Configura práctica desleal, pasible de multa el accionar del gob. de Ciudad de rehusarse a proporcionar a la asociación sindical actora un espacio para uso gremial

AlquilerCasaPartes: Asociación Trabajadores del Estado c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ juicio sumarísimo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 26-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79080-AR | MJJ79080 | MJJ79080

La parte demandada debe proporcionar a la asociación sindical actora un espacio para uso gremial toda vez que la alegación que hace aquélla para negar tal espacio no luce justa pues se ampara del art. 3° de la res. 255/2003, que no resulta aplicable a un establecimiento particular, si no que constituye un parámetro utilizado por la Autoridad de Aplicación de la ley 23551.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que la parte demandada debe proporcionar a la asociación sindical actora un espacio físico para uso gremial, puesto que el porcentaje mencionado en el art. 3º de la res. 255/2003 del Ministerio de Trabajo en modo alguno puede ser interpretado como aplicable a un establecimiento en particular, sino que el mismo constituye el mínimo de representatividad que se le puede exigir a una asociación sindical para que no pierda la personería gremial, logrando de esta forma que el necesario pluralismo sindical no acabe dando lugar a una atomización que ponga en riesgo el objetivo principal de los sindicatos, es decir, la debida tutela de los intereses de los trabajadores representados.

2.-Corresponde confirmar la sentencia en cuanto determina que el demandado debe otorgarle a la Asociación Sindical actora un espacio para uso gremial, toda vez que el mínimo establecido por el art. 3° de la res. 255/2003 solamente puede ser considerado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para resolver sobre la persistencia o no de una determinada personería gremial; máxime siendo que la asociación sindical actora ha conservado su personería gremial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

3.-Corresponde admitir la pretensión de la parte actora de encuadrar la conducta de la demandada como práctica desleal, -y aplicar una multa-, puesto que ha quedado probado que la actora efectuó pedidos para contar con un espacio de funcionamiento durante varios años sin que la demandada haya accedido a los mismos, a pesar de reconocer la falencia; máxime siendo que ha quedado establecido que la demandada pretendió fundar su rechazo al reclamo de la actora en una supuesta interpretación de una resolución del Ministerio de Trabajo que está prevista para otros fines, y llevada a cabo por instancias ajenas a la Autoridad de Aplicación de la ley 23551 .

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril de 2013, para dictar sentencia en estos autos: «ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES S/ JUICIO SUMARISIMO» se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

La sentencia de primera instancia, que hizo lugar parcialmente a la demanda, viene apelada por ambas partes a tenor de los memoriales de fs. 181/185 y fs. 186/189, que fueron contestados a fs. 196/200 y fs. 191/195, respectivamente.

Comenzaré analizando el recurso deducido por la parte demandada quien afirma que la sentencia le causa agravio porque la condenó a proporcionar a la asociación actora un espacio físico para uso gremial en la Dirección General de Contaduría. Sostiene que no se habrían tenido en cuenta las constancias de lo actuado en sede administrativa en el expediente que cita, en el que la asociación actora solicitaba un espacio para celebrar elecciones en el año 2011, y el dictamen que menciona de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se habría basado el accionar de su parte.Afirma que no se tuvo en cuenta que la accionante no ha cumplido con los recaudos legales en lo que hace al mínimo de representatividad exigido por la Resolución Nº 255/03 del Ministerio de Trabajo, cuya interpretación y aplicación en la sentencia de grado también cuestiona.

Adelanto que en mi opinión el recurso no puede tener recepción favorable.

Tal como surge de la contestación de demanda, la accionada insiste en referirse a lo actuado en el expediente administrativo que cita, que resulta vinculado con elecciones a llevarse a cabo en el año 2011, pero no tiene en cuenta ni tampoco contestó debidamente en su responde, que el reclamo de la demanda se funda en las reiteradas intimaciones cursadas por la actora en el año 2009 y 2010, solicitando contar con un espacio para funcionamiento gremial en la Dirección General de Contaduría.

Pues bien, del intercambio que fue reconocido en autos, se desprende que la demandada reconoció que la actora no tenía esa disponibilidad en el edificio en cuestión, manifestando una supuesta imposibilidad de otorgamiento por limitaciones del propio inmueble, aspecto que, repito, no fue introducido en la contestación de demanda, ni tampoco fue objeto de prueba.

