Debe responder el conductor del automóvil embistente e indemnizar al ciclista por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del accidente provocado por violar la prioridad de paso.

ceda-el-pasoPartes: L. J. A. y otros c/ R. J. H. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 1-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-78348-AR | MJJ78348 | MJJ78348

Se condena al conductor del vehículo por los daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito, toda vez que no sólo revistió el carácter de embistente, sino que también violó la prioridad de paso por circular por la derecha que le asistía al conductor de la bicicleta. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el fallo apelado y condenar al conductor del vehículo por los daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito, toda vez que no sólo revistió el carácter de embistente, sino que también violó la prioridad de paso por circular por la derecha que le asistía al conductor de la bicicleta; no habiéndose acreditado que la circulación de esta última con uno de los menores sobre el caño de la misma haya tenido incidencia causal o concausal en el embestimiento.

2.-Corresponde confirmar los montos concedidos por ‘incapacidad física y psíquica’ a favor de uno de los menores teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, la entidad de la lesión, la concausalidad en el plano psíquico -atento rasgos propios de la personalidad y patologías preexistentes-, las condiciones personales de la víctima y su situación socio-económica.

3.-Debe confirmarse la sentencia recurrida que desestima el rubro ‘incapacidad sobreviniente’ a favor de uno de los menores por cuanto la pericia médica dio cuenta de la inexistencia de secuelas incapacitantes.

4.-Deben confirmarse las sumas fijadas a cada uno de los menores en concepto de ‘daño moral’ considerando las condiciones personales de las víctimas, la entidad de las lesiones, las circunstancias particulares del caso, el tiempo de convalecencia, las atenciones y tratamientos médicos recibidos, así como los dolores y sufrimientos padecidos.

5.-Corresponde modificar parcialmente la sentencia apelada y aplicar intereses conforme a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina desde la fecha del hecho hasta la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia, y desde allí y hasta su efectivo pago, conforme a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, por cuanto en la sentencia objeto de recurso se fijaron partidas indemnizatorias a valores actuales, a la época de su dictado.

Fallo:

Buenos Aires, a los días del mes de febrero de 2013, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “L., J. A. y otros c/ R., J. H. y otros s/ daños y perjuicios”.

La Dra. Zulema Wilde dijo:

Contra la sentencia de fs. 451/457, se alzan la parte actora, quien expresa agravios a fs. 544/547, y la citada en garantía, quien hace lo propio a fs. 535/538. Corrido el traslado de ley pertinente, el mismo fue evacuado a fs. 540/543 por la accionante. Con el consentimiento del auto de fs. 550 quedaron los presentes en estado de resolver.

I. RESPONSABILIDAD.-

I. a) Se agravian la citada en garantía por la atribución de responsabilidad a su asegurado. Funda su queja en que el accidente ocurrió por culpa de la víctima, al circular los menores de noche, en una bicicleta sin luces, con uno de ellos arriba del caño de la misma, revistiendo esta última el carácter de embistente y violando la prioridad de paso que asistía al rodado. (Ver fs. 535/535 vta.).

I. b) En el caso de autos, la actora interpuso demanda conforme la norma prevista en el art. 1113 del Código Civil, el que establece que: “En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero cuando el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usado contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable”.-

Hallándonos entonces frente a un caso de responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa, correspondía a la actora probar los siguientes extremos:a) la existencia del daño; b) el contacto físico con la cosa riesgosa o viciosa; y c) la

relación de causalidad entre ambos. En cambio, incumbía a la demandada acreditar, para eximirse de responsabilidad, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, caso fortuito o fuerza mayor.

Desde este punto de vista, habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.

En el caso concreto de autos, de la localización de los daños en el biciclo que emergen de las fotografías de fs. 5/9 de causa penal y las del Ford Escort a fs. 10 de la misma causa, emerge el carácter de embistente del rodado del demandado y de embestido de la bicicleta de la actora.

