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El hecho de la víctima frecuentara el lugar en el que cayó en la zanja, no fundamenta que sea responsable, pues carecía de señalización

zanjaPartes: Acosta Claudia Malvina c/ Héctor Jaluf e Hijos S.H. y otro s/ ordinario – daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Francisco

Fecha: 24-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79576-AR | MJJ79576 | MJJ79576

El hecho de la víctima circulara frecuentemente por el lugar en que se produjo el siniestro, sin caer anteriormente en la zanja, no fundamenta que se le atribuya responsabilidad, pues el pozo no se encontraba debidamente señalizado, lo que provoca una presunción iuris tantum de responsabilidad contra el dueño o guardián de la cosa que produjo el daño.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, y en consecuencia, condenar solidariamente a la Municipalidad y a la firma demandadas a abonarle la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente que protagonizara al caer la motocicleta que conducía en una zanja, en tanto dicha zanja se había realizado como parte de una obra en el loteo de la firma citada, no acreditándose en autos circunstancia alguna que fundamente atribuir culpa a la víctima.

2.-Corresponde admitir el agravio intentado por la actora y hacer extensiva solidariamente la condena a la firma codemandada en los términos del art. 1113 CCiv. por su calidad de guardián de la cosa que produjo el daño, es decir del pozo o zanja sin señalización en la que cayó la víctima mientras circulaba con su motocicleta, no habiéndose acreditado en autos circunstancia alguna que fundamente atribuir culpa a la víctima.

3.-No puede atribuirse culpa alguna a la víctima en la producción del accidente en el que cayera a una zanja mientras circulaba en su motocicleta, rechazándose en consecuencia, el recurso de apelación deducido por la codemandada Municipalidad, en tanto el hecho de que la actora no tuviera carnet para conducir no exime de responsabilidad a la demandada, pues no se ha probado que dicha omisión hubiera influido causalmente en el siniestro.

4.-La codemandada Municipalidad sostuvo que es de suponer que si la actora transitaba con frecuencia por el lugar donde sufrió el accidente en el que cayó a una zanja mientras circulaba en su motocicleta, debió advertir la existencia del pozo; por lo cual, entiende que el vicio de la calle no se presentaba de forma tal que constituyera un obstáculo insalvable o imperceptible a la atención regular de los transeúntes, sin embargo dicho argumento considerado por la a quo para atribuirle a la víctima el 40% de responsabilidad en la producción del siniestro, debe ser rechazado, pues el pozo no estaba señalizado al momento del accidente, lo que provoca una presunción iuris tantum de responsabilidad contra el dueño o guardián de la cosa que produjo el daño.

5.-La carga de la prueba de la culpa de la víctima corre a cargo de la demandada, por ser la parte que se beneficia con dicha eximente; y no puede entenderse que haya cumplido con esa carga por la sola circunstancia de haber acreditado de que la actora pasaba habitualmente por el lugar del accidente, máxime que en el momento en que ocurrió el siniestro, tal como lo reconoce la codemandada Municipalidad, las condiciones de visibilidad no eran óptimas; no sólo porque era de noche y llovía, sino además porque en el lugar en que se produjo el accidente la iluminación artificial de la vía blanca no era la adecuada.

Fallo:

San Francisco, veinticuatro de abril de dos mil trece. La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad, asiento de la Quinta Circunscripción Judicial, integrada de conformidad con los arts. 382 CPC y 21 de la L.O.P.J., por el Señor Vocal Dr. Mario Claudio Perrachione y el Sr. Juez de Primera Instancia Dr. Víctor Hugo Peiretti, con la presidencia del primero de los nombrados, procede en audiencia pública en la forma que da cuenta el acta levantada al efecto por separado, a dictar sentencia en estos autos caratulados: «ACOSTA, CLAUDIA MALVINA c/ HÉCTOR JALUF E HIJOS S.H. Y OTRO – Ordinario – Daños y perjuicios» (Expte., N° 369736, iniciado el 03/10/2011, Secretaría a cargo del Dr. Emilio J. M. Cornaglia); venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, Secretaría Nº 5 a cargo de la Dra. Nora Carignano, por concesión a las partes de los recursos de apelación que interpusieran: a fs. 429 la actora, por intermedio de su abogado, y a fs. 431 el apoderado de la codemandada Municipalidad de San Francisco, en contra de la Sentencia número doscientos cuarenta y nueve de fecha 24/08/011, cuya copia corre agregada a fs. 391/428 v. de autos, en la que la Señora Juez resolvió: «1) Rechazar la demanda instaurada por Claudia Malvina Acosta en contra de «Héctor Jaluf e Hijos S. de H.». 2) Hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada por Claudia Malvina Acosta en contra de la Municipalidad de la ciudad de San Francisco, condenando a ésta última a abonar a la primera en el término de diez días la suma de Pesos Trece mil doscientos setenta y uno ($ 13.271.-), con más intereses a computarse de acuerdo al Considerando V) de la presente resolución.- 3) Hacer extensivo el rechazo de la demanda promovida en contra de «Héctor Jaluf e Hijos S.H. al tercero citado coactivamente, Ingeniero Rodolfo Ruiz (art.435 C.P.C.C.).- 4) Por la demanda que procede parcialmente, costas a las partes en la medida en que son vencidas (art. 132 C.P.C.C.), en un 60 % a la codemandada Municipalidad de la ciudad de San Francisco y un 40 % a la actora.- En cuanto a las costas por el rechazo de la demanda en contra de Héctor Jaluf e Hijos S.H. y el tercero citado coactivamente Rodolfo Ruiz, las costas serán impuestas en su totalidad a la actora vencida (art. 130 C.P.C.C.), a cuyo fin regúlanse los honorarios de los Dres. Julián A. Marinángeli y Pablo C. Tonetti en la suma de Pesos Cuatro mil setecientos noventa y cinco ($ 4.795.-) en conjunto y proporción de ley. Regular asimismo los honorarios de los Dres. Fernando Gianotti, Alfonso Cerutti (h) y Guillermo R. Biazzi en la suma de Pesos Seis mil novecientos veintitrés con veintiún centavos ($ 6.923,21.-) en conjunto y proporción de ley; y los de los Dres. José Luis Martino y Mónica Raquel Gilli en la suma de Pesos Veinte mil novecientos treinta y uno ($ 20.931.-), para cada uno de ellos, respectivamente.- Regúlanse los honorarios del Perito Médico Oficial Dante Livio Cambursano en la suma de Pesos Dos mil trescientos veintisiete ($ 2.327.-).- Todo ello sin perjuicio del art. 505 del C. Civil y teniendo presente el beneficio de litigar sin gastos concedido a la actora por Auto N° 304 de fecha 30/07/2010. Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo. Analía Griboff de Imahorn -Juez».

Que el señor vocal y el señor juez de primera instancia reciben los actuados conforme lo determina el art. 379 CPC, según acta labrada a fs. 493 y, concluido, pasan los autos al acuerdo fijándose las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Debe confirmarse el porcentaje de culpa atribuido a la víctima en la causación del evento dañoso?

