Responde el club y la AFA por los daños y perjuicios sufridos por el actor como consecuencia de un intento de robo mientras se encontraba en la tribuna mirando un partido de fútbol.

shutterstock_41048125Partes: Randi Lucas c/ San Lorenzo de Almagro y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 27-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-77931-AR | MJJ77931 | MJJ77931

Se hizo lugar a la demanda y se condenó al club de fútbol y a la asociación de clubes codemandados a indemnizar al actor por los daños que sufrió a consecuencia de un intento de robo mientras se encontraba en una tribuna presenciando un partido de fútbol. 

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar al club de futbol y a la asociación de clubes codemandados a indemnizar al actor por los daños que sufrió en ocasión de haber asistido a un partido de fútbol y resultar objeto de un intento de robo, a consecuencia del que cayó por las gradas y se lastimó, pues las demandadas tienen un deber de seguridad respecto de los espectadores como derivación de su carácter de organizadores del respectivo espectáculo deportivo.

2.-Siendo que cabe tener por demostrada la concurrencia del actor a la popular este del predio del club codemandado, resultan de aplicación las disposiciones previstas por las leyes 23184 y 24192 .

3.-Todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto de los asistentes, con fundamento general en el art. 1198 del CCiv. y especial en la ley

23184.-

4.-La idea de que los organizadores se ocupen sólo del deporte y sus ganancias, mientras que la seguridad es un asunto del Estado, es insostenible, porque la seguridad es un derecho que tienen los consumidores y los usuarios (art. 42 de la CN.), que está a cargo de quienes desarrollan la prestación o la organización bajo su control, porque no es razonable participar en los beneficios, trasladando las pérdidas; éstas debe ser soportadas por quien las genera y no por el resto de la sociedad.-

5.-Las consecuencias económicas que podrían derivarse de juicios de responsabilidad civil de los asistentes a espectáculos deportivos, están en manos de los propios organizadores y en la medida que sean rigurosos con la seguridad, sancionen a quienes la pongan en riesgo, tendrán menos reclamos, lo cual constituye un poderoso incentivo para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones.

6.-Los emplazados tenían a su cargo el deber de aportar prueba idónea a efectos de acreditar la eximición de su responsabilidad como organizadores de un evento deportivo; en el caso, que el daño sufrido por el espectador aconteció pura y exclusivamente por culpa de la propia víctima o, eventualmente, de un tercero por quien no debe responderse.

7.-En el supuesto invocado por el demandante respecto de la agresión sufrida por un tercero que lo golpeo al negarse a entregarle dinero, lo cierto es que tampoco las demandadas pueden pretender declinar su deber de salvaguardar la integridad de los espectadores, cuanto este es un tipo de suceso, en la actualidad, acontece de manera frecuente.

8.-La obligación de seguridad que emana de la legislación de los espectáculos deportivos conlleva la adopción de medidas tendientes a evitar este tipo de infortunios, el accionar de terceros dentro del estadio tampoco configura supuesto de excepción de responsabilidad de los emplazados frente a la víctima.-

9.-En el caso, al accionante le basta con acreditar que sufrió un daño durante el encuentro deportivo, extremo que se ha cumplido en la especie, razón por la cual -al no haberse aportado elemento alguno que pueda contrarrestar dicha versión y tornar viable la fractura del nexo causal-, las entidades organizadoras del evento deben responder solidariamente por el reclamo promovido en su perjuicio (art. 51ref:LEG3222.51) de la ley 24192), también la citada en garantía deberá hacer frente a la condena, en orden a lo normado por el art. 118 de la ley

17418.-

10.-Toda vez que en la especie se han elevado y confirmado los montos indemnizatorios, de acuerdo a los valores vigentes a la fecha de la sentencia de grado, la tasa de interés active debe regir recién a partir de ese pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal, ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya ha sido ponderado al definir el capital a los valores vigentes al pronunciamiento apelado.-

11.-En la especie, la demandada no ha logrado probar que le hubiera resultado imposible cumplir con su obligación de garantizar la indemnidad del consumidor, pues no se acreditó la alegada culpa de la víctima, ni mucho menos que ella fuera grave y revistiera los caracteres de imprevisibilidad o inevitabilidad propios del caso fortuito (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial).-

12.-Para valorar la incapacidad sobreviniente, resulta aconsejable el empleo de criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (o de la valuación de las tareas no remuneradas que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial).-

13.-En lo que atañe a los intereses, por aplicación de la doctrina sentada por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios , del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento del hecho, estimándose que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial)

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 27 días del mes de febrero del año dos mil trece, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: «Randi, Lucas c/ San Lorenzo de Almagro y otros s/ Daños. y Perjuicios», respecto de la sentencia de fs. 697/709, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: HUGO MOLTENI – SEBASTIÁN PICASSO – RICARDO LI ROSI –

A la cuestión propuesta el Dr. HUGO MOLTENI dijo:

1º.- La sentencia de fs. 697/709 admitió la demanda entablada por Lucas Randi como consecuencia de las lesiones que sufrió durante el partido de fútbol disputado entre el equipo del San Lorenzo de Almagro y el de Gimnasia y Esgrima de la Plata. En consecuencia, condenó al club San Lorenzo de Almagro y a la Asociación de Fútbol Argentino (A.F.A.) a pagarle la suma de $ 54.540, con más sus intereses y costas. Asimismo, hizo extensiva la condena contra «El Surco Compañía Argentina de Seguros S.A.», en los términos del art. 118 de la ley 17.418.-

