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No existió culpa de la víctima fallecida embestida por la formación ferroviaria al comprobarse que la campana de alarma colocada en el cruce no funcionaba.

Trenes 1Partes: Silva Juan Ramón y otros c/ Trenes de Buenos Aires s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: F

Fecha: 28-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-78327-AR | MJJ78327 | MJJ78327

Se hizo lugar a la demanda y se condenó a la empresa de transporte ferroviario accionada a indemnizar a la concubina y a los hijos de la víctima fatal de un accidente en el que una formación ferroviaria embistió a dicha víctima mientras intentaba efectuar el cruce peatonal de una vía por un paso a nivel, pues se demostró que no existió culpa de la víctima, al comprobarse que la campana de alarma colocada en el cruce no funcionaba, y tampoco existía personal de la demandada que avise a los peatones cuando cruzar con seguridad. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a la empresa de transporte ferroviario a indemnizar a la concubina y los hijos de la víctima fatal de un accidente en el que una formación arrolló a dicha víctima mientras ésta intentaba el cruce peatonal por un paso a nivel, pues al tratarse el caso por lo establecido en el art. 1113 CCiv., no probó la accionada la culpa de la víctima en ocasión del cruce.

2.-La presente cuestión se rige por lo normado en el art. 1113, segundo párr., segunda parte del CCiv., ello es así pues la actividad ferroviaria configura una actuación riesgosa que compromete a la empresa demandada en los términos de la norma antes citada.

3.-Acreditada la relación causal entre la circulación del ferrocarril y el daño cuya reparación solicitan los accionantes, el dueño o guardián de aquélla sólo podrá eximirse de responsabilidad acreditando que el hecho dañoso se produjo por la culpa de la víctima, un caso fortuito o el hecho de un tercero por el cual no deba responder.

4.-Si la única advertencia que existía en el lugar del hecho -el paso a nivel-, era la campana de alarma dispuesta a un lado de los laberintos y ésta no funcionaba, mal puede sostenerse que medió en el caso culpa de la víctima, pues es previsible suponer que de haber percibido el sonido de la campana, ello lo hubiese disuadido de proseguir el cruce.5. Si bien la recurrente aduce que en la zona del accidente el tendido de las vías es recto y sin obstáculos por lo que el convoy era fácilmente divisable, tal alegación no resulta suficiente para endilgarle responsabilidad a la víctima, más aún, si en el lugar no funcionaba ningún tipo de señal sonora o lumínica tendiente a advertir a los peatones de la aproximación del ferrocarril.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 28 días del mes de febrero de 2013, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «F» para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. GALMARINI. POSSE SAGUIER. ZANNONI.

A las cuestiones propuestas el Dr. Galmarini dijo:

I.- Juan Ramón Silva, Diógenes Silva y Paula Esther Barros promovieron demanda contra Trenes de Buenos Aires solicitando la reparación de los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente ocurrido el día 28 de diciembre de 2003, en el que Diógenes Silva Salinas -padre y concubino de los accionantes- perdió la vida tras ser embestido por la formación ferroviaria 2503 que circulaba desde Villa Ballester hacia la estación de Zárate.

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a la accionada a abonar a Juan Ramón $30.000, a Diógenes Silva la cantidad de $30.000 y a Paula Esher Barros la cantidad de $62.000, más sus intereses y las costas del proceso.

Contra dicho pronunciamiento se alzó la demandada, quien expresó agravios a fs. 360/6, cuyo traslado fue respondido a fs. 448/51.

II.- Agravios atinentes a la responsabilidad atribuida por el sentenciante:

La demandada Trenes de Buenos Aires cuestiona la responsabilidad que el juez le atribuyó en el accidente de autos e insiste en sostener que el referido infortunio de debió a la exclusiva culpa de la víctima, quien, según afirma, intentó cruzar el paso a nivel de manera imprudente, sin cerciorarse previamente de que no se aproximara una formación ferroviaria.

La presente cuestión se rige por lo normado en el artículo 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil.Ello es así pues la actividad ferroviaria configura una actuación riesgosa que compromete a la empresa demandada en los términos de la norma antes citada.

