fbpx

Cláusula abusiva según la cual la destrucción total del vehículo se configura cuando los restos del rodado no superara el 20% del precio de su venta

shutterstock_39504259Partes: Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 4-dic-2012

Cita: MJ-JU-M-78073-AR | MJJ78073 | MJJ78073

Corresponde confirmar el rechazo de la demanda en tanto carece de legitimación activa la asociación de consumidor para actuar en interés de las personas físicas que, durante los últimos diez años, hubieran celebrado con la demandada contratos de seguro automotor en los que se hubiera incluido la cláusula según la cual la destrucción total del vehículo se consideraría configurada cuando la realización de los restos del rodado no superara el 20% del precio de su venta al contado, con sustento en el carácter abusivo que atribuyó a esa disposición.

Sumario:

1.-Mediante las llamadas acciones de clase se canalizan pretensiones de enorme envergadura económica, articuladas por quien actúa con el beneficio de la justicia gratuita y sin ningún otro requisito -en nuestro país- que la decisión de promoverlas tomada por la propia actora, lo cual coloca al demandado, de antemano, en una situación lindante en ocasiones con la indefensión, toda vez que, aun cuando tenga razones fundadas para resistir la pretensión – y de hecho prosperen sus defensas -, la magnitud de los montos involucrados y el hecho de haberse enfrentado a quien ha actuado con beneficio de litigar sin gastos, lo conducirá a una inexorable consecuencia: por el sólo hecho de haberse defendido, y aun cuando resulte vencedor en el pleito, habrá de tener que sufragar altísimos gastos que no tendrá a quien reclamar.

2.-En el cuadro de situación que plantea al demandado la promoción de una acción de clase, el solo traslado de la demanda puede actuar como aliciente para que el emplazado proponga un acuerdo que, en vez de estar enderezado a la protección de los consumidores, procure hallar una pronta salida de esa solución conflictiva.

3.-La promoción de acciones de clase otorga al actor un poder desequilibrante en la negociación y en el juicio: la masa dineraria en juego es de tal magnitud que aun cuando el mérito de las reclamaciones individuales sea dudoso, el demandado se ve sometido a una presión intensa para llegar a un acuerdo transaccional y es por eso que, a efectos de evitar abusos, parece razonable que el juez asuma en toda su dimensión la conducción del proceso (art. 34 del código procesal) y desestime sin más trámite acciones de esta especie que se le presenten manifiestamente infundadas y un temperamento semejante no puede agraviar a nadie.

4.-La posibilidad del juez de desestimar in limine las acciones de clase es, podría decirse, la contrapartida de los beneficios con que cuentan las asociaciones de consumidores, exorbitantes si se los compara con la situación en la que se encuentran los demás litigantes, pues si bien se trata de beneficios de indudable raigambre constitucional, necesarios e incuestionables; pero, por las consecuencias no queridas que su indebido uso podría aparejar sobre el -también constitucional- derecho de propiedad de los demandados, su utilización exige un alto grado de responsabilidad por parte de los profesionales que los actúan y un adecuado control judicial.

5.-Las características de la acción de clase han sido delineadas por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de sentenciar el caso Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986 , del 24 de febrero de 2009,en cuyo ocasión el referido Tribunal señaló que la Constitución Nacional contempla, en el segundo párr. del art. 43 , una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, como lo son el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, el de los derechos de los usuarios y consumidores y el de los derechos de los sujetos discriminados.

6.-Para la procedencia de la acción colectiva, la Corte Suprema de Justicia, en el caso Halabi señaló la necesidad de verificar la concurrencia de tres elementos, a saber: a) la existencia de un hecho único o complejo que lesione a una pluralidad relevante de derechos individuales; b) la necesidad de que la pretensión se concentre en los efectos comunes y no en lo que cada individuo pudiera peticionar, dado que la causa o controversia no se relaciona en estos supuestos, …con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho… ; y c) que el interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda.

7.-Parece claro que, cuestionada la validez de una específica cláusula usualmente incorporada en los contratos de seguro, y siendo tales contratos por adhesión o sujetos a cláusulas predispuestas – esto es, a cláusulas que acotan las posibilidades de los consumidores a la de adherir o rechazar la oferta – es perceptible con claridad la configuración del uno de los requisitos de admisibilidad de las acciones colectivas, esto es, la existencia de un hecho único o complejo que lesione a una pluralidad relevante de derechos individuales.

