Indemnización por parte de la aseguradora a favor de la esposa de quien falleció en un accidente al impactar de frente con una camioneta

shutterstock_66103318Partes: Ayala Felici María Eugenia c/ HSBC New York Life Seguros de Vida S.A. s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 13-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-79087-AR | MJJ79087 | MJJ79087

Al no haber mediado impericia o negligencia del asegurado, la aseguradora no puede eximirse de responsabilidad y debe resarcir a la beneficiaria del seguro de vida por accidentes de su esposo puesto que éste falleció en el accidente sufrido al impactar de frente con una camioneta que invadió su circulación cuando se encontraba trabajando.

Sumario:

1.-En un accidente de tránsito en el cual perdieron la vida dos personas y sólo sobrevive una de ellas, cabe precisar que la rigurosidad propia del examen que debe efectuarse en materia penal a los efectos de determinar la culpa delictual, no es el criterio aplicable en la apreciación de los hechos u omisiones que pueden determinar la culpa o negligencia civil.

2.-El sobreseimiento del imputado en sede penal, en principio no hace cosa juzgada en sede civil y por tal causa no es necesaria la provisión de elementos probatorios diversos a los aportados en sede penal, ni impide el examen y determinación de la culpabilidad de modo autónomo, ya que son distintos los criterios y principios que conducen a determinar la culpabilidad penal de los que regulan la responsabilidad civil.

3.-A la luz de lo dispuesto por el art. 1103 CCiv., los efectos de la absolución en sede penal no dependen de la forma -en este caso: sobreseimiento- sino de su contenido o substancia. De ahí que, el sobreseimiento no hará cosa juzgada si se funda en la falta de culpa del imputado.

4.-El dolo y la culpa grave producen la exclusión del riesgo (art. 70 LS). La segunda importa un acto no intencional en el que por excesiva imprudencia o negligencia se acrecienta extraordinariamente la probabilidad de la ocurrencia del hecho descripto en la cobertura asegurativa; no refiere al incumplimiento de obligaciones convencionales o legales ni a sucesos que den lugar al nacimiento de las mismas, como sucede con su homónima civil. Para establecer si una conducta configura culpa grave, habrá que compararla con otra -abstracta- idealmente propuesta como prototipo de diligencia en las mismas circunstancias.

5.-La gravedad de la culpa en el siniestro debe ponderarse con criterio restrictivo; determinando si el asegurado obró con las mínimas diligencias que una persona común adopta en función de las circunstancias de tiempo, persona y lugar en el caso concreto (arts. 512 y 902 CCiv.).

6.-En el contrato de seguro lo que el asegurador toma en consideración a los fines de la delimitación de cobertura es la conducta media del hombre común de un grupo social determinado; concretamente, del grupo social en el cual ese seguro deberá desenvolverse. La gravedad de la culpa opera sobre el riesgo y no sobre la responsabilidad como en materia civil; delimitando su asegurabilidad.

7.-Cuando la ley 17418 alude a culpa grave establece una delimitación subjetiva del riesgo cubierto con el objeto de mantenerlo dentro de parámetros normales, que excluya dentro de la cobertura las alteraciones del comportamiento siniestral previsto, originado en la falta de adopción de las mínimas diligencias exigibles al asegurado, en función de la naturaleza de la obligación y de las circunstancias de tiempo, persona y lugar.

8.-En los seguros de accidentes personales, el asegurador se libera si el asegurado o el beneficiario provoca el accidente dolosamente o por culpa grave (art. 152 L.S). La exclusión de riesgo se verifica en aquellas circunstancias que el contrato prevé como no idóneas para hacer funcionar la garantía del asegurador; y, si se produce el evento éste manifiesta explícitamente en la póliza su voluntad de no cubrirlo. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo de dos mil trece, reunidas las señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por «AYALA FELICI, MARÍA EUGENIA» contra «HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.», en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Piaggi, Díaz Cordero y Ballerini.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Doctora Piaggi dijo:

I. ANTECEDENTES FACTICIALES DEL PROCESO

1. El 14-7-06 (fs. 191/98) María Eugenia Ayala Felici (viuda del occiso Casaña Bueno) demandó a HSBC New York Life Seguros de Vida S.A. por $ 136.000 (pesos ciento treinta y seis mil) o lo que resulte de la prueba a producirse, más intereses y costas.