Por lo tanto, acreditada la relación causal entre la circulación del ferrocarril y el daño cuya reparación solicitan los accionantes, el dueño o guardián de aquélla sólo podrá eximirse de responsabilidad acreditando que el hecho dañoso se produjo por la culpa de la víctima, un caso fortuito o el hecho de un tercero por el cual no deba responder (Conf. CNCiv. Sala «L», noviembre 3/2009, «Guerran, Ramona c/ Transporte Metropolitano Gral. San Martín s/ daños y Perjuicios», L.521.491: id. Sala «A», octubre 9/1997, «Solier, Elisa c/ Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios»).

Con motivo del accidente en cuestión se promovió la causa penal caratulada «Avila, Carlos A. s/ homicidio culposo» (n°340160). El oficial inspector que se apersonó en el lugar del hecho constató la existencia de un paso a nivel solamente peatonal, con un laberinto en cada una de sus entradas. Dejó asentado que a un lado de los laberintos «existe una campana de prevención para los transeúntes ocasionales del lugar, la cual debería dar aviso del arribo de alguna formación de trenes al lugar, constatándose que previo a haber pasado varias formaciones por el lugar, dicha campana sonora no funcionaba». Asimismo se constató que «por parte de la empresa TBA no existe ningún personal de la misma para indicar a las personas que cruzan por dicho paso a nivel el arribo de algunas de las formaciones de trenes» (ver copias de la causa penal obrantes a fs.205 vta.).

Atento a ello, si la única advertencia que existía en el lugar del hecho, era la campana de alarma dispuesta a un lado de los laberintos y ésta no funcionaba, mal puede sostenerse que medió en el caso culpa de la víctima, pues es previsible suponer que de haber percibido el sonido de la campana, ello lo hubiese disuadido de proseguir el cruce (en tal sentido CNCiv. Sala «F», marzo 18/2010, «Ciani, Javier E. c/ TBA S.A. s/ daños y perjuicios», L.537.470).

Y si bien la recurrente aduce que en la zona del accidente el tendido de las vías es recto y sin obstáculos por lo que el convoy era fácilmente divisable, tal alegación no resulta suficiente para endilgarle responsabilidad a la víctima. Más aún, si en el lugar no funcionaba ningún tipo de señal sonora o lumínica tendiente a advertir a los peatones de la aproximación del ferrocarril.

Por otra parte, si bien el testigo Julio c. Díaz -ayudante del maquinista de la formación en cuestión- sostuvo que habría hecho sonar la bocina al acercarse al paso a nivel y «es en ese momento que ve a una persona que va cruzando» (fs. 137 vta.), lo cierto es que si cuando hizo sonar la bocina, la víctima ya se hallaba efectuando el cruce, ello resultó tardío.

Consecuentemente, propicio se rechacen los agravios en análisis y se confirme la sentencia apelada en cuanto atribuye responsabilidad en el hecho a la empresa ferroviaria demandada, Trenes de Buenos Aires.

III.- Valor Vida.

Se queja la demandada del importe fijado por el juez a favor de la concubina del Sr. Silva en concepto de «valor vida» ($30.000) por considerarlo excesivo. Asimismo solicita que se rechace esta partida respecto de los hijos del fallecido por considerarla improcedente, alegando que aquéllos eran mayores de edad al tiempo del hecho y no convivían con su padre.Por su parte los actores se agravian por considerar insuficientes los importes otorgados por el rubro en cuestión.

La pérdida de la vida significa la pérdida del máximo e insustituible bien que comprende la salud, o sea, el estado de bienestar indispensable para el desarrollo de la vida en un ambiente social, cultural, propio de la persona como ser social. La pérdida de su vida es la pérdida total de la salud y de la integridad psicofísica de la persona. La muerte no es un daño abstracto sino el punto final de un proceso dañoso que comenzó con la afectación de la salud la integridad psicofísica en una posibilidad más grave. No es una causa sino una consecuencia. Un importante sector doctrinario entiende que la vida no tiene valor en sí misma. Se relaciona con lo que pueda significar en beneficios económicos para los que dependan del difunto. Para los herederos puede operar, la pérdida de la vida, como lucro cesante, pérdida de una chance, o sea como un daño indirecto. Aquí, en realidad, no se da valor a la vida sino a la pérdida de beneficios o expectativas ciertas de los que rodeaban al difunto. La vida, para algunos, no tiene valor, pues para el difunto no hay posibilidad de resarcir nada (conf. Ordoqui Castilla, Gustavo, «Daño mortal», «Responsabilidad Civil», Aída Kemelmajer de Carlucci, Ed. Rubinzal-Culzoni, ps. 532/533).

