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La falta de pago del estacionamiento no implica liberación de responsabilidad del centro comercial frente a la sustracción del automóvil

EstacionamientoPartes: Chamorro Mario Alberto c/ Cencosud S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 1-may-2013

Cita: MJ-JU-M-79578-AR | MJJ79578 | MJJ79578

El centro comercial debe indemnizar al actor por la sustracción de su automóvil de la playa de estacionamiento, en tanto la inexistencia del pago de un precio por la utilización del mismo, no implica que la demandada se libere de responsabilidad frente a la falta de seguridad.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar al centro comercial demandado a indemnizar al actor por la sustracción de su automóvil de la playa de estacionamiento que accede al mismo, pues dicha sustracción exterioriza la inobservancia de la obligación de seguridad, que le era encomendada al centro comercial y éste no acreditó ninguna circunstancia susceptible de excluir aquella responsabilidad.

2.-Ha existido entre la actora y la demandada un vínculo jurídico atípico que genera responsabilidad de esta última por el hecho acaecido, pues al facilitar el estacionamiento a potenciales clientes, se favorece el nacimiento y desarrollo de una relación contractual, ello a la luz, de las especiales características de la contratación y del standard jurídico de la buena fe que impone el art. 1198 del CCiv.

3.-La omisión de controles, o la inexistencia del pago de un precio por la utilización de la playa de estacionamiento, no implica que una empresa como la demandada, eminentemente comercial en atención a que desarrolla los actos previstos en los inc. 1º y 2º del art. 8 del CCom., preste ese servicio a su potencial clientela en forma desinteresada, sin duda su ofrecimiento tiene un propósito comercial, que es atraer a la clientela para que concurra a dicho local, estableciendo ventajas económicas frente a otros establecimientos, que no cuentan con dichas instalaciones.

4.-El dueño del negocio tiene la obligación de ejercer un control – aunque sea genérico o difuso- sobre el lugar que destina al estacionamiento de los automóviles, ello integra los servicios que el supermercado ofrece para la mejor comercialización y venta de mercaderías y demás servicios que se presentan en su ámbito, generando en el usuario la convicción de que su rodado queda bajo la guarda del establecimiento.

5.-Las tratativas negociales comienzan con la introducción del vehículo a la playa, con intención de adquirir bienes o utilizan los servicios que allí se prestan; a partir de ese momento se genera en cabeza del supermercado la obligación secundaria de custodiar los bienes introducidos al mismo; entre ellos, el del automotor, ello es independiente de que el potencial cliente haya adquirido o no bienes.

6.-La obligación de seguridad y de protección de los intereses económicos del consumidor es objetiva, de modo que las eximentes solo pueden referirse a la ruptura del nexo causal, consecuentemente con ello, el hecho de un tercero en la sustracción del vehículo, alegado por la demandada, es un acto que no tiene aptitud alguna para configurar una eximición de responsabilidad.

Fallo:

En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los .días de mayo de 2013, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O. H. Llobera y Carlos Enrique Ribera, para dictar sentencia en el juicio: «CHAMORRO MARIO ALBERTO C/ CENCOSUD SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Ribera, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

CUESTION:

¿Es justa la sentencia apelada?

VOTACION:

A LA CUESTION PLANTEADA EL DR. LLOBERA, dijo:

I) La sentencia apelada

La sentencia hace lugar a la demanda y condena a Cencosud S.A. para que abone a Mario Alberto Chamorro, la suma de $ 9.000, con más los intereses establecidos (fs. 110/112 y 114).

El accionante señaló que el 7 de diciembre de 2008, siendo aproximadamente las 11,30 hs. estacionó su vehículo marca Renault 12 dominio WDY 544 en la playa de estacionamiento de Jumbo ubicado en el Shopping Portal Lomas. Su intención era retirar dinero de un cajero automático que opera dentro del centro comercial. Que al retirarse, advirtió que su vehículo fue robado de dichas instalaciones, por lo que atribuye plena responsabilidad a la accionada.

A su turno la demandada desconoció el hecho y la responsabilidad que se le imputa.

II) La apelación

La accionada apela el fallo (fs. 115) y expresa agravios (fs. 131/137), los que fueron contestados por la contraria, conforme presentación de fs.142/147.

III) Los agravios

a) El planteo

La demandada cuestiona la responsabilidad que se le imputa; sostiene que sin mayores elementos y sólo con la declaración de un testigo, concluyó el sentenciador, que el actor estacionó su vehículo en la playa de estacionamiento y que desde ese lugar fue sustraído.

Afirma, que el efectivo estacionamiento del rodado constituye un presupuesto fáctico de vital trascendencia para responsabilizar a la demandada. Dice que el testigo no ha sido presencial del supuesto hurto y que de su testimonio no se desprende que el vehículo fue sustraído del interior de la playa de estacionamiento. Entiende que tales endebles indicios, no pueden constituirse en un elemento de prueba para tener por acreditados los hechos; que no se acompañó tickets, ni constancias de adquisición de mercadería y que sólo permaneció escasos minutos dentro del establecimiento, lo que hace improbable el hecho. Desconoce que se haya efectuado reclamo alguno.

Objeta la interpretación de que se trata de una relación comercial, que impone un deber de vigilancia y seguridad determinante de responsabilidad. Dice, que no se configuró un contrato de garaje, ni de depósito al que analógicamente se quiere equiparar. Afirma, que el acceso es gratuito y que la existencia de personal de seguridad se limita a la totalidad del predio. Que la playa de estacionamiento no es una concesión al cliente, sino que se lo impone la normativa para lograr la habilitación. A todo evento imputa la responsabilidad a un tercero, por quien no debe responder.

b) El análisis

i. La acreditación del hecho y la carga probatoria

El objeto de la prueba en el proceso dispositivo, serán los hechos jurídicos alegados como sustento de las demandas, defensas o excepciones, entendiendo por tales los hechos principales alegados y también los secundarios que se encuentren genéricamente comprendidos en los primeros.Es decir, y a diferencia del sistema inquisitivo, quedan fuera de la investigación los hechos no alegados por las partes al trabarse la controversia.

Esto es así porque las normas jurídicas constituyen un mandato que debe aplicarse frente a determinadas situaciones de hecho. Estas últimas deben recrearse a través de un proceso, con la finalidad de formar convicción en quien deberá sentenciar, de que tales hechos han tenido lugar y de tal modo imponer la aplicación de aquél.

En consecuencia es necesario que en el proceso se logre recrear la situación fáctica acaecida y la demostración de su coincidencia con el presupuesto o supuesto contemplado en la norma para asignarle las consecuencias jurídicas en ella previstas.

Así el art. 375 del C.P.C.C. prescribe que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma que invocare como fundamento de su petición.

Por esto los hechos constituyen el objeto de la prueba judicial. A través de ella serán recreados en el expediente, adquiriendo una vida propia más o menos coincidente con la verdad ocurrida.

La prueba por lo tanto tiene como fin formar en el juez la convicción sobre la ocurrencia o no de un determinado hecho.

Lo expresado lo es sin perjuicio de que el concepto de prueba judicial no es unívoco. Comprende el resultado de la actividad llevada a cabo por las partes y por el juez, las fuentes utilizadas para lograr aquellos resultados (Ej. testigos) y la actividad, procedimiento o medios para producirlos (declaración del testigo) (Esta Sala, «Herrera Cabrera, Mitchel Franklin C/ Municipalidad del Pilar y otros s/ds. y ps.», Causa nº 100.375).

