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La Ciudad responde junto al transportista ante el pasajero que se fracturó al pisar en la calzada rota cuando descendía del colectivo

Colect.Partes: Spikermann María Alejandra c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: F

Fecha: 19-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-78642-AR | MJJ78642 | MJJ78642

El Gobierno de la Ciudad debe responder solidariamente con la empresa de transporte por los daños sufridos por el pasajero que se fracturó tras haberse trabado su pie en un charco en la calzada al descender del colectivo, pues si bien el chofer debió extremar las medidas de seguridad, el primero incurrió en la falta de conservación de la vía pública.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto consideró responsables solidarios tanto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como a la empresa de transportes demandada frente a los daños y perjuicios sufridos por la actora, quien al descender del colectivo en el que viajaba, se hundió en un charco existente en la calzada, quedando allí trabado su pie, producto de lo cual se cayó y se fracturó, pues el chofer debería haber detenido el colectivo junto al cordón de la vereda y el Gobierno de la Ciudad responde por el mal estado en que se hallaba la calzada.

2.-Si bien coadyuvaron en el caso dos factores causales concurrentes en la generación del daño: por un lado, la detención del colectivo en un lugar impropio para el descenso de pasajeros, lo cual obligaba a los pasajeros que descendían a pisar una calzada en mal estado; por otro, la existencia de la estructura metálica existente justo frente a la parada, sobre la vereda, que impedía el descenso si el colectivo detenía su marcha junto al cordón como legalmente corresponde, la empresa de transportes no puede excluir su responsabilidad en el hecho ajeno por cuanto sería absurdo que estas circunstancias justificaran poner en peligro al pasajero o afectar su seguridad, por el contrario el chofer del colectivo debió adoptar las medidas necesarias para poder realizar el descenso de los pasajeros en condiciones reglamentarias sin exponerlos al peligro de hacerlo en la calle.

3.-El ejercicio del poder de policía impone a la Comuna el deber de actuar directamente o de ejercer su autoridad para adoptar las medidas de seguridad apropiadas tendientes a evitar que la deficiente instalación o conservación de las cosas, como las calzadas o veredas, se transformaran en fuente de daños a terceros, máxime si se advierte que el uso y goce de los bienes del dominio público por los particulares importa la correlativa obligación de la autoridad respectiva de colocarlos en condiciones de ser utilizadas sin riesgos, pesando en consecuencia sobre el Gobierno de la Ciudad el deber de controlar que la vía pública permanezca en condiciones tales que las personas puedan transitar por ella sin peligro, pues el Estado no puede desentenderse de la salud y salubridad de sus habitantes.

4.-No cabe intentar una graduación de la responsabilidad sobre la base de la distinta participación que cada uno de los codemandados ha tenido en el evento, pues la responsabilidad del Estado constituye, objetivamente, respuesta a un daño injustamente sufrido que le es atribuible independientemente de la participación que hayan tenido las cosas que lo causaron en concreto, en cuanto han implicado la actuación de un riesgo que la comuna debe prever como garante de la seguridad en el tránsito, siendo en el caso de autos objetiva la responsabilidad, puesto que no requiere la individualización del agente u órgano que causó el perjuicio, y por lo tanto no compromete el factor subjetivo de imputabilidad que es extraño a dicha responsabilidad.

5.-Si bien el principio general establecido para las condenas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, para su cumplimiento se requiere el trámite de previsión presupuestaria, sin perjuicio de su posterior ejecutoriedad, cuando se trata de créditos de naturaleza alimentaria cuyo importe no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno, están exentos de lo dicho anteriormente.

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Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 19 días del mes de marzo de dos mil trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente, resultó el siguiente orden de votación: ZANNONI – POSSE SAGUIER – GALMARINI.

A la cuestión propuesta el DOCTOR ZANNONI, dijo:

1. Según los antecedentes de la causa, María Alejandra Spikermann sufrió el accidente del que se da cuenta al demandar. En ocasión de decender del colectivo interno 747 de la Línea 5 en la parada de Avenida Rivadavia y Paso de esta Capital Federal, el día 9 de noviembre de 2007, aproximadamente a las 13:15 de un día lluvioso, la actora pisó un charco existente sobre la calzada al lado del cordón de la calle con la punta de su pie izquierdo, el que se hundió y quedó trabado, lo cual provocó su caída y la fractura de peroné. Atribuyó responsabilidad a la empresa de transportes -Transportes Río Grande S.A.C.I.F.- por no haber el chofer detenido el colectivo junto al cordón de la vereda y también al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el mal estado en que se hallaba la calzada.