La privación de los beneficios actuales o futuros que la vida de la persona reportaba a otros seres que gozaban o podrían gozar de aquéllos, constituye un daño cierto y así se mide el valor económico de la vida de la víctima por los bienes económicos que el extinto producía. No está de más puntualizar que, ni la ley ni los pronunciamientos judiciales, ha atribuido un valor a la vida humana independientemente de la consideración de los daños sufridos por su pérdida (CNCiv., sala F, diciembre 14/1999, «Andrade, Diego R. L. c/ Pereyra, Juan C.y otros s/ daños y perjuicios»).

En relación a la coactora Ramos, concubina del fallecido Silva, la procedencia del la indemnización de este rubro no ha sido cuestionada, sino sólo su cuantía.

En cuanto a la determinación de las sumas que corresponda fijar por este rubro, cabe recordar que es necesario tener en cuenta las características que rodean al caso, en cuanto a edad de la víctima y de los damnificados, actividad que aquélla desarrollaba, situación económica, social y educacional. De este modo, se intenta establecer una indemnización que implique reemplazar el sostenimiento econó­mico que habrían de obtener los damnificados de la víctima a través del tiempo.

Conforme resulta de las constancias obrantes en autos y en el expediente sobre beneficio de litigar sin gastos (N°78.415/2004), el Sr. Silva, quien tenía 60 años al momento de su deceso, se desempeñaba haciendo trabajos de jardinería. Atento a ello, y si bien no se ha probado cuál era la extensión de los ingresos que aportaba el Sr. Silva, los elementos obrantes en autos permiten tener por acreditado que éste realizaba actividades remuneradas y era el sostén de su pareja, la Sra. Barros, quien no trabaja.

Considerando las circunstancias apuntadas, juzgo que la cantidad de $30.000 fijada por el magistrado a favor de la coactora Barros para resarcir el rubro en análisis resulta exiguo por lo que propicio su elevación a la cantidad de $80.000.

En su memorial la demandada sostiene que no corresponde fijar indemnización alguna a favor de los coactores Juan R. y Diógenes Silva, pues aquéllos eran mayores de edad al momento del fallecimiento de su padre.

Si bien el art. 1084 del Código Civil, no distingue entre hijos mayores o menores, jurisprudencialmente se ha decidido que sólo pueden resultar amparados por la norma los que son menores de edad al momento de ocurrir el hecho ilícito (Conf CNCiv.Sala «F», octubre 8/1998, «Márquez, Andrés c/ Volker Kreft s/ daños y perjuicios», L.236.522).

No obstante ello, el hijo mayor de edad tiene derecho al resarcimiento cuando prueba el perjuicio efectivo que la muerte del progenitor le ocasionó, en la medida que se acredite el motivo por el cual la muerte del padre o de la madre produce un daño.

Del informe presentado por la perito psicóloga designada en autos surge que al coactor Diógenes Silva se le diagnosticó esquizofrenia en el año 1992 y está con medicación (fs. 152). Asimismo la profesional sostuvo que el coactor Juan Ramón Silva «se muestra mental y emocionalmente inmaduro, siendo incapaz de ocupar el espacio vacante dejado por el padre fallecido ante su madre y su hermano» (fs. 154) y afirmó que aquél presenta una incapacidad psíquica del 55% (fs. 165).

Asimismo señaló la perito que «en est e caso en particular, el occiso evitaba con su presencia que se desarrollen las patologías pertinentes a estas estructuras de base, ya que sostenían el sistema familiar». Finalmente afirmó que «de no haber sucedido el accidente de autos esta familia hubiese continuado en forma estable con este mismo cuadro de base, pero como hasta ese momento, sin manifestación alguna» (fs.167).