Para concluir de esa manera, la Sra. Juez «a quo» sostuvo que ambos demandados resultaron responsables por el hecho ocurrido el día 24 de septiembre de 2006, cuando aproximadamente veinte minutos después de que empezara el primer tiempo del encuentro deportivo, el actor -que se encontraba junto con un amigo en la popular local- resultó sorprendido por un hombre que le pidió dinero y ante su negativa lo golpeó-, cayendo abruptamente varios escalones sufriendo una torcedura en el tobillo derecho. Como consecuencia del golpe sufrió fractura de mandíbula inferior y esguince de tobillo. Concluyó la Sra.Juez de grado que los emplazados no lograron acreditar los eximentes de responsabilidad invocados y por ende, deben hacer frente a la condena, en función del factor de atribución objetivo de responsabilidad, al no haber garantizado en la ocasión la seguridad del espectador, quien sufriera las lesiones ponderadas en el pronunciamiento apelado.-

Contra el apuntado decisorio, apelan el demandante y la citada en garantía junto a la AFA.-

Por un lado, el actor considera reducidas las sumas acordadas para enjugar los rubros «daño físico», «daño psíquico», «daño moral», «tratamiento psicológico» y «gastos de farmacia, asistencia médica y traslados», requiriendo la elevación de los montos establecidos. Asimismo, alza su queja respecto de la falta de autonomía de la partida correspondiente al «daño psicológico». Sus agravios de fs. 737/752, fueron contestados por la Asociación de Fútbol Argentina a fs. 805/809.-

Por su parte, la citada en garantía presenta sus quejas a fs. 759/764 junto a la adhesión de la AFA a fs. 766, las que merecieron réplica de la parte demandante a fs.785/801, agraviándose en punto a la extensión de responsabilidad atribuida a su parte, como también en punto al monto acordado para la partida «daño moral», la modificación de la tasa de interés establecida y la extensión de la condena, sin hacer referencia a la póliza establecida entre las partes.-

2º.- Por una cuestión de orden lógico trataré en primer término los agravios formulados respecto a la atribución de responsabilidad efectuada en la sentencia de grado.-

La citada en garantía sostiene que no sólo debe demostrar el actor que sufrió un daño durante un espectáculo deportivo, sino que tiene la carga de probar cómo ocurrió el hecho y la relación de causalidad entre éste y el daño padecido.-

Afirma que, a fin de acreditar su concurrencia al espectáculo el actor acompañó un boleto de entrada distinto a la tribuna popular donde manifiesta que habría sido atacado. Asegura que nunca podría haber ingresado a la popular local, ya que el sistema de los molinetes electrónicos habría rechazado una entrada que pertenece al sector de la platea codo.-

Añade que resulta ilógico que, una persona con fractura de maxilar no haya recibido atención en el estadio, ni haya concurrido de inmediato a un nosocomio, sino que recién lo haya hecho el día siguiente provocando la fractura del nexo de causalidad.-

Agrega que, ante la falta de denuncia del hecho lesivo por parte del actor el mismo día y al no haber ofrecido las filmaciones de la autoridad policial, no puede tenerse por probado que el actor concurrió el día 24 de marzo de 2006 a la tribuna popular del estadio de San Lorenzo.-

Por último, resalta que existen demasiadas contradicciones en los testimonios aportados por el actor, cuyos relatos no coinciden con las circunstancias documentales aportadas por la víctima, ni con el relato de la demanda. Por ende, al haber incumplido con lo establecido por el art.377 del Código Procesal, la sentencia debe ser revocada.-

3°.- Liminarmente, habré de evaluar si es factible tenerle al demandante por acreditada su calidad de espectador en la popular local durante el encuentro futbolístico celebrado el día 24 de marzo de 2006, en la sede del club San Lorenzo de Almagro.-

En primer lugar, cuestiona la aseguradora que la Sra. Juez «a quo» haya tenido por acreditado que el actor se encontraba en una tribuna diferente, a la del ticket de ingreso de la platea codo del estadio que acompaño para acreditar su presencia en el estadio, el cual luce a fs. 691 de las presentes actuaciones. No obstante ello, habré de ponderar otros elementos probatorios aportados a la causa, que indicarían que el Sr. Randi efectivamente se encontraba en el popular local del estadio futbolístico, en ocasión de sufrir las lesiones por las cuales aquí reclama.-

Por un lado, a fs. 430/439 Carlos Alejandro Iturrieta, declaró que el día señalado «…me encontré con Randi, dentro del club pero fuera de la cancha…cerca de donde se venden las entradas a las populares, hay como unos trailler (sic) donde se venden las entradas y habíamos quedado en vernos por ahí…yo le compré la entrada a Randi, yo compré las dos entradas. Habíamos quedado que el que llegaba primero sacaba las entradas. En realidad no sé si es reventa el que me las vendió porque era una entrada que no tenía importe…yo pagué por esa entrada lo mismo que hubiera pagado en boletería.las dos entradas tenían la misma característica, no tenían el importe marcado…creo que son entradas que le dan a los socios cuando tienen problema con el carnet.» (cfr. fs. 430/436).-

Asimismo al ser consultado si se ingresa por la misma puerta o sector a la tribuna general local y a la platea, respondió «No, la platea norte y sur tienen una entrada cada una. Los cuatro sectores de la cancha tienen entradas independientes.Cada entrada es independiente a cada sector, por eso tienen diferentes importes, si entraste a la popular no podes ir a la platea sur ni a la norte y a la inversa tampoco» (cfr. fs. 438).-

Al ser repreguntado por la aseguradora, acerca de cómo ingresó a la popular local con una entrada que lo habilitaba a la platea codo P, teniendo en cuenta lo que refirió anteriormente cuando dijo que cada sector tiene su entrada independiente de la otra, contestó «Porque no hay entrada independiente entre codo y la popular. El codo es parte de la popular básicamente» (cfr. fs. 439).-