SEGUNDA CUESTION:¿Debe hacerse extensiva la responsabilidad solidaria a la codemandada «Héctor Jaluf e Hijos S.H.»?

TERCERA CUESTION: ¿Debe confirmarse la procedencia y cuantificación de los daños reclamados por la actora?

CUARTA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde en definitiva?

El señor Vocal y el señor Juez de Primera Instancia emiten sus votos en el siguiente orden: Dr. Mario Claudio Perrachione y Dr. Víctor Hugo Peiretti, los que son leídos por Secretaría.

A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR VOCAL DR. MARIO CLAUDIO PERRACHIONE, DIJO:

I) El caso: A fs. 20/27 v. la señora Claudia Malvina Acosta, promueve demanda por daños y perjuicios en contra de «Héctor Jaluf e hijos S.H.» y en forma subsidiaria contra los integrantes de la misma, y de la Municipalidad de la ciudad de San Francisco (Cba.), y/o quiénes resulten propietarios de terrenos comprendidos en el «Barrio Privado Casonas del Bosque», persiguiendo el pago de la suma de Pesos Ciento Siete Mil Trescientos Treinta y Nueve con cincuenta y seis centavos. ($ 107.339,56), con más intereses y costas. Relata que el 15 de mayo de 2007, siendo aproximadamente las 19:30 hs., en momentos en los cuales se encontraba circulando, a velocidad adecuada, al comando de un ciclomotor, con sentido Este-Oeste por calle Las Margaritas, del barrio Las Rosas, de esta ciudad, al llegar a la intersección de la misma con calle Los Jazmines, el rodado en el cual se conducía cae en una zanja de aproximadamente siete (7) metros de largo, sesenta (60) centímetros de ancho y cuarenta (40) centímetros de profundidad, que cruzaba perpendicularmente la arteria por la cual transitaba. Agrega que a consecuencia de la caída, impacta pesadamente contra el suelo, siendo socorrida por vecinos del lugar que acudieron en su ayuda alertados por sus gritos desesperados. Indica que, al ser trasladada por el servicio de emergencias UCEMED al Hospital J.B. Iturraspe de esta ciudad, fue atendida por el Dr.Galassi, el cual le constata fractura de la rótula derecha, escoriaciones y hematomas múltiples en varias partes de su cuerpo. Sostiene que la mencionada zanja, la cual actuó como nexo causal eficiente en la producción del daño, había sido construida anteriormente por la sociedad Héctor Jaluf e hijos S.H., a los fines de la ampliación de la red de agua destinada al «Barrio Privado Casonas del Bosque», el cual construye en lotes de su propiedad. Asevera que dicha obra fue ejecutada bajo la modalidad de «Obra por Cuenta de Terceros», bajo la Dirección Técnica del Ingeniero Civil Rodolfo Ruiz, sin que la misma haya contado con ninguna autorización para realizar zanjas y/o cañerías en la vía pública por parte del municipio local. Indica que la Municipalidad de la ciudad de San Francisco fue alertada en varias ocasiones por los vecinos del lugar, en especial a través de llamados al 103, sin que la misma haya procedido a tapar la referida depresión o al menos procedido a su señalización. Adita que de la relación fáctica que antecede, surge la responsabilidad de los codemandados en autos Héctor Jaluf e hijos S.H. y de la Municipalidad de San Francisco en el acaecimiento del relatado accidente y las respectivas consecuencias del mismo. En base a ello solicita indemnización por los siguientes rubros: a) Daño emergente, b) Incapacidad, c) Pérdida de chance, y d) Daño Moral. Solicita la acumulación de las medidas preparatorias. Pide citación como tercero de conformidad a lo expresado, atento que la mencionada obra de ampliación de la red de agua del «Barrio Privado Casonas del Bosque», propiedad de la codemandada en autos Héctor Jaluf e hijos S.H., fue realizada bajo la Dirección Técnica del Ingeniero Civil Rodolfo Ruiz, domiciliado en Vélez Sarsfield N° 254, de la ciudad de San Francisco (Cba.), por lo que, pide se cite al último nombrado en los términos del art. 433 C.P.C.

A fs.48/53 v. los representantes de la firma «JALUF e Hijos S.H» contestan el traslado de la demanda promovida en contra de la sociedad de hecho que integran, solicitando se rechace la misma por infundada e improcedente. Afirman que es cierto que la firma Héctor JALUF e Hijos S.H. es propietaria del loteo denominado Barrio Privado Casonas del Bosque, como así también que bajo la modalidad de «Obra por cuenta de Terceros» y con la Dirección Técnica del Ingeniero Civil Rodolfo Ruiz, ejecutó la obra de ampliación de la red distribuidora de agua potable. Agregan que dicha obra se realizó entre los meses de enero y febrero de 2007, habiéndose completado los trabajos en el mes de marzo de 2007, otorgándose un acta de recepción provisoria de los mismos con fecha 05/03/2007. Señalan que a consecuencia de ello, se produjeron los siguientes efectos: a) la cesación de la autorización para el uso del espacio público oportunamente concedida a su parte a los precitados fines; b) la incorporación de la obra ejecutada al dominio público municipal; y c) el surgimiento y/o asunción a partir de entonces de un deber exclusivo y excluyente de vigilancia y control sobre las vías públicas de circulación a cargo de la Municipalidad de San Francisco, derivado de su poder de policía y de su condición de propietaria de las calles destinadas al uso del dominio público, tendiente a asegurar que tengan un mínimo y razonable estado de conservación de modo que permanezcan en condiciones tales que las personas puedan transitar por ellas sin peligro. Indican que la recepción de la obra tiene como antecedentes inmediatos su verificación, constatación o inspección, así como su calificación, previas o al menos concomitantes.Citan doctrina y afirman que la entrega es un momento esencial con trascendentes consecuencias, define la posibilidad de reclamar por vicios y se toma en cuenta para el cómputo de la caducidad y de prescripción en la acción por ruina del edificio. Citan el art. 1647 bis del C. Civil. Afirman que es inevitable concluir que resulta definitivamente imposible e inimaginable que, de haber existido una zanja abierta de siete metros de largo por sesenta centímetros de ancho y cuarenta centímetros de profundidad a la fecha de entrega y recepción de la obra por la Municipalidad de San Francisco, no hubiera extendido ésta última el acta correspondiente. Sostienen que, suponiendo que a la fecha del accidente que dice la actora haber sufrido hubiere existido una zanja de esas dimensiones, no hay vínculo alguno de esta circunstancia con la firma Héctor Jaluf e Hijos S.H. que permita fundar una responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de la cosa. Advierten que toda responsabilidad de su parte cesó definitivamente con la entrega de la obra, ocasión en la que se desprendió de su carácter de guardián que mientras duraron los trabajos de ejecución y sólo entretanto ostentó conjuntamente con la Municipalidad de San Francisco. Señalan que en el hipotético supuesto que hubiese existido el 15 de Mayo de 2007 una zanja o excavación de las características precisadas, la misma no fue hecha por su parte, que tampoco ostentaba a ese entonces el carácter de guardián, extinguido dos meses y medio antes, de modo que tal carga de la prueba incumbe a quien ejerce la pretensión resarcitoria según resulta de los arts. 1067 y 1109 del Código Civil. Solicitan aplicación de la sanción prevista por el art. 83 inc. 2° del C.P.C.C. a los letrados de la parte actora. En forma subsidiaria invocan culpa de la víctima como eximente de responsabilidad (art. 1113, 2° párr, 2da.parte Cód. Civ.).