Este criterio, de colaboración en la acreditación de los hechos, cualquiera sea el rol de la parte, es conocido como de las «cargas dinámicas», sustentado por la moderna doctrina procesal, cuestión que bajo diversas formas ha sido tratada ampliamente por la doctrina (Falcón, E.M. «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», Abeledo – Perrot, Buenos Aires, pág.241;Fenochietto, Carlos E. – Arazi, Roland, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 2, Ed. Astrea, Bs.As., 1987, pág. 324; «Peyrano, J. y Chiappini, L., «El derecho probatorio posible y su realización judicial», Rubinzal – Culzoni, 1990; Lorenzetti, Ricardo L., «Responsabilidad profesional» en Reformas al Código Civil, Abeledo – Perrot, 1995, p.169); de modo especial se resalta la importancia de esta teoría cuando nos hallamos en casos en que la acreditación de la relación causal entre el daño y la actuación del agente resulta ser muy difícil o compleja para la víctima (Lorenzetti, Ricardo L., «La carga de la prueba en los procesos de daños», L.L., 1991-A-955).

Pese a ello, esta doctrina tampoco puede hacernos olvidar la premisa impuesta por el art. 375 C.P.C.C., en especial cuando el actor no ha llevado a cabo ninguna prueba relevante, la desiste o incurre en negligencia en su producción.

Es que la responsabilidad de la prueba en los procesos de sistema dispositivo, recae de modo principal sobre las partes y no depende sólo de su condición de accionante o demandado.

Se relaciona con la situación en que se ubica cada una en el proceso y a ella incumbe proponer e impulsar las medidas pertinentes, para que en tiempo oportuno produzcan el efecto buscado. A través de su actividad deben lograr la acreditación del hecho invocado, sea como sustento de la acción o de la defensa.

Así la imposición de probar los presupuestos que se invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, establecido por el art. 375 del C.P.C.C., no depende de la calidad de actor o demandado, como lo he mencionado, sino de la situación en que los litigantes se coloquen dentro del proceso («DIPAC S.A. c/Nestlé Argentina S.A.» – CNCom., Sala A, 11-8-1997, E.D.175-403).

Parece justo que en los supuestos donde el develamiento de la verdad está al alcance de ambas partes, se requiera una actitud positiva de ellas con el fin de que aquélla sea esclarecida (CNFCC, Sala III, 22-4-03 – «Contreras c/SEGBA», E.D. 205-24).

No obstante, ese dinamismo probatorio nunca podrá traspasar el límite que impone el art. 18 de la Constitución Nacional, por lo cual mal podría exigirse el planteo por el propio demandado de puntos periciales que sepa le serían adversos. En este sentido, es mi parecer que sólo se puede requerir a la demandada el máximo de colaboración para acreditar todo aquello que permita poner en evidencia la corrección de su proceder.

Así, en el caso que los puntos de pericia del actor sean insuficientes para señalar un error, ello en modo alguno podría imputarse al accionado, sin violar gravemente la garantía constitucional arriba citada. Se trataría de una deficiencia de la demanda, en su aspecto probatorio, no resultando razonable que se requiera al accionado que supla tal falencia en su propio perjuicio. Sobre esta relatividad de la condición de actor o demandado a los fines de la prueba, se ha dicho con claridad que evita la aplicación mecánica de conceptos, como puede llegar a serlo incluso el de las «cargas dinámicas» o «pruebas dinámicas», que la carga la define la situación en que la parte se coloca en el juicio; por ello si la parte demandada hace afirmaciones de descargo o presenta una versión distinta de los hechos soporta la carga de probarlos, no así cuando solo se limita a negarlos (Fenochietto, Carlos E. – Arazi, Roland, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 2, Ed. Astrea, Bs.As., 1987, pág. 325). Ello sin olvidar que un hecho puede ser presentado en forma positiva o negativa, según la habilidad retórica de quien la formule (Fenochietto, Carlos E. – Arazi, Roland, ob. Cit., pág.321).

El sistema de la carga dinámica de la prueba, no elimina el concepto de culpa subjetiva, ni el principio de inocencia; en la materia específica no existen presunciones legales de hecho.

La exigencia probatoria del reclamante, debe relacionarse con las concretas posibilidades de contar con elementos corroborantes, en función de las particulares características del suceso que genera la litis (arts. 375, 384 CPCC).

ii. El caso en análisis

En casos como el presente, la actividad probatoria resulta compleja en virtud de las modalidades en que se desenvolvía la utilización de la playa de estacionamiento, la cual no sólo tenía libre acceso, sino que t ampoco expedía comprobante alguno por su uso.

