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Pasajero reclama tanto al chofer del colectivo que embistió la pluma de una grúa que sobresalía hacia la calzada como al conductor de esta última

shutterstock_85419637Partes: Musso Gabriela c/ Navarro Miguel Abdon s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: L

Fecha: 1-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-78536-AR | MJJ78536 | MJJ78536

El pasajero lesionado cuando el transporte en el que viajaba embistió la pluma de una grúa que sobrepasaba la línea de la acera hacia la calzada, tiene derecho a reclamar el todo de la reparación contra ambos, aunque haya habido una incidencia causal de un tercero. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-La empresa de transportes demandada debe pagar íntegramente la indemnización en forma concurrente con los otros condenados a la actora, quien sufriera lesiones al colisionar el transporte contra la pluma de una grúa, que sobrepasaba la línea de la acera hacia la calzada, habiendo actuado en forma concurrentemente culpable el conductor del colectivo y el de la grúa.

2.-El pasajero dañado durante el transporte con incidencia causal de un tercero puede reclamar indemnización íntegra tanto al porteador cuanto al tercero, en tanto es acreedor al todo de la reparación contra ambos, por causas diferentes, siendo esto lo que hace concurrentes a estas obligaciones, sólo se exime de responsabilidad en el supuesto de que el hecho del tercero haya sido la única causa del daño.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 1 días del mes de marzo del año dos mil trece, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala «L» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente caratulado «Musso, Gabriela c/ Navarro, Miguel Abdon s/ daños y perjuicios» de acuerdo al orden del sorteo el Dr. Liberman dijo:

I.- A través del pronunciamiento que luce a fs. 403/421, el titular del Juzgado N° 49 hizo lugar a la demanda contra Miguel Abdón Navarro, Marcos Natividad Tolaba, la empresa Transportes Avenida Bernardo Ader S.A. (Línea de colectivos 130) y Coamtra S.A., y las aseguradoras de esta última. En ese entendimiento los condenó en forma concurrente y en partes iguales a pagar a Gabriela Musso $35.500 más intereses.

La actora, pasajera de un colectivo de la línea 130, sufrió lesiones al colisionar el transporte, que circulaba por la avenida Figueroa Alcorta a la altura de la calle Tagle, contra la pluma de una gran grúa, que sobrepasaba la línea de la acera hacia la calzada.

Esa decisión se basó en un juicio de responsabilidad que efectuara tras extensas cavilaciones y fundamento para justificar el análisis de las bases fácticas y legales. Concluyó que el conductor del colectivo que transportaba a la actora y el de la grúa cuya pluma sobresalía sobre la avenida -Navarro y Tolaba, respectivamente- habían actuado en forma concurrentemente culpable. Agregó que el defecto probatorio sobre el modo de ocurrencia derivó en la imposibilidad de determinar el grado de responsabilidad de cada conductor. De allí que debieran responder en forma concurrente y por partes iguales.

Apelado el decisorio, la actora -que infructuosamente pidió se aclarase si la responsabilidad era o no solidaria (fs. 429)- se agravia en relación al modo en que fueron condenados los demandados. Alega que se ha incurrido en equivocación y la condena debe ser impuesta en forma solidaria a todos los accionados (fs. 528). Se funda en las disposiciones de los arts.1109 , 1113 y concordantes del Código Civil. A todo evento -agrega- la obligación de los demandados debería declararse ‘in solidum’ por las razones que explica.

A su vez, la empresa de transportes se queja porque se ha condenado (supongo: concedido) a la actora el rubro incapacidad sobreviniente; sostiene no hubo incapacidad permanente ni transitoria. Tampoco está conforme con lo dado por daño moral; pide se rechace el rubro o se baje el monto por las meras molestias que tuvo la demandante (fs. 532/3).

El Comercio también se agravia por lo dado por incapacidad y daño moral (fs. 539 a 543). Además, está disconforme con el rubro gastos de movilidad.

A fs. 545/8 responde la actora el traslado conferido. A fs. 550/1 lo hace El Comercio.

II.- Delimitación del problema de las obligaciones emergentes

El anterior sentenciante enmarcó la responsabilidad de los conductores en la órbita extracontractual (ver fs. 416 vta.). Concordó la actora apelante y los demandados no formularon objeción.