8.-La sola alusión a todas las personas físicas en cuyos contratos de seguro haya figurado la cláusula cuya nulidad la actora persigue mediante la promoción de una acción colectiva, no es elemento suficiente para considerar que existe un grupo homogéneo susceptible de ser beneficiario de la acción entablada, pues la enorme heterogeneidad que cabe presumir en los beneficiarios dudosamente habilite el tratamiento en conjunto de lo sucedido respecto de todos ellos sin correr el riesgo de obtener un resultado distorsionado.

9.-El tercer presupuesto -de concurrencia necesaria para la procedencia de una acción de clase- consiste en la necesidad de constatar que el ejercicio de la acción individual no aparezca plenamente justificado, no puede entenderse sucedida cuando no es posible conjeturar que los asegurados no hayan promovido la acción individual que les corresponde por considerarla injustificada en el sentido que aquí interesa.

10.-Aun cuando se admitiera que estamos ante intereses individuales homogéneos, lo cierto es que no todos los intereses de esa índole son susceptibles de ser canalizados por la vía de las acciones colectivas, pues la regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales deben ser ejercidos por su titular, sin que esto cambie por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas, regla que se invierte frente a derechos vinculados con montos de menor cuantía, en los que, precisamente por involucrar importes que individualmente son insignificantes, no justifican esa acción individual.

11.-La acción de clase aparece como un mecanismo apto para sortear la falta de estímulos individuales para accionar en defensa de esos derechos, esto es, en los casos en los que, por ser el resarcimiento esperado inferior a la inversión que debe realizarse en el juicio, esa actuación individual no se justifica.

12.-Al ser el riesgo -condicionado a la existencia de interés asegurable- el objeto del contrato de seguro, la aseguradora sólo se encuentra obligada a indemnizar en la medida de un siniestro cubierto mediante la descripción de ese riesgo.

13.-El riesgo presenta la particularidad de que constituye siempre un riesgo calificado de manera más o menos detallada en la póliza: es, por decirlo de algún modo, una parte del riesgo genérico al que ésta se refiere, de modo que no resulta posible prescindir de su delimitación contractual, delimitación que constituye un aspecto de tanta trascendencia que, sin ella, no es siquiera concebible el funcionamiento de la moderna empresa de seguros.

14.-La adecuada individualización de ese riesgo depende que el asegurador pueda establecer las probabilidades del siniestro: cuanto mejor individualizado se halle aquél, más precisa será su clasificación dentro de una comunidad de riesgos análogos u homogéneos, clasificación de la que depende, a su vez, que la ley de los grandes números pueda actuar con efectos compensadores y el asegurador fijar con mayor precisión la medida de su responsabilidad eventual.

15.-La extensión del riesgo asumido es la que determina la medida de la prima a ser pagada, toda vez que, si los riesgos asumidos no fueran compensados en forma adecuada, el asegurador no podría formar ningún fondo de primas suficiente para atender los siniestros asumidos. Dicho en otras palabras: la asunción del riesgo tiene su precio, que es la prima. No puede, por ende, fijarse ésta con prescindencia de la delimitación contractual de aquél: lo contrario, no sólo altera el sinalagma contractual, sino también la solvencia del fondo de primas que ha de formar el asegurador a fin de atender los ya referidos riesgos semejantes.

16.-Para que el gestor pueda oponer su actuación al titular del interés gestionado, el objeto de la gestión realizada debe haberse hallado abandonado, comprendiendo en este supuesto todos los casos en que el dominus se ve impedido, incluso temporalmente, para hacerse cargo de él y disponer lo pertinente, puesto que, si el dueño se encuentra en condiciones de decidir, la intervención de terceros no le resulta de ninguna utilidad y constituye sólo una intromisión injustificada en sus negocios. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012.

Y VISTOS:

I. Viene apelada por Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa la resolución de fs. 69/75 que rechazó in limine la acción deducida por la apelante en contra HSBC La Buenos Aires Seguros SA.