A fs. 56/59 v. el citado como tercero interesado: Rodolfo Ruiz, por intermedio de su apoderada, contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas. Señala que en el caso de autos, no se dan los presupuestos legales indispensables como para ordenar la citación de su representado en carácter de tercero interesado, y que, si la actora tenía interés en incorporarlo a este litigio, debió lisa y llanamente demandarlo, para lo cual debía fundar los presupuestos de su responsabilidad en el litigio, careciendo la presente citación de toda finalidad práctica puesto que, en el hipotético caso de considerarse procedente la demanda y de atribuírsele responsabilidad a los demandados -en especial al comitente de su representado («Héctor Jaluf e Hijos S.H.»)- él no podrá ser condenado en la sentencia, limitándose a resultarle oponibles los efectos de la misma en tanto y en cuanto se dieren los presupuestos para el ejercicio de acción regresiva alguna en su contra. Deja negados todos los hechos y el derecho invocados en la demanda, y solicita el rechazo de la demanda, con costas.

A fs. 63/67 el apoderado de la Municipalidad de San Francisco contesta la demanda planteando oscuridad del libelo introductorio. Solicita se rechace la demanda en mérito a las consideraciones de hecho y de derecho que expresa, con costas. Afirma que en el escrito de demanda en ningún momento se identifica el ciclomotor que conducía la actora ni dice si el mismo es de su propiedad, si tiene inscripto el dominio a su nombre o éste consta a nombre de un tercero. Dicha circunstancia imposibilita a su parte solicitar las pericias correspondientes para determinar, no sólo el hipotético daño, sino también si el estado del mismo no fue la causa que le produjera la caída que dice haber sufrido la actora, en caso que hubiere ocurrido.Tampoco hay fotografías o cualquier otro medio de prueba que determine fehacientemente el lugar ni actuaciones de la policía municipal o provincial que determine la hora y demás circunstancias relevantes en relación al supuesto hecho. Agrega que tampoco la actora identifica a las personas que, dice, la ayudaron, quién llamó al servicio de emergencias, etc. Considera que el accidente, en caso de haber ocurrido, se produjo por la exclusiva culpa de la víctima del hecho dañoso, configurándose esta circunstancia al conducir el ciclomotor sin tener pleno dominio del mismo, o por su propia impericia o negligencia. De haber ocurrido el accidente en la forma relatada -lo que ha negado enfáticamente- resulta evidente que la actora no prestaba atención al manejo ni a las condiciones de transitabilidad de la arteria por la que -dice- circulaba, omitiendo manifestar si conocía la misma y con qué frecuencia la transitaba. Agrega que, cualquiera fueran las circunstancias, resulta evidente que la actora no tenía el pleno dominio o control del rodado que -dice- conducía. Además de lo expresado supra, tampoco está acreditada la existencia y características de la zanja a la que le atribuye la supuesta causa adecuada del accidente que motiva el siniestro relacionado en la demanda que se contesta, cuya existencia ha negado expresamente. Alega que la zanja abierta en el marco de las obras realizadas en el loteo de HECTOR JALUF E HIJOS S.H. estaba totalmente cegada al momento de producirse el accidente origen de la acción por lo que no puede haber sido ella la que generó la caída y lesiones de la actora. Entiende que es posible que la actora, cuya habilidad conductiva no le consta porque no indica en su demanda ser titular de un carnet habilitante que haga presumir tal idoneidad, se haya producido en cualquier lugar, sea en el lugar que indica o cualquier otro.La falta de identificación del rodado que dice haber conducido impide saber si el mismo estaba en condiciones de circular, si tenía luces y frenos y demás accesorios necesarios para su habilitación. Sostiene que no se sabe cuál era la marca, modelo, cilindrada, año de fabricación, dominio, etc., y cualquier precisión al respecto que se pretenda es manifiestamente extemporánea porque es en la demanda en donde deben precisarse los hechos. Cualquier intento en este sentido no podrá ser acogido por el Tribunal porque se quebrantaría el principio básico del contradictorio y la regla del debido proceso legal, colocándolos en un estado de indefensión. Se reserva por ello las vías Federales extraordinarias si en éste y demás supuestos antes señalados se intentase suplir las omisiones denunciadas en una etapa posterior a la demanda. Agrega que en la demanda no se detallan los daños que debería haber sufrido necesariamente el ciclomotor que conducía la actora. Sostiene que la no denuncia de tales daños permite presumir que los mismos no existieron y, si esto es así, la conclusión que se impone, necesariamente, es que el accidente en el que se dice resultó lesionada la actora no ocurrió. Va contra las reglas de experiencia suponer que un rodado pueda caer en una zanja de 0,40m. de profundidad y no sufrir ningún deterioro. Dice que resulta lógica su postura de negar la existencia de la zanja y del accidente base de la demanda, porque en la demanda se afirma que el accidente ocurre a las 19:30 hs., esto es en un horario en que la luz diurna hace perfectamente visible cualquier anomalía en el camino. Señala que la actora no dice que hubiera poca visibilidad y que por esa razón no haya visto la zanja en la que dice haber caído.Expresa que a esta altura de las circunstancias, resulta evidente que la caída de la actora, en caso de haber ocurrido y producido los daños manifestados, no se debió a la existencia de una zanja sin señalización en la vía pública, sino a su propia inexperiencia o impericia conductiva o a la circulación distraída o desaprensiva de su rodado, sin tener el más mínimo dominio del vehículo en que se conducía, es decir, a su propia culpa (art. 1111 del C.C.). Concluye que el accidente, cualquiera sea la verdad de los hechos que lo rodearon, se produjo por culpa exclusiva de la actora, que debe cargar con las consecuencias de su propio comportamiento. Así las cosas, su parte entiende que en caso de haber ocurrido el siniestro como refiere la actora, la culpa exclusiva de la misma operó como interrupción del nexo causal, o al menos, si así no lo entendiera el Tribunal, después de acreditadas las circunstancias relatadas, obró como importante y relevante atenuante de la responsabilidad de la accionada. Afirma que en la hipótesis que el Tribunal entendiera que alguna responsabilidad en el hecho le cabe a su representada, los daños resarcibles pretendidos y reclamados por la accionante ameritaran especial consideración y prueba a su exclusivo cargo, no sin antes desestimar por inexistente a la luz de la doctrina judicial actual el relacionado con la pérdida de chance, morigerar por excesiva la estimación del daño moral y los restantes que resulten de la prueba a rendirse en autos en orden a la concausalidad en producción del evento. Pide en definitiva se rechace la demanda, con especial imposición de costas a la parte actora.