Por ello, más allá de las quejas de la aseguradora, referidas al precio del valor de la entrada, la imposibilidad de haber podido acceder a dicho sector y la interpetacion de la declaración del Sr. Iturrieta, lo cierto es que de la amplia declaración del deponente y del croquis efectuado a fs. 429, surge que episodio ocurrió en la popular local -donde se encontraban ubicados- y que la imposibilidad de acceder a otros sectores del estadio, esta referida a las plateas de costado (norte y sur) y no al sector codo que se encuenta junto a la popular este.-

Como bien señala el demandante a la hora de contestar los agravios (ver. fs. 786/789), en uno de los precedentes referenciados por la aseguradora en sus quejas, correspondiente a la Sala F de esta Cámara in re «Gimenez, Juan Ramón c/ Club Boca Juniors s/ daños y perjuicios expediente 69.434/2005» el accionante había intentado acreditar el hecho con una entrada del punto cardinal opuesto. Por ello dicho fallo no encuentra analogía con el caso de autos, toda vez que se ha demostrado que la entrada acompañada por el actor se correspondía con el platea codo, que se encuentra ubicada junto a la popular este y forma parte de la misma.Si bien la circunstancia de que el demandado Club San Lorenzo de Almagro no haya contestado demanda, con la posibilidad de aportar documentación y brindar una versión que posibilite obtener informarción de los distintos sectores del estadio y su forma de ingreso, no resulta suficiente para tener por reconocida la existencia del hecho tal cual lo relata en la demanda, dicha orfandad probatoria no puede más que redundar en su propio perjuicio.-

De estas probanzas se infiere, en sentido coincidente al concluido por la Sra. Juez de grado, que cabe tener por demostrada la concurrencia del Sr. Lucas Randi a la popular este del predio del club San Lorenzo de Almagro, a fin de presenciar el encuentro futbolístico entre el equipo del club local y el de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Por tal motivo, resultan de aplicación las disposiciones previstas por las leyes 23.184 y 24.192 .-

Desde otro ángulo, alza sus quejas la citada en garantía que las contradicciones de los testigos no hayan sido valoradas. Asimismo, se agravia respecto a que ante una fractura de maxilar, el actor no haya requerido atención médica en el estadio, ni haya concurrido de manera inmediata a un nosocomio, sino que lo hiciera recién el día siguiente.-

Cabe apuntar que a pesar del esfuerzo recursivo realizado por la aseguradora, considero que la valoración que formula la sentenciante en torno a los testim onios brindados por tres espectadores que presenciaron el altercado en la tribuna y las lesiones recibidas por el actor, conformó una correcta aplicación de las reglas de la sana crítica, que se encuentran avaladas por otras probanzas y en definitiva, permiten formar convicción acerca de la verdadera existencia del accidente que el actor sufriera como espectador.-

No se advierten contradicciones en los aspectos medulares de las narrativas proporcionadas por Cesar Augusto Ojeda (ver. fs. 375/382), Ariel Alejandro Vendrell (ver. fs. 386/403) y Claudio Alejandro Iturrieta (ver fs.430/439), porque si bien los tres formaban un grupo de simpatizantes de San Lorenzo, que mantienen cierta relación social o deportiva y que incluso obtuvieron la entrada al partido mediante la gestión de uno de ellos, no hay indicios de favoritismo al declarar que, en los comienzos del partido disputado en la cancha de San Lorenzo de Almagro el 24 de marzo de 2006 y estando ese grupo de participantes situados en la parte media hacia la izquierda de la tribuna popular local, se produjo un altercado y discusión con un grupo de simpatizantes que le propinaron un golpe de puño, que le ocasionó la fractura maxilar y que trastabillara unos escalones hacia los niveles inferiores de la tribuna, para finalmente ser trasportado hasta su casa por el automóvil del Sr. Iturrieta.-

Estos testimonios se encuentran respaldados por el ticket de entrada al evento que el actor presentara con la demanda (ver copia de fs. 4), pero fundamentalmente los dichos de aquellos testigos se ven corroborados por la presentación de la ficha clínica del Sanatorio de la Trinidad «Mitre» (ver fs. 582), donde se deja constancia que asistieron al actor el 25 de marzo del 2006, es decir el día después del partido de fútbol en cuestión, por haber sufrido traumatismo de tobillo derecho y fractura de maxilar.-

Si bien la aseguradora se queja que el actor no haya requerido atención médica de manera inmediata dentro del estadio, ni en un nosocomio cercano a su domicilio, lo cierto es que frente a un hecho ocurrido el día 24/03/2006 a las 20hs aproximadamente, donde luego llovió de manera torrencial y que ante el requerimiento de su amigo de llevarlo al hospital haya preferido ir a su casa a descansar (ver. fs.434), no desmiente la veracidad de los hechos relatados en su demanda, como así tampoco los datos consignados en la citada ficha clínica labrada en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del mismo centro de salud, donde consta la atención y el tratamiento recibidos por el actor el día siguiente del denunciado accidente.-

Tampoco las especulaciones horarias que formula la aseguradora acerca de la inexistencia de atención médica inmediata, permiten descartar la posibilidad de que el incidente que lesionó al actor hubiese acontecido dentro del estadio, desde que en rigor, el dolor padecido por las golpes recibidos pueden haberse soportado durante la noche y requerido atención hospitalaria recién al día siguiente.-

A su vez, tampoco compromete de manera decisiva el poder convictivo de estas pruebas y de los testimonios rendidos, el hecho de que no hubiese otro medio fehaciente (noticia periodística, denuncia policial, intervención servicio médico del estadio) -tal cual lo referencia la aseguradora en sus agravios (ver. fs. 763)- dando cuenta del incidente que habría determinado la lesión del actor. Tal omisión no puede desvirtuar las evidencias que acreditan la existencia del hecho dañoso, dado que el mismo pudo haber tenido una transcendencia relativa en el marco de las asiduas contingencias del mismo orden que se suceden en los estadios mientras se disputan los encuentros de primera división.-

