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¿Cualquier intercambio telegráfico actúa como interpelación auténtica en los términos del art. 3986, párr. 2, del CCiv., a los efectos de suspender el plazo de la prescripción?

Cita: MJ-MJN-70876-AR

La respuesta es negativa, lo que hace que las intimaciones deben realizarse cuidadosamente.

Al respecto, se ha expresado que la prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor efectuada en forma auténtica, fórmula que solo se configura con una actuación que revista el carácter indubitable de su existencia, como por ejemplo, la notificación notarial, constancia protocolar, telegrama colacionado, carta documento, pero no mediante instrumentos privados cuya autenticidad no haya sido reconocida.

En cuanto al contenido del telegrama de intimación, existen en la jurisprudencia opiniones divergentes.

Así, se ha dicho que «las intimaciones telegráficas tienen efecto suspensivo de la prescripción en relación con los rubros en ella reclamados, sin que corresponda exigir en el caso una individualización detallada de los créditos siempre que conste una manifestación inequívoca del acreedor de mantener vivo su derecho» (CNAT, Sala V, 27/4/87).

Por el contrario, la Sala X tiene resuelto que «para lograr el efecto suspensivo de la prescripción previsto en el art. 3986Ver Documento del CCiv., la interpelación debe contener los elementos necesarios para que pueda determinarse con precisión a qué rubro se está refiriendo la reclamación y cuál es el período a que se alude, recaudos no satisfechos en un despacho telegráfico que menciona solamente diferencias salariales».

Debe recordarse que la suspensión se produce solo sobre los rubros incluidos en la intimación, pero no sobre los demás.

Adoptando un criterio amplio, la sala VII señaló que «si el actor intimó a su empleadora para que le abonase diferencias por liquidación final, dicho despacho telegráfico mantuvo vivo y en expectativa su derecho, aun cuando no se hubiera especificado a cuánto ascendía cada uno de los conceptos reclamados. Se trata de un simple requerimiento de pago y no de una formal presentación judicial» (sent. 17/7/01, «Reinoso, Daniel c/ Consorcio de Propietarios Club Náutico Isla Santa Mónica y otro s/ Despido»). Este criterio es compartido por el Superior Tribunal de Mendoza, el cual ha señalado que «la norma en juego exige constitución en mora en forma auténtica. Es la autenticidad de la comunicación lo que requiere la norma, pero no términos sacramentales para la constitución en mora» (SCJM, sent. 28/9/1999, «Benega, José G. c/ Pacífico Titarelli S.A.»).

Consulta a cargo del Dr. Diego J. Tula

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