Sostuvo que su cónyuge (Marcelo Gastón Casaña Bueno) en julio de 2005 contrató con la accionada un seguro de vida por accidentes (póliza MA0299/055979 79-0099-005348) en $ 86.000 y su empleador (Gargano Logística S.A.) suscribió un seguro colectivo (póliza CE01-99-7666) por $ 10.000, suma que se duplicaba si la muerte del trabajador era producto de un accidente.

Agregó que el 19-8-05, Casaña Bueno -en ocasión de su trabajo-, sufrió un accidente en la ruta n° 8 km. 350 donde pierde la vida al impactar de frente con una camioneta Chevrolet S-10 que invade su mano de circulación, conforme consta en la causa penal n°1015/05 instruida en el Juzgado en lo Penal y Correccional de Venado Tuerto Pcia.de Santa Fe.

A fin de percibir el pago del seguro, se presentó el 15 de septiembre en la compañía aseguradora, pero la demandada le requirió mediante notas, fotocopias de la causa penal labrada al efecto y el 12 de octubre entregó toda la documentación solicitada.

Señaló que recibió dos cartas documento (CAA2637134-3 y CAA2637133-6) donde la defendida rechazó el pago del seguro por accidentes en una y el doble pago por muerte accidental en la otra, invocando la culpa grave del asegurado.

Informó que intentó percibir en disconformidad el pago de $ 10.000 correspondiente a la póliza colectiva, pero se lo denegaron aduciendo que la compañía no abonaba de ese modo.

Sostuvo que el testigo González Iraola que declaró en sede penal fue mendaz, pues su testimonio no coincide con las huellas y posiciones finales de los vehículos siniestrados.

Recalcó que el caso no encuadra en la culpa grave y la prueba demostrará que el asegurado sufrió un accidente.

Liquidó los rubros reclamados de la siguiente manera: daño emergente $ 106.000 y daño moral $ 30.000.

2. El 23-5-07 (fs. 299/307) HSBC New York Life Seguros de Vida Argentina S.A. contestó demanda, solicitando su rechazo con costas.

Luego de una negativa de los hechos expuestos en el escrito de inicio, manifestó que el pleito involucra dos pólizas y dos siniestros con motivo del fallecimiento de Casaña Bueno; la póliza CE 019900766 y el siniestro 709158, y la póliza MA 029955979 y el siniestro 700033.

Expresó que el 30-9-05 la accionante denunció la muerte de su esposo, y agregando que, en base a la documentación aportada por ésta, se comprobaron elementos concluyentes sobre la culpa grave del asegurado en el accidente.En la declaración testimonial en sede penal de González Iraola surgiría que el vehículo conducido por el cónyuge de la actora invadió el sentido de circulación contrario, lo cual generó el siniestro.

Afirmó que analizados los antecedentes de los siniestros y comprobado el supuesto excluyente la culpa grave del asegurado resolvió rechazar ambos pagos.

Respecto del daño moral, alegó que la actora omitió referir cuál era el padecimiento sufrido y la prueba tendiente a acreditarlo.

II. EL DECISORIO RECURRIDO

La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 902/12) acogió parcialmente la demanda interpuesta por María Eugenia Ayala Felici contra HSBC New York Life Seguros de Vida S.A., condenando a ésta al pago de $ 106.000, más intereses y costas.

Para así decidir el a quo meritó que: (a) «.aun cuando el primer informe pericial aportó cierto sustento a la postura defensiva, la escacez [rectius: escasez] de fundamentos que portaba y los múltiples cuestionamientos recibidos ameritaron la realización de otro informe. Y esta segunda pericia accidentológica producida por un experto perteneciente a un organismo público con marcada especialización en la materia -División Ingeniería Vial Forense de la Policía Federal Argentina-, brindó datos que debilitan la explicación del suceso vertida por la aseguradora. el perito informó que «al momento del impacto el Camión [conducido por el Sr. Casaña Bueno] se encontraba circulando sobre su mano y luego del impacto desvió su trayectoria hacia la derecha, es decir a la banquina de su lado. Previo al impacto no existen elementos que identifiquen la trayectoria del mismo». expuso que en la mecánica del accidente coincide con la del informe referido al mismo traído por la actora. procede indicar que el testimonio del único de los tres involucrados en el accidente que sobrevivió al mismo y que fue imputado y, luego, sobreseído por el delito de homicidio culposo -Sr. Iraola-, producido en la causa penal, y sobre el que gira la defensa, posee inconsistencias que no contribuyen a fortalecer la teoría.Lo expuesto -entonces- implica que no existen elementos que abonen suficientemente la teoría de la culpa grave de Casaña Bueno esgrimida por la accionada para eximirse de responder.»; (b) respecto al daño moral «.se aprecia ausencia de toda probanza sobre el punto; por ende, y dado el criterio restrictivo con que debe juzgarse la cuestión en el marco contractual, la pretensión no puede tener acogida.».

