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El Pro también quiso regular las cautelares en la ciudad, pero no hubo consenso.

Mauri MacriLas medidas cautelares no sólo le provocan dolores de cabeza a la Casa Rosada. En el gobierno porteño, el macrismo también se mostró preocupado por los amparos que frenan medidas y obras en la ciudad. El Pro, en la Legislatura, ya había impulsado sus proyectos para regular los fallos judiciales contra el Estado.

La discusión sobre posibles límites a las cautelares contra el Estado tuvo su debate en la Legislatura porteña, pero los proyectos, por ahora, se quedaron a mitad de camino. La última vez que se discutió fue a fines de 2011, cuando el vicepresidente de la Legislatura, Cristian Ritondo (Pro), presentó un proyecto que obtuvo dictamen, aunque no llegó al recinto por falta de consenso.

Desde la oposición porteña, se preguntan qué ocurrirá a partir de ahora que las restricciones a las cautelares tienen el visto bueno del kirchnerismo, por iniciativa de la Presidenta.

EL PROYECTO DEL PRO

La iniciativa de Ritondo proponía limitar los plazos de las cautelares, aunque de una manera distinta a la que plantea ahora el gobierno nacional -que quiere imponer una vigencia de seis meses para este tipo de medidas-. En el texto del Pro se determinaba que fuera el juez quien fije «un límite razonable de vigencia» al amparo, sin especificaciones de tiempo.

Pautaba, no obstante, que la medida cautelar quedaba caduca si el demandante no impulsaba el proceso en menos de veinte días. Y señalaba también que se podía requerir su levantamiento «si cesaren las circunstancias» que originaron la cautelar.

En diálogo con LA NACION, Ritondo diferenció su proyecto del que se está tratando en el Senado por impulso de Cristina Kirchner. «Lo que proponíamos era que fuera el juez el que estipulara los plazos. Nosotros le conferíamos facultades al juez, en cambio el kirchnerismo ahora se las quiere sacar», explicó.

Consultado sobre el plazo de los veinte días que tendrían los ciudadanos para impulsar el proceso, manifestó: «Lo que proponía era que quien pidiera un amparo tuviera un plazo para presentar las pruebas, para que el conflicto no se extendiera con un costo mayor para la ciudad». «Hicimos este proyecto porque hay muchas cautelares que frenan las obras en la ciudad por cualquier cantidad de tiempo, y eso no puede ser así», agregó el legislador del Pro.

RESISTENCIAS

El proyecto de Ritondo, el N°2429-D-2011, se presentó el 23 de noviembre y obtuvo dictamen en la comisión de Justicia de la Legislatura dos días después. El despacho fue firmado por los diputados del Pro y en disidencia votó únicamente Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica (CC).

«Nos opusimos al proyecto de Ritondo y hoy nos oponemos al de la Presidenta porque tienen el mismo efecto: que los ciudadanos tengan menos elementos de protección cuando quieren defenderse del Estado. La cautelar es lo que el particular usa cuando el Estado abusa», manifestó Sánchez en diálogo con este medio.

Aseguró que el proyecto de Ritondo «fue prioridad» del gobierno porteño. «Siempre al que gobierna le molestan las cautelares, y el Pro está a favor de restringirlas», lanzó Sánchez. Y ejemplificó: «El proyecto del Pro agregaba que, en caso de tratarse de obras públicas, concesiones y demás actos típicos del Poder Ejecutivo, la norma seguiría vigente a pesar del amparo, hasta que se resuelva. O sea: si estuviera vigente el proyecto de Ritondo, el subte hoy tendría que valer $3,50, por lo menos hasta que la Cámara determine lo contrario».

En tanto, Sánchez recordó que «buena parte del kirchnerismo porteño estuvo en contra de la propuesta de Ritondo». Y advirtió: «Me pregunto qué va a pasar ahora que la Presidenta impulsó una iniciativa en el mismo sentido. Quizás la ley nacional habilite al macrismo para seguir el mismo camino en la ciudad».

Lo cierto es que hasta ahora, el dictamen para regular las cautelares en la ciudad no ingresó al recinto de la Legislatura. Ritondo explicó los motivos: «El proyecto no lo tratamos porque no tenía los consensos necesarios y nosotros somos democráticos. Además, nos parecía que no contribuía con la disputa que el Gobierno estaba teniendo con Clarín»..

Fuente: La Nación

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