: “L., I. R. M. s/ recurso de casación”; de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, en la causa nro. 1888/09 de su registro, con fecha 7 de septiembre de 2 011, en lo que aquí interesa, resolvió: “2. -SOBRESEER a I. R. M. L., cuyos otros datos personales figuran en la causa, por los hechos N° 1, 5, 9, 11, 12 y 16 que le fueran imputados en el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio obrante a fs. 3689/3721 vta. y tipificaménte previstos y penados en los arts. 172, 27 7 1) c) con la agravante contenida en el 2) b), 296 en función del 292 y 293 del Código Penal y 34 del Decreto Ley 6582/58 en concurso ideal y real, con la aclaración de que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado la misma (arts. 336 inc. 3 e in fine y 361 del C.P.P.N.” fs. 3985/3987-.

II. Que contra ésa resolución, interpuso recurso de casación la señora Fiscal General Subrogante, doctora Marina V. Herbel dé Pajares (fs. 3997/4007), el que fue concedido a fs. 4012/4013 y mantenido en esta instancia por el señor Fiscal general, doctor Raúl Ornar Pleé (fs. 4039).

III. Que la recurrente encarriló sus agravios en orden a los dos incisos del art.456 del C.P.P.N.

En efecto, la representante de la sociedad se agravió de la valoración efectuada en la resolución en crisis, la que entendió arbitraria, en tanto luce desprovista de las pruebas obrantes en autos.

Asimismo, sostuvo que la presente se trata de una causa compleja dónde se investigan numerosos hechos con la participación de varios implicados y qué en instancias del debate es donde corresponde determinar la intervención de L.

Por otra parte, señaló que no se ha producido ninguna prueba nueva desde la elevación de la causa a juicio que permita desvincular a la encausada, situación que ha persistido a través de toda la instrucción, siendo el fundamento para su procesamiento y posterior elevación a la etapa plenaria.

Por último, hizo reserva del caso federal.

III. Que, durante el plazo previsto por los arts. 465 y 466 del C.P.P.N., se presentó el señor Fiscal General, doctor Raúl Ornar Pleé, quien hizo suyos los argumentos de su colega de instancia anterior y agregó que la resolución en crisis es nula, por cuanto los argumentos que condujeron a los jueces a sostener el sobreseimiento no: sólo son prematuros e intempestivos sino que también privan al Ministerio Público de la posibilidad de ejercer la acción penal (fs. 4046/4047 vta.).

También, señaló que el presente caso no se ajusta a ninguna de las previsiones del artículo 336 del código de forma, y que la judicatura al haberse pronunciado respecto de una cuestión que no estaba en estado de ser resuelta, a fin de asegurar la imparciabilidad garantizada constitucionalmente, corresponde que sea apartado del conocimiento de la causa.

IV. Que, superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia en autos (fs. 4058), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.

Y CONSIDERANDO:

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:

I.Toda vez que el recurso impetrado, a la luz de lo previsto por los arts. 438 , 456, 457, 458 y 463 del C.P.P.N., es formalmente admisible, se impone que me aboque a responder los agravios introducidos por el Ministerio Público Fiscal.

Previo a ello, considero pertinente a los fines, de llevar a cabo un pormenorizado estudio de la cuestión sometida a debate, realizar un breve repaso de las presentes actuaciones.

II. Que el fiscal de primera instancia a fs. 3689/3721 vta. formuló el requerimiento de elevación a juicio respecto a I. R. M. L. entre otros imputados, por la comisión de los delitos previstos en los arts. 172 , 277 inc. 1° apartado c) con la agravante contenida en el inc. 2° apartado b), 296 en función del 292 y 293, respectivamente, del Código Penal y 34 del Decreto Ley N° 6582/58, en concurso ideal y real.

Por su parte, las querellas respectivamente adhirieron al requerimiento de elevación a juicio impetrado por el Ministerio Público Fiscal (fs. 3735/3741, 3746/3750), mientras que la defensa técnica de L. a fs. 3764/3765 formuló su oposición, planteo resuelto por el juez instructor a fs. 3774/3789 vta.