III. LOS RECURSOS

La demandante apeló el decisorio el 22-2-12 (fs. 914), el recurso se concedió el 23-2-12 (fs. 915), y sus incontestadas quejas del 1-11-12 obran a fs. 977/83.

La accionada apeló el fallo el 28-2-12 (fs. 916); siendo el recurso concedido el 19-3-12 (fs. 937), y sus agravios del 5-11-12 (fs. 985/92) no recibieron respuesta.

La presidencia de esta Sala llamó «autos para sentencia» el 14-12-12 (fs. 994); el sorteo de la causa se realizó el 17-12-12 (fs. 994 vta.) por lo que el Tribunal se encuentra habilitado para resolver.

IV. CONTENIDO DE LA PRETENSIÓN RECURSIVA

La accionante se agravia porque el a quo: i) «.sin razón rechaza el pedido de daño moral, aduciendo para ello el criterio restrictivo. en el marco contractual; ii) determina insuficientemente los honorarios correspondientes a la letrada de la actora; iii) fijó honorarios elevados para los abogados de la contraria.

La defendida alega: i) por el «.total apartamiento de V.S. del procedimiento probatorio. Arbitrariedad e imparcialidad.»; ii) del «.cuestionamiento de la causa penal en sede civil.[incurriendo].en grave contradicción al principio de prejudicialidad penal.»; iii) de la «.errónea conceptualización de la culpa.»; iv) de los intereses fijados y las costas impuestas.

V. Luego de analizar los antecedentes del caso, los diversos medios de prueba aportados al expediente de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386 , CPCCN) y la sentencia recurrida, anticipo que el pronunciamiento apelado será modificado.

No atenderé todos los planteos recursivos del apelante sino sólo los que estime esenciales y decisivos para fallar en la causa (cnfr.CSJN, «Altamirgano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica», del 13-11-86; ídem, «Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas», del 12-2-87; bis ídem, «Pons, Maria y otro» del 6-10-87; ter ídem, «Stancato, Carmelo», del 15-9-89; v. Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

VI. LA DECISIÓN PROPUESTA

1. Arbitrariedad e imparcialidad. Apartamiento del procedimiento probatorio.-

HSBC arguyó que el fallo es arbitrario y carece de adecuada fundamentación.

A mi criterio, la decisión es coherente; está concretamente cimentada y contiene una exposición suficiente de las razones que con arreglo a las circunstancias del pleito dan sustento al fallo. La estructura de análisis empleada se ajusta a las premisas que sirven de antecedente a sus conclusiones y no observo arbitrariedad. Ergo, no advierto deficiencias que invaliden la decisión.

Idéntica conclusión me merece su crítica que, apunta a la errónea apreciación de la prueba; la queja es subjetiva y HSBC pone énfasis en que el juez de primera instancia suplió la actividad probatoria de la actora ordenando una nueva pericia (fs. 836), desechando la restante prueba producida.

Empero la defendida consintió tácitamente la peritación, ya que no expresó disconformidad al tiempo en que fue ordenada y se le notificara.

Adicionalmente, si la demandada pretendía una interpretación diversa a la desarrollada por el a quo, debió producir la prueba conducente; extremo no cumplido (arts. 377 y 386 C.P.C.C.).

2. Sentado lo anterior, las partes están contestes en cuanto a la existencia y regularidad de los contratos de seguro que las vincularon al tiempo del accidente. Sin embargo, difieren respecto de los asuntos que a continuación se desarrollan.

3. Cuestionamiento de la causa penal en sede civil.-

La accionada se queja porque una sentencia civil o comercial no puede cuestionar las características de un hecho que ha sido constatado en sede penal.Al respecto diré que, en un accidente de tránsito en el cual perdieron la vida dos personas y sólo sobrevive una de ellas, cabe precisar que la rigurosidad propia del examen que debe efectuarse en materia penal a los efectos de determinar la culpa delictual, no es el criterio aplicable en la apreciación de los hechos u omisiones que pueden determinar la culpa o negligencia civil.