La aludida asociación invocó actuar en interés de las personas físicas que, durante los últimos diez años, hubieran celebrado con la demandada contratos de seguro automotor en los que se hubiera incluido la cláusula según la cual la destrucción total del vehículo se consideraría configurada cuando la realización de los restos del rodado no superara el 20% del precio de su venta al contado.

Con sustento en el carácter abusivo que atribuyó a esa disposición, solicitó que la demandada fuera condenada con diversos alcances, según la situación.

En tal sentido, para los supuestos de siniestros ya ocurridos, distinguió dos hipótesis, a saber: a) si el asegurado había conservado los restos y reparado el rodado, requirió que el resarcimiento se fijara en el 80% o más de la cotización del rodado sano, con más intereses; y b) si, en cambio, el nombrado había vendido esos restos, requirió que la condena consistiera en entregarle la diferencia entre lo que se hubiera obtenido por esa venta y lo que valía el automotor hasta antes del siniestro.

También solicitó que se declarase la nulidad de esa misma cláusula en tanto contenida en las pólizas ya contratadas (sin siniestro acaecido) o que se contratasen en el futuro, disponiéndose en todos casos que el concepto de «destrucción total» habrá de ser evaluado considerando únicamente el costo de las reparaciones del vehículo siniestrado.

Finalmente, requirió que la demandada fuera condenada en los términos del art. 52 bis de la ley 24240 a reconocer a cada afectado una suma por daño punitivo no inferior al doble de cada reintegro que le correspondiera afrontar.

II.El recurso no ha de prosperar.

La queja vinculada con el hecho de que, en vez de dar trámite a la acción, el señor juez de grado la rechazó in limine, no ha sido adecuadamente fundada.

Por lo pronto, y bajo un subtítulo aparte del bloque argumental de su decisión, el señor juez de grado expresó las razones que justificaban la adopción de tal temperamento en el caso (ver fs. 74 vta.), razones que no fueron siquiera mencionadas por la apelante en su memorial.

El recurso, por ende, podría ser declarado desierto en este plano (art. 265 del CPCCN.), sin perjuicio de lo cual la Sala proporcionará los argumentos que la llevan a compartir el temperamento impugnado.

Ese proceder -rechazo in limine de la demanda- no es desconocido en la práctica judicial, si bien, como es sabido, su procedencia se encuentra condicionada a la configuración de una objetiva improponibilidad de la pretensión incoada.

En casos como el de la especie, la viabilidad de que el juez se ocupe en esta temprana etapa de examinar la cuestión, no sólo parece ser una facultad, sino que podría presentarse, incluso, como el único modo de ejercer adecuadamente su función.

Adviértase, en tal sentido, que mediante las llamadas «acciones de clase» se canalizan pretensiones de enorme envergadura económica, articuladas por quien actúa con el beneficio de la «justicia gratuita» y sin ningún otro requisito -en nuestro país- que la decisión de promoverlas tomada por la propia actora.

Esto coloca al demandado, de antemano, en una situación lindante en ocasiones con la indefensión, toda vez que, aun cuando tenga razones fundadas para resistir la pretensión -y de hecho prosperen sus defensas-, la magnitud de los montos involucrados y el hecho de haberse enfrentado a quien ha actuado con beneficio de litigar sin gastos, lo conducirá a una inexorable consecuencia:por el sólo hecho de haberse defendido, y aun cuando resulte vencedor en el pleito, habrá de tener que sufragar altísimos gastos que no tendrá a quien reclamar.

En ese cuadro de situación, el solo traslado de la demanda puede, como lo señaló el a quo, actuar como «aliciente» para que el emplazado proponga un acuerdo que, en vez de estar enderezado a la protección de los consumidores, procure hallar una pronta salida de esa solución conflictiva.

En el mismo sentido, se ha afirmado que este tipo de acciones otorga al actor un poder desequilibrante en la negociación y en el juicio: la masa dineraria en juego es de tal magnitud que aun cuando el mérito de las reclamaciones individuales sea dudoso, el demandado se ve sometido a una presión intensa para llegar a un acuerdo transaccional (ver Ríos, Guillermo C, «cuantía del reclamo individual y acción de clase. Acerca de la ley 26.361 y del fallo «halaba», SJA del 17.03.10).