Ello se ve a su vez corroborado por el acta de inspección de fs. 11 de la causa represiva, en la que se detallan los daños del vehículo Ford Escort: “Que el vehículo en mención al momento del examen presenta marca impronta de pintura de color azul o celeste oscuro, en puntera de paragolpe lado derecho o acompañante, asimismo marcas de raspaduras en la tapa capot, del mismo con signos de arrastre desde la trompa hacia el parabrisas.”

Por su parte, ambos menores de edad declararon ante la instrucción policial en sentido coincidente en punto a que fueron embestidos por el vehículo “con la puntera del paragolpe delantero del lado derecho de este en la zona media del biciclo en la parte del centro pedalero y parte de horquilla trasera” (ver declaraciones de fs. 18 y fs. 19), lo que se condice con la localización de los daños que ilustran las fotografías de fs. 5/9 ya analizadas.

Asimismo, a fs. 121/124 consta la pericia mecánica de oficio de la que emerge que no surge acreditada violación a normativa de tránsito alguna por parte del conductor de la bicicleta que haya tenido incidencia causal o concausal en la ocurrencia del siniestro.Bastará leer las respuestas N° 15 de fs. 123 para así comprobarlo.

Asimismo, del croquis de fs. 121 de autos, en concordancia con el de fs. 4 de la causa represiva emerge que la prioridad de paso por circular por la derecha le asistía al biciclo y no al Ford Escort, como erróneamente sostiene la apelante, pudiendo colegirse que, atento a la localización de los daños, hubo simultaneidad en el arribo, por lo que el demandado no sólo revistió el carácter de embistente sino que también violó lo dispuesto por el art. 57 inc. 2) del Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 11.430).

En cuanto a la circulación de la bicicleta con uno de los menores sobre el caño de la misma, si bien el experto reconoce que ello le resta estabilidad y maniobrabilidad (ver resp. 13° de fs. 123), no surge acreditado que ello haya tenido incidencia causal o siquiera concausal en el embestimiento.

Si bien la pericia fue impugnada a fs. 147/149 por la demandada, el experto contesta a fs. 220/222 ratificando su dictamen anterior, remarcando el carácter de embistente del rodado así como que no surge que la bicicleta haya realizado maniobra incorrecta alguna (ver fs. 220 y croquis de fs. 221).

Cuando las conclusiones de los expertos no son compartidos por las partes, es a cargo de éstas la prueba del error de lo informado. No son suficientes, las meras objeciones, es necesario algo más que disentir, es menester probar fehacientemente, arrimar evidencias suficientemente sólidas para convencer al Juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocadas.

Es por ello que como reiteradamente ha sostenido este Tribunal, si bien las conclusiones del experto no son vinculantes ni obligatorias para el Juez, para apartarse de sus dichos, es necesario fundarse en elementos científico-técnicos suficientes para desvirtuar tales afirmaciones. (Ver esta misma Sala, Expte.Nº 32.650/2005, “Sánchez, Romina Mabel c/La Mediterránea S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, del 10/09/2009; Expte. Nº 115.605, “Elefteriu Zonca, Eduardo y otro c/ Consorcio de Propietarios Bolivar 1867/69/75/87 s/ daños y perjuicios”, del 24/08/2009; Expte. Nº 114.916/2003, “Ghiorso, Elsa Noemí c/Pérez, Héctor Oscar y otros s/ daños y perjuicios”, del 17/02/2010, entre otros).

Los argumentos vertidos por los impugnantes, no alcanzan a conmover los fundamentos brindados por la perito, haciendo aplicación de las reglas de la sana crítica (arts.386 , 476 y concs., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), máxime con las explicaciones brindadas por el experto que se condicen con el resto del plexo probatorio.

Como ya adelantáramos, éste carácter trae aparejada la presunción de culpabilidad del agente embestidor.

El hecho de ser el vehículo embistente origina una presunción de culpa de su conductor que sólo cede ante la prueba en contrario. Además esa presunción se afirma cuando se embiste al otro automotor en la parte posterior o en uno de sus costados.

