El kirchnerismo busca sacarle a la Corte el manejo de los fondos

lorenzettiUn proyecto de ley que presentó ayer el diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel amenaza con agudizar aún más la tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una iniciativa que busca, en los hechos, licuar el poder del máximo tribunal, pues dispone quitarle todas las facultades presupuestarias y de administración del Poder Judicial que hoy tiene, para transferírselas al Consejo de la Magistratura.

En pocas palabras, de ser convertido este proyecto en ley, la Corte ya no tendrá injerencia en el manejo del presupuesto del Poder Judicial, no podrá fijar la política salarial ni decidir sobre el personal del sector. Permanecerá como cabeza del Poder Judicial, pero sin poder presupuestario ni administrativo.

La iniciativa de Kunkel -candidato a renovar su banca en la Cámara baja en las próximas elecciones- se da a conocer una semana después de que la Corte Suprema declaró inconstitucional uno de los capítulos medulares de la reforma judicial que alentaba el Gobierno: aquel que disponía la elección, por voto popular, de los representantes de los abogados, magistrados y académicos en el Consejo de la Magistratura. La reacción oficial hacia el fallo de la Corte fue furibunda.

«No sea cosa que algún día venga una cautelar y nos impidan votar presidente o legisladores», arremetió la Presidenta durante el acto del Día de la Bandera, en Rosario.

La iniciativa de Kunkel, que cuenta con las firmas de los diputados oficialistas José María Díaz Bancalari, Diana Conti, Teresa García -secretaria del bloque-, Héctor Recalde y Gloria Bidegain, no propone otra cosa que reglamentar el artículo 114 de la Constitución Nacional, el cual establece que el Consejo de la Magistratura «tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial».

El inciso tres de ese mismo artículo insiste en este punto, pues dispone que es el Consejo el que debe «administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de Justicia».

Pese a la letra constitucional, estas facultades estuvieron siempre en manos del máximo tribunal. Cuando la presidenta Cristina Kirchner presentó el proyecto de reforma judicial en abril último, éste incluía un capítulo que disponía el traspaso de esas atribuciones al Consejo de la Magistratura. Esto provocó una profunda preocupación en el alto tribunal, que motivó que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le hiciera llegar al Gobierno una carta suscripta por todos los jueces de los tribunales federales del país, en la que ponían de manifiesto este malestar.

El Gobierno decidió, entonces, dar marcha atrás con este capítulo y mantener en manos de la Corte Suprema las facultades presupuestarias y administrativas del Poder Judicial. La diputada Elisa Carrió denunció, entonces, que Lorenzetti había pactado con el Gobierno a cambio de que la reforma judicial no sea declarada inconstitucional.

Sin embargo, la semana pasada el máximo tribunal falló contra los intereses del Poder Ejecutivo. A la embestida verbal de la Presidenta contra los miembros de la Corte se sumaron una supuesta presión de la AFIP contra Lorenzetti y, ayer, el proyecto de Kunkel, que le recorta todo su poder.

La iniciativa propone lo siguiente:

*Presupuesto: el Consejo deberá aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial, remitirlo al Gobierno y ejecutarlo.

*Personal: a excepción del personal de la Corte, el Consejo establecerá las dotaciones de empleados del Poder Judicial, adjudicará la cantidad de cargos y categorías que el funcionamiento requiera.

*Salarios: las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial estarán a cargo del Consejo.

*Transferencia: todas las dependencias técnico-administrativas que no tengan relación con la Corte serán transferidas al Consejo..

Fuente: La Nación

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