Elevado el sumario al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, con fecha 16 de abril de 2010, se dictó el correspondiente auto de citación a juicio (fs. 3847) y el 4 de octubre del mismo año, se dispuso el plexo probatorio ofrecido por las partes, así como también, se fijó audiencia ce debate para los días 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 y 23 de febrero del año dos mil doce (fs.3898/3902 vta.).

Luego la defensa técnica de L. instó su sóbreseimiénto (f s. 3972/3975 vta.), mientras que la representante de la sociedad (fs. 3977/vta.) y la querellante Claudia Patricia Dalinger (fs. 3981/3982) se opusieron a dicho planteo.

Así, con fecha 7 de septiembre del 2011, el tribunal de juicio en consonancia con la pretensión defensista, arribó al temperamento desincriminante recurrido ante esta instancia por la Sra. Fiscal General Subrogante.

En el pronunciamiento impugnado se entendió que “.[L]a cuestión se trata de dilucidar, si a esta altura del proceso y sin mediar el plenario, puede sostenerse la acusación contenida en la requisitoria fiscal en cuanto endilga intención dolosa en el accionar de la Escribana L.”

Continuó el tribunal sentenciante “(s]e entiende que, seguramente se le exhibieron a la Escribana, al momento de requerirse su actuación como tal, documentos que eran en apariencia auténticos y por ello consignó, como era de práctica y figuraba en los formularios impresos que daba fe de conocimiento, de la persona que interesó su intervención .”

Asimismo, el órgano jurisdiccional citó doctrina en sostén de su razonamiento, y luego afirmó que ‘‘[c]abe destacar que las afirmaciones del Ministerio Público Fiscal en la requisitoria de elevación de la causa a juicio, aparecen apodícticas al referir que la integración del tipo subjetivo surge con el conocimiento del riesgo probable derivado de su conducta y la aceptación -injustificada- de dicho riesgo (fs. 3720) y que la procesada ha limitado su accionar a un mero e ineficaz control de identidad a través , según dijo, de la exigencia de exhibición de los documentos de identidad, sin adoptar otro recaudo en aquél sentido (fs. 3721), lo que no sólo no se encuentra acreditado con las pruebas obrantes en la causa, sino que no se aporta la conducta que debería haber cumplido la misma .

No existen otras medidas para corroborar la identidad de una persona en una gran ciudad que el documento personal, ni es razonable exigir la convocatoria de testigos de conocimiento.Otras exigencias o recaudos, no son mencionados por la titular de la acción penal, y ellos se transformarían en un obstáculo para la agilidad que requieren los negocios en la actualidad. De todos modos, la imputación a la notaría imputada no puede construirse con requisitos de los delitos culposos-negligencia, impericia, pues el tipo penal imputado sólo converge con un accionar doloso.

En casos como el presente no resulta necesario el debate para determinar la irresponsabilidad penal del autor por el hecho que se le ha imputado en la requisitoria de elevación a juicio, por lo que corresponde el sobreseimiento del mismo en los términos del art. 361 del C.P.P.N., entiendo, que la enumeración de supuestos allí contenida no es taxativa y que en el caso de evidenciarse palmariamente -como se ha demostrado supra- la inexistencia del delito, es la solución , técnico procesal que se impone.”

III. Reseñado lo anterior, procederé a dar tratamiento a los agravios recursivos esgrimidos por el representante de la sociedad.

Tal como se desprende de lo reseñado “ut supra”, el marco legal escogido por el tribunal a quo para dictar su pronunciamiento, por así decirlo, ha sido el art.361 del código de rito.

Ahora bien, el artículo mencionado estipula que “[c]uando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado obró en estado de inimputabilidad o exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal y para comprobarla no sea necesario el debate, o el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna o del artículo 132 ó 185 inciso 1 del Código Penal, el tribunal dictara, de oficio o a pedido de parte, el sobreseimiento.”