Parece haber un amplio consenso mayoritario doctrinal y jurisprudencial en el sentido de que la responsabilidad del conductor dependiente de la empresa de autotransporte es de fuente aquiliana. En ese sentido, este tribunal en pleno en autos «Corsetti de Patrignani c. Martínez» (26-10-93) decidió por amplia mayoría que no corresponde aplicar a la acción indemnizatoria del pasajero contra el conductor dependiente la prescripción anual prevista para el contrato de transporte comercial. Esto así, porque no hay una relación contractual entre chofer dependiente y pasajero transportado.

Comento al pasar que, de haber integrado el tribunal en ese entonces, probablemente hubiera votado con la minoría. No voy a entrar en mayores digresiones sobre el problema porque sería menester considerar en primer lugar la forma en que se planteó la cuestión a resolver por el pleno.A seguir, en segundo lugar, si -como entiendo con Highton y otros- no es necesario que haya un contrato para encuadrar alguna responsabilidad en la órbita contractual, porque cuando hay algún tipo de obligación o acuerdo previo, la obligación reparatoria no nacería genéricamente de la infracción al mero deber de no dañar.

Así encuadrada la responsabilidad, es poco dudoso que los conductores de colectivo y grúa, y la propietaria de ésta, están obligados solidariamente hacia la parte actora. Ha habido cocausación del daño y el marco legal está en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil. Las aseguradoras de Coamtra son, por tanto, concurrentemente con ésta, solidariamente obligadas ante la actora.

La cuestión se centra en el tipo de obligación resarcitoria que tiene la empresa de transportes hacia la dañada transportada. La pasajera sostiene que es solidaria o, al menos, ‘in solidum’. No es solidaria porque su responsabilidad es contractual y no le cabe aplicar lo dispuesto en el art. 1109, en razón de que la opción aquiliana está restringida al caso del art. 1107.

III.- «Ubi lex non distinguit.»

Más allá de los reparos que merece la invocación de adagios (ver Borda, Guillermo A., «Tratado de Derecho Civil – Parte General», 12ª. edición actualizada, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 2006, tomo I, pág. 220), Borda enseñaba que las normas no deben ser interpretadas aisladamente. Hay que armonizarlas con las otras de la misma ley, y de otras, especialmente las posteriores. Esto, «porque permite concordar la vieja ley con el espíritu de la legislación contemporánea, e interpretar aquélla de acuerdo con las necesidades y tendencias jurídicas actuales» (op. cit., pág.211/2).

Desde la sanción del Código de Comercio no sólo han cambiado las leyes comunes sino también la Constitución nacional.

En ese orden de ideas, la Corte Suprema nacional sostiene la interpretación que evalúa la totalidad de los preceptos legales y los propósitos finales que la informan de manera que armonice con todas las normas del ordenamiento jurídico vigente y del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional (CSJN, 5-10-76; en L.L. 1976-D, 517 y sus citas). Y, como recordara en ese momento la Procuración, también es doctrina del tribunal que la misión judicial no se agota con la sola consideración de la letra de la ley; debe ser el resultado de una hermenéutica sistemática y razonable, adecuada a su espíritu, debiendo desecharse las soluciones notoriamente injustas (op. cit., pág. 516).

Propongo entonces la revisión de un meditado fallo de la Sala E de esta Cámara de fecha 15 de febrero de 1991 (E.D. 142-655, con nota aprobatoria de Emilio Gnecco). Y pongo énfasis en la data porque es anterior a la sanción de la ley 24.240 de defensa del consumidor y de la reforma constitucional de 1994, con su especial protección a consumidores y usuarios de bienes y servicios (art. 42 ).

Allí se dijo en un voto que, demostrada la concurrencia causal de la culpa de un tercero, es injusto que el transportista sea obligado a reparar la totalidad de los perjuicios sufridos por la víctima, dejando de lado la responsabilidad de quien con su conducta culposa contribuyó en el hecho. Así, si la culpa de la víctima o la del tercero concurre con el riesgo creado en la actividad en la producción del resultado dañoso, la responsabilidad del transportador se reduce, la carga indemnizatoria es menor, porque es un supuesto de cocausación.

Ampliando fundamentos, otro voto concluye que ni de la letra ni del espíritu de la norma (el art.184 del Código de Comercio) puede extraerse la doctrina según la cual, para que funcione la exención de responsabilidad, es menester que la culpa de la víctima o del tercero constituya la causa única y exclusiva. Sostuvo entonces este otro colega que en la medida en que se acredite que el accidente provino de fuerza mayor o de la culpa de la víctima o de un tercero ajeno a la empresa transportista, queda ésta eximida de responsabilidad, sea en forma total o parcial. Por fin, no cabría distinguir cuando la ley no distingue: del art. 184 no surge limitación alguna -se dice- que implique un agravamiento de la responsabilidad objetiva del transportista.

