El dueño del automóvil que se incendió estando en un taller mecánico para su reparación no responde por los daños ocasionados en el lugar

shutterstock_137895923Partes: G. R. J. y otro c/ Baroni Juan José y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 14-may-2013

Cita: MJ-JU-M-79445-AR | MJJ79445 | MJJ79445

Se rechaza la demanda contra el dueño del automóvil estacionado para su reparación en el taller mecánico del actor por los daños provocados por el incendio accidental del rodado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el pronunciamiento apelado y rechazar la demanda por daños y perjuicios entablada contra el dueño del automóvil estacionado para su reparación en el taller mecánico del actor, por cuanto al haberse efectuado una transferencia de la guarda del vehículo y al encontrarse, consecuentemente, en la esfera de custodia del titular del taller, éste último no puede responsabilizar al propietario por los daños provocados por el incendio accidental del rodado.

2.-Impide responsabilizar al dueño del automóvil, la calificación de caso fortuito en razón de lo expresado por el dueño del taller, teniendo en cuenta, además, la solución que propicia el art. 1572 del Código Civil destinada a regir la relación entre el tenedor y el propietario en caso de incendio.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 14 días de Mayo de Dos Mil Trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: “G., R. J. Y OTRO c/ BARONI JUAN JOSÉ Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 468/475 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CARLOS CARRANZA CASARES – BEATRIZ AREÁN – CARLOS ALFREDO BELLUCCI.-

A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Carranza Casares dijo:

I.- El 3 de septiembre de 2005 en Calderón de la Barca 1309 de esta ciudad tuvo lugar un incendio, a raíz del cual los habitantes del inmueble R. J. G., H. H. S., por su derecho y en representación de sus hijos R. B. y M. N. G. y D. A. N., promovieron este juicio contra Juan José Baroni dueño del automóvil Ford Escort estacionado en el taller mecánico del primero de los nombrados ubicado en la planta baja del aludido edificio.

La sentencia dictada a fs. 468/475 vta., después de encuadrar el caso en el supuesto del artículo 1113 del Código Civil, rechazó la demanda con costas, al expresar que no había mediado “defecto particular al cual pueda atribuirse ser causa del incendio…, que la ignición no se engendró sola, necesitando de algo o de alguien que la genere, quedando a cargo del actor la carga probatoria de dicho extremo ya que…….el rodado estaba bajo su custodia”,

II.- El fallo fue apelado por los actores quienes presentaron a fs. 515/520 su memorial cuyo traslado fue respondido a fs. 523/531 vta. En tanto que la Defensora de Menores e Incapaces de Cámara dictaminó a fs.531/531 vta.

Aducen que debe responsabilizarse al dueño de la cosa y que no se demostró una falta de diligencia por parte del tallerista.

III.- Ante todo entiendo que, contrariamente a lo que interpreta la parte apelante, el reclamo del dueño del taller no remite a la responsabilidad extracontractual sino a la contractual.

Se ha sostenido que la entrega del vehículo a quien debía prestar la obligación de hacer tuvo por efecto transferir la guarda material del automotor, quedando así en la esfera de custodia del demandado. La persona que recibe la guarda de un vehículo a raíz de un contrato, contrae la obligación de custodiar la cosa y de devolverla en el estado que la recibió o mejorada con los trabajos contratados -locación de servicios o de obra (cf. C.N.Civ., sala M, L. 45.917, del 28/3/90).

La entrega de un vehículo para su reparación en un taller mecánico, es un contrato que causa una obligación de hacer persiguiéndose un resultado, y por lo tanto puede ser calificado como un contrato de obra. Muchos problemas han surgido por el deterioro o pérdida del vehículo mientras está bajo la guarda del titular del taller, sea por incendio, roce con otras vehículos, etcétera; en estos supuestos el tallerista es responsable frente al dueño por aplicación del deber secundario de conducta de custodia de la cosa, o por aplicación analógica del contrato de depósito (art. 2202 del Código Civil), como se ha resuelto (Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni Edit., Buenos Aires, 2000, t. II, p.594; Iñiguez, Marcelo Daniel, “Servicio de Reparación de Automotores” en Revista de Derecho Privado y Comunitario 2005-2, Rubinzal-Culzoni Edit., Buenos Aires, 2005, p. 174; Caivano, “La obligación de custodia en la locación de obra”, en La Ley, 2000-B, p.1; C.N.Civ., esta sala L.532.672, del 24/8/09).