Si bien las hipótesis de la norma son taxativas, aun considerando lo contrario, tal como lo entendiera el tribunal de juicio, tampoco se vislumbra insoslayable la conclusión arribada por el “a quo”, en tanto su razonamiento se fundamentó en cuestiones de apreciación sumamente debatibles y carentes de sustento en prueba novedosa alguna.

En efecto, las consideraciones enunciadas, en el resolutorio impugnado, analizadas a la luz de las constancias acollaradas al presente sumario, no se advierte por parte del “a quo” un desarrolló adecuado de la hipótesis que- pretendió tener por acreditada.

Pues, las circunstancias valoradas y tenidas por ciertas en la resolución impugnada, para concluir en la desvinculación de la i mputada L. del presente proceso, lucen por demás controvertidas, tales como la ausencia de dolo en el accionar de L., la que se basó en un análisis de los arts.1001 y 1002 del C.C. (modificadas por la ley 26.140) y apreciaciones respecto al marco en el que se habría desempeñado la encausada en su rol de notaria, extremos cuestionados por las partes y que deberán ser ventilados en el debate.

En efecto no se puede afirmar, de momento, como lo hiciera él tribunal de juicio que la actuación de L.como notaria en las operaciones cuestionadas se encuentre desprovista de ilicitud, pues la acreditación de la identidad de los intervinientes en la operación en cuestión, es la función específica que le corresponde y los alcances de su labor sostenidos por los magistrados en el auto impugnado no encuentran adecuada fundamentación.

Por otra parte, es dable ponderar que no se incorporó al sumario elemento probatorio novedoso que permita arribar a la desincriminación de L.; ello sumado a que estamos frente a un proceso con aristas de complejidad, atento al volumen de las actuaciones, pluralidad de hechos y sus características, se impone la necesidad de realizar el debate oral, a los fines de determinar los alcances del accionar de la nombrada en las operaciones donde se desempeñó como escribana.

Por lo tanto, en atención a las circunstancias Señaladas “ut supra”, tales extremos se presentan propicios a ser sujetos a su análisis de certeza durante la sustanciación del juicio, consagrando los principios de oralidad y contradicción propios de esa etapa procesal.

En consecuencia, considero que la decisión recurrida no satisface las exigencias del art. 123 del C.P.P.N., pues no resulta- un pronunciamiento autosuficiente de fundamentación, conforme al análisis efectuado en los párrafos que anteceden.

Por ello, habré de proponer al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 3997/4007, sin costas, revocar la resolución obrante a fs. 3985/3987 y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen, para que por su intermedio se proceda a arbitrar los medios necesarios para la integración de un nuevo tribunal que intervenga en el presente proceso.

Así, voto.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. Ya he tenido oportunidad de expedirme en los precedentes “LEGUIZAMÓN, Jonathan Ángel s/recurso de casación” (causa nro. 9019, reg. nro.-V 12.775 rta. el 15/12/09) y “GRECCO, Juan Carlos s/recurso de casación” (causa nro. 11.708, reg. nro. 15.489, rta.el 06/09/11), entre otros, en cuanto a que el sobreseimiento, conforme lo establece el artículo 334 del C.P.P.N., procede, en principio, durante la instrucción, y una vez que la causa se encuentre en la etapa de juicio sólo se puede decretar de manera excepcional y en los específicos casos que regula el artículo 361 del mismo código a saber: 1) Cuando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado obró en estado de inimputabilidad, 2) cuando exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal y para comprobarla no sea necesario el debate, 3) cuando el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna, y 4) cuando el imputado quedare exento de pena en virtud del art. 132 o 185 inc. 1° del C.P.-

Así, el mencionado artículo – 361 regula los únicos casos en que en la etapa de juicio y antes del debate salvo el progreso de – una excepción perentoria- puede dictarse el sobreseimiento con el alcance fijado en el artículo 335 del código de rito.