Es por eso que, a efectos de evitar abusos, parece razonable -en pocos casos más que en este- que el juez asuma en toda su dimensión la conducción del proceso (art. 34 del CPCCN.) y desestime sin más trámite acciones de esta especie que se le presenten manifiestamente infundadas.

Temperamento semejante no puede agraviar a nadie.

Es, podría decirse, la contrapartida de los beneficios con que cuentan las asociaciones de consumidores, exorbitantes si se los compara con la situación en la que se encuentran los demás litigantes.

Son beneficios de indudable raigambre constitucional, necesarios e incuestionables; pero, por las consecuencias no queridas que su indebido uso podría aparejar sobre el -también constitucional- derecho de propiedad de los demandados, su utilización exige un alto grado de responsabilidad por parte de los profesionales que los actúan y un adecuado control judicial.

Por estas razones, la queja examinada no ha de prosperar.

III.Sentado ello, corresponde que la Sala se ocupe de tratar el fondo de la cuestión.

Las características de la acción de clase han sido delineadas por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de sentenciar el caso «Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986» , del 24 de febrero de 2009.

En esa ocasión el referido Tribunal señaló que la Constitución Nacional contempla, en el segundo párrafo del art. 43 , una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, como lo son el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, el de los derechos de los usuarios y consumidores y el de los derechos de los sujetos discriminados.

«.En estos casos [dijo allí] no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles.Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea.Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.».

Pero, para ello -esto es, para la procedencia de esa acción colectiva- la misma Corte señaló la necesidad de verificar la concurrencia de tres elementos, a saber:

a) la existencia de un hecho único o complejo que lesione a una pluralidad relevante de derechos individuales;

b) la necesidad de que la pretensión se concentre en los efectos comunes y no en lo que cada individuo pudiera peticionar, dado que la causa o controversia no se relaciona en estos supuestos, «.con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho.»; y

c) que el interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda.

Así las cosas, esta Sala debe juzgar si en la especie se verifican los presupuestos así delineados por ese Alto Tribunal para la procedencia de la acción de que aquí se trata.

Parece claro que, cuestionada la validez de una específica cláusula usualmente incorporada -por las mismas razones que la actora se encargó de mencionar en su escrito inaugural- en los contratos de seguro, y siendo tales contratos por adhesión o sujetos a cláusulas predispuestas -esto es, a cláusulas que acotan las posibilidades de los consumidores a la de adherir o rechazar la oferta- es perceptible con claridad la configuración del primero de los recaudos señalados.

Es decir: existe aquí un hecho -dado por el pretendido contenido abusivo de la cláusula cuestionada- susceptible de ser admitido, si es que la actora tuviera razón, como generador de una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales.En cambio, la concurrencia de los restantes dos elementos exigidos por la Excma. Corte, exige precisiones.

En lo que respecta al segundo de esos elementos -consistente en que la pretensión se concentre en los efectos comunes y no en lo que cada individuo pudiera peticionar-, su concurrencia es, por lo menos, dudosa.

Adviértase que la actora no ha acotado su acción a la pretensión de obtener la invalidez de la cláusula cuestionada, sino que ha requerido que la demandada sea condenada a pagar a los afectados el perjuicio que, según corresponda en los términos más arriba reseñados, ella misma ha estimado.

Tal contexto de cosas genera, por lo menos, esa duda acerca de la concurrencia del segundo extremo señalado.

Primero, porque, avanzando por sobre lo que podría considerarse común, la actora ha reclamado la reparación de daños que, dadas las particularidades que rigen el contrato de seguro, no pueden ser tasados en forma global, al modo en que ello ha ocurrido en el escrito inaugural.

Y esto, por cuanto, dado que el seguro es un contrato esencialmente reparador, la indemnización nunca puede convertirse en fuente de lucro.

En tales condiciones, el daño no puede ser fijado sino frente a cada supuesto particular, lo cual obsta a presuponer que todos los asegurados siniestrados a quienes la actora pretende defender, se hubieran enco ntrado sí o sí con derecho a percibir lo que fue reclamado.