Ergo, el sobreseimiento de Iraola en sede penal, en principio no hace cosa juzgada e n sede civil y por tal causa no es necesaria la provisión de elementos probatorios diversos a los aportados en sede penal, ni impide el examen y determinación de la culpabilidad de modo autónomo, ya que son distintos los criterios y principios que conducen a determinar la culpabilidad penal de los que regulan la responsabilidad civil.

A la luz de lo dispuesto por el art. 1103 CCiv., los efectos de la absolución en sede penal no dependen de la forma -en este caso: sobreseimiento- sino de su contenido o substancia. De ahí que, el sobreseimiento no hará cosa juzgada si se funda en la falta de culpa del imputado (CNCom, esta Sala, Pobrete, Carlos c/ Muller, Germán s/ daños y perjuicios, 9/9/97).

Sintetizando, el sentenciante no incurrió «.en grave contradicción al principio de prejudicialidad penal.», puesto que simplemente desestima el testimonio prestado por Iraola en sede penal en virtud de las contradicciones en que incurrió.

A pocos días del siniestro (25-8-05) Iraola declaró a fs. 36 de la causa penal (expte. n° 1015/05) que «.a la altura del kilómetro 348 de la ruta nacional 8, un vehículo que circulaba en dirección opuesta en la que yo viajaba cambia de carril imbadiendo [rectius: invadiendo] el sentido de circulación en la que yo viajaba o circulaba.en ese momento identifico que el vehículo que avansaba [rectius: avanzaba] hacia mí era un camión de cuya marca no puedo precisar con acoplado de color amarillo.Para evitar la colisión freno mi vehículo lo tiro hacia la banquina, impactándome el camión de costado.».

Por el contrario, a fs. 36 vta. (reverso de su deposición) manifestó «.PREGUNTADO: .puede indicar si el camión que interviniera en el presente hecho, viajaba en sentido contrario (contramano) al sentido de circulación que uds. [rectius: ud.] llevaba.- RESPONDE: sí señor el camión lo hacía en sentido contrario al nuestro.- PREGUNTADO: para que diga si en algún momentos [rectius: momento] ud. como otros vehículos se cruzó de carril.- RESPONDE: en ningún momento lo hicimos ni tampoco observé otra unidad que lo hiciera.» (lo resaltado no es del original)

Lo expresado denota que Iraola declaró en un primer momento que el camión con acoplado (supuestamente el conducido por Casaña) se cruzó de carril causando en definitiva la posterior colisión; en tanto, minutos después afirmó lo opuesto como se transcribe en el párrafo anterior.

4. Errónea conceptualización de la culpa.-

La defendida critica la decisión del a quo que no juzgó probada la concurrencia de culpa grave del asegurado.

Como es conocido el dolo y la culpa grave producen la exclusión del riesgo (art. 70 LS). La segunda importa un acto no intencional en el que por excesiva imprudencia o negligencia se acrecienta extraordinariamente la probabilidad de la ocurrencia del hecho descripto en la cobertura asegurativa; no refiere al incumplimiento de obligaciones convencionales o legales ni a sucesos que den lugar al nacimiento de las mismas, como sucede con su homónima civil. Para establecer si una conducta configura culpa grave, habrá que compararla con otra -abstracta- idealmente propuesta como prototipo de diligencia en las mismas circunstancias.

Así, la gravedad de la culpa en el siniestro debe ponderarse con criterio restrictivo; determinando si el asegurado obró con las mínimas diligencias que una persona común adopta en función de las circunstancias de tiempo, persona y lugar en el caso concreto (arts.512 y 902 Código Civil).

Lo anterior, por cuanto en el contrato de seguro lo que el asegurador toma en consideración a los fines de la delimitación de cobertura es la conducta media del hombre común de un grupo social determinado; concretamente, del grupo social en el cual ese seguro deberá desenvolverse. La gravedad de la culpa opera sobre el riesgo y no sobre la responsabilidad como en materia civil; delimitando su asegurabilidad.