En tal orden de ideas puede decirse que existe una obligación tácita de seguridad respecto de la cosa dejada a fin de ser reparada (cf. art. 1198 del Código Civil; C.N.Civ., sala I, “La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. c. Edificadora Martínez Annes S.A”, del .10/6/03, en RCyS 2003, 798).

A mi juicio, entonces, al haberse efectuado una transferencia de la guarda del vehículo y al encontrarse, consecuentemente, en la esfera de custodia del titular del taller, éste último no puede responsabilizar al propietario por los daños provocados por la quema del rodado.

No he de soslayar, asimismo, que el propio demandante consideró que el fuego con origen -según el escueto informe del cuerpo de bomberos- en una “contingencia eléctrica en el rodado Ford Escort” (fs. 21 y 42), se había tratado de un “hecho casual obra de la fatalidad” (fs. 24).

Este aserto coincide con la solución propiciada por el art. 1572 del Código Civil, destinada a regir la relación entre el tenedor y el propietario específicamente en caso de incendio (C.N.Civ., sala C, “Campos de Caruso, María E. c/ Rubember, Guillermo y otro”, del 28/3/85, en La Ley 1985-C, 471; Cifuentes, dir., Sagarna, coor., Código Civil, Ed. La Ley , t. II, p. 406; Cobas, en Bueres, dir., Highton, coor., Código Civil, Ed. Hammurabi, t. 4, p. 333), en cuanto prevé -consagrando un beneficio para el tenedor que ha sido muy criticado por la doctrina (cf. Borda, Tratado de Derecho Civil, Contratos, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1997, t. I, p. 521; Llambías, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983, t. I, p. 248; Zago, con la colaboración de Santos Cifuentes, en Belluscio, dir., Zannoni, coor., Código Civil, Ed. Astrea, 1984, t. 7, p. 463 y sus citas; Cobas, ob. y lug.cit.)- que será reputado caso fortuito salvo prueba en contrario.

Esta calificación de caso fortuito en razón de lo expresado por el dueño del taller o de la citada normativa -en caso que se considerase aplicable- impide obviamente responsabilizar al demandado.

En otro orden de ideas he de destacar que los reclamantes no aludieron a la existencia de un vicio oculto al promover la demanda ni, consecuentemente, ofrecieron producir prueba encaminada a lograr tal acreditación (ver puntos del peritaje mecánico a fs. 72 vta. circunscriptos a la extensión del perjuicio).

A pesar que el pronunciamiento expresamente señaló que no se había aducido ningún vicio ni mediaba defecto particular al cual atribuir el fuego y que estaba claro que la ignición no se había engendrado sola, los recurrentes omitieron hacerse debido cargo de tal argumentación.

Es más, el dueño del taller admitió a fs. 518 que no había revisado el vehículo ingresado el día anterior por un desperfecto en el embrague.

Y además, el perito mecánico expresó a fs. 357 vta., al contestar una pregunta de la parte demandada, que “la combustión espontánea de un automóvil es improbable”, por lo que entiendo que no se puede tener por acreditado que se dio un defecto en la estructura como para intentar responsabilizar a su titular.

Vale decir que ya sea que se considere que existió una obligación de custodia incumplida por el propietario del taller, o la configuración de un caso fortuito o la falta de prueba de la incidencia de un vicio velado, no se han logrado arrimar la causa los elementos necesarios para admitir la demanda entablada.

En definitiva, los actores han omitido acreditar el supuesto de hecho de la normativa cuya aplicación requería (art.377 del Código Procesal). La noción de la carga de la prueba contemplada en esta norma, precisamente indica al juez cómo resolver frente a hechos insuficientemente verificados, a fin de evitar el non liquet (no está claro), e indirectamente señala a cuál de las partes le interesa esa demostración y quien, por ende, asume el riesgo de la falta de evidencia (cf. C.N.Civ., esta sala, L. 490.669, del 7/3/08 y L. 495.434, del 9/5/08), como ha ocurrido en el caso.