II) El fallo: Rechazó la demanda instaurada por Claudia Malvina Acosta en contra de «Héctor Jaluf e Hijos S.de H.», hizo lugar parcialmente a la demanda en contra de la Municipalidad de San Francisco, condenando a la última nombrada a abonarle a la actora la suma de pesos trece mil doscientos setenta y uno ($ 13.271). Hizo extensivo el rechazo de la demandada promovida en contra de la sociedad de hecho mencionada, al tercero citado coactivamente: Ing. Rodolfo Ruiz. Impuso las costas en un 60 % a cargo de la Municipalidad de San Francisco y en un 40 % a la actora, y las costas por el rechazo de la demanda en contra de «Héctor Jaluf e Hijos S.H.» y del tercero Rodolfo Ruiz, a la actora por resultar vencida.

III) Los agravios de la parte actora: Los expresa a través de su apoderado a fs. 442/449 sosteniendo: a) Que al momento del acaecimiento del hecho motivo de la presente acción la codemandada «Héctor Jaluf e Hijos S.H.» revestía, al igual que el municipio local, la calidad de guardián de la cosa, motivo por el cual no le cabe la eximente del segundo párrafo, segunda parte, del art. 1113 Cód. Civ. Alega que, en nada obsta la calidad de guardián de la sociedad codemandada la circunstancia de que al momento del acaecimiento del hecho el municipio local haya recibido provisoriamente la obra efectuada, toda vez que la empresa continuó con el aprovechamiento de la cosa en su beneficio. b) Que no existe fundamento alguno a los fines de atribuir responsabilidad alguna, aunque sea parcial, a ell a en el acaecimiento del hecho, y que, la culpa es exclusiva y excluyente de los codemandados en autos. c) Que el rechazo de los rubros gastos médicos futuros y gastos de movilidad, como así también los parámetros utilizados a los fines de calcular la indemnización correspondiente por incapacidad, al carecer de toda fundamentación lógica y legal, le causan un serio menoscabo en sus intereses patrimoniales.Considera que acreditada la lesión sufrida por la actora, por imperio de las máximas de la experiencia, debe entenderse que, además de la rehabilitación correspondiente, necesita alquilar muletas, y realizar gastos menores como analgésicos, vendas, etc. Solicita que el rubro en cuestión sea acogido por la suma de $ 1.000 peticionada. Manifiesta que no cabe requerir prueba directa respecto de los desembolsos realizados como «gastos de movilidad», los cuales deben inferirse de la propia naturaleza de la lesión sufrida. Señala que acreditada la lesión, su necesidad de realizar un tratamiento de rehabilitación, y la distancia existente entre su domicilio y el Hospital, ello hace procedente el reclamo de resarcimiento del presente rubro por la suma de $ 500 peticionada. Afirma que carece de sustento jurídico tanto el apartamiento de los dichos de la testigo Carina Ivana Díaz referentes al sueldo que le abonaba a la actora, como la base que tomó la a quo correspondiente a la categoría de empleada doméstica. Agrega que tampoco le asiste razón a la juzgadora respecto a tomar como referencia a los fines de utilizar en la aplicación de la fórmula Marshall la edad de 60 años, cuando doctrinaria y jurisprudencialmente se tiene en cuenta la edad útil de la persona, la cual es de 72 años. Solicita que la indemnización por incapacidad, conforme a los parámetros que propone, debe fijarse en la suma de $ 19.004,80

2) A fs. 451/453 v., y 477/479 la codemandada «Héctor Jaluf e Hijo S.H.» y el codemandado Rodolfo Ruiz, contestaron, respectivamente, el traslado de esa expresión de agravios, solicitando el rechazo del recurso de apelación deducido por la actora. A fs. 468 se le dio por decaído el derecho dejado de usar a la Municipalidad de San Francisco, al no contestar el traslado ordenado a fs. 450.

IV) Los agravios de la codemandada Municipalidad de San Francisco: 1) Los expresa, por intermedio de su apoderado, a fs. 469/472 v.Alega que el único agravio que le causa a su mandante la resolución apelada es haber determinado que la responsabilidad del hecho dañoso concurre en un cuarenta por ciento a cargo de la actora y en un sesenta por ciento a cargo de la Municipalidad de San Francisco. Entiende que la actuación de la víctima en el evento contribuyó en un porcentaje más elevado que el atribuido por la sentenciante de primera instancia. Señala que el supuesto pozo de la calzada o vicios de esta no produjeron ni fueron la causa adecuada del daño, porque la conductora de la motocicleta -que los había advertido como consecuencia de que asiduamente pasaba por el lugar- optó por conducir su rodado sin luces y sin la pericia propia de quien se encuentra habilitado para el manejo, colisionando con el bache y ocasionándose los daños que posteriormente reclamó en este expediente judicial. Sostiene que si la calzada no hubiese tenido esos pozos que la hacían transitable con dificultades, tal vez el daño no se habría producido, y que, debe admitirse que esos baches cooperaron con el evento aunque no de manera adecuada como para que se dé por acreditado el factor etiológico, es decir la relación causal entre el hecho de la cosa viciosa (calle con pozos) y el daño en la conductora de la motocicleta. Indica que en este caso los daños producidos no solamente son efecto del contacto de la moto con el pozo sino que en mayor proporción son consecuencia directa de la conducta de la víctima debido a la velocidad excesiva que desarrollaba.Considera que sólo el 20 % del daño sufrido por la actora debe ser soportado por la Municipalidad codemandada, ya que no quedó probado que la pérdida del control del ciclomotor fuera causada por el estado de la calle, porque el lugar era conocido por la conductora, y si bien las condiciones de visibilidad no eran óptimas la señora Acosta circulaba en una moto sin luces, sin carnet habilitante para el manejo (lo que presupone impericia), y la velocidad del rodado era mayor a la precaucional, máxime cuando circulaban dos personas a bordo del ciclomotor. Destaca que la velocidad excesiva se relaciona más bien con el hecho de que permita a su conductor controlar su rodado aún en situaciones sorpresivas o imprevistas, y que la consecuencia del exceso no es que el conductor no vea en sentido literal, sino que «ve tarde». Concluye afirmando que existió una actitud negligente en la conductora del rodado al no adoptar todas aquellas precauciones que exige conducir de manera razonable, la reducción de velocidad, además de adoptar todas las demás exigencias propias de un camino en reparación, por lo que, debe tenerse que el ochenta por ciento de la responsabilidad en el siniestro pesa sobre la actora.

2) El apoderado de la actora, contesta a fs. 474/475 v. el traslado de la expresión de agravios, solicitando el rechazo del recurso con costas.

V) La solución: 1) La actora describe el hecho constitutivo de su pretensión resarcitoria, expresando que mientras circulaba a velocidad adecuada, al comando de un ciclomotor, por calle Las Margaritas, del barrio Las Rosas de esta ciudad, en sentido Este-Oeste, al llegar a la intersección de dicha arteria con calle Los Jazmines, el rodado en el que se conducía cayó en una zanja que cruzaba perpendicularmente la arteria por la cual transitaba, a raíz de lo cual sufrió la fractura de la rótula derecha, escoriaciones y hematomas múltiples en varias partes de su cuerpo.Aclara textualmente que esa zanja había sido construida por la firma «Héctor Jaluf e hijos S.H.»: «a los fines de la ampliación de la red de agua destinada al «Barrio Privado Casonas del Bosque», que: «la mencionada obra de ampliación de la red de agua fue ejecutada bajo la modalidad de «Obra por Cuenta de Terceros», bajo la Dirección Técnica del Ingeniero Civil Rodolfo Ruiz», y que: «la Municipalidad de la ciudad de San Francisco fue alertada en varias ocasiones por los vecinos del lugar, en especial a través de llamados al 103, sin que la misma haya procedido a tapar la referida depresión o al menos procedido a su señalización» (fs. 21).

