Reforma a la Justicia: La viuda y el juez.

shutterstock_68494633Autor: Rondina, Domingo J. (*)

Fecha: 17-abr-2013

I. Reformar es justo

Vamos a compartir y a comentar los seis proyectos que el Poder Ejecutivo Nacional envió en el año 2013 al Congreso para intentar reformar el Poder Judicial con el lema de «democratizar la justicia». Ojalá que así sea.

Por nuestra parte, siempre estaremos a favor de cualquier intento de sacudir el añoso árbol del Poder Judicial, lo cual provocará que rebrote y se renueve, porque la ciudadanía necesita mejores jueces, más justos, más empáticos socialmente, y mecanismos más ágiles y respetuosos de la Constitución en su integralidad.

Recordemos que todas estas reformas sólo afectan a la justicia federal y a los jueces designados por el Congreso Nacional.

En algunas disposiciones se sigue incluyendo a la Justicia Nacional, lo cual puede ser objeto de cuestionamientos vinculados a la autonomía de CABA (¿hubiesen precisado acuerdo?) y a la nueva sangría al presupuesto nacional que las mismas implican en beneficio exclusivo de los litigantes de Buenos Aires.

También señalo una preocupación general: la falta de definición en los proyectos de los mecanismos de entrada en vigencia de las normas, en especial de la instancia casadora.

II. La pecera

Haciendo un parrafito de filosofía constitucional, recordemos a nuestro maestro Carlos Santiago Nino, quien dijese: «La eventual facultad de los jueces de descalificar una norma jurídica de origen democrático, por ser violatoria de una prescripción constitucional, sea en lo que hace al procedimiento o al contenido de la norma, es un arma poderosa en manos de los jueces, ya que puede constituir uno de los instrumentos principales para promover una reconstrucción radical de nuestra práctica constitucional».

Digamos que el cuestionamiento básico acerca de «democratizar la justicia» parte de aquellas ideas que tan claramente sintetizó Bickel en 1962: «La dificultad radical es que el control judicial de constitucionalidad es una fuerza contramayoritaria en nuestro sistema. Cuando la Suprema Corte declara inconstitucional una sanción legislativa o una acción de un Ejecutivo electo, ella tuerce la voluntad de los representantes del pueblo real de aquí y ahora; ella ejerce control no en nombre de la mayoría prevaleciente sino en su contra. Esto, sin connotaciones místicas, es lo que realmente sucede. El control judicial pertenece del todo a una pecera diferente que la democracia, y esa es la razón de que se pueda hacer la acusación de que el control judicial es antidemocrático».

Basta ya de prolegómenos y arranquemos con el análisis.

III. Declaraciones juradas

Regula la publicidad y accesibilidad de las declaraciones juradas de absolutamente todos los funcionarios y de terceros vinculados de algún modo a los dineros públicos.

Deberán estar disponibles en Internet, con excepción del anexo de datos reservados, que tiene que ver con la identidad de cónyuge, hijos, etc.

En mi primera lectura, resulta incuestionable.

IV. Publicidad de las carátulas de los expedientes y de las resoluciones judiciales

Un proyecto que pudo ser mejor, pero es un buen comienzo.

Impone que haya un listado accesible por Internet de todas las causas en trámite. No habrá información completa, sino sólo carátula, número de expediente, fechas de inicio, y poco más.

También impone que las resoluciones, acordadas y sentencias de todos los órganos judiciales deban ser publicadas inmediatamente en la web con su texto íntegro.

Se ordena reservar datos personales en asuntos que puedan afectar intimidad de las personas.

V. Cámaras de Casación

Se crean tres Cámaras de tercera instancia, casadoras de sentencias: Contencioso Administrativo, Laboral y de la Seguridad Social y Civil y Comercial.

Se deroga el recurso de inaplicabilidad de la ley y los fallos plenarios, con su efecto vinculante.

Se crea el recurso de casación en todos los fueros, el recurso de revisión de sentencia firme y se regula por primera vez desde la ley 48 el recurso de inconstitucionalidad que ahora tramitará ante las Cámaras de Casación.

El recurso de revisión por prevaricato, cohecho o violencia funciona en casos de sentencias ya firmes, y parece un poco descolgado en este marco normativo, aunque me parece que es útil y está totalmente admitido por la doctrina.

Honestamente, hubiésemos preferido la creación de una cámara de casación constitucional, o un tribunal constitucional, o que la Corte tenga una sala constitucional, en cualquiera de esos casos, con jueces especializados, pero ¿tan poca confianza nos tienen los legisladores a los constitucionalistas que no hay juzgado donde podamos entrar? No digo que no tengan motivos, pero…

El recurso de casación puede resultar útil, aunque implique una demora mayor, si se complementa con una mayor aplicación del «writ of certiorari» por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Destaquemos que se endereza el recurso de casación contra sentencias definitivas o equiparables, pero se lo permite también contra las medidas cautelares que afecten al Estado (un exceso de revisionismo proestatal) y contra las declaraciones de inadmisibilidad formal de las demandas contencioso administrativas (quizás para compensar el sablazo anterior).