Lo informado en el peritaje antes citado, me lleva a concluir que si bien ambos coactores eran mayores de edad al fallecer su progenitor, dadas sus particulares condiciones personales y las patologías psíquicas que ambos padecen, es presumible que la muerte del padre los ha afectado también en el aspecto patrimonial, pues aun cuando realizaran la misma actividad del padre fallecido, éste era el sostén emocional que generaba estabilidad en el ámbito familiar, incluso en los hijos mayores de edad y en su actividad laboral.

Consecuentemente entiendo que resulta procedente otorgar una indemnización a ambos hijos del causante en concepto de «valor vida» y considero que los importes fijados por el magistrado en tal concepto resultan insuficientes por lo que propicio su elevación a la cantidad de $30.000 para cada uno de los coactores.

IV.- Daño moral.

Se quejan los accionantes por considerar exiguos los importes fijados por el magistrado en concepto de «daño moral» (32.000 para la Sra. Barros y $15.000 para cada uno de los hijos).

En lo tocante a este rubro, es sabido que su fijación resulta de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante.

Por otra parte, resulta claro que las sumas a establecer por este rubro no colocarán a los actores en la misma situación en que se encontraban con anterioridad al lamentable suceso.De todas formas el juzgador se ve compelido a determinar la indemnización; no se trata de compensar dolor con dinero, sino de tratar de otorgar a los damnificados cierta tranquilidad de espíritu en algunos aspectos materiales de sus vidas y de mitigar sus padecimientos.

Los padecimientos sufridos tanto por la concubina como por los hijos mayores de edad de la pareja formada por ella con el difunto, me llevan a considerar que los importes concedidos por el magistrado resultan exiguos y propicio su elevación a la cantidad de $60.000 a favor de la Sra. Barros y de $30.000 para cada uno de los hijos.

V.- Incapacidad psíquica y tratamiento psicoterapéutico de Paula barros y Juan Ramón Silva:

Se agravian los coactores de que el magistrado haya desestimado los reclamos efectuados por estas partidas.

En relación a la coactora Paula Barros, la perito psicóloga designada en autos informó que aquélla «no se encuentra en condiciones de afrontar la vida con defensas propias que la protejan» y que «de acuerdo al psicodiagnóstico administrado padece algún grado de psicosis como estructura base» (fs. 154). Finalmente indicó que sería conveniente que la actora recurra al Servicio del Hospital Alvear y luego realice los trámites necesarios para un subsidio por discapacidad (fs. 154).

Al contestar el pedido de explicaciones formulado a fs. 157, la profesional sostuvo: «al realizar la evaluación de la Sra. Barros el diagnóstico es de esquizofrenia; por este motivo fue aconsejado en la pericia presentada la intervención de un psiquiatra habilitado para medicarla (como psicóloga no me corresponde medicar) y que considere la cantidad de sesiones psicológicas necesarias para acompañar este tratamiento». Seguidamente informó que «de acuerdo al baremo del Dr. Mariano Castex, la incapacidad corresponde al punto 2.1.3. dentro del cual yo ubico en un 70%» (fs. 164, pto A).

Respecto al coactor Juan Ramón Silva la perito informó que aquél «Se encuentra mental y emocionalmente inmaduro, siendo incapaz de ocupar el espacio vacante dejado por el padre fallecido ante su madre y su hermano.necesita liberarse de ese conflicto, su mirada es hacia el futuro, hacia lo nuevo…pero esta abrumado, con mucha agitación mental, que se encuentra débil». La tensión es constante y no la puede controlar. Sus defensas emocionales están bajas, lo que le imposibilita resolver sus conflictos. Hay una inadecuación en la automatización de los procesos lógicos del pensar y ausencia de disciplina mental «.(fs. 154/5).

La perito sugirió que el Sr. Silva ingrese lo antes posible a un tratamiento psiquiátrico y psicológico, ya que es muy importante fortalecerlo (fs. 155).