Baste, a fin de confirmar tal aserto, que la actora reclamó que se indemnizara a los asegurados mediante la entrega de una suma equivalente al 80% del valor que correspondiera a su «rodado sano», dando por presupuesto que, antes de los siniestros, los rodados no exhibían ningún daño.

A ello se agrega que, para que la pretensión pueda considerarse concentrada en los efectos comunes del hecho que se pretende ilícito, las cuestiones de hecho y de derecho involucradas en el planteo deben ser también comunes y homogéneas a todo el colectivo.

La Sala entiende que, además de otros aspectos, el cumplimiento de esterecaudo se vincula con la necesidad de una precisa identificación del grupo o colectivo afectado.

Vale entonces preguntarse: la sola alusión a todas las personas físicas en cuyos contratos de seguro haya figurado la aludida cláusula ¿es elemento suficiente para considerar que existe un grupo homogéneo susceptible de ser beneficiario de la acción entablada?

Todo parecería indicar que la respuesta es negativa.

Es que la enorme heterogeneidad que cabe presumir en los beneficiarios dudosamente habilite el tratamiento en conjunto de lo sucedido respecto de todos ellos sin correr el riesgo de obtener un resultado distorsionado (Ríos, op. cit).

Nótese que dentro de ese grupo de personas físicas deben existir quienes son comerciantes y quienes no; quienes han aplicado sus rodados a un proceso de producción en marcha y quienes los han usado con destino particular; quienes han sido dueños de automóviles económicamente muy valiosos y quienes, en cambio, lo han sido de rodados muy modestos.

En fin: los dos datos -esto es: ser persona física, y haber tenido un contrato continente de la cláusula atacada- invocados por la actora podrían no ser suficientes para predicar la presencia de un grupo dotado de una homogeneidad tal que justifique la existencia de una «categoría» en el sentido expresado más arriba.

Sin perjuicio de lo expuesto, y aun cuando lo dicho pudiera considerarse dudoso -como lo son varios de los aspectos que hacen a la fisonomía de estas acciones, de aparición tan reciente en nuestro medio-, parece en cambio claro que no concurre en el caso el tercero de los elementos exigidos por la Excma. Corte a estos efectos.

Ese tercer presupuesto -de concurrencia necesaria para la procedencia de una acción de clase- consiste en la necesidad de constatar que el ejercicio de la acción individual no aparezca plenamente justificado.

Esa constatación no puede entenderse sucedida en el caso, sino al contrario.

Y esto, por algo obvio:no es posible conjeturar que los asegurados no hayan promovido la acción individual que les corresponde por considerarla «injustificada» en el sentido que aquí interesa.

Se trata de acciones destinadas a obtener la entrega de valores que, como los representados en un automóvil, suelen ser de gran importancia para el común de las personas físicas, como lo demuestra la enorme cantidad de pleitos que esos rodados originan, de lo que dan cuenta los repertorios jurisprudenciales.

Si no la promovieron, es porque no quisieron en pleno y libre ejercicio de sus derechos; omisión que, de su lado, tiene como contrapartida el correlativo derecho de la compañía a no ser demandada en reclamo de pretensiones que sus asegurados voluntariamente no ejercieron.

No existe, por ende, ningún derecho sustancial susceptible de quedar sin tutela, lo cual, a su vez, descarta la configuración del riesgo que justifica la aparición de una asociación de consumidores en su defensa.

La importante cuantía que podría estar involucrada en las pretensiones individuales involucradas -que podrían importar, como es notorio, varias centenas de miles de pesos- torna, se reitera, poco acertado imaginar que los interesados no hayan considerado justificado actuar en forma individual si lo hubieran estimado procedente.

La apelante criticó el razonamiento que en tal sentido hizo el sentenciante.

Pero no le asiste razón, toda vez que esa cuantía es de vital importancia para determinar este aspecto, y así lo consideró la Excma. Corte.

Es decir:aun cuando se admitiera que estamos ante intereses individuales homogéneos, lo cierto es que no todos los intereses de esa índole son susceptibles de ser canalizados por la vía que aquí se ha pretendido.

Como fue señalado por ese mismo Tribunal, la regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales deben ser ejercidos por su titular, sin que esto cambie por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas.