En otros términos, cuando la ley 17.418 alude a culpa grave establece una delimitación subjetiva del riesgo cubierto con el objeto de mantenerlo dentro de parámetros normales, que excluya dentro de la cobertura las alteraciones del comportamiento siniestral previsto, originado en la falta de adopción de las mínimas diligencias exigibles al asegurado, en función de la naturaleza de la obligación y de las circunstancias de tiempo, persona y lugar (CNCom. esta Sala, 3-12-1981, in re «Barone, N. c/ Cooperativa de Seguros Ltda. Ruta»).

En los seguros de accidentes personales, el asegurador se libera si el asegurado o el beneficiario provoca el accidente dolosamente o por culpa grave (art. 152 L.S). La exclusión de riesgo se verifica en aquellas circunstancias que el contrato prevé como no idóneas para hacer funcionar la garantía del asegurador; y, si se produce el evento éste manifiesta explícitamente en la póliza su voluntad de no cubrirlo (cfr. Morandi, Juan Carlos F. «El riesgo en el contrato de seguro» ed. Astrea, Buenos Aires, 1974, págs. 65 y ss.).

Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que no medió impericia del asegurado en la conducción del vehículo.

De la pericia accidentológica obrante a fs. 887 surge que «.en el momento del impacto el camión se encontraba circulando sobre su mano y luego del impacto desvió su trayectoria hacia la derecha, es decir hacia la banquina de su lado. en este caso.el giro que produjo el camión Ford fue en sentido de las agujas del reloj, lo cual se estima dichas huellas estuvieron ocasionadas más probablemente por una inercia de la maniobra evasiva del conductor del camión.»

Corrobora la mecánica del accidente descripto, el croquis 2/185 del expte. penal 1015/05. En él se verifica que el camión conducido por Casaña Bueno no abandonó su carril, identifica también el punto ‘probable’ de impacto previo y el ‘indubitable’ punto de impacto principal.

Coincidentemente, el informe presentado en sede penal por el Ing. Pedernera (v. fs. 47 vta.) determinó que «.sólo el factor humano habría desencadenado esta tragedia, en particular una alta velocidad de la camioneta S-10, que probablemente condicionado por un eventual encandilamiento solar. o bien por la falta de reflejos rápidos debido su alta edad (el fallecido. Salvia.), sólo a último momento advirtiera la cercanía del camión. o bien el roce con un vehículo precedente a rebasar que hiciera perder el dominio de marcha en alta velocidad, llevaron al impacto frontal ocurrido.»

En otros términos, de acuerdo al plexo probatorio no medió impericia o negligencia del asegurado. Por consiguiente, la aseguradora no puede eximirse de responsabilidad y debe resarcir, en este caso, a la beneficiaria del seguro.

5. Intereses.-

La aseguradora reprocha la aplicación de intereses.

Partiendo del presupuesto que éstos se encuentran destinados a indemnizar el daño o perjuicio producido total o parcialmente con el incumplimiento de una obligación, y que en autos, la accionada incurrió en mora en el cumplimiento de las obligaciones que se hallaban a su cargo; de acuerdo con lo establecido, la reparación debida al asegurado encuentra su límite fijando los accesorios a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días, desde la fecha en que el siniestro fuera improcedentemente rechazado (2-11-05; fs.12) hasta su efectivo pago, sin capitalizar; y no como fuera dispuesto en la sentencia recurrida a partir del siniestro.

Se acoge el agravio de la accionada.

6. Costas.-

No existe ninguna circunstancia que permita soslayar el principio establecido del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CNCom, esta Sala, in re: «Troncoso, Carlos s/ quiebra», del 23-12-92″).

La eximición de costas autorizada por dicha norma procede cuando media razón suficiente para litigar; expresión que contempla aquéllos supuestos en que por las particularidades del caso cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado. Y ello no se basa en la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de circunstancias objetivas que demuestran la concurrencia de un justificativo para eximirlo de costas (CNCom, esta Sala, in re: «S.A. La Razón s/ concurso preventivo s/ incidente de cobro de crédito», 25-2-93; «J. Dolhare y Compañía S.A. c/ Ceteco Argentina S.A. s/ ordinario», del 11-12-07).

La accionada cargará con el total de costas originado por el acogimiento de la demanda.

7. Daño moral.-

Ayala se queja por el rechazo del daño moral.

El obrar antijurídico de la aseguradora indudablemente repercutió en el estado de ánimo de ésta y en sus legítimas expectativas. Sin duda sufrir la pérdida del esposo (por calcinamiento a raíz de un accidente de tránsito), a una temprana edad y con una hija de corta edad en el orden natural de las cosas importó estados como: mortificación, sufrimiento, inestabilidad, irritación, impotencia y desequilibrio anímico.