La declaración del testigo Juan Alberto Acuña (fs. 62), ha sido de fundamental importancia para acreditar el hecho. Su testimonio, conforme lo reseñara el sentenciador, proviene de una persona que tomó conocimiento directo con lo acontecido. Concurrió en el auto junto con el accionante, aseverando haber dejado el vehículo en la playa de estacionamiento de la demandada y que al regresar momentos después, no se encontraba allí.

No hay elementos que autoricen a dudar de la veracidad de la referida declaración, máxime cuando la demandada no ejerció el derecho de repreguntar, ni siquiera alegó sobre la idoneidad del testigo conforme lo dispone el art. 456 del C.P.C.

La circunstancia de que sea testigo único, no es obstáculo para que el juez fundamente en ella su pronunciamiento (SCBA, Ac. nº 70.266, 22-12-1999, «Oliva, Oscar Idelfonso c/ La Primera de Grand Bourg S.A. de Transportes, Comercial e Industrial y otro»; Ac. nº 78.288, 19-2-2002, «Vallejo, Roberto Anselmo y otra c/ Escuela Centro de Formación Profesional N° 53, Escuela Malvinas Argentinas y/o APAND»).

También se ha decidido que en el proceso civil no rige el principio por el cual el «testigo único es testigo nulo» y corresponde al juez apreciar las circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de la declaración (art.456 CPCC; esta Sala, causa nº 105.499).

A lo expuesto cabe añadir, que se cuenta con otros elementos indiciarios, que si bien no son decisivos, colaboran con la versión dada por el accionante; se trata de los informes de fs. 63 y 64, que si bien fueron motivados por el propio accionante, complementan la declaración del testigo Acuña.

En el marco del razonamiento efectuado, analizando y merituando los elementos de prueba ut supra descriptos, encuentro acreditado el hurto del automotor aludido en la playa de estacionamiento de la demanda, y en las condiciones allí indicadas.

iii. La responsabilidad del centro comercial

Ha existido entre la actora y la demandada, un vínculo jurídico atípico que, a mi entender, genera responsabilidad de esta última por el hecho acaecido. Considero que al facilitar el estacionamiento a potenciales clientes, se favorece el nacimiento y desarrollo de una relación contractual, ello a la luz, de las especiales características de la contratación y del standard jurídico de la buena fe que impone el art. 1198 del Cód. Civil.

La omisión de controles, o la inexistencia del pago de un precio por la utilización de la playa de estacionamiento, no implica que una empresa como la demandada, eminentemente comercial en atención a que desarrolla los actos previstos en los inc. 1º y 2º del art. 8 del Cód. de Comercio, preste ese servicio a su potencial clientela en forma desinteresada (conf. CNCom., Sala D, 5/9/2205, Reg. Nº 16.205; idem del 18/2/05, Reg. Nº 65.342).

Sin duda su ofrecimiento tiene un propósito comercial, que es atraer a la clientela para que concurra a dicho local, estableciendo ventajas económicas frente a otros establecimientos, que no cuentan con dichas instalaciones.Así lo ha entendido también numerosa jurisprudencia (CNCom., Sala D, 2/3/05; idem el 18/7/01; CNCom., Sala E, del 28/10/91; CNCom., Sala, B del 28/09/98 entre otros). Esta conclusión no aparece desvirtuada por la circunstancia de que pueda constituir un requisito de la autoridad administrativa, como pretende la apelante, porque no por ello deja de ser un servicio al potencial cliente.

En mi parecer, lo mismo sucede con la existencia de un cajero automático en el lugar, presencia indirecta que sin lugar a dudas, atrae a eventuales consumidores.

El dueño del negocio tiene la obligación de ejercer un control – aunque sea genérico o difuso – sobre el lugar que destina al estacionamiento de los automóviles. Ello integra los servicios que el supermercado ofrece para la mejor comercialización y venta de mercaderías y demás servicios que se presentan en su ámbito, generando en el usuario la convicción de que su rodado queda bajo la guarda del establecimiento (conf. Cám Apel. Lomas de Zamora, 6/4/2004 causa Nº 57.452).