En este caso, el material probatorio ha sido apreciado en su conjunto (principio de unidad de la prueba), ponderando la concordancia o discordancia

que pudiesen ofrecer las diversas pruebas aportadas a los autos, pues muchas veces, la certeza no se obtiene con una evaluación aislada de los elementos, o sea, tomados uno por uno, sino en su totalidad, ya que bien podría suceder que probanzas individualmente estudiadas fuesen débiles o imprecisas, pero unidas llevan al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos (Peyrano, J. W.-Chiappini, J.O. “Apreciación conjunta de la prueba en materia civil y comercial” J.A. 1984-III-799; Díaz de Guijarro, E. “La unidad integral de la prueba…”, J.A. 1985-I-784; Falcón, E. “Código Procesal…”, T.III, pág. 190; conf.esta Sala “in re”: Flores Roselc/Colman Mabel s/cobro de sumas de dinero” epte. Nº27.677, del 27/02/2007 expte. nº112.466/07.”Cardinal, Haroldo c/ Cons. Prop. Figueroa Alcorta 3446/3450 s/ daños y perjuicios” del 27/9/2010; expte. nº 94.778/1999, “Colombo, Jorge Raúl c/ Nellem, Jorge Federico y otro s/ Ds. y Ps.”, del 10/12/2010, entre tanto otros).

La responsabilidad probatoria no depende sólo de la condición de ser actor o demandado, sino de la situación en que se coloca la parte en el proceso para obtener una determinada consecuencia jurídica (CNCiv. Sala “D”, 14-10-1990, DJ 1991-2-14; CNCom. Sala “B”, 22-4-19991, DJ 1991-2-500 entre otros; Falcón, Enrique M. “Comentario al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Leyes Complementarias” pág. 647-648, Ed. Abeledo Perrot 1998). (Del voto de mi estimada colega de Sala, Dra. Beatriz Verón, en autos “Brachmann de Dumelic, Marta Teresa c/Brachmann Laura s/ Cobro de sumas de dinero” – Expte. Nº 1.523/2004 – del 06/12/11).

Es así que los argumentos vertidos por la apelante no alcanzan a conmover los fundamentos brindados por la primer sentenciante en el fallo en recurso.

Por lo que la conclusión a la que arribara la jueza de la anterior instancia, resulta adecuada a derecho y a las constancias de autos, proponiendo se desestime la queja planteada en este aspecto y se confirme el fallo recurrido sobre el particular.

II. INCAPACIDAD SOBREVINIENTE.-

II. a) Se agravia la actora por la suma otorgada por este concepto a favor del menor L. N. L., a la que considera reducida, por lo que solicita su elevación. (Ver fs. 544/545 vta.). Asimismo, se agravia de la desestimación del rubro a favor del menor L. E. L., solicitando su acogimiento. (Ver fs. 545 vta./546).

II. b) Por su parte, se queja la aseguradora por la procedencia y por el monto concedido en concepto de incapacidad psíquica, considerándolo elevado y solicitando su disminución. (Ver fs.536 vta./537).

II. c) En la sentencia en recurso se estableció una indemnización en favor de L. N. L. de $ 10.000 en concepto de incapacidad psíquica y $ 4.000 en concepto de incapacidad física; y desestimó el rubro a favor de L. E. L. (Ver fs. 453 vta./454 vta.).

II. d) En primer lugar, debe establecerse que es criterio reiterado de esta Sala que la estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación. (Ver Expte. Nº 76.437/1999, “Sosa, Jorge Alberto c/ López, Carlos Alberto y otros s/daños y perjuicios” del 02/03/2010; Expte. Nº 34.996/07, “Chiaradia de Carecchio, Rosa c/ Transporte Larrazabal y otros s/daños y perjuicios” del 23/03/2010; Expte. Nº 69.932/2002, “L., R. G. c/Acosta, Miguel Angel y otros s/ daños y perjuicios” del 30/03/2010, entre muchos otros).