La Juez a quo, luego de establecer la responsabilidad objetiva del Municipio demandado (art. 1113 Cód. Civ.), en su condición de propietaria de las cosas del dominio público (art. 2340 inc. 7° íb. ), consideró que la conducta de la actora ha contribuido en alguna medida al acaecimiento del siniestro, bajo el entendimiento que en la especie: «a) No se ha podido comprobar el sistema de luces del ciclomotor por la falta de colaboración de la damnificada a los fines de su verificación; b) La falta de carnet habilitante para conducir de la accionante lo que permite poner en duda su pericia en el manejo del rodado . y; c) El hecho que la damnificada al transitar asiduamente para llegar a su domicilio conocía el lugar, la existencia de la zanja, y la peligrosidad que ello importa («considerando» III, fs. 418/418 v.). En virtud de ello, consideró que la responsabilidad por el accidente que nos ocupa le corresponde en un 40 % a la actora y en un 60 % a la codemandada Municipalidad de San Francisco.El apoderado de la última nombrada sostiene que «el único agravio que causa a la Municipalidad de la Ciudad de San Francisco la resolución apelada es haber determinado que la responsabilidad del hecho dañoso concurre en un cuarenta por ciento (40%) a cargo de la actora y en un sesenta por ciento (60%) a cargo de la demandada Municipalidad de San Francisco» (fs. 469). Luego agregó que: «Si la calzada no hubiese tenido esos pozos que la hacían transitable con dificultades, tal vez el daño no se habría producido. Debe admitirse que esos baches cooperaron con el evento aunque no de manera adecuada como para que se dé por acreditado el factor etiológico, es decir la relación causal entre el hecho de la cosa viciosa (calle con pozos) y el daño en la conductora de la motociclista (sic)» (fs. 469 v./470).

Sobre esta cuestión, la codemandada-apelante sostiene que es de suponer que si la actora transitaba con frecuencia por el lugar donde sufrió el accidente, debió advertir la existencia del pozo, que la víctima circulaba sin carnet habilitante para el manejo y sin casco, con exceso de velocidad, a bordo de una motocicleta que se encontraba en pésimas condiciones, sin luces, ni frenos, y que, además, trasladaba a otra persona, siendo que se trataba de un moto-vehículo diseñado para trasladar sólo a una persona. En virtud de ello entiende que la responsabilidad por el evento dañoso debe recaer en un 80% sobre la actora, y en un 20% sobre su representada.

Según las reglas que distribuyen la «carga de la prueba» (art. 377 CPC de la Nac. en función del art. 887 CPC), sobre la codemandada:Municipalidad de San Francisco recayó la carga de demostrar que la actora circulaba con exceso de velocidad, en una motocicleta que se encontraba en pésimas condiciones, que no tenía luces, ni frenos; pero como esa parte no cumplió con tal exigencia, debe estarse a lo expresado por la contraria, en el sentido de que en la especie no puede inferirse que el hecho de la víctima, por tales circunstancias, no resulta ser concausa alguna del siniestro en cuestión.

En efecto, en cuanto a la velocidad excesiva atribuida por la codemandada apelante a la conductora de la motocicleta; en la sentencia Nº 167, de fecha 19-10-10, dictada en los autos «Medrano Marta Beatriz c/ Roberto Manuel Ferreyra y Sergio Gente – Daños y perjuicios – Ordinario» sostuve, «.que para determinar con precisión la velocidad a la que circula un automóvil es necesario contar con una prueba téc nica y no basta con las declaraciones testimoniales. Al respecto se ha dicho que: «El juez no puede tener por cierto que el automóvil circula a la velocidad indicada, sin una pericia mecánica. Esta prueba técnica es fundamental para probar la velocidad con que circula un automóvil. En caso contrario la sentencia carecería de una fundamentación adecuada y sería susceptible de ser invalidada» (cfr. Couture, Eduardo J., «Las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba testimonial», JA., t. 71, secc. doctrina, p. 87, apart. III, nota 36).

Del mismo modo, lo alegado por el apoderado de la Municipalidad de San Francisco en el sentido de que la motocicleta en que circulaba la actora se encontraba en pésimas condiciones, no tenía luces, ni frenos, constituyen circunstancias que debieron acreditarse con la pertinente pericial mecánica, pero no sólo no fue ofrecida dicha prueba en esta causa, sino que no existe ninguna otra que acredite dichas afirmaciones, siendo que sobre aquélla recaía la carga de hacerlo (art. 377 CPC de la Nac. en función del art.887 CPC).

El apoderado del municipio demandado alega que, al momento del siniestro, la señora Claudia Malvina Acosta conducía su motocicleta sin el casco reglamentario, y que, trasladaba a otra persona en un motovehículo diseñado para trasladar sólo a una persona. Estas afirmaciones, demuestran que dicha parte pretende, en la alzada, introducir cuestiones no invocadas en primera instancia; lo cual, por aplicación de la regla de congruencia, debe ser rechazado (arts. 356 y 330 CPC).

En este sentido el art. 356 CPC consagra la regla de congruencia que debe respetar el tribunal de alzada para resolver el recurso, sintetizada en el brocárdico: «tantum devolutum quantum apellatum». Existe una doble limitación que debe respetar ese tribunal; por un lado las cuestiones que conformaban el material de conocimiento originario en primera instancia sobre el que debe recaer la sentencia recurrida (art. 332 CPC); por otro lado, los puntos contenidos en la expresión de agravios (art. 356 ibídem). La conexión de ambos elementos determina la medida de los poderes del tribunal, al cual está asignada la tarea de resolver el recurso en cuestión (Fontaine, Julio I., en Ferrer Martínez, Rogelio, «Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba», t. 1, n° 1, p. 657).

La codemandada Municipalidad de San Francisco, sostiene que es de suponer que si la actora transitaba con frecuencia por el lugar donde sufrió el accidente, debió advertir la existencia del pozo; por lo cual, entiende que «el vicio de la calle no se presentaba de forma tal que constituyera un obstáculo insalvable o imperceptible a la atención regular de los transeúntes, máxime cuando es la propia actora la que confiesa que pasaba repetidamente por el lugar (y jamás se había caído con anterioridad)» (fs.470). Ese argumento, que fue tenido en cuenta por la a quo (sumado a la falta de carnet y la supuesta falta de luces del ciclomotor de la actora), para atribuirle a ésta última un porcentaje del 40% en la producción del siniestro en cuestión, debe ser rechazado de plano.