La demandada sostuvo que la asociación actora no contaría con el porcentaje mínimo de afiliados para tornar procedente la petición, y en este punto considero que tampoco le asiste razón.

En primer lugar creo necesario señalar que de los propios considerandos de la Resolución Nº 255/03 del Ministerio de Trabajo, se desprende que la finalidad perseguida ha sido garantizar el pluralismo sindical en el ámbito del empleo público, adecuándose así a la efectiva vigencia de las normas internacionales que en la misma se citan.

En consecuencia, el porcentaje mencionado en el art.3º de dicha Resolución en modo alguno puede ser interpretado como aplicable a un establecimiento en particular, sino que el mismo constituye el mínimo de representatividad que se le puede exigir a una asociación sindical para que no pierda la personería gremial, logrando de esta forma que el necesario pluralismo sindical no acabe dando lugar a una atomización que ponga en riesgo el objetivo principal de los sindicatos, es decir, la debida tutela de los intereses de los trabajadores representados.

Siendo ello así, considero que ese mínimo solamente puede ser considerado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para resolver sobre la persistencia o no de una determinada personería gremial.

En tanto la asociación sindical actora ha conservado su personería gremial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en modo alguno pueden entonces cercenarse los derechos derivados de la misma pretendiendo aplicar para ello un porcentaje de representación que está previsto para otros fines y para ser aplicado por la autoridad de aplicación de la ley 23.551 .

Sin perjuicio de ello, forzoso es destacar que en autos la propia demandada ha acompañado un informe sobre la cantidad de personal de la Dirección de Contaduría y la cantidad de agentes a quienes se les descontaba cuota sindical a favor de la asociación actora, del cuál se desprende que en el año 2009 estaba incluso cumplido el porcentaje mínimo que la demandada pretendió aplicar, y sin embargo, tampoco se accedió al pedido de aquélla.

Lo expuesto me convence sin lugar a dudas de la justicia del reclamo de la parte actora, el cuál reitero no ha sido debidamente contestado por la demandada quien se limitó a argumentar sobre lo ocurrido en el caso de elección de delegados del año 2011, pero nada manifestó sobre los reiterados pedidos acreditados en autos durante los años 2009 y 2010, que no recibieron respuesta adecuada ni oportuna.

Por ello, propongo rechazar el recurso interpuesto y confirmar lo decidido enprimera instancia.

La parte actora se agravia porque el sentenciante rechazó su pretensión de encuadrar la conducta de la demandada como práctica desleal y en mi opinión le asiste razón.

En efecto, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes, y como lo señala la recurrente, ha quedado probado en autos que la actora efectuó pedidos para contar con un espacio de funcionamiento, desde el año 2009 en adelante, sin que la demandada haya accedido a los mismos, a pesar de reconocer la falencia.

Por otra parte, también ha quedado establecido que la demandada pretendió fundar su rechazo al reclamo de la actora en una supuesta interpretación de una resolución del Ministerio de Trabajo que está prevista para otros fines, y llevada a cabo por instancias ajenas a la Autoridad de Aplicación de la Ley 23.551.

Asimismo, la demandada tampoco tuvo en cuenta las garantías constitucionales y normas internacionales aplicables al caso, que habían sido invocadas por la asociación sindical actora.

A mayor abundamiento, reitero que a estar a las constancias de autos, del propio informe de la demandada se desprende que incluso en el año 2009 estaban reunidos los requisitos que la misma consideraba exigibles, y sin embargo tampoco proporcionó el espacio solicitado.

Todo ello me convence de la justeza del reclamo de la parte actora, en tanto la accionada no ha demostrado que existieran causas objetivas que pudieran explicar razonablemente el rechazo del pedido de aquélla, mientras que por el contrario quedó probado en autos que efectivamente otra asociación sindical contaba con espacio para su funcionamiento en el edificio en cuestión.

Por lo tanto, considero que el caso en examen encuadra en lo dispuesto por los incs. b) y j) del art. 53 Ley 23.551, y por ello propongo hacer lugar al recurso de la parte actora, condenando a la demandada a abonar dentro del quinto dia de notificada conforme art.132 L.O., una multa de $ 175.000 (Pesos Ciento Setenta y cinco mil), que será percibida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (conf. art. 55 incs. 1 y 3 Ley 23.551, y Ley 25.212 , Anexo 2, Capítulo 2 puntos 4.a) y 5.3, y Capítulo 4, punto 15.1).

Sobre dicha suma se adicionarán intereses aplicando la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de crédito a partir del vencimiento del plazo fijado y hasta el efectivo pago (conf. Acta CNAT Nº 2357).

A ese efecto, propongo notificar la sentencia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a fin de que tome la intervención que le corresponde.

La demandada apela los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora, pero en mi opinión dicha regulación resulta adecuada a las tareas desarrrolladas, resultados alcanzados y demás pautas arancelarias aplicables por lo que propongo se confirmen (conf. Ley 21.839 y art. 38 L.O.).

Las costas de alzada propongo que sean soportadas por la parte demandada vencida, fijando los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% de lo regulado para primera instancia (conf. art. 68 CPCCN y art. 14(ef:LEG805.14) Ley 21.839).

Por lo expuesto y de prosperar mi voto, propongo: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada y encuadrar la conducta de la demandada como práctica desleal, condenando a la misma en consecuencia para que dentro del quinto día de notificada en la ocasión del art. 132 L.O., abone una multa de $ 175.000 (Pesos Ciento setenta y cinco mil), con los intereses establecidos en el considerando respectivo en caso de corresponder, que será percibida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 2) Notificar la sentencia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para que tome la intervención que le corresponde a ese efecto.3) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fuera materia de recurso. 4) Imponer las costas de alzada a la parte demandada y fijar los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% de lo regulado para primera instancia.

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede y, agrego que:

El pluralismo sindical es preexistente a la normativa específica de nuestra legislación en lo que implica al empleo público, y fue respetada a través de los cambios de nuestra sistematización jurídica.

El reconocimiento del pluralismo sindical en el ámbito del empleo público tiene como consecuencia lógica la atribución de locales donde desarrollar sus tareas representativas para cada una de las entidades sindicales, como es normal también en el derecho comparado; vg. En el derecho francés: «Bien que le ministere du Travail, tout en estimant souhaitable que le comité d´entreprise et les seotions syndicales disposent de locaux distincts, etc…» …»la Cour de cassation a reconnu aux sections le droit de disposer d´un local qu´elles n´ont pas à partager avec d´autres représentants du personel parce que le législateur a voulu que le local mis a la disposition des sections syndicales leur soit spécialment réservé et convienne a l´exercice de leurs missions» (Arret de la Chambre criminelle de la Cour de cassation) citado por Jean Maurice Verdier, Volume II «Le Droit Syndical dans l´ENTREPRISE», nº 109, pág. 174, Deuxieme Edititon, tome 5 de «Droit du Travail» publié sous la direction de G.H. Carmelinck, Dalloz, Paris, 1984.

Traduzco:»Tanto que el Ministerio de Trabajo, estimando deseable que el Comité de Empresa y las secciones sindicales dispongan de locales distintos, etc….» «La Corte de casación ha reconocido a las secciones el derecho de disponer de un local que no tienen que compartir con los representantes del personal, porque el legislados ha querido que el local puesto a disposición de las secciones sindicales les sea especialmente reservado en conveniencia de sus misiones» (Sentencia de la Sala Criminal de la Corte de Casación).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS: No vota (art. 125 Ley 18.345).

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada y encuadrar la conducta de la demandada como práctica desleal, condenando a la misma en consecuencia para que dentro del quinto día de notificada en la ocasión del art. 132 L.O., abone una multa de $ 175.000 (ciento setenta y cinco mil pesos), con los intereses establecidos en el considerando respectivo en caso de corresponder, que será percibida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 2) Notificar la sentencia al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para que tome la intervención que le corresponde a ese efecto. 3) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fuera materia de recurso. 4) Imponer las costas de alzada a la parte demandada y fijar los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% (veinticinco por ciento) de lo regulado para primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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