Dejan sin efecto la multa impuesta a una consultora privada por difundir un índice de precios al consumidor inexacto

correccion o inexactitudPartes: F.I.E.L. c/ DNCI-DISP 164/2011 s/ recurso directo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 9-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79250-AR | MJJ79250 | MJJ79250

Se dejó sin efecto la multa que la Secretaría de Comercio Interior de la Nación impuso a una consultora privada con sustento en que los estudios realizados para determinar un índice de precios al consumidor importaron difundir información inexacta, pues la conducta imputada no se encontraba tipificada en el art. 9° de ley 22802, de Lealtad Comercial.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la apelación interpuesta por la actora y revocar la multa impuesta mediante la disposición de la Secretaria de Comercio impugnada en autos, en atención a que no se encuentra acreditado que la actora haya incurrido en las prohibiciones previstas por el art. 9 de la ley 22802.

2.-El fin que persigue la ley de lealtad comercial es evitar que los consumidores, mediante indicaciones poco claras y engañosas, o inexactitudes, sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de productos, mercaderías o en la contratación de servicios.

3.-La divulgación pública de las estimaciones que elabora la actora no involucra una ‘relación de consumo’, ni pone en contacto al productor, proveedor o comercializador, con el potencial consumidor. No constituyen ‘presentaciones’, ‘publicidad comercial’ o ‘propaganda’ – en el sentido asignado por el art. 9 de la ley n° 22802- sino contenidos de información pública y técnica, que como tales no revisten idoneidad suficiente para inducir a error, engaño o confusión a un destinatario respecto de los precios y condiciones de comercialización.

3.-No corresponde encuadrar la conducta de la actora dentro de las prohibiciones previstas por el art. 9 de la ley 22802. La eventual divulgación de los índices de precios y estimaciones que confecciona la actora, no comporta una conducta típica en tanto carece de idoneidad para afectar los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Lealtad Comercial.

Fallo:

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013.-

Y vistos y considerando:

I. Que la Fundacion de Investigaciones Economicas Latinoamericanas (F.I.E.L.) interpone recurso directo en los terminos del art. 22 de la ley 22.802 de lealtad comercial (fs. 405/440), replicado por el Estado Nacional -Ministerio, de Economia y Finanzas Publicas- a fs, 974/1007, contra la disposition n° 164/11, por la que la Direction Nacional de Comercio Interior le aplico la sancion de multa de quinientos mil pesos ($ 500.000), por considerarla en infraction al art. 9° de la referida ley.

II. Que para decidir, la autoridad de aplicacion, senalo que las presentes actuaciones se iniciaron el 14 de febrero de 2011, con la denuncia formulada por la Camara de Operadores Mayoristas Frutihorticolas del Mercado Central de Buenos Aires (COMAFRU) respecto de la information difundida en diferentes periodicos, revistas y paginas de internet sobre estimaciones del indice de precios al consumidor (IPC), previsiones y calculos de inflation elaboradas por distintas consultoras -entre ellas F.I.E.L.- que habria generado un grave perjuicio para los puesteros y productores asociados a esa camara, ya que esas informaciones daban cuenta de una suba sistematica de los precios de los productos que ellos comercializan, lo que redundo en una disminucion del consumo con la consiguiente perturbation de la actividad del sector. Sobre esa base, sostuvo que:

1. La sumariada realizo presentaciones, en particular, con referencia al IPC que elabora, difunde y utiliza para los calculos y proyecciones con falta de rigor cientifico, ya que las metodologias que utiliza adolecen de severas falencias y exhiben inexactitudes y ocultamientos que tornan completamente invalido el IPC, segiin lo informo’el Institute Nacional de Estadistica y Censos (rNDEC) a fs. 139 (expte. n° S01-.0055275/2011).

2. La difusion masiva de esas presentaciones (fs.116/137) induciendo y permitiendo su comparacion con los indices elaborados por el INDEC, sin haeer salvedad alguna, es demostrativa de la intencion e interes de la encartada de difundir publicamente el IPC y las actividades que presta con una marcada impronta publicitaria susceptible de inducir a error, engafio o confusion a los consumidores y a los comerciantes” respecto de las caracteristicas de comercializacion de los bienes y servicios, generando incertidumbre en la * poblacion, lo que constituye una.conducta vedada por el art. 9° de la ley 22.802.

3. Es tambien legalmente punible en los terminos de la esa ley la conducta etica y moralmente reprochable que se le imputa a la sumariada.

4. Las cuestiones referentes a la incompetencia de la autoridad de aplicacion, a las nulidades y recusaciones interpuestas fueron exhaustivamente tratadas en la etapa de instruccion del sumario y desestimadas en forma legal.

5. Sin perjuicio del analisis tecnico efectuado por el INDEC, las respuestas a los cuestionamientos formulados por la Direccion de Lealtad Comercial no resultan convincentes a fin de sostener con seriedad que la sumariada cuenta con una infraestructura material y metodologica necesaria para elaborar un IPC.

6. La sanción no afecta el derecho constitucional de libertad de expresion de la sumariada, ya que éste no es absoluto y su ejercicio esta sujeto a las disposiciones de la ley 22.802, que establece que la information debe cumplir ciertos requisitos.

7. Para la declaration de inconstitucionalidad de la norma imputada que se pretende, la encartada debera pctirrir por la via que cofresponda.

III. Que la recurrente impugna el acto sancionatorio, manifestando que:

1. El art. 9 de la ley de lealtad comercial no es aplicable a su parte ni a la actividad que realiza y que el caso de autos es totalmente distinto al supuesto que tipifica la norma.

2. La inaplicabilidad de la ley de lealtad comercial determina la incompetencia de la DNCI.

3. Se la sanciona por cuestiones tecnicas, sin que exista ninguna norma que le prohiba a su consultora medir la inflacion con los criterios tecnicos que los profesionales de ciencias economicas establezcan.

4.Vulnera su derecho constitucional de expresarse libremente y emitir opiniones en base a las tareas profesionales que desarrolla y funda metodologicamente, que, como tales, no son susceptibles de ser inexactas, invalidas o falsas.

5. Aun de considerarse inexactas sus opiniones, no se acreditó su responsabilidad de conformidad con la doctrina de la “real malicia” -es decir que la difusion del IPC no file a sabiendas de su eventual inexactitude.

6. La disposicion es nula por haber sido dictada por un funcionario cuya recusacion con causa flie irregularmente desestimada en la etapa de instruction.

7. Se violo el debido proceso y la defensa en juicio al haberse suprimido arbitraria e ilegitimamente la etapa probatoria, sin haber sido consideradas sus defensas.

IV. Que los jueces no estan obligados a seguir a las partes en la consideracion de todos y cada uno de los agravios expresados, sino a atender a aquellos que estimaren conducentes para resolver la cuestion debatida, en la medida que la elocuencia de los estudiados tome inoficioso seguir haciendolo con los restantes (Fallos: 329:1951 y 333:123 , entre muchos otros).

V. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto de relieve un aspecto central de la ley 22.802, como es la protection de la buena fe.

En efecto, en ese sentido ha indicado que esa ley “regula materias cuya proteccion interesa al Estado Nacional en beneficio de todos los habitantes, esto es, la defensa de la buena fe en el ejercicio del comercio y la proteccion de los consumidores para que puedan acceder a una información fidedigna sobre los elementos que han de adquirir. Esta garantia esta prevista expresamente en el art. 42 de la Constitucion Nacional y la ley -que regula la referida garantia- constituye uno de los metodos idóneos para el cumplimiento de los deberes constitucionales impuestos al Estado para una mejor proteccion de sus ciudadanos” (Fallos:324:1276).

Con esa misma orientacion ha senalado, tambien, que la ley 22.802 trata de proteger la buena fe del consumidor en la adquisicion de productos y la fe publica ante la conducta desleal de los comerciantes (Fallos: 324:2006 y 329:1951).

VI. Que esta sala ha sostenido que la ley 22.802 contiene, al mismo tiempo, un principio segun el cual la publicidad debe ser clara, sin posibilidad de inducir a engano o confusion a los potenciales consumidores, y una regla esencial segun la cual el consumidor tiene derecho a recibir una adecuada, completa y veraz informacion sobre el servicio o producto ofertado, con relation al consumo, en los terminos del art. 42 de la Constitucion Nacional, es decir que la informacion debe llegar al consumidor en condiciones que hagan posible su apropiada percepción y comprension (causas “Toribio P. de Achaval y Cia. SA c/ DNCI”y “Emprendimientos 2011 SRL c/DNCI”, pronunciamientos del 6 y del 29 de diciembre de 2011, respectivamente, “Compania de Medios Digitales SA c/ DNCI”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012, y “Wall Mart Argentina SA c/EN SCI”, pronunciamiento del 9 de agosto de 2012).

Tambien ha dicho esta sala que el fin que persigue la ley de lealtad comercial es evitar que los consumidores, mediante indicaciones poco claras y enganosas, o inexactitudes, sean inducidos a error o falsedad en la adquisicion de productos, mercaderias en la contratacion de servicios (causa “Federal Mogul’ Argentina SA c/DNCI”, pronunciamiento del 2 de febrero de 2012, y su cita de la Sala II, causa “Reckitt Beckinser SA c/ DNCI”, pronunciamiento del 25 de agosto de 2009).

VII.Que el articulo 9° de la ley n° 22.802 dispone que “Queda prohibida la realization de cualquier clase de presentación de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engano o confusión respecto de las caracteristicas o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condicidnes de comercializacion o tecnicas de production de bienes muebles, inmuebles o servicios”.

Dicho articulo se encuentraubicado dentro del capitulo denominado “De la Publicidad y Promotion mediante premios” de la ley de lealtad comercial y por tanto solo cabe interpretar que la conducta que la norma tipifica, consistente en “inexactitudes u ocultamientos” debe verificarse -como la letra de a norma lo indica- en una publicidad o propaganda.

Indudablemente, esa norma tiene por objeto suprimir las conductas que desequilibren las relaciones entre comerciantes en un piano de horizontalidad y en el campo especifico de la publicidad evitar que se atraiga mediante enganos a posibles compradores de productos o servicios en detrimento de otros competidores. La ley presupone un escenario en que los comerciantes compiten entre si para captar al publico consumidor y quiere evitar que a travez de publicidades o propagandas enganosas se induzca al consumnidor a elegir algun producto o prestación, desviando asf clientela en provecho propio.

VIII. Que a F.I.E.L. se le imputa la falta de rigor cientifico en la elaboration del IPC difundido por medios masivos de comunicacion y susceptible de inducir a error o confusion a los consumidores y comerciantes sobre las caracteristicas de comercializacion de bienes y servicios con la consecuente retraction de su tendencia al consume , Para verificar si la conducta de la entidad actora puede tener encuadramiento en el art. 9 de la ley de lealtad comercial, tal como decidio el acto administrativo impugnado, deSe determinarse si existio de su parte alguna publicidad enganosa que haya inducido a error o a confusion en los consumidores.

IX. Que cualquiera sea el significado que se asigne al concepto de comunicacion publicitaria (presentacion, publicidad o propaganda) a que se refiere la legislation nacional (arts. 7 y 8 de la ley 24.240, y el art.9 de la ley 22.8 02), ella puede ser identificada como toda forma de comunicacion realizada en el marco de una actividad comercial, con el fin de promover el suministro de bienes o servicios, pues su caracteristica determinante es la de constituir un segmento del proceso de intercambio dev bienes (productos y servicios) de consumo, con la fmalidad de contribuir con el proceso de comercializacion favoreciendo la colocacion de bienes en el mercado. Traduce en definitiva una actividad encaminada a captar la atencion y la voluntad de los potenciales adquirentes de determinado producto o servicio, quienes tomaran la decision de adquirirlos o no bajo la influencia que en ellos produzca el contenido de los avisos publicitarios en los que se exhiban sus caracteristicas, precio y demas condiciones de comercializacion (Sala II, causa “Latin Eco SA c/ DNCI y sus citas de doctrina, pronunciamiento del 30 de abril de 2013).

X. Que desde las perspectivas trazadas, las estimaciones de los indices realizadas por la actora no pueden ser interpretadas como una publicidad de sus servicios.

En efecto, no ha sidp probado que la ehtidad sancionada promocione alguno de su seryicios, ni, tampoco, su intención encubierta de captar un mayor numero de consumidores u usuarios.

La informacion contenida en las publicaciones no intenta convencer al consumidor de contratar los servicios de la consultora, en tanto no hay referenda alguna sobre la actividad que ella realiza.

Ademas, no puede perderse de vista que las investigaciones y los estudios son realizados a pedido de otras entidades que la patrocinan y de investigadores. No hay, luego, publicidad que refleje la promotion de algun j servicio ni que brinde informacion sobre algurr producto comercializado por la actora.

XI. Que, en todo caso, la divulgation publica de las estimaciones que elabora la entidad actora no involucra una “relación de consumo”, ni pone en

contacto al productor, proveedor o comercializador, con el potencia consumidor o usuario. Asimismo, la divulgacion de las referidas estimaciones no constituyen “presentaciones”, “publicidad comercial” o “propaganda” -en el sentido asignado al art.9 de la ley 22.802-, sino contenidos de informacion publica y tecnica, de modo que no revisten idoneidad suficiente para inducir a error, engano o confusión a un destinatario -sea mero interesado o potencial consumidor-, respecto de Ios precios y condiciones de comercializacion de determinados bienes de consumo, y bajo Ios alcances previstos en la norma citada (Sala II, causa “Latin Eco SA “, citada).

XIL Que, en suma, no se probo una lesion el bien juridico tutelado en el art. 9 de la ley 22.802, en la medida en que no se vulnero la lealtad comercial, entendida como “la defensa de la buena fe en el ejercicio del comercio y la proteccion de Ios consumidores- para que puedan acceder a una informacion fidedigna sobre Ios elementos que han de adquirir” (Fallos: 324:1276).

Por tanto, no se encuentra configurada la tipicidad, exigida como uno de Ios presupuestos necesarios de las sanciones administrativas.

XIII. Que las conclusiones precedentes resultan suficientes para revocar la resolución impugnada y hace que sea inoficioso examinar Ios restantes agravios.

XIV. Que dadas las particularidades del caso y el caracter novedoso de la cuestion debatida, las costas deben ser distribuidas en el orden causado (art. 68, segunda parte , del Codigo Procesal Civil de la Nacion).

En merito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: revocar la disposition apelada y distribuir las costas en el orden causado.

El Dr. Carlos Manuel Grecco suscribe en la presente causa en funcion de la acordada 16/11 de esta camara.

Registrese, notifiquese y, oportunamente, devuelvase.

Clara Maria do Pico.

Rodolfo Eduardo Facio.

Carlos Manuel Grecco.

La Dra. Clara Maria do Pico dijo:

Que adhiero a la solución que se propone salvo en relación al Considerando XIV ya que entiendo que no existen fundamentos para apartarse de lo dispuesto en el art. 68, primer parrafo del CPCC y que por tanto deben imponerse las costas a la vencida.

Clara Maria do Pico.

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