Ello es así, porque en la especie quedó acreditado con las testimoniales rendidas por los señores Jorge Ariel Mattalía (fs. 298 v.) y Alejandra Esther Rosso (fs. 155 v.), que el pozo referenciado al momento del accidente no estaba señalizado; por lo que, la autoridad competente (codemandada en estos autos), no adoptó el sistema de señalización dispuesto por Ley Pcial. de Tránsito N° 8560 y reglamentado mediante Decreto 318/2007 (art. 23).

Es decir que, en el caso analizado la autoridad de aplicación no tomó las medidas de señalización impuestas por la ley; por lo que, esta conclusión se ajusta a los presupuestos de la responsabilidad objetiva invocada por la actora (art. 1.113, 2º, Cód. Civ.), donde el daño sufrido por ella derivado de una cosa riesgosa (por su naturaleza), consistente en la falta de señalización adecuada de la obra en construcción, provoca una presunción «iuris tantum» de responsabilidad contra el «dueño» o «guardián» de la cosa que produjo el daño, que sólo cede si se acredita «culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder» (art. 1.113, 2º, ib.).

Es por ello que, resulta obvio que la carga de la prueba de «la culpa de la víctima» corre a cargo de la demandada, por ser la parte que se beneficia con dicha eximente; y no puede entenderse de que la última nombrada haya cumplido con esa carga por la sola circunstancia de haber acreditado de que la actora «pasaba habitualmente por el lugar del accidente», máxime que en el momento en que ocurrió el siniestro, tal como lo reconoce la codemandada Municipalidad de San Francisco: «las condiciones de visibilidad no eran óptimas» (fs.471); no sólo porque era de noche y llovía (Cfr. testimonial de la Sra. Rosso, fs. 155 v./156), sino además porque en el lugar en que se produjo el accidente la iluminación artificial de la vía blanca no era la adecuada.

En efecto, a fs. 158/159 v. obra la declaración testimonial de la señora María Claudia Arrieta, quien sostuvo que: «En ese momento del accidente no pudo ver bien los rasgos de la mujer porque donde ella había caído estaba como oscuro, había luz pero donde se había caído estaba oscuro» (fs. 159 v.); lo cual se encuentra además corroborado por el testimonio del policía Jorge Ariel Mattalía, quien declaró que en ese lugar: «. la luz era bastante tenue, ya que incluso había algunas plantas que tapaban la farola» (fs. 298 v., respuesta a sexta pregunta).

El hecho de que la actora no tuviera carnet para conducir no incide en la conclusión arribada, pues considero que la demandada no puede invocar con éxito a modo de eximente de su responsabilidad patrimonial, la circunstancia de que la actora carecía de habilitación para conducir al tiempo de producirse el accidente, cuando en este caso no se ha probado que dicha omisión hubiera influido causalmente en el siniestro; tal como lo sostuve en la Sentencia N° 69, de fecha 02/06/04, Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación, Secretaría N° 4. En sentido coincidente, ver Sentencia N° 179 de fecha 05/09/010, dictada por este mismo Tribunal, con distinta integración, en los autos caratulados: «Rivarola Ana Francisca c/ Municipalidad de San Francisco – Ordinario».

Por todo lo expuesto, considero de que en la especie no puede atribuirse culpa alguna a la víctima en la producción del accidente que nos ocupa, y en consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la codemandada Municipalidad de San Francisco, y hacer lugar al agravio esgrimido por la actora al punto 2.2., a fs. 444 v./446 v. de su expresión de agravios.Voto por la negativa.

A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DR. VÍCTOR HUGO PEIRETTI, DIJO: Que se adhiere al voto emitido por el Sr. Vocal de primer voto al tratar esta cuestión. (Art. 382 CPC). Así lo vota.-

A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR VOCAL DR. MARIO CLAUDIO PERRACHIONE, DIJO: I) La solución: La actora-apelante sostiene que el yerro que se advierte en el análisis realizado por la a quo finaliza con la errónea eximición de responsabilidad de la codemandada «Héctor Jaluf e hijos S.H.» en el acaecimiento del hecho y sus consecuencia dañosas, encuentra su génesis en la confusión en la cual incurre aquélla al valorar pruebas que refieren a cuestiones contractuales entre dicha persona jurídica y el municipio demandado, y luego, fundar su eximición en la causal del segundo párrafo, segunda parte, del art. 1113 Cód. Civ., de neto corte extracontractual.

El agravio esgrimido por la actora resulta procedente, porque, si bien es cierto que en la especie quedó fehacientemente acreditada la recepción provisoria de la obra realizada por la codemandada «Héctor Jaluf e hijos S.H.», en el loteo «Casonas del Bosque», por parte del municipio demandado con fecha 05/03/07 (Cfr. fs. 10 y fs. 206), es decir, más de dos meses antes de que se produjera el accidente que nos ocupa (15/05/07), no es menos cierto de que dicha entrega, más allá de los alcances o condiciones que implique, vincula sólo a dichas partes, pero sus efectos no se extienden, ni pueden perjudicar a terceras personas (art. 1195 Cód. Civ.).

A ello debe agregarse que, luego de la recepción referenciada, la sociedad codemandada continuó realizando trabajos en el loteo «Casonas del Bosque», tal como surge de la declaración testimonial rendida por el Sr. Victorino Omar Carobolante; el cual, interrogado respecto de si con posterioridad al mes de marzo de 2007 realizó algún otro trabajo para «Héctor Jaluf e hijos S.H.» en el loteo indicado, dijo:»Que sí, que después empezó con el ripiado de las calles interiores del loteo Casonas del Bosque» (fs. 201, respuesta a 11ª pregunta); y ante una aclaratoria formulada respecto de qué tiempo le demandó este tipo de tareas, respondió: «Que estuvo prácticamente trabajando hasta septiembre del año 2007» (Ibídem).

Ello demuestra que, no sólo la entrega provisoria de la obra no le es oponible a la actora, sino que, luego de dicha entrega, la firma «Héctor Jaluf e hijos S.H.» continuó realizando tareas en el loteo denominado «Casonas del Bosque», las que se extendieron hasta el mes de septiembre de 2007; por lo que, no puede dicha firma alegar de que ella no debe responder porque había cesado la autorización para el uso del espacio público que oportunamente se le concediera a los fines de la realización de las obras en el loteo referenciado, cuando de hecho continuó haciendo uso de dicho espacio, dos meses después de haberse producido el siniestro en cuestión.

En consecuencia, corresponde admitir el agravio intentado por la actora al punto 2.1) a fs. 442/444 v. de su expresión de agravios, y hacer extensiva solidariamente la condena a la codemandada «Héctor Jaluf e hijos S.H.», en los términos del art. 1113 Cód. Civ. por su calidad de guardián de la cosa que produjo el daño (pozo o zanja sin señalización).

Voto por la afirmativa.