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: «todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto de los asistentes, con fundamento general en el art. 1198 del Código Civil y especial en la ley 23.184» (Fallos:321:1124 , considerando 11).-

En dicho precedente también se destacó, que la idea de que los organizadores se ocupen sólo del deporte y sus ganancias, mientras que la seguridad es un asunto del Estado, es insostenible, porque la seguridad es un derecho que tienen los consumidores y los usuarios (art.42 de la Constitución nacional), que está a cargo de quienes desarrollan la prestación o la organización bajo su control, porque no es razonable participar en los beneficios, trasladando las pérdidas; éstas debe ser soportadas por quien las genera y no por el resto de la sociedad (Conf. esta Sala, mi voto en libre n° 513.095 del 27/11/08 y libre n° 533.580 del 11/12/09, entre otros precedentes).-

Las consecuencias económicas que podrían derivarse de juicios de responsabilidad civil de los asistentes a espectáculos deportivos, están en manos de los propios organizadores y en la medida que sean rigurosos con la seguridad, sancionen a quienes la pongan en riesgo, tendrán menos reclamos, lo cual constituye un poderoso incentivo para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones.-

En virtud de lo expuesto, los emplazados tenían a su cargo el deber de aportar prueba idónea a efectos de acreditar la eximición de su responsabilidad como organizadores de un evento deportivo; en el caso, que el daño sufrido por el espectador aconteció pura y exclusivamente por culpa de la propia víctima o, eventualmente, de un tercero por quien no debe responderse.-

En el supuesto invocado por el demandante respecto de la agresión sufrida, lo cierto es que tampoco las demandadas pueden pretender declinar su deber de salvaguardar la integridad de los espectadores, cuanto este es un tipo de suceso, en la actualidad, acontece de manera frecuente. Precisamente, la obligación de seguridad que emana de la legislación referida conlleva la adopción de medidas tendientes a evitar este tipo de infortunios.El accionar de terceros dentro del estadio tampoco configura supuesto de excepción de responsabilidad de los emplazados frente a la víctima.-

Por lo demás, al accionante le basta con acreditar que sufrió un daño durante el encuentro deportivo, extremo que se ha cumplido en la especie, razón por la cual -al no haberse aportado elemento alguno que pueda contrarrestar dicha versión y tornar viable la fractura del nexo causal-, las entidades organizadoras del evento deben responder solidariamente por el reclamo promovido en su perjuicio (art. 51 de la ley 24.192). También la citada en garantía deberá hacer frente a la condena -tal cual se analizará mas adelante-, en orden a lo normado por el art. 118 de la ley 17.418.-

En síntesis, de compartirse mi opinión, debería confirmarse este medular aspecto de la sentencia en crisis.-

4°.- Establecido ello, cabe proceder a examinar las restantes quejas introducidas por las partes, en punto a las distintas partidas acordadas a favor del actor.-

Se agravia el demandante en torno a la suma que le fue acordada en concepto de «incapacidad física y psíquica» ($ 30.000).-

Por un lado, el actor solicita la elevación de la partida, sosteniendo que resulta exigua la suma acordada en la instancia precedente. Considera que la Sra.Juez «a quo» tuvo en consideración una incapacidad física del 10%, cuando de acuerdo a las constancias médicas acompañadas por el experto, surge que la misma ha sido establecida en un 15% y que la licenciada en psicología fijó una incapacidad psíquica del 20%. Por tales motivos, solicita la sustancial elevación de la partida fijada.-

A su vez, en los puntos I, II y III de su expresión de agravios, alza sus quejas respecto a la falta de autonomía del daño psíquico, toda vez que el Magistrado de la instancia de grado lo subsumió dentro de la incapacidad sobreviniente.-

Cabe destacar que, esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la incapacidad física y el daño psíquico deben ser valorados en forma conjunta, porque los porcentajes incapacitantes padecidos por el damnificado repercuten unitariamente, lo cual aconseja que se fije una partida indemnizatoria que abarque ambos aspectos, que si bien conforman dos índoles diversas de lesiones, se traducen en el mismo daño, que consiste, en definitiva, en la merma patrimonial que sufre la víctima por la disminución de sus aptitudes y para el desempeño de cualquier trabajo o actividad productora de beneficios materiales (conf. libres de esta Sala nº 261.021 del 2/3/2000; nº 299.193 del 31/8/2000; nº 326.844 del 27/8/2001; n° 602.405 del 18/12/2012 entre muchos otros).-

En cada caso debe adoptarse un criterio que contemple sus específicas circunstancias, especialmente las referidas a la edad de la víctima, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción padecido y la incidencia que ésta posee para el ejercicio de sus actividades (conf. esta Sala ,L.L.1991-B-281).-

La «incapacidad sobreviniente», pericialmente comprobada, conforma un antecedente que tiene aptitud para configurar un daño resarcible, ya que las lesiones de carácter permanente, aunque no ocasionen un inmediato daño respecto de los ingresos, debe ser indemnizada como potencial valor del que la víctima se ve privada, puesto que la indemnización no se circunscribe al aspecto laborativo, sino también a todas las consecuencias que afectan la personalidad y que tienen aptitud para inferir un menoscabo material. No cabe sin embargo entender que esa doctrina tiene un valor absoluto, entendido como que siempre el déficit físico se traduce en un perjuicio patrimonial, porque si bien ello ocurre de ordinario, en la medida que con la indemnización se compensa el riesgo actual de la inseguridad económica en que el inválido queda frente a la vida, de ese riesgo sólo está exento quien por su situación patrimonial está cubierto de cualquier contingencia, como la hipótesis de aquel que por la opulencia de su fortuna no practica actividad lucrativa alguna y tampoco tiene la perspectiva de utilizar su capacidad de trabajo (conf. L lambías, J. J. «Tratado de Derecho Civil – Obligaciones», t. IV-A, nº 2373, pág. 119/120, nota 217 y jurisprudencia allí citada).-