Este agravio supone una modificación en el desenvolvimiento de la capacidad de querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona, diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho.

Ayala debió transitar un largo litigio con esta parte que negó los hechos acaecidos y tiene derecho a obtener un justo resarcimiento.Es menester conciliar el derecho del individuo a no sufrir daños injustos, con el interés general de no facilitar la impunidad del causante del daño (en similar sentido, esta Sala, «Gaudio, Juan c/ Siembra Seguros de Vida S.A. s/ ordinario», 17-5-06).

Propongo condenar a la aseguradora al pago de $ 30.000 en concepto de daño moral; que devengará intereses a la tasa activa del Banco Nación para sus operaciones a treinta días desde el deceso y hasta el efectivo pago, sin capitalizar.

8. Con relación a las apelaciones deducidas contra las regulaciones de honorarios, ponderando la calidad y extensión de los trabajos realizados, se elevan a ocho mil pesos ($ 8.000) los honorarios del perito contador Ezequiel Glosman y a cinco mil pesos ($ 5.000) los del consultor técnico ingeniero mecánico Edgardo Angel Pedernera.

Se hace saber que la decisión adoptada respecto de ambos auxiliares, encuentra fundamento en lo establecido por el art. 13 de la ley 24.432 (B.O. del 10-1-95), el cual faculta al juez a prescindir de la estricta utilización de los porcentajes establecidos por los regímenes arancelarios nacionales o locales que fijan la actividad, merituando la naturaleza y complejidad de las cuestiones ventiladas y la calidad, eficacia y extensión de la labor profesional (conf. CNCom., esta Sala, in re «Atma s/ quiebra s/ inc. de verificación por D.G.I.», del 29-8-94, in re «Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/Renzi Marcelo Victor y otro s/ejecutivo» del 19-6-08, in re «Expreso Caraza S.A. s/ incidente de revisión por Fiscalía del Estado de la Prov. de Bs. As.» del 24-6-11, in re «Trimphe S.A.s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por Mendez Elizalde Pedro» del 27-6-11).

Véase que la estricta, lisa y llana aplicación de los mínimos arancelarios con relación al monto por el cual prospera la demanda, conduciría a una desproporción entre la labor realizada y la retribución correspondiente.

Los honorarios revisados fueron regulados a fs.911/2 y fs. 922.

Finalmente, el valor económico involucrado en el recurso de fs. 928 -costas cuya imposición se cuestiona- no supera el monto mínimo de apelabilidad previsto en el CPr., 242 -texto según ley 26.536-, que asciende a $ 20.000 (conf. CNCom., Sala D, «Barco, Tomás c/ Centro de Suboficiales Retirados del Ejército y la Aeronáutica», 29-3-84; id. Sala E, «Soifer, Alberto Daniel c/ Viola, Oscar s/ ejecutivo», del 20-5-83; esta Sala, «Empresa Comercializadora de Aceros Comac S.A. c/ Rodríguez, Claudio J. s/ ejecutivo», del 17-5-91, entre otros).

En consecuencia, se declara inaudible el recurso de fs. 928 en lo que a este punto se refiere.

VII. Si el criterio es compartido por mis distinguidas colegas, propongo -por los fundamentos enunciados-: a) modificar el decisorio recurrido de acuerdo a las pautas establecidas en los puntos 5 (intereses) y 7 (daño moral), confirmándola en todo el resto que decide; b) declarar inaudible el recurso de fs. 928 en lo que a este punto se refiere. He concluido.

Por análogas razones las Dras. Díaz Cordero y Ballerini adhirieron al voto anterior. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Sras. Jueces de Cámara Dras. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde E. Ballerini, Ana I. Piaggi. Es copia del original que corre a fs. del Libro de Acuerdos Comerciales. Sala B.

JORGE DJIVARIS

SECRETARIO DE CÁMARA

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que precede, se resuelve: a) modificar el decisorio recurrido de acuerdo a las pautas establecidas en los puntos 5 (intereses) y 7 (daño moral), confirmándola en todo el resto que decide; b) declarar inaudible el recurso de fs. 928.

Regístrese por secretaría, notifíquese y devuélvase.

MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI

ANA I. PIAGGI

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