Las tratativas negociales comienzan con la introducción del vehículo a la playa, con intención de adquirir bienes o utilizan los servicios que allí se prestan; a partir de ese momento se genera en cabeza del supermercado la obligación secundaria de custodiar los bienes introducidos al mismo; entre ellos, el del automotor. En este sentido se ha expedido esta Sala I en la causa 83.477 del 11 de abril de 2000, Reg. Nº 118.

Ello es independiente de que el potencial cliente haya adquirido o no bienes (Moeremas, Daniel y Silva Verónica Alicia, «Responsabilidad de los Centros Comerciales por daños derivados de robos o hurtos de vehículos en sus estacionamientos», Revista, Responsabilidad Civil y Seguros LL.4-99).

Esta propuesta para estacionar, es una prestación accesoria, derivada de la actividad del negocio principal, por lo que el deber de seguridad es objetivo e innegable para quien recurre a esta forma de comercialización.Pesa sobre quien lucra con esos consumidores potenciales asumir la carga de que el establecimiento sea seguro.

No puedo dejar de mencionar que los grandes centros comerciales en el ámbito de nuestra Provincia, por disposición legal, deben contar con «espacios para el estacionamiento de vehículos particulares, dentro del mismo predio de acuerdo a lo que regule cada municipio» (art. 18 de la Ley 12.573), por lo que el deber de seguridad se impone frente al usuario.

Quien hace uso del supermercado, tiene una confianza fundada en que el empresario se ha ocupado razonablemente de su seguridad (art. 40 de la Ley 24.240).

La obligación de seguridad y de protección de los intereses económicos del consumidor es objetiva, de modo que las eximentes solo pueden referirse a la ruptura del nexo causal. Consecuentemente con ello, el hecho de un tercero en la sustracción del vehículo, alegado por la demandada, es un acto que no tiene aptitud alguna para configurar una eximición de responsabilidad (causa nº 110.015).

La accionada podría haber intentado demostrar que tomó las previsiones a su alcance con el fin de evitar la sustracción del automotor como por ejemplo acreditar qué medidas de seguridad tomó, pero nada aportó.

En tal inteligencia, la sustracción del automóvil del actor dentro de la playa de estacionamiento, exterioriza la inobservancia de la obligación de seguridad, que como he referido le era encomendada al centro comercial. No se ha acreditado ninguna circunstancia susceptible de excluir aquella responsabilidad.

Deseo aclarar que en antecedentes similares al presente, he desestimado las demandas, por no haber acreditado los presupuestos fácticos de su pretensión. En efecto en la causa nº 26.477-2008 del 7/3/2013, Reg. nº 16 de la Sala II que integraba, se rechazó la demanda por no acreditar el hecho, ni la circunstancia de haber estacionado el vehículo en la playa de la demandada. En tanto en la causa nº 21375-8 del 21/11/ 2012, Reg.nº 148, también de la Sala II, por mayoría, se desestimó la demanda por no acreditar que el hecho delictual (robo de equipo de música), se produjo en el establecimiento de la accionada. Como se analizó, no son las circunstancias dadas en autos, donde se acreditó la existencia del hecho denunciado en las instalaciones de la demandada.

c) La propuesta al Acuerdo

De conformidad con lo analizado y lo dispuesto por los arts. 512 , 902 , 1109 , 1137 , 1144 y 1198 del Cód. Civil, art 40 y conc. de la ley 24.240), propongo al Acuerdo confirmar lo decidido en la instancia de origen.

IV. Las costas de Alzada

Las costas de la Alzada postulo que se impongan a la demandada vencida (art. 68 del CPCC).

Por los fundamentos expuestos voto por la AFIRMATIVA

Por los mismos fundamentos el Dr. RIBERA, votó también por la AFIRMATIVA.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.

Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Carlos Enrique Ribera

Juez

Hugo O. H. Llobera

Juez

Miguel L. Álvarez

Secretario

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