Según surge de la pericia médica presentada a fs. 513/528 de estas actuaciones, el demandante -a raíz del evento- «…ha padecido un traumatismo encéfalo craneano leve con pérdida transitoria de la conciencia, producido por un golpe de puño -trompada- sobre la región temporo mandibular y auricular derecha con fractura de la rama ascendente del maxilar inferior, cuya consolidación y soldadura ha sido imperfecta quedando trastornos de la masticación y abertura incompleta de la boca, éste produce una incapacidad del 10%.» (cfr. fs. 515vta).-

Añadió el profesional interviniente que «El esguince sufrido del tobillo derecho por la caída sufrida y la recuperación incompleta da una secuela que produce una incapacidad parcial del 5%.» (cfr. fs.515vta).-

Con respecto a la faz psicológica, el perito designado de oficio expresó que el actor «Presenta trastornos de estrés post-traumático de tipo neurótico y que se esta haciendo crónico. Necesitando tratamiento psicoterápico. Este trastorno neurótico de estrés postraumático con síntomas hipomaníacos se ubica en la categoría F 43.1 de la clasificación de los Trastornos Mentales y del comportamiento de la OMS CIE-10 generando una Incapacidad del 8%» (cfr. fs. 515vta).-

A fs. 533, el actor solicitó explicaciones acerca del grado de incapacidad consignado con relación a la fractura maxilar. Por su parte, a fs. 536/537 la citada en garantía impugnó la relación de causalidad que el esguince tiene con el accidente de autos, y si el actor ha requerido auxilio psicológico desde el momento del hecho.-

Al contestar las impugnaciones, el experto ratificó la incapacidad del 10% por secuela de la fractura de la rama ascendente del maxilar inferior. Asimismo, manifestó que a «la incapacidad Anatómica Funcional y/o Laborativa es 10% pero a ello se le debe sumar como un todo la incapacidad psicológica que es del 8% resultando que la incapacidad real y efectiva que sufre en la actualidad el actor es de 18%.» (cfr. fs. 579/580).-

Por su parte, la licenciada designada de oficio Claudia Marina Boass, estableció en su experticia -que no fue impugnada por ninguna de las partes- que el actor padece «…una incapacidad psíquica del 20% vinculada exclusivamente a hechos debatidos en autos, de acuerdo a los Baremos de los Dres Castex y Silva» (ver. pericia psicológica de fs. 550/556).-

Para valorar acabadamente este rubro, resulta de vital importancia analizar las características personales de la víctima, quien contaba con 29 años de edad al momento del accidente. Asimismo el expediente seguido por las mismas partes sobre beneficio de litigar sin gastos, (expte.nº 101.928/08), da cuenta de que el actor es abogado y ejerce la profesión de manera independiente, percibiendo en su momento una suma aproximada de $1.500 por mes, de estado civil soltero y que vive en un departamento propiedad de su padre (conf. fs. 1/2, 7, 121/130 del indicado expediente).-

Por consiguiente, juzgo apropiado, en función de los muchos años en que el actor presumiblemente deberá sobrellevar tales limitaciones, elevar el monto en concepto de incapacidad sobreviniente (integrado por los desmedros físicos y psíquicos) a la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000).-

5°.- Seguidamente, cabe abordar el recurso interpuesto por las partes, en torno al rubro «daño moral» ($ 15.000).-

Por un lado, el demandante afirma que es inexacto el concepto establecido por la Sra. Juez «a quo» sobre el daño moral al relacionarlo con las secuelas padecidas, y no con el dolor espiritual, aflicciones y sufrimientos ocasionados por el evento. Por ello, en virtud de las lesiones y secuelas padecidas y el período de convalecencia, solicita el incremento de la suma acordada.-

Por su parte, la compañía aseguradora considera excesivo el monto fijado para enjugar esta partida.Solicita la reducción del mismo, para la eventualidad de probarse la existencia del hecho por el cual se demanda.-

El daño moral puede ser definido como la privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales o como el que no menoscaba al patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a las afecciones legítimas, es decir que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición esencial para esa indemnización que él exista o se haya producido (conf. Llambías, Jorge Joaquín ob. cit. t º I, pág. 271, núm. 243; Cazeaux en Cazeaux-Trigo Represas, ob. cit. tº I, pág. 215; Mayo en Belluscio-Zannoni ob. cit. Tº II, pág. 230; Zannoni, Eduardo «El daño en la responsabilidad civil», pág. 287, núm. 85; Bustamante Alsina, «Teoría General de la Responsabilidad Civil», pág. 179, núm. 556/7; Orgaz, Alfredo «El daño resarcible», pág. 223, núm. 55).-

Si bien pertenece al sagrado mundo subjetivo de los damnificados, para su reparación económica debe traducirse en una suma dineraria y no resulta sencillo determinar su quantum; deben tenerse en consideración las circunstancias del hecho, la persona de la víctima y el daño sufrido en los valores mencionados.-

Pueden destacarse dos cualidades en el daño moral: primera, que él supone, no sólo el dolor de afección, sino también el que resulta de cualquier atentado a la integridad de la persona humana: dolor físico, perjuicio estético.Segunda, que el daño moral debe ser el resultado de un ataque a los derechos de la personalidad, a su patrimonio moral, sea directa o indirectamente, sin que obste a ello la circunstancia de que a la par de él se produzca un perjuicio material para la víctima (conf. Acuña Anzorena, Arturo, «La reparación del agravio moral en el Código civil», La Ley, t. 16, nº 532).-

El perjuicio que deriva de este daño se traduce en vivencias personales de los afectados y en factores subjetivos que tornan dificultosa la ponderación judicial del sufrimiento padecido. No se trata de cuantificar el dolor humano en base a tales subjetividades, ni tampoco atendiendo a la situación económica de la víctima o a la importancia del daño material inferido, sino de elaborar pautas medianamente objetivas que conduzcan a un resultado equitativo, en orden a los padecimiento morales sufridos.-

Tal como se ha apuntado en los párrafos precedentes, el accionante -con motivo al golpe y tropezón sufrido en el estadio del Club San Lorenzo de Almagro- padeció fractura de maxilar inferior y esguince de tobillo derecho que debió ser inmovilizado con valva y fijación tipo Walker. Asimismo, se considera que el actor debió ser intervenido quirúrgicamente de la fractura maxilar inferior el día 1/4/2006 en el Sanatorio de la Trinidad, donde permaneció internado durante 24 horas (cfr. fs. 189/207).-

En ese orden de ideas debe tenerse en cuenta el grado de incapacidad física dictaminado por el perito, como también el de minusvalía psicológica.También debe ponderarse la edad de 29 años con la que el actor contaba al momento de sufrir el accidente y que era una persona activa, que trabajaba de manera independiente.-

El accidente sufrido tuvo incidencia en el ámbito familiar, social y laboral, ha tenido una entidad capaz de perturbar sus justas susceptibilidades y ocasionar un agravio moral indemnizable.-

En virtud de lo expuesto, propongo admitir las quejas introducidas por el actor, desestimar las de sus contrarias y elevar este concepto al importe de veinticinco mil ($ 25.000).-

6°.- Desde otro ángulo, cabe abordar las quejas introducidas por el demandante, en cuanto a la partida «tratamiento psicológico» ($ 8.640).-

El accionante se agravia en torno al monto acordado para enjugar el presente rubro. Sostiene que la licenciada en psicología aconsejó que el tratamiento psicológico para aminorar las consecuencias psíquicas lesivas consista en dieciocho (18) meses de terapia, con dos sesiones semanales a razón de ciento veinte pesos ($120).-

Sobre esta temática, cabe apuntar que la perito psicóloga designada en autos estableció que «Dado que la psicología no es una ciencia exacta, no se puede predecir que el tratamiento aminore las secuelas psíquicas, lo que se puede afirmar que, de no efectuar el tratamiento adecuado, el daño se profundizará. Sería conveniente que efectuara una psicoterapia individual de 18 meses de duración a razón de dos sesiones semanales y a un costo de $120.- por sesión a valores privados, teniendo en cuenta el derecho de libre elección del profesional que asiste al actor. Esta psicoterapia no garantiza curación absoluta, y esta destinada a paliar consecuencias del accidente para evitar la profundización del cuadro» (cfr. fs.555vta).-

Cabe señalar que, en esta causa no se ha aportado constancia que indique que el damnificado haya emprendido tratamiento psicológico alguno, pese al tiempo transcurrido desde la fecha del siniestro (24/06/06), con lo cual el incremento del monto concedido al actor para esta partida, podría resultar un enriquecimiento sin causa en su beneficio.-

En resumidos términos, a mi entender, es natural y probable que con el transcurso del tiempo hayan perdido intensidad las secuelas psicológicas comprobadas, de modo que ya no resulte tan indispensable la observancia de un tratamiento tan prolongado, de las características y frecuencia sugeridas por el experto.-

Pese a esto, la existencia del daño psicológico torna viable la necesidad de encarar un tratamiento de esta índole.-

Por ello, si mi opinión fuese compartida, debería confirmarse la suma asignada en la anterior instancia para enjugar el presente rubro.-

7°.- Desde otro ángulo, habré de abocarme al estudio de las que jas introducidas por el accionante, en relación a la partida «gastos de asistencia médica, farmacológica ($600) y de traslado ($300)».-

Considera el demandante que resulta exiguo el monto acordado para enjugar el presente rubro. Sostiene que no se ha tenido en cuenta el dictamen pericial, donde el Dr. Solá afirmó que los gastos médicos farmacéuticos y de ortodoncia pueden llegar a costar alrededor de cuatro mil pesos. Agrega que también se encuentra acreditado que al Sr. Randi se le fijó alambre quirúrgico en ambas arcadas dentarias superior e inferior derecha e izquierda y que se le colocó una fijación de tipo Walker.Por último, manifiesta que se encuentra demostrado que al momento del hecho el actor vivía en Villa Celina y las atenciones médicas se llevaban a cabo en el barrio de Once, por lo que solicita un incremento en los gastos ocasionados por el traslado.-

Es menester señalar que la jurisprudencia ha sentado un criterio amplio en torno a la admisión de los gastos médico-farmacéuticos-traslado, para cuyo acogimiento no se exigen los comprobantes respectivos, sino que se presume su erogación en función de la entidad de las lesiones inferidas a la víctima, que en la especie, no resultan cuestionables (conf. mis votos en libres nº 285.208 del 20/6/00; nº 330.400 del 4/10/01; nº 339.635 del 5/7/02; nº 363.197 del 11/3/03, entre muchos otros).-

Empero, si la pretendido excede los gastos ordinarios y se reclaman partidas de mayor importancia, es el damnificado quien debe tratar de establecer con la aproximación que sea factible, la entidad del daño, ya que se ha decidido que la deficiencia en la prueba referente al monto de los mismos, gravita en contra de quien tenía la carga de aportarla (conf. Llambías, J. J. «Tratado de Derecho Civil – Obligaciones», t. l, p. 309, nº 248).-