Llama la atención la regulación del recurso de inconstitucionalidad, sin mencionar que se está modificando la ley 48, monstruo sagrado del constitucionalismo, se avanza sobre ella, aunque no veo grandes diferencias, salvo un poco con respecto a los plazos.

De este modo, cuando antes se iba directamente a la Corte Nacional para discutir la constitucionalidad, ahora se irá a la Cámara de Casación a discutir la constitucionalidad. Y si todo falla, siempre quedará el recurso extraordinario de la ley 48 por cuestión constitucional o por caso federal.

Quienes se quejan de lo drámatico que será tener cuatro instancias posibles en cuanto a demoras, pueden irse mudando al interior y conocer que desde “Strada” en las provincias tenemos cuatro instancias.

El tiempo dirá si este mecanismo será útil para que nuestra Corte vuelva a ser realmente un tribunal de excepción.

VI. Mecanismos de ingreso

Asume el Congreso y se le quita a la Corte Suprema, a las Cámaras, y quizás inconstitucionalmente al Consejo de la Magistratura, las facultades para reglamentar el ingreso de empleados del Poder Judicial.

Tanto respecto al personal lego, como a los letrados, se establecen concursos que acrediten la idoneidad constitucional. La lista definitiva de legos es luego utilizada por sorteo. La lista de letrados es por orden de mérito.

Los jueces ya no serán libres para elegir los secretarios de los juzgados, lo cual era una prerrogativa antirrepublicana que aún subsiste en algunos espacios de las instituciones argentinas. Todos los cargos de funcionarios deben ser discernidos por concurso, es la única forma objetiva de acreditar la idoneidad constitucional.

Para mí, otro proyecto indiscutible.

VII. Regulación de cautelares

Para mí, el único de los seis proyectos que debería ser rechazado. Contiene algunas ideas útiles, pero su centro es nefasto. Y salga como salga será declarado inconstitucional por el más insignificante juzgado y por la Corte Suprema. Sería bueno saber quiénes fueron los cráneos procesalistas que trabajaron sobre esta barbaridad.

Así como hicieron Jorge de la Rúa y Jorge Reynaldo Vanossi cuando estuvieron en el Ministerio de Justicia, intenta ahora el Congreso limitar el proceso constitucional con la grandilocuente -y compartible- frase de «evitemos el gobierno de los jueces».

Estamos de acuerdo en evitar el gobierno de los jueces, pero la justicia es más que ellos. La justicia es el ciudadano desprotegido frente al Estado omnipotente, la justicia es el abogado que empuña un escarbadientes frente a una topadora inmóvil, la justicia es aquel juez imaginario que nos espera en Berlín…

Las medidas cautelares en los juicios con el Estado deben ser utilizadas con prudencia. Pero no pueden ser restringidas prima facie, porque para eso existen, para adecuarse al caso concreto y no para ser previsibles.

Santa Fe conoce de restricciones a las medidas cautelares contra el Estado: fueron pergeñadas por la entonces fiscal de estado Lepenies durante el segundo gobierno de Reutemann (2002). Y provocan una injusta disparidad a favor del Estado. También es cierto que ni Obeid, ni Binner, ni Bonfatti le devolvieron a la gente la libertad cautelar. Todos los políticos llegados al gobierno quieren restringir las acciones constitucionales de los ciudadanos…

Este proyecto nacional que comentamos comete algunos errores gravísimos: prohíbe toda medida cautelar si no está en juego la salud, la vida o conceptos alimentarios; prohíbe las medidas autosatisfactivas y las cautelares cuyo objeto es asimilable al de la demanda; exige el traslado previo; intenta limitar la afectación al patrimonio estatal, lo cual no es admisible si con patrimonio estatal se puede evitar la afección de derechos personalísimos; se prohíbe la aplicación de medidas pecuniarias personales a los funcionarios, lo cual es una excelente medida que han encontrado los litigantes para lograr que se dañe menos el patrimonio estatal y se promueva el más pronto cumplimiento en casos de desobediencia; concede efecto suspensivo a la apelación por el Estado de una medida cautelar. Y señalamos sólo lo más grueso.

Otro desacierto, pero por motivos totalmente contrapuestos, es el art. 17, que pretende asegurarle al Estado el acceso a la justicia cautelar cuando vea afectado el interés público. El Estado no necesita acceder a cautelares para garantizar sus cometidos, es EL ESTADO con su poder de imperio, con la presunción de legitimidad, con la ejecutoriedad de sus actos. Verdaderamente aquí parecería que creen estar regulando para un grupo de tareas privado, para una compañía mercenaria en Iraq, y no para el Estado soberano de una república constitucional.

Reconozcamos también algunos posibles aciertos: establecer la caducidad de la medida en un máximo de seis meses, provocando que deba ser renovada mirando a las circunstancias actuales de la causa, es correcto. De hecho ya existe ese mecanismo en los embargos e inhibiciones patrimoniales.

En síntesis: no veo necesidad ninguna de sancionar este proyecto, y en casi todas sus aristas resulta completamente inconstitucional.

VIII. Consejo de la Magistratura

Otro proyecto que, salvo alguna fineza, me parece muy bueno y totalmente procedente.

Incrementa el número de consejeros, lo cual no lo hace ni más ni menos ágil, si no tendríamos que empezar a discutir sobre el tamaño del Congreso, y no lo hacemos porque entendemos que cuando los órganos se integran electoralmente la cantidad de miembros se incrementa para asegurar proporciones y minorías.

El pueblo elegirá tres abogados, tres jueces y seis académicos/científicos. Se votará cada categoría a distrito único: es decir en todo el país una sola lista, como con presidente y vice, que se eligen en el mismo turno.

Duran cuatro años y no pueden ser reelectos sino con intervalo de un período (excelente iniciativa, que debería extenderse a otras categorías).

Esta primera vez durarán dos años y se elegirán en los comicios de medio mandato.

Escondido en este proyecto también se establece el definitivo vaciamiento de funciones de superintendencia de la Corte, que esperamos que esta vez acate lo que la Constitución manda desde 1994. Claro, habrá quejas de los cortesanos que ya dos veces nulificaron leyes y decisiones del Consejo de la Magistratura para preservar su coto de caza presupuestaria, pese a la clarísima letra de la Constitución Nacional reformada.

Se discute si los abogados y jueces deben ser representantes de sus pares, o del pueblo, y qué intención tuvo la reforma de la Constitución Nacional al respecto.

El art. 114 dice: «El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley».

Nosotros entendemos que son representantes del pueblo, que no hacen una representación corporativa, y que no hay letra ni coma de la norma constitucional que permita entender que sólo pueden ser electos por sus pares. La interpretación contraria sólo parece desconocer la cláusula constitucional de la igualdad, y el principio republicano que inspiró a los convencionales.

El hecho de que deban ser postulados por los partidos políticos, no afecta en un ápice su independencia. Los partidos políticos son la más sagrada de las instituciones de la democracia. Que hoy sean horribles, o que sus miembros sean malos, no hace a la esencia democrática de la participación partidaria. Los partidos, tal como son, resultan la puerta de acceso de la ciudadanía al Estado, quienes hablan contra los partidos políticos suelen preferir otros grupos siempre más restrictivos, siempre más sectarios.

Insistimos: no se están eligiendo popularmente jueces (lo cual no nos parecería tampoco mal): sólo se están eligiendo algunos a los miembros del Consejo que elige y destituye jueces. Decir que los jueces estarán preocupados por su reelección, cuando no serán reelectos, o decir que los jueces temerán ser destituidos por una oleada electoral, son tonterías que sólo busca desviar el debate.

El famoso sistema de frenos y contrapesos («checks and balances») prevé, o mejor dicho requiere, que las tres funciones del Estado se entrecrucen, y que la voluntad popular atraviese a todas.

IX. Escasez de reformas

Se quedaron cortos con la reforma judicial a nuestro criterio. El juicio por jurados sigue ahí, vivito y gritando la inconstitucionalidad por omisión del Ejecutivo y del Legislativo.

En el mismo sentido, y con la misma inteligencia alberdiana, podrían haber incorporado legos al Consejo de la Magistratura, personas comunes sin título de abogado, lo cual oxigenaría las discusiones.

Se debe también la institucionalidad argentina mejorar los mecanismos de «juicio de residencia» para que rindan cuentas e indemnicen por los daños que causan los funcionarios (judiciales y no judiciales) en el desempeño de sus cargos.

Algunos proponen que podría establecerse la reválida de los nombramientos, cosa con la que yo en principio no estoy de acuerdo, salvo respecto a un Tribunal Constitucional donde ya Kelsen proponía que se renovase electoralmente cuando cambiaba el gobierno.

X. Parábola de la viuda y el juez injusto

En los evangelios (Lucas 18), una de las historias más extrañas de Jesús, es aquella de la viuda que iba todo el tiempo a pedirle a un juez injusto que le haga justicia. Finalmente, harto ya de la insistencia, el juez piensa: «aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres haré justicia igual así me dejan de molestar».

Hacia allá vamos.

———

(*) Abogado, UNL. Mediador. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Presidente de la Fundación Derecho Social. Exabogado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe. Exprofesor de Derecho Constitucional, UNL. Autor de artículos sobre temas de su especialidad.

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