Se trata, pues, al decir de D’Albora, de-“supuestos en que feneció la acción punitiva, derecho subjetivo-de punir, o pretensión sustancial. La autonomía de la acción procesal y de la pretensión procesal tornan posible la promoción de un nuevo proceso cuya falta de éxito resulta previsible porque en dichas condiciones, el derecho sustancial es de imposible realización” (D’Albora, Francisco “Código Procesal Penal de la Nación, anotado y comentado y concordado”, ed. Abeledo Perrot, 7 ma. edición, tomo II, pág. 822). Es decir: sólo en casos de excepción se podrá sobreseer sin necesidad de llegar al debate.Para algunos autores, la enumeración del artículo 361 es taxativa, y por ello todo otro temperamento conclusivo que implique un pronunciamiento sobre cuestiones que deben ser debatidas en juicio importa la nulidad absoluta del procedimiento así verificado, dado que cercena el derecho del acusador de probar su acusación con afectación del debido proceso (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Editorial Hamurabi, Bs.AS. 2004, Tomo 2, pág. 996).

Otros, como D’Albora, entienden que la enumeración de las causales no es taxativa y siempre que la falta de acción asuma el carácter de perentoria resulta aplicable la solución, como sucedería en el caso en que se esté juzgando un homicidio y la victima aparezca por el tribunal (autor citado, op cit, tomo II, pág. 822).

En cualquier caso, para que el sobreseimiento en la etapa de juicio no vulnere la garantía del debido proceso debe aparecer como una consecuencia natural, irreversible e inevitable, que torne innecesario el debate. Tal supuesto, como bien señala mi Colega preopinante, no se advierte configurado en autos, en donde mediante la resolución impugnada, y habiendo citado a las partes a juicio en los términos de lo dispuesto por el artículo 354 del C.P.P.N., el a quo resolvió sobreseer al encausado por considerar que el hecho que se le imputa resulta atípico por ausencia de dolo. Dicha cuestión no sólo no resulta para nada obvia, sino que en efecto se encuentra controvertida por las partes, y dada la multiplicidad y complejidad de los hechos investigados, no puede llegarse a una conclusión al respecto por fuera de la sustanciación del debate amplio propio del juicio oral y público, máxime cuando no se han agregado elementos probatorios nuevos que permitan modificar sin más el contorno de una imputación que incluso fue oportunamente confirmada por la Cámara de Apelaciones del fuero.

II.Por lo expuesto, pues, habré de adherir a la solución propiciada por el colega que lidera el presente Acuerdo, toda vez que el sobreseimiento dictado en favor de I. R. M. L. durante la etapa de juicio y con invocación de lo previsto en el artículo 361 del C.P.P.N. resulta improcedente en tanto no se acreditó la configuración de ninguno de los supuestos excepcionales que autorizan a dictar un sobreseimiento durante esa etapa (artículo 334 y 361 del C.P.P.N.), razón por lo cual la disputa suscitada en torno a la tipicidad subjetiva de la conducta juzgada -que también ha abarcado consideraciones relativas a los particulares aspectos fácticos que rodearon a la conducta concretamente imputada- deberá resolverse en la instancia de debate oral.

El señor Juez Mariano Hernán Borinsky dijo:

Por coincidir, en lo sustancial, con los fundamentos desarrollados por los distinguidos colegas que me antecedieron en el voto, doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, habré de adherir a la solución que proponen.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede el Tribunal RESUELVE.

Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 3997/4007, sin costas, revocar la resolución obrante a fs. 3985/3987 y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen, para que por su intermedio se proceda a arbitrar los medios necesarios para la integración de un nuevo tribunal que intervenga en el presente proceso.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase la causa al tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

MARIANO H. BORINSKY

JUAN CARLOS GEMIGNIANI

GUSTAVO M. HORNOS

Ante mí:

NADIA A. PEREZ

SECRETARIA DE CAMARA

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