Si bien es cierto, que no se han adjuntado comprobantes que reflejen los desembolsos cuyo reintegro se pretende o bien que no obran en la causa parámetros de referencia, no puede dudarse que el demandante debió llevar a cabo una serie de traslados para efectuar para realizar la rehabilitación, como así también deben tenerse en cuenta los gastos en que seguramente debió incurrir para adquirir la medicación sugerida por los médicos que lo asistieron (cfr. fs.189/207). Ello, claro está, sin perjuicio de los porcentajes de cobertura brindados mediante Galeno, pues se presume que su obra social comúnmente cubre la mayoría de dichos gastos.-

En síntesis, ante la ausencia de otros elementos probatorios que me permitan incrementar el monto acordado para enjugar esta partida, propongo confirmar la suma reconocida para resarcir el presente rubro.-

8°.- A continuación, habré de proceder al estudio de los agravios vertidos por la citada en garantía y por el demandante, en lo relativo a la tasa de interés establecida en el pronunciamiento apelado.

La compañía aseguradora afirma que se ha efectuado una incorrecta apreciación del plenario y que esta Sala ha fijado un criterio correcto en casos análogos. Sostiene que, de corresponderle alguna suma al demandante, debería fijarse una tasa equivalente al 8% anual y la tasa activa debería ser calculada desde la sentencia de alzada y no desde la fecha de mora, salvo en lo atinente a los gastos por tratamiento psicológico.-

Por su parte, el accionante solicita que los intereses correspondientes al tratamiento psicológico futuro comiencen a correr desde la fecha de ocurrencia del hecho y no desde el momento en que quede firme la sentencia.-

Corresponde señalar que, de acuerdo a lo establecido por la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Civil en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.s/ daños y perjuicios» del 20/04/09, sobre el capital reconocido debe aplicarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.-

Empero, toda vez que en la especie se han elevado y confirmado los montos indemnizatorios, de acuerdo a los valores vigentes a la fecha de la sentencia de grado, la indicada tasa debe regir recién a partir de ese pronunciamiento, ya que de imponerse esos intereses desde el origen de la mora, se consagraría una alteración del capital establecido en la sentencia, configurando un enriquecimiento indebido, tal como puntualmente prevé la parte final de la referida doctrina plenaria, al contemplar una excepción a la vigencia de la tasa moratoria legal. Ello así, en la medida de que uno de los factores que consagran la entidad de la referida tasa, lo constituye la paulatina pérdida de valor de la moneda, extremo que en la especie ya ha sido ponderado al definir el capital a los valores vigentes al pronunciamiento apelado.-

Por ello, siguiendo con el criterio mayoritario de esta Sala, desde el inicio de la mora (24 de marzo de 2006) y hasta la sentencia de primera instancia, corresponde se calculen los intereses a la tasa del 8% anual y, sólo desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. CNCiv., esta Sala, L. 504.067, del 20/05/09, entre otros).-

Ello, con la salvedad de la partida «gastos de tratamiento psicológico», la que -por no haber sido aún desembolsada- debería liquidarse conforme a la tasa activa, desde la sentencia de grado.-

9°.-Por último, cabe abordar el agravio introducido por la compañía de seguros en punto a la medida en que se le pude extender la condena, en virtud de la póliza de $5000 (ver. fs.60). Alega que la sentencia omite referencia alguna respecto a los extremos en que ha quedado trabada la litis respecto a su representada, que ha sido traída a juicio en los términos y alcances establecidos en el art. 118 de la Ley de Seguros.-

Es cierto que el actor no planteó la inoponibilidad de la franquicia denunciada por la citada en garantía en su contestación de traslado (cfr fs. 118 apartado B), ni que tampoco formuló manifestación alguna al celebrarse la audiencia preliminar prevista por el art. 360 del Código Procesal o al presentar su alegato (cfr fs. 679/682).-

Recién a la hora de contestar la expresión de agravios (cfr fs. 801/801vta), -habiendo vencido ampliamente los plazos correspondientes para expresarse al respecto- el accionante efectúa una mera disconformidad con las quejas introducidas por la aseguradora sobre este punto, en apoyo a la doctrina sentada en el plenario Obarrio.-

Ahora bien, aún cuando la sentencia no formule una alusión expresa al «descubierto obligatorio» estipulado en el contrato de seguro, lo cierto es que comprometió a la aseguradora «en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y la póliza respectiva», con lo cual quedo admitida la limitación pretendida por el reclamante, lo que hace que el recurso de la aseguradora en este punto, resulte abstracto y como no existe recurso de la víctima, debe entenderse firme la sentencia en cuanto limita la obligación de la aseguradora en los términos pactados con su aseguradora.-

10°.- En suma, voto por confirmar la responsabilidad atribuida a las demandadas en la sentencia de grado.Asimismo, debería elevarse la «incapacidad sobreviniente» a la suma de $ 60.000, el «daño moral» al importe de $ 25.000 y confirmarse el monto de las demás partidas que fueron motivo de agravios.-

En consecuencia, el capital de condena quedaría establecido en la suma total de $ 94.540 ($ 60.000 por «incapacidad sobreviniente», $ 25.000 por «daño moral», $ 8.640 por «tratamiento psicológico» y $ 900 «gastos de asistencia médica, farmacológica y de traslado»).-

A ello deberían adicionarse los intereses, conforme a las pautas fijadas en el apartado 8°.-

11º.- En cuanto a las costas de alzada, toda vez que la emplazada y la citada en garantía han resultado sustancialmente vencidas, las mismas deberían ser soportadas por éstas (conf. art. 68 del Código Procesal).-

El Dr. SEBASTIÁN PICASSO dijo:

I. Coincido en general con el muy fundado voto del Dr. Molteni, aunque estimo necesario efectuar algunas precisiones y dejar expresada una disidencia puntual.-

II. Es indudable que en el caso, como bien lo pone de resalto el Dr. Molteni, pesaba sobre la demandada una obligación de seguridad de resultado. Sin embargo, no se trataba de una obligación tácita con fundamento en el art. 1198 del Código Civil, sino que ella estaba expresamente establecida por las normas legales que acertadamente cita mi colega (arts. 42, Constitución Nacional, 5 , ley 24.240 y 51, ley 23.184, texto según la ley 24.192). Es que, en la actualidad, la sede natural de la obligación de seguridad no es el Código Civil, sino el estatuto del consumidor, que como acabo de señalarlo consagra expresamente el deber de los proveedores de no dañar al consumidor en el ámbito de la relación de consumo.-

Por ello ha dicho este tribunal que, en el terreno de las relaciones de consumo: «Hoy en día, el recurso a esa obligación tácita carece de sentido -y se torna contra legem-, pues rige la obligación de seguridad expresa que dimana de los arts.42 de la Constitución Nacional y 5 de la ley 24.240» (esta sala, L. 591.873 «Romano, Fabio y otro c/ Parque de la Costa S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios», del 21/11/2012).-

III. Esta sala ha puntualizado reiteradamente que, dado que el objeto de la obligación de seguridad consiste en una garantía de indemnidad, su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional. Al deudor que pretende su liberación compete, entonces, la prueba de que el cumplimiento de la obligación de seguridad se había vuelto imposible como consecuencia de un hecho que reúne los caracteres del caso fortuito, en los términos de los arts. 513, 514 y 888 del Código Civil y 10 «bis» de la ley 24.240 (esta sala, L. 581.709, del 25/11/2011, publicado en LL 2 011-F-10, y RCyS 2012-II-156, entre muchos otros).-

A lo que cabe añadir que, como también lo ha precisado esta sala en el ya citado precedente «Romano», cuando se está ante víctimas en situación de vulnerabilidad se verifica una tendencia a exigir, para que proceda la exoneración, una culpa calificada del dañado, como una forma de aumentar su protección (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t 4, p. 282; Alterini, Atilio A., «Incidencia del mero hecho en la ruptura de la relación causal», en La responsabilidad, obra en homenaje al Prof. Goldenberg, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 394 y ss.). Ello es lo que sucede, precisamente, en materia de daños al consumidor, terreno en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho:»los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial» (CSJN, Fallos, 331:819, 333:203), lo que equivale a exigir una culpa grave del consumidor o usuario para que ella pueda tener relevancia causal (vid. mi trabajo «La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema», LL, 2/6/2008, p. 4).-

Bajo esos parámetros es claro que en la especie, y como muy precisamente lo demuestra el voto del Dr. Molteni, la demandada no ha logrado probar que le hubiera resultado imposible cumplir con su obligación de garantizar la indemnidad del consumidor, pues no se acreditó la alegada culpa de la víctima, ni mucho menos que ella fuera grave y revistiera los caracteres de imprevisibilidad o inevitabilidad propios del caso fortuito.-

Por tales fundamentos, y los demás que ilustran el voto de mi colega, coincido con él en cuanto a que corresponde confirmar la sentencia en tanto imputó responsabilidad a las demandadas por los daños sufridos por el actor.-

IV.Me he expedido reiteradamente en el sentido de que, para valorar la incapacidad sobreviniente, resulta aconsejable el empleo de criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (o de la valuación de las tareas no remuneradas que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado.-

Sin embargo, también he sostenido que estas pautas de cálculo no tienen por qué atar al juzgador, por lo que no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa.-

Así las cosas, y dado que los importes que propone el Dr. Molteni para enjugar este rubro lucen equitativos a la luz de las pautas descriptas, votaré con él también en este aspecto.-

V. En lo que atañe a los intereses, y como lo he expuesto en el precedente de esta sala «Piñeiro, Gabriel Alberto c/ Ausilli, José Luis y otros s/ Daños y Perjuicios», del 10/11/2011 (libre n° 574.847), soy de la opinión de que, por aplicación de la doctrina sentada por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A.s/ daños y perjuicios», del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento del hecho, y estimo -por los argumentos que expuse en mi voto en la causa ya citada, a la que me remito- que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria.-

VI. En definitiva, y con las aclaraciones que dejo expresadas, adhiero al voto del Dr. Molteni, excepto respecto de la tasa de interés a aplicar, que en mi criterio debería fijarse de acuerdo a lo establecido en el considerando V del presente voto.-

El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.- FDO. FERNANDO P. CHRISTELLO (SEC.)

Buenos Aires, febrero 27 de 2013

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma todo lo que la sentencia decide y fuera materia de agravios, con excepción de los montos establecidos para enjugar la «incapacidad sobreviniente» y «daño moral», los que se elevan a la suma de Sesenta Mil Pesos ($ 60.000.-) y Veinticinco Mil Pesos ($ 25.000.-), respectivamente. En consecuencia, la condena total se eleva a la suma de Noventa y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Pesos ($ 94.540.-).-

Se modifica la liquidación de los intereses, que deberán calcularse conforme a lo indicado en el apartado 8º del primer voto.-

Declarar abstracto el recurso respecto al alcance de la condena contra la aseguradora y firme la sentencia en cuanto limita su obligación a los términos de la póliza respectiva.-

Las costas de alzada se imponen a la demandada y a la citada en garantía.-

Difiérese la regulación de honorarios hasta tanto se haga lo propio en la instancia de grado.-

Notifíquese y devuélvase.-

HUGO MOLTENI

SEBASTIÁN PICASSO

(EN DISIDENCIA PARCIAL)

RICARDO LI ROSI

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