En efecto, la noción de “lo patrimonial” en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas. Así la integridad de la persona presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exige el art. 1068 del Código Civil, y, por ende, indemnizable.Como afirma Mosset Iturraspe, “en el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial” (“Responsabilidad por daños”, t.II-B, p. 194).

Asimismo, y a criterio de esta Sala, el daño psíquico no constituye un daño autónomo, sino un aspecto a considerar dentro del rubro incapacidad

sobreviniente, pues configura una disminución de aptitudes con repercusión en el patrimonio y la vida de relación del damnificado.

Desde este punto de vista habrán de analizarse las probanzas producidas en relación a la cuestión.

Con respecto al coactor L. N. L., a fs. 339/344 consta la pericia médica de oficio, en la que se dictaminó que el mismo padece una incapacidad física parcial y permanente del 2%, como consecuencia de secuelas anátomofuncionales en segunda falange del 1° dedo del pie derecho que se encuentra desviada y rígida y que apoya sobre el 2° dedo del pie.

Desde el punto de vista psíquico, a fs. 237/247 consta la pericia psiquiátrica, de la que surge que el coactor L. N. L. padece una incapacidad psíquica parcial y permanente del 10%, como consecuencia de un cuadro de trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo.

Dicha pericia fue objeto de impugnación a fs. 250/253 vta. por la citada en garantía, lo que mereció la contestación de la perito a fs. 363/364.

De la lectura y análisis de la experticia surgen rasgos propios de la personalidad de base del actor y patologías preexistentes vinculadas a su historia de vida que nada tienen que ver con el accidente de autos. Es así que a fs. 240/241 se detectan indicadores de depresión, rasgos evitativos y estrés psicosocial de grado moderado, en relación a la salud física y a su precoz paternidad.Por lo que el accidente ha tenido una incidencia concausal en el cuadro detectado.

En cuanto a este planteo es dable recordar que para establecer el daño psíquico se ha de proceder de la misma manera que para determinar el deterioro físico. En el caso de que se probare la existencia de dicho daño, será necesario distinguir entre el que se ha producido como consecuencia directa del acaecimiento del siniestro y aquél que se ha derivado de la situación personal anterior del damnificado.

La distinción es útil porque el causante del hecho ilícito sólo debe cargar con las consecuencias derivadas de aquél y paliar esas secuelas exclusivamente, porque las restantes que aparezcan teniendo como etiología una estructura de personalidad proclive a la descompensación y la derivada ampliación del perjuicio no deben ser receptadas.-

Asimismo, en un individuo sano, las perturbaciones podrán conmover o alterar momentáneamente el equilibrio por un lapso, mas lo normal es que pueda evitar el acarreamiento de connotaciones de índole patológica a través de sus propias defensas.

En cuanto al coactor L. E. L., la pericial médica de fs. 339/344 dio cuenta de la inexistencia de secuelas incapacitantes.

A la misma conclusión se arribó en la faz psíquica a través de la pericial psiquiátrica a fs. 244, en la que además se consignó en las “Conclusiones Diagnósticas” que “se trata de un adolescentes de 17 años, atravesando una crisis vital que no guarda relación con la litis”.

Finalmente, debe recordarse en este punto, lo expuesto reiteradamente por la jurisprudencia en cuanto a que la indemnización por incapacidad no puede fijarse meramente en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que deben ponderarse en concreto las limitaciones que el damnificado padece en su desempeño laboral y social, teniendo en cuenta circunstancias particulares como su edad, sexo, condiciones socio-económicas, actividad laboral anterior, incidencia real de las lesiones en su actividad actual, etc.Por ello es que el porcentual determinado pericialmente cobra un valor meramente indiciario y no matemáticamente determinante del monto a reconocer.