2.La sentencia condena solidariamente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la empresa de transportes -Transportes Río Grande S.A.C.I.F.- a resarcir los daños sufridos por la actora los que estima en la suma de $ 30.000 con costas y más intereses desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina según la doctrina legal vigente en el fuero a partir del fallo plenario dictado por esta Cámara en autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c./ Transportes Doscientos Setenta S.A. s./ Daños y Perjuicios» dictado el 20/4/2009. La condena se hace extensiva a Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros desestimando el planteo de la aseguradora en lo relativa a la franquicia prevista en la póliza del seguro.

3. De lo así resuelto apelan la actora, las demandadas y la aseguradora de la empresa de transportes, quienes vierten sus respectivos agravios. Como los agravios de los demandados y la aseguradora citada en garantía interesan la cuestión de la responsabilidad, me ocuparé de ella en primer término.

4. Existencia del hecho y responsabilidad. En su memorial insisten la empresa de transportes codemandada y la citada en garantía que la actora no ha probado la calidad de pasajera, ni la existencia del hecho, ni relación causal alguna entre el hecho alegado en autos y la lesión sufrida por ella.

Discrepo con este punto de vista. El Señor Juez a quo se ocupó con prolijidad de hacer mérito de los elementos fácticos que infieren el hecho alegado como fuente del deber de resarcir. A la posesión del boleto, se agrega el testimonio de María Paola Dalmasso (fs. 216 y vta.) que viajó ese día con el actora en el mismo colectivo (aunque se bajó antes y no presenció el accidente). El carácter de pasajera está probado, pues.

El informe del SAME -fs.333- según el cual el día del hecho 9 de noviembre de 2007 a las 13:37 se recibió del comando radioeléctrico de la Policía Federal un pedido de auxilio médico para Avda. Rivadavia 2577 por traumatismo leve por caída, así como que en virtud de ese pedido se comisionó un móvil (ambulancia) que asistió a la actora y la trasladó al hospital Ramos Mejía. A fs. 442 el Comando Radioeléctrico confirma haber recibido noticia del accidente en Avda. Rivadavia 2577 por modulación radial por parte de personal de la Comisaría 7°. A fs. 213/214, el testigo Ezequiel Antonio Álvarez confirma los detalles del hecho: vio caída a la actora junto al colectivo, al chofer y a un policía cuando acudió al lugar por el llamado telefónico de ella. Aunque el testigo mantiene una relación íntima, aunque no matrimonial, con la actora -es el padre de su hija-, tales circunstancias no conducen a desechar a priori su testimonio. En primer lugar porque la inexistencia de vínculo matrimonial impide considerarlo un testigo excluido. En segundo lugar, porque aún cuando es el único testigo que vio a la actora en el lugar de los hechos, la máxima testis unus testis nullus carece de virtualidad en el derecho moderno y nuestra jurisprudencia admite el valor probatorio del único testimonio si merece fe con arreglo a las reglas de la sana crítica (arg. arts. 386 y 456 del CPCC) teniendo en cuenta la verosimilitud de sus dichos, las razones de la convicción que denota y la confianza que inspira al juez (conf., Palacio, Lino, Manual de Derecho Procesal, pág.491, n° 269 y sigtes.; esta Sala, Sentencias Libres n° 500.405 del 25/7/2008 y 503.501 del 20/11/2008; Sala C, 24/7/99, LL, 1999-F-666; íd., 18/10/99, LL, 2000-D-895, fallo 42.968-S; Sala H., 5/4/2000, LL, 2000-F-480, etcétera). Sobre todo en el presente caso en que sus dichos se cohonestan con los informes que antes se relacionaron acerca del auxilio brindado a la actora.

En consecuencia considero que está suficientemente probada la existencia del hecho.

5. La sentencia apelada hace mérito de que, según surge de las fotografías del lugar del hecho agregadas a fs. 453 ofrecidas por la actora, justo frente a la parada del colectivo -Avenida Rivadavia 2577-, en la vereda y a escasa distancia del cordón, existe una estructura metálica que es un acceso que podría pertenecer al subterráneo (informe del Ente de Mantenimiento Urbano Integral del GCBA obrante a fs. 454) y que reduce, hasta casi anularla, la posibilidad del descenso franco de los pasajeros en el lugar asignado a la parada del colectivo. A ello se agrega el deficiente estado de la calzada al lado del cordón de la calle, donde descendió la actora al detenerse el colectivo lejos del cordón de la vereda.

Sostuvo el Gobierno de la Ciudad al contestar la demanda y oponer la defensa de falta de legitimación pasiva a su respecto, que la causa eficiente de la caída no sería el estado de la calzada sino la asunción del riesgo asumido por la propia actora al intentar sortear el charco, a lo que se sumó la responsabilidad del chofer del colectivo de no arrimar el colectivo al lado del cordón.

Por de pronto considero que resulta improcedente traer a colación, aquí, la teoría de la asunción de los riesgos. En el contrato de transporte los riesgos los asume el transportista -no el pasajero-, lo cual constituye una verdad de Perogrullo a la vista de lo dispuesto por el art.184 del Código de Comercio que impone la responsabilidad objetiva consiguiente si el pasajero sufre daños durante su transcurso.

Entiendo, desde otro punto de vista, que asiste razón al Señor Juez de grado cuando señala que coadyuvaron en el caso dos factores causales concurrentes en la generación del daño: de un lado, la detención del colectivo en un lugar impropio para el descenso de pasajeros, esto es, separado del cordón de la vereda, lo cual obligaba a los pasajeros que descendían a pisar una calzada en mal estado; del otro, la existencia del obstáculo -la estructura metálica existente justo frente a la parada, sobre la vereda) que impedía el descenso (o lo dificultaban en grado sumo) si el colectivo detenía su marcha junto al cordón como legalmente corresponde.

Las dos causas han incidido en igual medida, coadyuvando al desenlace (el daño). La empresa de transportes no puede excluir su responsabilidad en el hecho ajeno -el mal estado de la calzada, los obstáculos existentes en la parada del colectivo- por cuanto sería absurdo que estas circunstancias justificaran poner en peligro al pasajero o afectar su seguridad.El chofer del colectivo -más allá del deber de la empresa de transportes de interactuar con la Administración para lograr las condiciones necesarias para poder cumplir con sus obligaciones en forma adecuada- debió, en la eventualidad, y a su razonable arbitrio, adoptar las medidas necesarias para poder realizar el descenso de los pasajeros en condiciones reglamentarias sin exponerlos al peligro de hacerlo en la calle (v.gr., detener el colectivo junto a la vereda unos metros antes o después del poste de la parada o, en último extremo, no detenerse en esa parada y hacerlo en la siguiente).

Por otra parte, y en cuanto a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no es propio sostener, como lo hace en su memorial, que le resulta prácticamente imposible obtener información inmediata de los eventuales desperfectos que suceden en las veredas y calles de la ciudad y menos aún repararlos inmediatamente. Lo que pasa por alto el recurrente -como bien lo ha desarrollado, ya, el Señor Juez de grado- es que la responsabilidad del gobierno es objetiva y no indaga necesariamente en factores de atribución dependientes de la culpa.

Aunque la sentencia desarrolla estos conceptos y resulta casi ocioso reiterarlos aquí, me permito recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de pronunciarse en casos análogos al presente, en los que se ha atribuido responsabilidad al Estado en razón de la omisión del cumplimiento de obligaciones de seguridad, como por ejemplo, la seguridad del tránsito. En este sentido ha resuelto la Corte que la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -hoy el Gobierno de la Ciudad Autónoma- en su carácter de propietaria de las calles de uso público (arts. 2339, 2340, inc. 7° y 2341 del Cód. Civil) tenía y tiene la obligación de asegurar que éstas tengan un mínimo estado de uso y conservación (conf. art. 21, incs.»g» y «l» de la ley 19.987). El ejercicio del poder de policía impone a la Comuna [ahora al Gobierno de la Ciudad] el deber de actuar directamente o de ejercer su autoridad para adoptar las medidas de seguridad apropiadas tendientes a evitar que la deficiente instalación o conservación de las cosas, como las calzadas o veredas, se transformaran en fuente de daños a terceros, máxime si se advierte que el uso y goce de los bienes del dominio público por los particulares importa la correlativa obligación de la autoridad respectiva de colocarlos en condiciones de ser utilizadas sin riesgos (CSJN, in re: «Olmedo, Ricardo Luis c./ MCBA», del 28/4/94, Fallos, 317:834/35, y remisión a la causa: P. 73.XXIII, «Posse, José Daniel c./ Gobierno de la Provincia de Chubut y otra» del 1/12/92, Fallos, 315:2834).

En igual sentido se han pronunciado diversas Salas de esta Cámara (ver, por ejemplo, Sala A, «Aznar, Omar c./ MCBA» del 26/12/97, LL, 1998-E-830; Sala M, «Alba Posse de Behr Menéndez, Agueda c./ Gob. de la Ciudad de Bs. Aires», del 8/9/2000, LL, 2000-F-590; íd., «Gabrielo, Lilia Anselma c./ MCBA» del 3/11/99; íd., «Segovia de Vaccaro, Noemí c./ Gob. de la Ciudad de Bs. Aires» del 31/8/2001, Libre n° 320.078; Sala H, «Moltedo de Dickson, Nelly c./EDESUR y otro» del 25/4/2001, Libre n° 305.220; Sala K, «Ardaiz, Juana Alicia c./ MCBA» del 7/5/99, etcétera).

En estos precedentes, se ha ameritado que pesa sobre el Gobierno de la Ciudad (o de la ex Municipalidad) el deber de controlar que la vía pública permanezca en condiciones tales que las personas puedan transitar por ella sin peligro, pues el Estado no puede desentenderse de la salud y salubridad de sus habitantes.Es por ello que se halla facultada -lo cual atañe al ejercicio del poder de policía- para realizar verificaciones y ordenar que se tomen las medidas necesarias para que las instalaciones y obras a cargo de los concesionarios no deriven en perjuicio para terceros.

Esa actividad del Estado -como puntualiza Bustamante Alsina- no solamente es lícita sino que su ejercicio constituye un deber implícito en la Constitución y explícito en las leyes orgánicas de las distintas policías provinciales. De allí que el incumplimiento de ese deber, omitiendo hacer aquello que es indispensable para preservar la seguridad pública, convierte en ilícita esa abstención (art. 1174 , Cód. Civil). El daño que resulte para terceros de tales omisiones, responsabiliza al agente u órgano del Estado que no cumplió su deber, absteniéndose de ejercer la vigilancia y custodia para que se observen los reglamentos de seguridad en el tránsito (Bustamante Alsina, La responsabilidad del Estado en el ejercicio del poder de policía, LL, 1990-C-431). Tal responsabilidad es objetiva, puesto que no requiere la individualización del agente u órgano que causó el perjuicio, y por lo tanto no compromete el factor subjetivo de imputabilidad que es extraño a dicha responsabilidad.

Tampoco cabe intentar una «graduación» de la responsabilidad sobre la base de la distinta participación que cada uno de los codemandados ha tenido en el evento. La responsabilidad del Estado constituye, objetivamente, respuesta a un daño injustamente sufrido que le es atribuible independientemente de la «participación» que hayan tenido las cosas que lo causaron en concreto, en cuanto han implicado la actuación de un riesgo que la comuna debe prever como garante de la seguridad en el tránsito.

Tal responsabilidad es objetiva, puesto que no requiere la individualización del agente u órgano que causó el perjuicio, y por lo tanto no compromete el factor subjetivo de imputabilidad que es extraño a dicha responsabilidad.

Por todo lo expuesto voto por confirmar lo resuelto en punto a la responsabilidad solidaria de ambos codemandados.

6.Los daños. Se practicaron en autos la pericia médica y la psicológica. La primera, que suscribe el doctor Berruchio, se agregó a fs. 296/297. La segunda, que estuvo a cargo de la Licenciada Baldrés, glosa a fs. 228/235.

No se discute que a consecuencia del evento, la actora sufrió traumatismo del tobillo izquierdo con fractura del maleolo peroneo que fuera operada con la colocación de un tornillo canulado en el Hospital Británico. Le fue colocada una bota de yeso y muletas por 45 días después de la cirugía. Se realizó un tratamiento de diez sesiones de kinesiología. Según el informe del perito, la fractura ha consolidado con una disminución funcional de los movimientos de flexión dorsal y eversión del tobillo izquierdo (en comparación con el derecho -ver explicaciones brindadas a fs. 326-) y alteraciones clínicas y radiográficas. Existe una cicatriz longitudinal de 2,5 cm. sobre la punta del maleolo peroneo. El perito estima una leve incapacidad del 6%.

La pericia psicológica señala que la personalidad de base de la actora se encuentra dentro de los parámetros de normalidad y no se observan indicios de que haya padecido o que padezca de depresión o de algún trastorno de la personalidad.

La sentencia, en base a ambos estudios, fija un capital resarcitorio de $ 20.000 por incapacidad física y, computa la existencia de la cicatriz como daño estético que incide como daño no patrimonial. En consecuencia estima el resarcimiento del daño moral en $ 9.000 y acuerda $ 1.000 como resarcimiento por los gastos los cuales si bien, en principio fueron cubiertos por su sistema prestacional, computa los que pudieron haber generado la adquisición de medicamentos, propinas y transportes (arg. art.165 del CPCC).

Los agravios que, en punto a la liquidación de los daños, vierten tanto la actora como las demandadas y la citada en garantía no logran conmover las sólidas argumentaciones del Juez; se agotan en consideraciones de orden general o reiteran planteos realizados en la instancia anterior que recibieron adecuada respuesta del perito o en la propia sentencia. Propicio, en consecuencia, su confirmación.

Me he de ocupar, sin embargo, de los agravios relativos a la tasa de interés que determina el fallo, el rechazo de la franquicia opuesta por la aseguradora al comparecer a la citación en garantía y el plazo para el pago de la condena que articula el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

7. Tasa de interés. Según la doctrina legal vigente en el fuero a partir del fallo plenario dictado por esta Cámara en autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c./ Transportes Doscientos Setenta S.A. s./ Daños y Perjuicios» dictado el 20/4/2009, la tasa de interés que corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena, es la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Como dicha doctrina legal es de aplicación inmediata a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (arg. art. 3° , Cód. Civil, ley 17.711) y no advierto que en el caso la aplicación de la tasa de interés implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido, entiendo que debe acogerse el agravio y, en consecuencia, disponerse que las sumas a las que la sentencia condena, deberán ser abonadas dentro del plazo de treinta días de quedar firme el pronunciamiento, con más los intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, no capitalizables.Es lo que ha resuelto la sentencia apelada.

El argumento del enriquecimiento -lo he sostenido en diversos precedentes de la Sala- sólo tendría significación en los casos en que el capital de condena se tradujese en sumas actualizadas por índices que miden la depreciación monetaria acaecida entre la mora, o el día en que se produjo el perjuicio objeto de reparación, y el dictado de la sentencia. Esto así porque, en ese caso, la actualización monetaria ya habría recuperado el valor del capital. Si a dicho capital de condena, actualizado, se le adicionara una tasa activa que incluyese el plus destinado a recomponer, justamente, el valor del capital, se originaría un enriquecimiento sin causa pues se estaría condenando a cargar no sólo con la depreciación monetaria, sino con un interés cuya tasa la computa nuevamente. Es decir, se obligaría al deudor a pagar dos veces por la misma causa. Tales fueron los fundamentos que llevaron, en la década de los setenta, a consagrar tasas de interés «puro» que excluían la prima por la desvalorización monetaria que ya había sido calculada al actualizarse el capital mediante el empleo de índices. Pero obviamente este no es el caso.

En consecuencia, voto por confirmar lo resuelto en este punto.

8. Franquicia. Sobre esta cuestión se ha pronunciado este Tribunal en el fallo plenario dictado el 13/12/2006 en autos «Obarrio, María Pía c./ Microómnibus Norte S.A.» , en virtud del cual es doctrina legal que «en los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura -fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora conforme a la Resolución 25.429/97 – no es oponible al damnificado, sea transportado o no». La aplicación de la doctrina legal es obligatoria para los tribunales del fuero, sin que los fallos de la Excma.Corte Suprema obsten a ello, pues el Alto Tribunal no es competente para dejar sin efecto con carácter general la doctrina legal, aun cuando pueda revocar un fallo particular dictado en acatamiento a la doctrina plenaria.

Me remito, además, a los atinados fundamentos del Señor Juez de grado al rechazar la oponibilidad de la franquicia al tercero victima del accidente y, en tal sentido, propongo confirmar lo resuelto.

9. La imposición de las costas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravia de la imposición de la totalidad las costas a las vencidas, en su carácter de responsables solidarias frente a la damnificada. No obstante que la actora reclamó un monto muy superior al que efectivamente prospera, no cabe aplicar la norma relativa a la pluspetición inexcusable, en atención a lo dispuesto por el art. 72 del CPC C.

10. Plazo para el pago de la condena. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravia del plazo de 10 días establecido por la sentencia para el pago, a su respecto, de la condena; solicita la aplicación del art. 22 de la ley 23.982.

El art. 22 de la ley 23.982 resultaba aplicable a la Ciudad Autónoma por ser sucesora de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que en su momento adhirió a la citada ley federal. El art. 5 de la ley 24.588 dispuso la continuidad del régimen jurídico federal -en tanto no sea derogada o modificada por las autoridades nacionales o locales, según corresponda- (CNCiv, Sala F, septiembre 7/2009, «Fagnani, Elida Teresa c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios» L. 528.927, septiembre 7/2009).

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires legisló sobre el «sub examine» adhiriendo al régimen del art. 22 de la ley mencionada, aunque con modificaciones, cuando aprobó el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el dictado de la ley n° 189 (CNCiv.Sala F, junio 22/2001, «Barletta c/ M.C.B.A. s/ expropiación», R. 321.943; id. Sala F, febrero 1°/2002, «F.A.D.A. I.C. y F. S.R.L c/ M.C.B.A. s/ cobro de sumas de dinero», R. 335.443; íd. Sala C, «Antunes c/ G.C.B.A.», mayo 15/2001, R. 322.207; id. Sala C, marzo 6/2001, «G.C.B.A. c/Sarabia, Juan», R. 314.749). Este último ordenamiento señaló el carácter declarativo de las sentencias que condenan al pago de una suma de dinero a las autoridades administrativas, sujetándolas a la inclusión presupuestaria de la condena (art. 398 Cód. Cont. Adm. y Trib. de la Ciudad de Bs. As.), con excepción de los créditos de carácter alimentario cuyo importe total no sobrepase el doble de la remuneración del Jefe de Gobierno (art. 395, ap. 21 del Cód. cit.).

Si bien el principio general establecido para las condenas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, para su cumplimiento se requiere el trámite de previsión presupuestaria contemplado por el art. 399 , sin perjuicio de su posterior ejecutoriedad conforme la misma norma lo prevé, cuando se trata de créditos de naturaleza alimentaria cuyo importe no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno, el mismo código dispone que están exentos de lo previsto en los arts. 399 y 400. La Sala 1ª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, ha sostenido: «.si la suma que resultase de la liquidación excediese el tope previsto por el art. 395, párr. 2°, CCA y T. Ciudad Bs. As., los montos que superen dicho límite, y sólo ellos, serán sometidos a lo establecido en los arts. 399 y 400 CCA y T. Ciudad Bs.As., es decir, al procedimiento ordinario de ejecución de las sentencias condenatorias contra el estado local cuyo objeto es la obligación de dar sumas de dinero» (conf. doctrina de esta sala en la causa «Thays de Gorostiaga, Cora M. v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ejecución de sentencias contra aut. adm.», expte: 1.838/0, entre otros); (C. Cont. Adm. y Trib. Ciudad Bs. As., Sala 1ª, mayo 9/2007, «Bergaglio, Juan J. v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires», Lexis N° 70037925).

En un fallo posterior al citado la misma Sala 1ª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, decidió que «.el pago inmediato del crédito alimentario hasta el tope del doble de la remuneración del Jefe de Gobierno adquiere sostén y eficacia solo si dicho salario respeta, al menos a los efectos de la ejecución de sentencia dispuesta en el art.395 del CCA y T, el parámetro establecido constitucionalmente, esto es, la remuneración del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.»; «.Lo dicho hasta aquí, no implica expedirse acerca de la eventual facultad del propio Jefe de Gobierno de reducir su propia remuneración, aspecto que, por otra parte, no se encuentra discutido en autos. No obstante, resulta conveniente señalar que tal decisión no podría de manera alguna afectar -como en este caso, aún sea de manera indirecta- los derechos de quienes son acreedores de un crédito alimentario que, como se ha visto, halla resguardo un mínimo para el pago inmediato en la manda constitucional contenida en el art. 98 CCABA. Sostener lo contrario, sugeriría habilitar a que el mismo Jefe de Gobierno pudiese fijar -mediante, por ejemplo, una reducción sustancial de su remuneración- la suma que deberá pagarse al verificarse el supuesto de excepción a los arts. 399 y 400 del CCA y T.De allí que, la pretensión del GCBA dirigida a que el pago del crédito alimentario se limite al doble de lo que verdadera o efectivamente percibe el Jefe de Gobierno -monto que, además, no ha acreditado-, resulta contraria a derecho.». «.En definitiva, el GCBA deberá abonar el doble de la remuneración que constitucionalmente corresponde al cargo que desempeña el Jefe de Gobierno de acuerdo a lo reglado en el artículo 98 , suma que deberá ser calculada al momento del efectivo pago de conformidad con las normas vigentes que disponen la remuneración de los Magistrados del Tribunal Superior (véase en la actualidad la Acordada N° 9/2009 del TSJ y el punto 4 del Anexo de la Ley 80 relativo a la compensación por ejercicio de Presidencia.») (C.Cont.Adm. y Trib. Ciudad Bs. As., Sala 1ª, septiembre 28/2009, «Russo Rosa Isabel c/ GCBA s/ Empleo Público» (no cesantía ni exoneración).

En cuanto al plazo para el cumplimiento de la condena en el límite señalado estimo prudente establecerlo en el de treinta días desde la fecha en que la liquidación quede aprobada, en razón de los trámites administrativos que el Gobierno de la Ciudad debe cumplir.

Entiendo, en suma que corresponde modificar lo resuelto en tal sentido.

11. Inclusión de los intereses sobre el capital de condena para el cálculo de la base regulatoria de los honorarios. Esta cuestión será tratada por el Tribunal en ocasión de proceder a la regulación de los honorarios y a la adecuación que prevé el art. 279 del CPCC.

12. Síntesis. Considero en suma, que debe modificarse la sentencia apelada, exclusivamente en lo relativo al plazo para el pago por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos que dejo expuestos en el punto 10 de mi voto, y que debe confirmársela en todo lo demás que fuera motivo de agravios.Si así se resuelve, propongo que las costas de esta instancia sean impuestas a los demandados que resultan vencidos en lo sustancial (art. 68 del CPCC).

El Doctor Posse Saguier dijo:

Adhiero por análogas razones a los fundamentos expresados por el Dr. Zannoni, aunque disiento en cuanto a la aplicación de los intereses que propuso.

EL 20 de abril de 2009 se dieron a conocer los fundamentos del fallo plenario de ésta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en los autos «Samudio de Martinez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» en el cual se ha dejado sin efecto la doctrina que había sido fijada en los fallos plenarios «Vázquez» y «Alaniz» . También allí se consideró conveniente establecer la tasa de interés moratorio y se dispuso que corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Pero mediante una solución de consenso el tribunal en pleno admitió que esa tasa de interés debía computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo el supuesto en que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implicara una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.

He adherido al criterio según el cual durante el lapso en que se determinaron valores actuales aplicar la tasa activa, que incluye el componente inflacionario, importaría una duplicación injustificada de la indemnización en la medida de la desvalorización monetaria, que se traduciría en un enriquecimiento indebido. Motivo por el cual, la sentencia deberá ser confirmada en este punto.

Por ello, propongo que se fijen los intereses a la tasa de 8% anual desde la fecha del accidente hasta la sentencia de primera instancia, y a partir de allí, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

El Dr.Galmarini dijo:

Adhiero por análogas razones al voto del Dr. Zannoni, con excepción de la tasa de interés, que adhiero al voto del Dr. Posse Saguier.

Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra en las páginas N°a N° del Libro de Acuerdos de esta Sala «F» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, marzo de 2013.

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada exclusivamente en lo relativo al plazo para el pago por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos expuestos en el punto 10 de este pronunciamiento, y en cuanto atañe a los intereses sobre el capital de condena a liquidarse del modo indicado por el voto de la mayoría. Se confirma la sentencia en todo lo demás que fuera motivo de agravios. Las costas de esta instancia se imponen a los demandados que resultan vencidos en lo sustancial (art. 68 del CPCC).

Toda vez que en este pronunciamiento se ha modificado lo decidido por el Sr. Juez «a-quo», deberán adecuarse los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal.

Por ello, en atención al monto del proceso (capital e intereses), trabajos realizados, apreciados por su importancia, extensión y calidad, resultado obtenido, etapas cumplidas y lo dispuesto por los arts. 6, 7 , 9, 10 , 37, 38 y concs. de la ley 21.839 y en lo pertinente por la ley 24.432 , se regulan los honorarios del DR. JUAN MANUEL SPIKERMANN, letrado patrocinante de la parte actora en la suma de ($.). Asimismo, se regulan los honorarios de la DRA. CLAUDIA VILLARINO, letrada apoderada de la demandada y de la citada en garantía, en la suma de ($.) y los de las DRAS. KARINA E. PONTE y ALEJANDRA N. SANCHEZ, letradas apoderadas de la misma, en la suma de ($.) para cada uno.También se regulan los honorarios de los letrados apoderados y patrocinantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: al DR. ROGELIO J. DAMONTE, letrado patrocinante, en la suma de ($.), los de la DRA. ROSA ISSLER, letrada apoderada, en la suma de ($.); los DRA. MARÍA MARTHA BALDI CUELI, letrada apoderada, en la suma de ($.) y los de los DRES. SYRPOUHI BARKIRDJIAN, ADRIANA SUAREZ y MARIA DE LOS MILAGROS ARANZABAL, letrados apoderados y patrocinante, en ($.) para cada uno.

En atención a los trabajos realizados por el perito médico, DR. RODOLFO M. BERRUCCHIO, apreciados por su importancia y calidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en lo pertinente por la ley 24.432 , se regulan sus honorarios en la suma de ($.).

Por la labor desarrollada por la perito psicóloga LIC. OLGA S. BALDRES, apreciada por su importancia y calidad y teniendo en cuenta lo dispuesto en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios en la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800).

Por los trabajos realizados por el consultor técnico, DR. NESTOR J. CAMINOS, apreciados por su importancia y calidad y teniendo en cuenta lo dispuesto en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios en la suma de ($.).

Por la labor en la alzada (art. 14 ) del arancel) se regulan los honorarios de la DRA. CLAUDIA VILLARINO, letrado apoderado de la parte actora en la suma de ($.), los del DRES. RICARDO F. SCORDO, GUSTAVO AFFIF y FEDERICO D. MORELLI, letrados apoderados, los dos primeros, y patrocinante, el otro, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto, en la suma de ($.) y los del DR. JUAN MANUEL SPIKERMANN, letrado patrocinante de la parte actora, en la suma de ($.).

Notifíquese y devuélvase.

EDUARDO A. ZANNONI

(disidencia parcial)

FERNANDO POSSE SAGUIER

JOSÉ LUIS GALMARINI

  1. Edison Lorenzo 18 junio 2013 at 3:53 AM

    Que gracioso que se considere probado un hecho basándose en las declaraciones de la pareja de la supuesta víctima.

  2. Alfonso Rodríguez Pérez 30 septiembre 2013 at 1:38 AM

    Comparto tu opinión Edison, y lo peor es que estas tipo de condenas sin fundamento las pagamos todos los porteños. De esta manera se provoca que las personas simulen accidentes que no han tenido para agrandar su patrimonio.

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