A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DR. VÍCTOR HUGO PEIRETTI, DIJO: Que se adhiere al voto emitido por el Sr. Vocal de primer voto al tratar esta cuestión. (Art. 382 CPC). Así lo vota.-

A LA TERCERA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR VOCAL DR. MARIO CLAUDIO PERRACHIONE, DIJO: I) La solución:1) La actora-apelante sostiene que no le asiste razón a la juzgadora para rechazar el rubro «Daño emergente- gastos terapéuticos futuros», porque, por imperio de las máximas de la experiencia, toda persona que sufre una lesión como la que ella sufrió necesita, amén de la rehabilitación correspondiente, el alquiler de muletas, y la realización de gastos menores como analgésicos, vendas, etc. Agrega que, tampoco le asiste razón a la a quo en el rechazo del rubro «Gastos de Movilidad», toda vez que no cabe requerir prueba directa de los pertinentes desembolsos, los cuales han de inferirse de la propia naturaleza de la lesión sufrida.

En relación a los rubros: «Daño emergente- gastos terapéuticos futuros» y «Gastos de Movilidad», la procedencia y monto de todos estos gastos, fueron impugnados por las demandadas. Como consecuencia de ello, la carga probatoria recae sobre la actora.

En la especie, tal como sostuvo la a quo, la parte actora no aportó prueba alguna que acredite la procedencia de los gastos referenciados, y si bien es cierto que en torno a la admisión de alguno de esos gastos rige un criterio amplio, pues se presume su erogación en orden a las lesiones sufridas, no es menos cierto que en la especie no sólo la accionante no acreditó el período de tiempo que le insumiría el tratamiento para la rehabilitación de su rodilla, el número de sesiones que resultarían necesarias, por cuanto tiempo debería usar muletas, el costo total al que ascendería el tratamiento, o cada sesión del mismo, ni el costo del alquiler de las muletas; sino que, peticionó una indemnización genérica de Pesos un mil doscientos ($ 1.200), en la que incluyó, además de los rubros referenciados, otros «gastos futuros» como la compra de analgésicos y gazas, lo cual impide que este Tribunal pueda apreciar de manera concreta a cuánto asciende la pretensión de la actora por cada uno de esos sub-rubros a los fines de verificar si los mismos resultan ono razonables; por lo cual no resulta aplicable el criterio amplio o la presunción «supra» indicada.

Idéntica solución cabe adoptar en relación a los «gastos de movilidad» para asistir a las respectivas consultas médicas que necesitaría la actora hasta su completa rehabilitación. Ello es así, no sólo porque ninguna prueba aportó la última nombrada para acreditar su procedencia, teniendo la carga de hacerlo, sino además, porque la actora no probó cual sería el período de tiempo por el cual necesitaría realizar el tratamiento de rehabilitación referenciado, ni el número de sesiones o consultas que necesitaría, como para que el Tribunal pudiese evaluar si la suma peticionada resulta razonable en orden a la cantidad de traslados que la actora debería efectuar a tales fines.

En virtud de ello, corresponde rechazar, en este punto, el tercero de los agravios deducido a fs. 446v./449 por la actora, y confirmar lo dispuesto por la a quo respecto del rechazo de los rubros bajo análisis.

Finalmente la actora se agravia por los parámetros que utilizó la a quo a los fines de la cuantificación del rubro «incapacidad». Alega que carece de fundamento legal el análisis que realiza la juzgadora, toda vez que su trabajo en el negocio de la Sra. Carina Ivana Díaz excluye automáticamente que pueda encuadrársela como empleada doméstica.

A fs. 152/152 v. la señora Carina Ivana Díaz, de profesión comerciante, declaró que la actora: «trabajaba de lunes a viernes, alternando entre su negocio y su casa, que limpiaba» (fs. 152, respuesta a la 2ª pregunta); y que: «ella le pagaba $ 750 pesos y siempre le ayudaba con algo de mercadería de su negocio, que es un almacén (fs. 152 v., respuesta a la 4ª pregunta).

Ello demuestra que, está probado que la actora al momento de producirse el accidente, trabajaba, alternadamente, en la casa y en el almacén de la Sra.Carina Ivana Díaz, y que ésta última, además de ayudarla con mercadería de su almacén, le abonaba a la actora la suma de Pesos Setecientos cincuenta ($ 750) por mes por esas tareas; por lo que, corresponde admitir, en este punto, el agravio intentado y tomar en cuenta dicha suma para el cálculo de la indemnización por la incapacidad que padece la actora, máxime que, a la fecha del siniestro, dicho importe era inferior al establecido para el salario mínimo, vital y móvil (Resol. Nº 2/06).

El apoderado de la actora sostiene que tampoco le asiste razón a la sentenciante respecto a tomar como referencia a los fines del cálculo de la indemnización de acuerdo a la fórmula Marshall la edad de 60 años, cuando doctrinaria y jurisprudencialmente se tiene en cuenta la edad útil de la persona, la cual asciende a 72 años.

Siguiendo la doctrina del Máximo Tribunal provincial, corresponde admitir el presente agravio y tomar como límite para la indemnización del rubro en cuestión, los setenta y dos años (72 años) que resulta ser la pauta estadística de promedio de vida. (Cfr. TSJ, Sala Civ. y C.Córdoba.25/6/08, Sentencia 68. Dutto, Aldo Secundino c/ Carranza, América Yolanda y otro – Ordinario – Recurso de casación, Zeus Córdoba – Revista Nº 309 -Tomo Nº 13 – 2008, nº 17, p.317).

En consecuencia, a los fines de la cuantificación del rubro en cuestión, se deberá efectuar el cálculo pertinente desde el día del accidente (15/05/07) hasta la fecha en que la actora cumpliría 72 años (40 años aprox.), siguiendo los lineamientos de la fórmula matemática «Las Heras – Requena». Para el caso, el importe de pesos Setecientos cincuenta ($ 750) mensuales multiplicado por trece períodos ($ 9.750), por el índice correspondiente a 40 años (15,0463) con más un 6% de interés anual, y aplicando el porcentaje de incapacidad el 12%, resulta un total de pesos Dieciocho mil seiscientos sesenta con cuarenta y dos centavos ($ 18.660,42).

Voto por la negativa.

A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DR. VÍCTOR HUGO PEIRETTI, DIJO: Que se adhiere al voto emitido por el Sr. Vocal de primer voto al tratar esta cuestión. (Art. 382 CPC). Así lo vota.