De todos modos he de añadir que aun si se examinase el caso desde la perspectiva del art. 1113 del Código Civil, la transferencia de la guarda operada a la que me he referido o el reconocimiento de un caso fortuito por parte del guardador conducirían a similar conclusión. Lo cual también conduciría al rechazo del reclamo del resto de los habitantes de la vivienda, cuyos recursos, por otra parte, no superan el monto contemplado en el art. 242 del Código Procesal.

IV.- IV.- Conspira contra el progreso de las quejas vertidas por la imposición de los gastos del juicio el propio concepto del instituto, en tanto se define a las costas como las erogaciones o desembolsos que las partes se ven obligadas a efectuar, como consecuencia directa de la tramitación de un proceso, o de un incidente dentro de éste. No implican una penalidad para el perdidoso, sino imponerle la obligación de restituir los gastos que en el caso efectuó su contraria para repeler la acción que contra ella el recurrente entablara (cf. C.N.Civ., esta sala, R. 36.311, del 11/8/88 y sus citas; R. 404.285, del 29/6/04; R. 437.991 y 437.992 del 12/9/05 y R. 441.149 del 17/10/05 entre otros).

En este orden de ideas, se aprecia que si bien es cierto que el principio objetivo de la derrota no es absoluto -ello a tenor de lo dispuesto en el art.68, párr. 2° de la ley adjetiva- no lo es menos que para apartarse de él se requiere la existencia de circunstancias excepcionales, o la configuración de situaciones normadas específicamente (cf. Gozaíni, O., Costas Procesales, pág. 78 y C.N.Civ., esta Sala, R. 478.934, del 30/3/07 y 497.773, del 12/12/07), lo cual en modo alguno ocurre en la especie.

V.- Por estos fundamentos, después de haber examinado las argumentaciones y pruebas conducentes, propongo al acuerdo confirmar con costas el pronunciamiento apelado (art. 68 del Código Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Beatriz Areán y Carlos Alfredo Bellucci votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Carranza Casares. Con lo que terminó el acto.

CARLOS A. CARRANZA CASARES.

BEATRIZ AREAN.

CARLOS A. BELLUCCI

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013.-

Y VISTOS:

Por lo que re sulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, oída la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara, SE RESUELVE: I.-

Confirmar, con costas, el pronunciamiento apelado. II.- Devueltas que sean las actuaciones se proveerá lo pertinente a fin de lograr el ingreso de la tasa judicial (arts. 13 y conc. de la ley 23.898). III.- En atención al resultado del proceso el monto del juicio, a los fines regulatorios, es el que resulta de la suma reclamada en la demanda conforme la doctrina del fallo plenario recaído en autos “Multiflex S. A. c/ Consorcio” (L.L. 1975-D, pág. 297). Atento los recursos de apelación interpuestos a fs. 480, 482 y 498 y valorando la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada, etapas cumplidas y resultado obtenido y lo que disponen los arts. 6, 7 , 9 , 14 , 37, 38 y conc.de la ley 21.839 y la ley 24.432 , por los trabajos de alzada se fija la remuneración del DR. ANDRÉS GITTER (patrocinante de los actores), en la suma de ($.) y la del DR. ROBERTO M. SINGAM (apoderado del demandad y su aseguradora) en la suma de ($.). En atención a la calidad, mérito y eficacia de la labor pericial e informes técnicos presentados en autos; a lo normado por los arts. 10 , 13 y conc. de la ley 24432 y a la adecuada proporción que deben guardar los honorarios de los expertos con los de los letrados intervinientes (Fallos: 314:1873; 320:2349 ; 325:2119 , entre otros) se confirman los honorarios regulados al ingeniero mecánico SERGIO FRANCISCO MALLO; al ingeniero civil ESTEBAN COLLA y a la licenciada en psicología MARIA GRACIELA ESCOBAR. Se fija el plazo de diez días corridos para el pago de los honorarios y se deja constancia de que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo , del Código Procesal. Notifíquese -al citado magistrado en su despacho- y devuélvase.

CARLOS A. CARRANZA CASARES.

BEATRÍZ AREÁN.

CARLOS A. BELLUCCI.

ES COPIA.

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