Ahora bien, en cuanto a los montos concedidos por incapacidad física y psíquica a favor del coactor L. N. L., teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, la entidad de la lesión, la concausalidad en el plano psíquico, y las condiciones personales de la víctima, tales como sexo (masculino), edad (17 años a la fecha del hecho), ocupación (carpintero, secundario incompleto), estado civil (soltero y con una hija de tres años) y situación socioeconómica (ver beneficio de litigar sin gastos a fs. 390/435), considero las sumas fijadas ajustadas a derecho y a las constancias de autos, por lo que propicio su confirmación. (Art. 165 CPCC).

En lo que respecta al coactor L. E. L., atento a lo que surge de las conclusiones periciales de fs. 244 y fs. 343/344, corresponde desestimar la queja vertida y propiciar la confirmación del fallo sobre el particular.

III. DAÑO MORAL.-

III. a) Se agravia la actora por las sumas concedidas en este carácter, considerándolas reducidas, por lo que solicitan su elevación. (Ver fs. 546/546 vta.).

III. b) Se agravia la citada en garantía por el quantum fijado por este concepto, considerándolo elevado y solicitando su reducción. (Ver fs. 537).

III. c) El juez de la anterior instancia concedió una indemnización de $ 10.000 a favor de L. N. L. y $ 5.000 a favor de L. E. L. (Ver fs. 454 vta.).

III.d) En cuanto al daño moral, debe decirse que este se define como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas, y en general, toda clase de padecimientos, comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes.

Es dable recordar que la indemnización por daño moral no configura una sanción al ofensor sino la satisfacción de legítimos intereses de contenido extrapatrimonial que hacen a derechos inherentes a la persona, debiendo evaluársela con la apreciación objetiva del padecimiento, sin que configure fuente de indebido lucro.

Como ya sostuviera este Tribunal “si por reparación se entiende el restablecimiento del desequilibrio patrimonial y es de contenido pecuniario, los intereses que carezcan de ese contenido deben ser satisfechos, puesto que según el diccionario de la Real Academia, “satisfacer”, en una de sus acepciones, significa sosegar o aquietar una queja o un sentimiento, expresión acorde con el sentido de nuestra ley al otorgar a la víctima el derecho a reclamar la reparación, cualquiera sea el grado de reproche que genere la conducta del agente del daño, sin perjuicio de valorar a ésta como un elemento más para determinar la cuantía indemnizatoria” ( autos “Corzo de Torres, C.P. c/ Lumicot S.A. y otros s/sum” del 31.03.81).

Asimismo, y como ha resuelto reiteradamente este Tribunal, no existe razón lógico-jurídica que obligue a relacionar porcentualmente las indemnizaciones correspondientes al daño material con el moral. (Ver esta Sala, en recientes fallos en los que se ha se ha explayado mi distinguida colega Dra. Marta del Rosario Mattera: Expte. Nº 89.021/2003, “Procopio, Fernando Antonio y otro c/ Piñero, Ernesto Emir y otros s/daños y perjuicios” del 11/02/2010; Expte.Nº 89.107/2006, “Ivanoff, Doris Verónica c/Campos, Walter Alfredo s/daños y perjuicios”, del 22/03/2010, y que tiene el aval de numerosos fallos de nuestro Máximo Tribunal (me remito a las menciones efectuadas por la Dra. Mattera en las citadas causas)).

De las constancias médicas de autos surge que el coactor L. N. L. sufrió, como consecuencia del accidente, politraumatismos y traumatismo en miembros inferiores, cicatriz de 1 cm. en rodilla derecha, habiendo sido trasladado y atendido en el “Hospital Nuestra Señora de Luján” (Ver pericial médica a fs. 339/344 e historia clínica a fs. 126/127 y fs. 130/131; ver certificado de fs. 14 de causa penal).

Con respecto a L. E. L., el mismo sufrió politraumatismos y traumatismo en miembros inferiores, habiendo sido también trasladado y atendido en el “Hospital Nuestra Señora de Luján” (Ver pericial médica a fs. 339/344 e historia clínica a fs. 126/127 y fs. 130/131; ver certificado de fs. 15 de causa penal).

Ahora bien, en cuanto a los montos, teniendo en cuenta las condiciones personales de las víctimas, entidad de las lesiones, circunstancias particulares del caso, tiempo de convalecencia, atenciones y tratamientos médicos recibidos, así como los demás dolores y sufrimientos padecidos, los considero ajustados a derecho y a las constancias de autos, por lo que propicio su confirmación. (Art. 165 CPCC).

IV. INTERESES.-

IV. a) Se agravian la citada en garantía por la tasa de interés dispuesta en el decisorio, solicitando la aplicación de la tasa pasiva con fundamento en que la tasa activa propiciada en el plenario “Samudio” genera un enriquecimiento indebido a favor de la actora y que los montos resarcitorios han sido fijados a valores actuales al momento de la sentencia. Citan jurisprudencia en apoyo de su postura. (Ver fs. 537 vta./538).

IV.b) En la sentencia en recurso se estableció la aplicación de intereses conforme a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha de cada perjuicio hasta el cumplimiento de la sentencia. (Ver fs. 456).

IV. c) En forma reiterada este Tribunal ha resuelto que los intereses comienzan a correr desde la fecha del hecho dañoso, pues es el momento en el cual se produce el perjuicio y con el cual nace el derecho del damnificado de reclamar su reparación (conf. CSJN, “Blanco, Stella M. c/ Provincia de Buenos Aires y otro” , del 07/10/2003) con la consecuente mora del deudor, quien debe pagar los frutos del dinero no pagado en término.

Ahora bien, conforme lo dispuesto en el fallo plenario dictado en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios” de fecha 20 de abril de 2009: “Corresponde dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios” del 02/08/93 y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” , del 23/03/04.

“Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio”.

“Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina”.

Ahora bien, también se estableció en dicho fallo plenario que: “La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”. (Art.303 CPCCN).

Asimismo, debe remarcarse que en la sentencia se fijaron partidas indemnizatorias a valores actuales, a la época de su dictado.

En consecuencia, teniendo en cuenta esto último, así como la fecha de dictado del pronunciamiento de primera instancia y la actual situación económica e inflacionaria, propicio la modificación parcial de la sentencia y la aplicación de intereses conforme a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina desde la fecha del hecho hasta la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia, y desde allí y hasta su efectivo pago, conforme a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

En consecuencia, doy mi voto para que:

I. Se modifique parcialmente la sentencia recurrida:

I. a) Disponiendo la aplicación de intereses en la forma y alcance dispuestos en el Considerando IV. c) de los presentes.

II. Se la confirme en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

III. Se impongan las costas de esta instancia a la citada en garantía, vencida en lo principal (art. 68 CPCCN).Poder Judicial de la Nación SALA CIVIL J

Las Dras. Marta del Rosario Mattera y Beatriz A.Verón adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-

Buenos Aires, febrero de 2013.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I. Se modifique parcialmente la sentencia recurrida:

I. a) Disponiendo la aplicación de intereses en la forma y alcance dispuestos en el Considerando IV. c) de los presentes.

II. Se la confirme en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y de agravios.

III. Se impongan las costas de esta instancia a la citada en garantía, vencida en lo principal (art. 68 CPCCN).

IV. En orden a lo normado por el art.279 del CPCC, corresponde revisar las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia a fs. 456 vta. y, eventualmente, en caso de corresponder, modificarlas.

En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado

obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1 , 6, 7, 8 , 9, 10 , 19 , 38 y conc. de la ley 21.839, y por resultar ajustados a derecho, confírmense los honorarios regulados a los letrados intervinientes, así como los de los peritos y demás profesionales actuantes en autos.

Por la labor realizada en la Alzada, de conformidad con las pautas del art. 14 de la ley 21.839, regúlense los honorarios del Dr. Andrés Enrique Iacuzzio en la suma de ($.); y los de los Dres. Malena Liliana Lis Altomonte y Lucas Matías Altomonte en la suma de ($.), en conjunto.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

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