Al contestar el pedido de explicaciones efectuado a fs. 157, la profesional indicó que el Sr. Juan Ramón Silva presenta una incapacidad psíquica del 55% y señaló que éste deberá realizar un tratamiento durante dos años con una frecuencia semanal «para poder deslindar responsabilidades, aumentar su autoestima y lograr establecerse como adulto ante su mujer y su hija» (fs. 165, pto. b).

Seguidamente, en la presentación obrante a fs. 167, la perito psicóloga aclaró: «Como en todos los sujetos adultos, las estructuras de base del psiquismo de la Sra.

Paula Esther Barros y de su hijo, Sr. Juan Ramón Silva son preexistentes al accidente de autos». «En este caso en particular, el occiso evitaba con su presencia que se desarrollen las patologías pertinentes a estas estructuras de base, ya que sostenían el sistema familiar». Finalmente afirmó que «de no haber sucedido el accidente de autos esta familia hubiese continuado en forma estable con este mismo cuadro de base, pero como hasta ese momento, sin manifestación alguna» (fs. 167).

Sentado ello entiendo que si bien no es posible determinar en qué medida las afecciones psíquicas que padecen los coactores son consecuencia del hecho motivo de autos y en qué medida son atribuibles a causas preexistentes, lo cierto es que la perito fue contundente al señalar que el fallecimiento del Sr.Silva contribuyó a agravar esas patologías de base que presentaban los accionantes.

Sin perjuicio de ello, debe ponderarse que el tratamiento psicológico aconsejado por la perito resultará paliativo en alguna medida de las afecciones que padecen los accionantes.

Teniendo en cuenta las circunstancias apuntadas, propongo fijar por «daño psíquico» la suma de $20.000 a favor de la coactora Paula Barros y la de $10.000 a favor del coactor Juan Ramón Silva. Asimismo propongo otorgar en concepto de «gastos de tratamiento psicológico» la cantidad de 4.800 a favor de cada uno de los mencionados accionantes.

VI.- Intereses:

El magistrado dispuso que los intereses sobre los montos de condena se devengarán, desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia, a la tasa activa, cartera general (préstamos, nominal anual, vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

La demandada solicita que los intereses se computen a la tasa del 6% u 8% anual desde el día del accidente de marras hasta la fecha de su presentación en concurso preventivo de acreedores.

Mediante el fallo plenario dictado el 20 de abril de 2009 en torno al tema de los intereses en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.s/ daños y perjuicios» se dejó sin efecto la anterior interpretación que había sido fijada en los fallos plenarios «Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios» del 2/8/93 y «Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios» del 23/3/04.

Ahora bien, en el fallo plenario actualmente vigente se consideró conveniente establecer la tasa de interés moratorio, cuando no ha sido pactada o prevista legalmente, y se dispuso que corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, pero mediante una solución de consenso el tribunal en pleno admitió que esa tasa de interés debía computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, aunque se dejó a salvo el supuesto en que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.Por ello, los intereses deberán aplicarse desde la producción de cada perjuicio hasta que se determina la indemnización a valores actuales a la tasa del 8% anual, y de ahí en adelante hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

En esa inteligencia, corresponde fijar, respecto de los importes indemnizatorios admitidos la tasa de interés al 8% desde la fecha del perjuicio y hasta este pronunciamiento -en el que fueron valorados-y, de allí en más, a la tasa activa fijada por la doctrina plenaria.

La demandada cuestiona que el juez haya establecido el cómputo de los intereses hasta la fecha del efectivo pago, alegando que debe limitarse su curso hasta la fecha de su presentación en concurso.

La presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior que no esté garantizado con prenda o hipoteca, de conformidad a lo establecido por el art.19 de la ley 24.522 (conf.: Maffia, O.J. «Ley de Concursos Comentada», t. I.,coment. art. 19, pág. 53; Vítolo, D.R.

«Comentarios a la ley de Concursos y Quiebras N° 24.522», pág. 109, núm.2.3.5.). En función de ello, no estando en discusión que la empresa accionada se presentó en concurso el día 22 de abril de 2005 y que el accidente de marras data del 28 de diciembre de 2003, corresponderá suspender el cómputo de los intereses a partir de la primera de las fechas mencionadas.