Al leer el art. 184, en una primera aproximación al tema, parece que habría que dar la razón a Gnecco cuando no ve cómo podría diferenciarse la situación de la eximente culpa de la víctima de la de culpa de tercero (E.D. 142-658). Sin embargo, una y otra circunstancias eximentes se presentan de modo totalmente divergente. Es claro que, como se explica en el fallo y han hecho notar muchos autores, mal podría condenarse al porteador al todo para que después éste sea obligado a promover una acción de regreso contra la víctima co-causante (consultar incluso Mazeaud, H. y L. y Tunc, «Tratado teórico y práctico de la Responsabilidad civil.», tomo 2, vol. II, pág. 592, #1956-4; trad. de la 5ª. edición por Luis Alcalá-Zamora y Castillo, E.J.E.A., Buenos Aires, 1977). Agrego que, por lo demás, el art.1111 del Código Civil contiene una circunstancia eximente genérica, total o parcial, cuando el daño es atribuible a la víctima.

Mas como señalan estos autores, con citas de la Corte de Casación francesa, «en caso de daño resultante a la vez de una culpa contractual y de una culpa delictual no imprevisible de un tercero, cada uno de los autores de esas culpas queda obligado a repararla». Y dan el ejemplo de «un transportista al que el hecho de un tercero, que choca con su vehículo, le impide cumplir con su obligación contractual de conducir sano y salvo a destino a un viajero, al menos cuando el hecho de ese tercero no es absolutorio; ambos, el transportista y el tercero están obligados por la totalidad» (op. cit., #1956, especialmente pág. 590).

Es más, si una de las culpas fuera delictual, el demandado responde por el todo aún cuando su coautor no haya sido descubierto o no haya sido perseguido. (Así se presentaba el caso resuelto por la Sala E). «Obligado por la totalidad en presencia de un coautor -dicen-, porque su culpa, por sí sola, ha producido todo el perjuicio; con mucha más razón está obligado el responsable, a una reparación íntegra, cuando no haya sido demandado su coautor» (#1956-2, pág. 591, y citas). Citan a un tribunal de Alenzon -15/12/1956- que resolviera que «no existe ninguna obligación de que la víctima proceda contra los coautores; por lo tanto, es libre para demandar la totalidad a uno de los autores y para no reclamarle nada a otro» (nota 2 al pie).

Trasladando esas apreciaciones al plano de la causalidad, como bien dicen los tratadistas, cuando el daño posee dos causas, si corresponde una condena parcial cuando hay concurso de culpas de la víctima y del demandado, parece que también debería haber una condena parcial cuando haya culpa del demandado y un tercero. Pero la situación -destacan- es diferente.En caso de culpa de la víctima actúa un factor que no rige en el caso de culpa de tercero (#1639, pág. 244).

«El demandado convicto de haber causado, por su culpa, un daño a otro -citan- está obligado a reparar las consecuencias del mismo, sin que la coexistencia de otra culpa imputable a persona distinta de la parte lesionada pueda ser, en sus relaciones con la parte lesionada, un motivo de liberación, incluso parcial, de su responsabilidad». Explican que esa solución jurisprudencial acudió inexactamente a la idea de solidaridad. Pero que después la Corte de Casación, más jurídicamente, justificó por la obligación ‘in solidum’ (#1641, pág. 241).

Después de pensar inicialmente que la solución de mis colegas de la Sala E era la más ajustada a la letra de la ley aunque pareciera injusta desde la víctima, he comprendido que la parte actora -la pasajera dañada- tiene un crédito por el todo, habida cuenta que la obligación de la empresa de transportes es concurrente.

En sentido opuesto al de ese fallo y su comentario, creo que la ley distingue. Por un lado, la ley no es sólo el art. 184 sino todo el plexo normativo; la ley es el ordenamiento jurídico todo. Ya en el siglo XIX se resaltaba el rigor de esta obligación, que conlleva una responsabilidad objetiva, claramente de resultado. Reformado el Código Civil en 1968, según el art. 1109, cuando hay cocausación del daño, las obligaciones emergentes son solidarias. Es indudable que con la ley 17711 se buscó ampliar la posibilidad de reparación del perjuicio. Aparece en consecuencia una manifiesta inconsistencia: la víctima de un daño causado por más de un responsable extracontractual estaría en mejor posición que la que sufre el causado dentro del riguroso contrato de transporte y por interferencia de un tercero. Lejos de agravarse la responsabilidad objetiva del transportista -como sostuviera en ese entonces la Sala E-, la equiparación de las eximentes del art.184 lleva a una minoración de dicha responsabilidad en desmedro de la víctima. Estaría más cargado (por la solidaridad) quien infringe el mero deber de no dañar que quien perjudica en el contexto de una obligación típica previa, contractual y legalmente calificada, de indemnidad.

Esto se da de bruces contra el sistema moderno de reparación. Es que, como he recordado otras veces, el sistema moderno de responsabilidad civil se asienta en la premisa teleológica de ser un instrumento de reparación. La función esencial de la responsabilidad en su técnica tradicional no es el castigo de los actos injustos, sino la indemnización de los daños injus­tos (Bustamante Alsina, Jorge, L.L. 142-980, citando a Starck, Savatier y Ri­pert). Se ha dado, en palabras de Lambert-Faivre, «la evolución de la responsabilidad civil de una deuda de responsabilidad a un crédito de indemnización» (Lambert-Faivre, Ivonne: su trabajo con ese título en «Derecho de daños (y otros estudios)», A. A. Alterini y R. López Cabana, pág. XIII, Fedye, La Ley, Buenos Aires, 1992).

IV.-Ahora bien, el juez no puede declarar la solidaridad obligacional si el contrato o la ley no lo prevén. El principio, la regla, es la mancomunación. Tampoco puede calificar una obligación como concurrente por mero voluntarismo. Y el de la especie no es uno de los supuestos comunes, largamente enumerados por doctrina y jurisprudencia (ver, entre muchos: Pizarro, R.D., y Vallespinos, C.G.: «Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones», ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 1, pág. 607; Llambías, Jorge Joaquín: «Tratado de Derecho Ci­vil – Obligaciones», 5ª. ed., Abeledo – Perrot, LexisNexis, Buenos Aires, 2005, T. II-A, pág. 574, Nº 1287; Galmarini, Pedro, J.A. 2010-III-1515 y sig., especialmente capítulo VIII; Rua, Isabel; Silvestre, Norma; y Wierzba, Sandra:»Obligaciones concurrentes o indistintas…», J.A. 1998-III-557; Calvo Costa, Carlos A.; L.L2010-B, 1118/9; Cordobera González de Garrido,Rosa:»Responsabilidad solidaria y responsabilidad concurrente», en «Responsabilidad por daños en el Tercer Milenio»,Buenos Aires, Abeledo – Perrot, 1997, pág. 229; Ameal, Oscar, en «Código Civil y leyes complementarias. Comentado.», dir. Belluscio, coord. Zannoni; ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, t. 3, pág. 304; Andorno, Luis Orlando: «La responsabilidad y la obligación ‘in solidum’»; J.A. Doctrina 1972, pág. 435 y sig.; Bustamante Alsina, Jorge: «Pluralidad de sujetos civilmente responsables»; Zeus 19 -1980-D, 13; también en «Responsabilidad y otros estudios», pág. 298, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1984).

Las obligaciones concurrentes son una singularidad dentro del colectivo de las obligaciones de sujeto plural. Singularidad que recién tendrá recepción normativa de sancionarse el Proyecto de Código Civil y Comercial (art. 850). Entonces, con más generalidad, se aplicarán las reglas de las obligaciones solidarias cuando varias personas participen en la producción de un daño y la causa sea única. Y si esa pluralidad derivare de causas distintas se aplicarán las de las concurrentes (art. 1751).

Esta categoría tuvo origen, de algún modo, en el derecho romano (ver el profundo estudio de Andorno; J.A. Doctrina 1972, pág. 430 y sig.) y fue adoptada como sucedáneo de la solidaridad en el derecho francés, para dar una garantía al acreedor. Garantía de pago o garantía por posible insolvencia de alguno de los deudores. Este autor adhiere al fundamento basado en la idea de garantía (ver pág. 434 y sig.).

En el derecho argentino, la obligación del transportador hacia el pasajero es concurrente con la del tercero cocausante del daño. Participa de los caracteres marcados por nuestro máximo tribunal: hay un solo acreedor, un mismo objeto, pero distintas causas con relación a cada uno de los deudores (CSJN, 17-11-94, «Paloika c. Buenos Aires», P. 150.XXII, cita de Fallos: 307:1507). O, como indica el art.850 del Proyecto de Código, son aquéllas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes.

Y es concurrente porque el pasajero es acreedor a una reparación plena o integral del daño resultante del incumplimiento del deber de indemnidad contractual genérico; máxime cuando está expresamente plasmado en el art. 184 del Código de Comercio. No es sólo un incumplimiento a una obligación tácita de seguridad, ampliamente admitida en numerosos contratos; en este supuesto la obligación es expresa.

En la especie menos duda podría caber cuando se entendió -en decisión que al respecto está firme- que también hubo culpa del conductor del transporte.

Este crédito no se aminora o perjudica por la incidencia causal parcial del hecho de un tercero. Habría exoneración sólo en el caso de que éste hubiera sido la causa única del daño.

El pasajero dañado durante el transporte con incidencia causal de un tercero puede reclamar indemnización íntegra tanto al porteador cuanto al tercero. Es acreedor al todo de la reparación contra ambos, por causas diferentes. Esto es lo que hace «concurrentes» a estas obligaciones.

Así, si reclama el todo al deudor por responsabilidad aquiliana, aún descartando culpa, el deudor podría alegar y probar la incidencia causal de un tercero (en el caso, el porteador) (art. 1113 del Código Civil). Pero de no probarse la exención total, el tercero deudor debería pagar el todo, sin perjuicio de las acciones de regreso.

Lo mismo ocurre dentro del marco del art. 184 del Código comercial.

V.- Desde siempre se ha preconizado que la especial y rigurosa responsabilidad del porteador fue impuesta por razones de política -buena política, diría- tendientes a que las empresas aumentasen precauciones referidas a la calidad del servicio, buen funcionamiento del material y atención del personal.Responsabilidad objetiva fundada en el riesgo beneficio o riesgo empresario, un riesgo creado empresarial.

Pasaron muchos años y se advirtió la pertinencia de otorgar al usuario o consumidor una protección especial. Se sancionó la ley 24.240 en 1993; y en 1994 la protección de usuarios y consumidores llegó al estatus constitucional. En resumen: estamos en el siglo XXI y tenemos que interpretar el art. 184 del Código de Comercio dictado a mediados del siglo XIX. El marco interpretativo ha variado copernicanamente. Desde un punto de vista actual, ¿cómo podría estar en mejor situación de protección -en orden a la reparación- la víctima «tercera» de una colisión entre este autotransporte y otro vehículo, en comparación con un usuario del servicio público de transporte? Es que si la víctima hubiera estado en la acera indudablemente tendría la posibilidad de cobrar el todo a cualquiera, obligados solidariamente (art. 1109).

De modo que en la especie la actora también tiene derecho a cobrar el todo contra la empresa de transportes, dado que su obligación es concurrente; y no es cortapisa para ello la letra del art. 184 que, en mi opinión, de acuerdo a lo antes explicado, sólo exime de responsabilidad en el supuesto de que el hecho del tercero haya sido la única causa del daño.

VI.- Tratado así el agravio de la demandante, sigo el orden de presentación y veo las quejas de la empresa de transportes (fs. 532/3). Entiende que, como la actora no ha padecido incapacidad definitiva ni transitoria, física ni psíquica, no le corresponde resarcimiento por ese rubro.Tampoco acepta se haya condenado a pagar por daño moral desde que los contratiempos por una rápida recuperación de su lesión pudo haberle causado molestias pero no mortificaciones que la hagan acreedora por daño moral.

Finalmente, El Comercio plantea similares cuestionamientos, con fundamento adicional, y agrega agravio por los gastos de movilidad.

Acerca de la magnitud del accidente y su carácter sorpresivo (al menos para los pasajeros) dan cuenta los testimonios en la causa penal. Bien gráficas son las fotografías de fs. 72 de ese expediente. Pudo haber sido un muy serio accidente en relación a cantidad de víctimas y gravedad de lesiones. Aspecto nada desdeñable al cuantificar el daño moral.

A fs. 110 (c. penal) obra copia de la HC del Hospital Fernández (ídem fs. 220, civil). Surge que la señora Musso debió ser suturada bajo anestesia. La pericia médica -tal como señalara la sentencia de grado (fs. 418 vta.)- determinó la existencia de una discapacidad mensurable del 7 a 10% (fs. 361) por lesión estética. No hubo impugnaciones ni pedidos de explicación referidos a esta afirmación.

Si bien el perito hizo hipótesis en base a fotografías y demás elementos (HC) sobre la existencia de una cicatriz, al alegar El Comercio efectuó una serie de comentarios desmereciendo el valor probatorio del informe. Lo reitera al apelar en su rol de agravios.

La parte actora pidió que se realizara el peritaje en Francia, país de residencia de la reclamante (estaba de visita familiar en Buenos Aires al tiempo del accidente). Después, evaluando costos para las partes (prueba común), planteó al tribunal que un perito médico local, a la vista de las fotografías e historia clínica, informase sin revisar a la demandante (fs. 239). El traslado no fue respondido. Así, a fs.249 se dispuso realizar el informe con médico de lista.

Si bien la prueba del daño es carga de quien pide reparación, no lo es menos que en las particulares circunstancias del caso, la actitud de la aseguradora no parece de buena fe. Ofreció informe que, como suponía, debía hacerse en el extranjero (ver fs. 81); no se opuso ni formuló reparo a la modificación pedida por la actora (fs. 249) y esperó que se produjera una pericia a sabiendas de que carecería de todos los elementos que normalmente dan sustento a un cabal valor probatorio. Hay un mutuo deber de colaboración de las partes que, en este capítulo, no ha sido cumplido por la aseguradora ni por la ahora también quejosa empresa de transportes (ésta ni siquiera alegó impugnando el informe del médico), que incumplió su deber de seguridad.

Tengo entonces para mí que la lesión estética en el rostro existe aunque no sea tan seria como pudo serlo por la forma en que colisionaron el colectivo y la grúa. Sabemos de la importancia en la actualidad que tiene la armonía corporal; no es necesario profundizar en el tema, máxime si se trata de una mujer.

Y esa desarmonía puede afectar tanto la esfera económica como la extrapatrimonial de la persona.

El juez valuó separadamente una y otra parte del daño. Creo que, a la luz del capital reconocido, resulta una prudente apreciación del daño económico presunto por la discapacidad estética. En rigor, ponderando la menor exigencia probatoria hacia la actora -consentida durante el proceso por las recurrentes- la «probabilidad» mencionada por el perito se hace certeza. Hay que dar por probado que no ha habido un total restablecimiento de la víctima. Me parece que, dejando de lado las tardías e inoportunas críticas al informe pericial, los recurrentes no se hacen debido cargo de los argumentos del juez. Propondré la confirmación de la partida.

No otra cosa podría concluir en lo relacionado con el daño moral.La actora no sufrió sólo molestias. Tuvo mucho más y tuvo secuelas. Tuvo un viaje accidentado que no debió serlo; no llegó sana y salva a destino. Terminó en un hospital. Se le truncó un viaje de placer por la impericia o negligencia en fin, de dos conductores.

Finalmente, la prudente partida por gastos derivados del accidente tampoco merece los vacuos reclamos de la aseguradora. Después de un accidente como éste, no es serio negar a la víctima que use taxis y deje de viajar en colectivo por los temores presumibles.

En conclusión: voto por aclarar la sentencia en el sentido de que, sin perjuicio de la parcial cuota de incidencia causal, la empresa de transportes debe pagar íntegramente en forma concurrente con los otros condenados la indemnización determinada, y confirmarla en lo demás que ha sido materia de agravio; con costas de alzada a cargo de los demandados.

Por razones análogas a las expuestas por el Dr. Liberman, los Dres. Galmarini y Pérez Pardo votan en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acto.

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

JOSE LUIS GALMARINI

MARCELA PEREZ PARDO

(P.A.S.)

Buenos Aires, de marzo de 2013.

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se aclara la sentencia en el sentido de que, sin perjuicio de la parcial cuota de incidencia causal, la empresa de transportes debe pagar íntegramente la indemnización en forma concurrente con los otros condenados, y se confirma en lo demás que ha sido materia de agravio; costas de alzada a cargo de los demandados.

Difiérese conocer en las apelaciones deducidas contra las regulaciones de honorarios y establecer los de alzada hasta tanto haya liquidación aprobada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado:

Víctor Fernando Liberman.

José Luis Galmarini.

Marcela Pérez Pardo.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara

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