Esa regla se invierte frente a derechos vinculados con montos de menor cuantía, en los que, precisamente por involucrar importes que individualmente son insignificantes, no justifican esa acción individual.

La «acción de clase» aparece así como un mecanismo apto para sortear la falta de estímulos individuales para accionar en defensa de esos derechos, esto es, en los casos en los que, por ser el resarcimiento esperado inferior a la inversión que debe realizarse en el juicio, esa actuación individual no se justifica (ver Ríos, op.cit.).

No ignora la Sala que, tras sentar el principio de que la acción de clase sólo procede cuando la acción individual no se presenta justificada, la Excma. Corte estableció excepciones a ese principio.

En tal sentido, dijo el Tribunal que, sin perjuicio de ese principio, la acción resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados o, en su caso, débilmente protegidos.

¿Significa esto -en lo que aquí interesa- que cualquier invocación del derecho de consumo habilitará la acción de clase aun cuando quepa suponer el interés de sus titulares en promover las pertinentes acciones individuales?

A juicio de esta Sala, la respuesta no puede ser afirmativa.

Ella debe buscarse, en cambio, en la misma explicación que la Excma.Corte proporcionó para fundar el por qué de esas excepciones.

Así, el Tribunal explicó: «.[En] esas circunstancias, la naturaleza de esos derechos excede el interés de cada parte y, al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección entendido como el de la sociedad en su conjunto.».

Desde tal óptica, parece razonable interpretar que, para la configuración de alguna de las excepciones de marras no alcanza con que se verifique alguna de las materias enumeradas -v. gr. consumo-, sino que es necesario que el caso exhiba ese interés estatal en su protección que haga de él un supuesto en el que, más que el interés individual del sujeto titular, importe el de la sociedad en su conjunto.

Sólo así parece razonable que la legitimación individual de dicho titular sea desplazada a favor de quien invoca una de índole colectiva.

En el caso, nada de esto parece concurrir.

Adviértase que, con prescindencia del defecto o la bondad que pueda atribuirse a la cláusula que la actora ha cuestionado en autos, lo cierto es que tal cláusula ha sido tradicionalmente justificada por las mismas razones que la nombrada criticó, y ejecutada sin que su aplicación haya exhibido dificultades no susceptibles de superación.

Por lo demás, el reclamo de la demandante aparece desprovisto del más elemental examen de las reglas vinculadas al contrato de seguro dentro del cual se encuentra inserta tal cláusula; reglas que, si hubieran sido debidamente consideradas por ella, probablemente la hubieran alertado acerca de que el resultado que ella persigue no puede ser logrado sin alterar -en forma negativa para los asegurados- otros aspectos también implícitos en este contrato.

Cabe recordar en tal sentido que, al ser el riesgo -condicionado a la existencia de interés asegurable- el objeto del contrato de seguro, la aseguradora sólo se encuentra obligada a indemnizar en la medida de un siniestro cubierto mediante la descripción de ese riesgo.

Ese riesgo, a su vez, presenta la particularidad de que constituye siempre un «riesgo calificado» demanera más o menos detallada en la póliza: es, por decirlo de algún modo, una parte del riesgo genérico al que ésta se refiere (ver Morandi, Lecciones preliminares sobre el contrato de seguro, Bs. As., 1963, p. 100 y ss.).

No resulta, por ende, posible prescindir de su delimitación contractual, delimitación que constituye un aspecto de tanta trascendencia que, sin ella, no es siquiera concebible el funcionamiento de la moderna empresa de seguros.

Y ello, entre otras cosas, porque de la adecuada individualización de ese riesgo depende que el asegurador pueda establecer las probabilidades del siniestro: cuanto mejor individualizado se halle aquél, más precisa será su clasificación dentro de una comunidad de riesgos análogos u homogéneos, clasificación de la que depende, a su vez, que la ley de los grandes números pueda actuar con efectos compensadores y el asegurador fijar con mayor precisión la medida de su responsabilidad eventual (ver Halperín-Morandi, Seguros, t. II, p. 506, ed. 1991).