En mérito a lo expuesto, voto por confirmar la sentencia apelada en lo sustancial que decide y modificarla fijando por «valor vida» $80.000 a favor de la coactora Paula Barros, $30.000 para Juan Ramón Silva y $30.000 para Diógenes Silva; fijando por «daño moral» $60.000 a favor de Paula Barros, $30.000 a favor de Juan Ramón Silva y $30.000 a favor de Diógenes Silva; fijando por «incapacidad psíquica» $20.000 para Paula Barros y $10.000 para Juan Ramón Silva; y por «gastos de tratamiento psicológico» $4.800 para Paula Barros y $4.800 para Juan Ramón Silva. Asimismo voto por modificar el pronunciamiento en lo relativo a la tasa de interés, que deberá computarse de conformidad a lo establecido en el considerando VI. Con costas de alzada a la demandada que resultó sustancialmente vencida.

Por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante el Dr. POSSE SAGUIER votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta. El Dr. ZANNONI no votó por hallarse en uso de licencia. Con lo que terminó el acto.

JOSE LUIS GALMARINI.

FERNANDO POSSE SAGUIER.

Es copia fiel de su original que obra en las páginas N° a N° del Libro de Acuerdos de esta Sala «F» de la Excma.Cámara de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, febrero de 2013.

AUTOS Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo sustancial que decide y se la modifica fijando por «valor vida» $80.000 a favor de la coactora Paula Barros, $30.000 para Juan Ramón Silva y $30.000 para Diógenes Silva; fijando por «daño moral» $60.000 a favor de Paula Barros, $30.000 a favor de Juan Ramón Silva y $30.000 a favor de Diógenes Silva; fijando por «incapacidad psíquica» $20.000 para Paula Barros y $10.000 para Juan Ramón Silva; y por «gastos de tratamiento psicológico» $4.800 para Paula Barros y $4.800 para Juan Ramón Silva. Asimismo se modifica el pronunciamiento en lo relativo a la tasa de interés, que deberá computarse de conformidad a lo establecido en el considerando VI. Con costas de alzada a la demandada.

Toda vez que en este pronunciamiento se ha modificado lo decidido por el Sr. Juez «a-quo», deberán adecuarse los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal.

Por ello, en atención al monto del proceso (capital e intereses), trabajos realizados, apreciados por su importancia, extensión y calidad, resultado obtenido, etapas cumplidas y lo dispuesto por los arts. 6, 7 , 9, 10 , 37, 38 y concs. de la ley 21.839 y en lo pertinente por la ley 24.432 , se regulan los honorarios de la DRA. VICTORIA MÓNICA LAPIEDRA, letrada apoderada de la parte actora, en la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 48.500) y los de la DRA. SILVANA M. MONTERO, letrada patrocinante de la parte actora desde fs. 333, en la suma de ($.). Asimismo, se regulan los honorarios de la DRA.MARIA ELISA SALGADO, letrada apoderada de la empresa demandada, en la suma de ($.).

Por la tarea realizada por el perito ingeniero ferroviario JULIO CESAR BENITEZ -informe de fs. 321/325-, apreciada por su importancia y calidad teniendo en cuenta lo dispuesto por decreto ley 7887/55 (modif. por el dec. ley 16.146/57 y ley 21.165 ), y en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios en la suma de ($.).

En atención a los trabajos realizados por la perito psicóloga, LIC. SILVINA R. WELTMAN -ver informes de fs. 152/155, 164/5 y 167/8- , apreciados por su importancia y calidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios en la suma de ($.).

Por la labor de alzada (art. 14 del arancel), se regulan los honorarios de la DRA. SILVANA M. MONTERO, letrada patrocinante de la parte actora en la suma de ($.) y los de los DRA. MARIA ELISA SALGADO, letrada apoderada de la empresa demandada en la suma de ($.). El Dr. Zannoni no firma por encontrarse en uso de licencia.Notifíquese y devuélvase.

José Luis Galmarini.

Fernando Posse Saguier.

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