A LA CUARTA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR VOCAL DR. MARIO CLAUDIO PERRACHIONE, DIJO: A mérito de las conclusiones contenidas en los votos precedentes, el Tribunal deberá dictar el siguiente pronunciamiento: I) Rechazar el recurso de apelación deducido por la codemandada Municipalidad de San Francisco en contra de la Sentencia N° 249 de fecha 24/08/011, obrante a fs. 391/428 v., e imponer las costas a la codemandada-apelante por resultar vencida (art. 130(ref:leg C.P.C.). II) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora en contra de la citada sentencia, y en consecuencia, condenar solidariamente a la Municipalidad de San Francisco y a «Héctor Jaluf e hijos S.H.» a abonarle a la Sra.Claudia Malvina Acosta, en el término de diez días, la suma de pesos Veintinueve mil trescientos cincuenta con cuarenta y dos centavos ($ 29.350,42), con más los intereses dispuestos en el «considerando» V de la sentencia de primera instancia, debiendo practicarse una nueva regulación de honorarios a los letrados de la actora, y de la codemandada «Héctor Jaluf e hijos S.H.», atento el resultado al que se arriba. III) Imponer las costas de primera instancia en un 40 % a cargo de la actora y en un 60 % a cargo de las codemandadas Municipalidad de San Francisco y a «Héctor Jaluf e hijos S.H.» (art. 132 C.P.C.), y las del recurso de apelación deducido por la actora en un 7 % a ésta última, en un 60 % a la codemandada «Héctor Jaluf e hijos S.H.», y en un 33 % a la codemandada Municipalidad de San Francisco (art. 132 íb.). IV) Los honorarios de los letrados de la actora y de la codemandada «Héctor Jaluf e hijos S.R.L.» por sus tareas en primera instancia deberán regularse en el punto medio de la escala del art. 34 Ley 8226, que resulta aplicable de acuerdo a la época en que se realizaron las tareas que se remuneran, y atento al resultado al que se arriba. Para los abogados de la actora la base económica estará dada por el monto de condena, con más los intereses dispuestos en el «considerando» V de la sentencia de primera instancia, la que calculada al 10/04/2013, estimativamente, asciende a la suma de $ 61.704,77, (cap. $ 29.350,42 + T.P.P.: $ 9.892,14 + int. 2% m: $ 22.462,21); para el abogado de la codemandada «Héctor Jaluf e hijos S.R.L.», dicha base deberá reducirse en un veinte por ciento (20% = $ 12.340,95) (art. 29, inc. 2° Ley Cit). Los honorarios de los letrados actuantes, por sus tareas en la alzada deberán regularse en el punto medio de la escala del art.36 Ley 9459, que resulta aplicable de acuerdo a las tareas desarrolladas, y atento el resultado al que se arriba. Para el abogado de la actora, por sus tareas en el recurso de apelación deducido por su representada, se tomará como base el importe por el cual resultó procedente dicho recurso, con más los intereses ya indicados, la que calculada al 10/04/2013, estimativamente, asciende a la suma de $ 31.463,42, (cap. $ 16.078,89 + T.P.P. $ 4702,59 + int. 2% m. $ 10.681,94); en tanto que para los letrados de la codemandada «Héctor Jaluf e hijos S.R.L.» y del tercero citado Rodolfo Ruiz, dicha base estará dada por el treinta por ciento (30%), del importe discutido en el recurso en cuestión ($ 10.525,98). Para el letrado de la actora, por el recurso de apelación deducido por la municipalidad demandada, deberá tomarse como base de cálculo el importe discutido en la alzada, con más los intereses indicados, la que calculada al 10/04/2013, asciende, estimativamente, a la suma de $ 20.158,75, (cap. $ 8.847,68 + T.P.P. $ 3.458,50 + int. 2% m. $ 7.853,09); para el abogado de la codemandada Municipalidad de San Francisco dicha base de berá reducirse en un veinte por ciento (20 %) (art. 32, inc. 2° Ley cit). En consecuencia, corresponde regular los honorarios de los Abogs. Julián A. Marinángeli y Pablo Carlos Tonetti, por sus tareas en primera instancia, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos Doce mil seiscientos cuarenta y nueve con cuarenta y siete centavos ($ 12.649,47), y los del Abog. Pablo Carlos Tonetti, por el recurso de apelación deducido por la actora en la suma de pesos Dos mil ochocientos treinta y uno con setenta centavos ($ 2.831,70), y por el recurso de apelación de la codemandada Municipalidad de San Francisco, en la suma de pesos Un mil ochocientos catorce con veintiocho centavos ($ 1.814,28). Del mismo modo, corresponde regular los honorarios del Abog.José Luis Martino, por sus tareas en primera instancia, en la suma de pesos Dos mil setecientos setenta y seis con setenta y un centavos ($ 2.776,71), y los honorarios de los Abogs. José Luis Martino y Mónica Raquel Gilli, por sus tareas en la alzada en el recurso de apelación de la actora, en la suma de pesos Un mil cuatrocientos dieciséis ($ 1.416), equivalentes a 8 jus (8 x $ 177), para cada uno de ellos, dado que de la aplicación de las escalas correspondientes resultaría un importe menor al mínimo dispuesto por el art. 40 in fine C.A.A.P. A título ilustrativo, la base de cálculo, al 10/04/2013, estimativamente, asciende a la suma de pesos $ 35.086,61), (cap. $ 17.923,27 + T.P.P. $ 5.246,33 + int. 2% m. $ 11.917,01 x 30%); y los del Abog. Alfonso J. Cerutti (h), por su tarea en el recurso de apelación deducido por su mandante, en la suma de pesos Un mil cuatrocientos dieciséis ($ 1.416), equivalentes a 8 jus (8 x $ 177), dado que de la aplicación de las escalas correspondientes resultaría un importe menor al mínimo dispuesto por el art. 40 in fine C.A.A.P. Así voto esta cuestión.

A LA CUARTA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DR. VÍCTOR HUGO PEIRETTI, DIJO: Que se adhiere al voto emitido por el Sr. Vocal de primer voto al tratar la segunda cuestión. (Art. 382 CPC). Así voto y en definitiva.

A mérito del acuerdo que antecede,

SE RESUELVE:

1°) Rechazar el recurso de apelación deducido por la codemandada Municipalidad de San Francisco en contra de la Sentencia N° 249 de fecha 24/08/011, obrante a fs.391/428 v., e imponer las costas a la codemandada-apelante por resultar vencida.

2°) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora en contra de la citada sentencia, y en consecuencia, condenar solidariamente a la Municipalidad de San Francisco y a «Héctor Jaluf e hijos S.H.» a abonarle a la Sra. Claudia Malvina Acosta, en el término de diez días, la suma de pesos Veintinueve mil trescientos cincuenta con cuarenta y dos centavos ($ 29.350,42), con más los intereses dispuestos en el «considerando» V de la sentencia de primera instancia.

3°) Imponer las costas de primera instancia en un 40 % a cargo de la actora y en un 60 % a cargo de las codemandadas Municipalidad de San Francisco y a «Héctor Jaluf e hijos S.H.», y las del recurso de apelación deducido por la actora en un 7% a ésta última, en un 60% a la codemandada «Héctor Jaluf e hijos S.H.», y en un 33% a la codemandada Municipalidad de San Francisco.

4°) Regular los honorarios de los Abogs. Julián A. Marinángeli y Pablo Carlos Tonetti, por sus tareas en primera instancia, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos Doce mil seiscientos cuarenta y nueve con cuarenta y siete centavos ($ 12.649,47), y los del Abog. Pablo Carlos Tonetti, por el recurso de apelación deducido por la actora, en la suma de pesos . ($.), y por el recurso de apelación de la codemandada Municipalidad de San Francisco, en la suma de pesos . ($ .); los del Abog. José Luis Martino, por sus tareas en primera instancia, en la suma de pesos . ($ .); los honorarios de los Abogs. José Luis Martino y Mónica Raquel Gilli, por sus tareas en la alzada en el recurso de apelación de la actora, en la suma de pesos .($ .), para cada uno de ellos, y los del Abog. Alfonso J. Cerutti (h), por sus tareas en el recurso de apelación deducido por su mandante, en la suma de pesos .($ .).

Protocolícese, hágase saber y dese copia.-

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