La extensión del riesgo asumido es, por eso, la que determina la medida de la prima a ser pagada, toda vez que, si los riesgos asumidos no fueran compensados en forma adecuada, el asegurador no podría formar ningún «fondo de primas» suficiente para atender los siniestros asumidos.

Dicho en otras palabras: la asunción del riesgo tiene su precio, que es la prima. No puede, por ende, fijarse ésta con prescindencia de la delimitación contractual de aquél:lo contrario, no sólo altera el sinalagma contractual, sino también la solvencia del fondo de primas que ha de formar el asegurador a fin de atender los ya referidos riesgos semejantes.

Todo esto ha sido soslayado por completo en la demanda, de la que se infiere que la asociación actora pretende alterar grandemente la delimitación del riesgo asu mido por la demandada, sin hacerse cargo de que los asegurados siniestrados pagaron primas en función del riesgo así delimitado, y soslayando también que, si la cláusula cuestionada hubiera de ser para el futuro alterada como ella pretende, tal alteración habría necesariamente de aparejar un incremento en esas primas, según temperamento que, sin duda, no favorecería a los consumidores en cuyo beneficio ella invoca actuar.

En síntesis: si bien en el caso existe una causa fáctica común que se pretende susceptible de haber generado o generar una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, es dudoso que la pretensión procesal pueda ser enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho, y, finalmente, es definitivamente claro que la acción colectiva aquí intentada no se halla justificada en razón de que, en cambio, sí lo están -con meridiana claridad- las acciones individuales al alcance de los asegurados.

Y esto último, por lo ya dicho:la importancia de los valores comprometidos demuestran que, si los interesados hubieran estimado procedente la demanda, la hubieran ejercido a título individual, de lo que se deriva que la omisión en la que incurrieron no puede ser válidamente reemplazada por la gestión de un tercero (en el caso, la asociación actora).

La aplicación de los principios generales que rigen la gestión de negocios ajenos -figura claramente próxima y por ende idónea para evaluar los alcances de la legitimación que debe asignarse a la actora- conducen a esa conclusión.

Y esto pues, como es sabido, para que el gestor pueda oponer su actuación al titular del interés gestionado, el objeto de la gestión realizada debe haberse hallado abandonado, comprendiendo en este supuesto todos los casos en que el dominus se ve impedido, incluso temporalmente, para hacerse cargo de él y disponer lo pertinente, puesto que, si el dueño se encuentra en condiciones de decidir, la intervención de terceros no le resulta de ninguna utilidad y constituye sólo una intromisión injustificada en sus negocios (conf.Kemelmajer de Carlucci, Aída; «La gestión de negocios en la jurisprudencia argentina», Revista de Derecho Privado y Comunitario», Tomo 6, Rubinzal – Culzoni Editores, 1994).

En la especie, y por lo expresado, no puede presumirse ese abandono por parte de los que serían destinatarios de la acción aquí ejercida, de lo que se deriva que, si los asegurados de que aquí se trata no han promovido esas acciones, es porque ellas no han sido vistas del modo en que las presenta la actora.

Así considerada la cuestión, no sólo debe descartarse la configuración del perjuicio que se aduce sufrido, sino también la necesidad de que los sujetos involucrados necesiten ser protegidos por vía de una acción colectiva.

Esto es, en rigor, derivación del principio según el cual a nadie le resulta lícito inmiscuirse en los negocios ni en los intereses de otro, principio del que sólo cabe apartarse cuando la ley autoriza tal apartamiento.

Fuera de esos casos legalmente contemplados, debe descartarse la posibilidad de un tercero de invocar, aun para favorecerlo, derechos que corresponden a un patrimonio ajeno.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución apelada.

Sin costas por no haber mediado contradictorio.

Notifíquese a la Fiscalía General a cuyo fin remítanse las actuaciones.

Oportunamente, devuélvanse los autos a la primera instancia encomendando al magistrado de grado que tenga a bien disponer las notificaciones del caso, incluyendo -cuando esta decisión se halle firme- la notificación a la demandada.

Eduardo R. Machin, Juan R. Garibotto, Julia Villanueva. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia del original que corre a fs. 103/8 de los autos de la materia.

Eduardo R. Machin

Juan R. Garibotto

Julia Villanueva

Rafael F. Bruno

Secretario

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: