Responsabilidad del Estado por las lesiones causadas por un perro que era custodiado por un policía cuando ingresaba al estadio de fútbol.

?????????????????????????????Partes: Bazan Carlos W. c/ Gorbierno Provincia Mendoza s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Quinta

Fecha: 27-dic-2012

Cita: MJ-JU-M-77068-AR | MJJ77068 | MJJ77068

Responsabilidad del Estado provincial por las lesiones sufridas por el actor, quien fue mordido por un perro que era custodiado por un policía de la provincia, cuando ingresaba al estadio de fútbol. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:
1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios incoada contra el Estado provincial, pues surge probado que el actor fue mordido por un perro que era custodiado por un policía de la provincia, cuando ingresaba al estadio de fútbol.

2.-Si bien el actor al efectuar la denuncia no indicó que contaba con testigos, y por ende obviamente no dio ningún dato que pudiera identificar ni al personal policial ni al supuesto can que lo había mordido, los testigos no fueron tachados al momento de declarar y no efectuó la parte demandada el más mínimo control en la producción de estas pruebas, por lo que cabe tener por válidas sus declaraciones.

3.-No puede llamar la atención a la apelante que al efectuar la denuncia policial el accionante no hubiera aportado ningún dato ni del policía ni del animal que lo mordió, pues al producirse el accidente el actor se encontraba herido y supuestamente solo, ya que los testigos no han manifestado que hubieran concurrido a la cancha con aquél ni que fueran amigos o conocidos del mismo.

4.-En cualquier caso resulta evidente la responsabilidad de la demandada, pues aún cuando se entendiera que no se ha probado que era la propietaria del perro que mordió al actor, se encuentra acreditado que se servía del animal en la oportunidad de la causación del daño.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil doce, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, los Srs. Jueces titulares de la misma Drs. Adolfo Mariano Rodríguez Saá y Oscar Martínez Ferreyra, no así el Dr. Juan E. Serra Quiroga por haberse acogido a los beneficios jubilatorios, y trajeron a deliberación para resolver en definitiva la causa Nº 84.030/13.780, caratulada «BAZAN CARLOS W. C/ GBNO. PCIA MZA P/ D y P.», originaria del Séptimo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 239/240 y 241por Fiscalía de Estado y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza contra la sentencia dictada a fs. 225/228.

Llegados los autos al Tribunal, a fs. 248 se ordena expresar agravios, lo que se cumple a fs. 251/253. Corrido el traslado de ley, a fs. 256/257 se contesta el recurso, quedando los autos en estado de dictar sentencia a fs. 265.

Practicado el sorteo de ley, quedó establecido el siguiente orden de votación: Drs. Rodríguez Saá y Martínez Ferreyra.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTION: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR.RODRIGUEZ SAA DIJO:

I.- Que en primera instancia se hace lugar par-cialmente a la demanda promovida por la parte actora condenándose al Gobierno de la Provincia de Mendoza a pagar la suma de pesos veintiún mil ($ 21.000.-) con más los intereses establecidos en el punto IV de los fundamentos.

La sentencia es apelada por la parte demandada quien al fundar su recurso sostiene que se agravia por la ausencia absoluta de fundamentos que justifique la condena a su parte, ya que sin pruebas categóricas y precisas se dio por probado que los daños fueron producidos «por un can de la Policía de Mendoza».

Señala que la sentencia se funda en solo dos testimonios que se contradicen con la propia declaración del actor en su demanda y con la prueba informativa incorporada en la causa.

Entiende que no se ha acreditado que el actor hubiera sido mordido por un perro de la Policía y destaca que el informe de la Policía de Mendoza surge de la denuncia efectuada por el propio actor quien, en ese momento no dio ningún dato que pudiera identificar ni al personal policial ni al supuesto can que lo hubiera mordido. Además el Juez de la causa no tuvo en cuenta que el actor nunca denunció ante la Policía que contaba con dos testigos, cuestionando las declaraciones prestadas por los Sres. Olmos y Videla.

Indica que un perro de la Policía se haya registrado y por lo tanto conforme al art. 1.127 y cc. del Cód. Civil para conocer quién es el titular del animal es necesario saber a nombre de quién está registrado. Agrega que aún cuando se aceptara que también responde el guardián la parte actora debió demostrar que una persona que prestaba servicios para la Policía de Mendoza era su guardián y no ejerció el control que las leyes le exigen.Por todo lo dicho considera que no se ha probado en forma indubitable que su parte sea la dueña del perro que su parte causó el supuesto daño, por lo que se ha dictado un fallo sin prueba que lo justificara y/o motivara, por lo que pide se haga lugar al recurso y se rechace la demanda.

Que a fs. 256/257 contesta el recurso la parte actora quien, por las razones allí señaladas pide su rechazo. A fs. 262 consta la intervención de Fiscalía de Estado.

II.- Que si bien la parte demandada procura en esta instancia descalificar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, lo cierto es que las razones dadas al fundar su recurso resultan insuficientes a tal fin, por cuanto se recurre a argumentos insuficientes para cuestionar las pruebas testimoniales rendidas y con las que se ha acreditado que el actor fue mordido por un perro y que éste pertenecía a la Policía de Mendoza, o por lo menos que ésta se servía el día del accidente del animal.

Resulta innecesario expedirme in extenso sobre el marco jurídico en el cual debe ser analizado el caso, por cuanto el mismo ha sido ya en líneas generales correctamente indicado en la sentencia apelada y no ha sido objeto de cuestionamiento en esta instancia.

Basta en esta oportunidad recordar que al damnificado le basta probar la intervención del animal, la calidad de propietarios o guardianes de los demandados y la relación de causalidad entre los daños acaecidos y la actividad del animal. Acreditados estos supuestos -cuya prueba recae sobre el damnificado- y cualquiera sea la postura que se adopte sobre el fundamento de la responsabilidad por el hecho de los animales (presunción de culpa, obligación legal de custodia o riesgo de la cosa), se presume la responsabilidad salvo invocación y prueba por parte del demandado de alguno de los supuestos de liberación. Por lo tanto en este supues-to, la responsabilidad no se configurará si se acredita la culpa de la víctima (arts.1111, 1113 , 1128 y cc. Cód. Civ.), la de un tercero (el que excitó al animal, art. 1125 del C. Civ.), el caso fortuito o aún la causal especial de liberación contenida en el art. 1127, para el caso en que el animal se haya soltado o extraviado sin culpa de la persona encargada de guardarlo, lo que libera al dueño.

En esta instancia se objetan las declaraciones de los Sres. Hugo Eduardo Olmos (fs. 133) y Emmanuel Germán Videla (fs. 134), afirmándose que se contradicen con la propia declaración del actor en su demanda y con la prueba informativa incorporada en la causa. Sin embargo, entiendo que ello no es así, pues sobre los hechos esenciales con relevancia en el caso las dos declaraciones resultan coincidente entre ellas y con el relato de los hechos efectuado por el actor, no pudiendo considerarse por otra parte que se contradicen tampoco con los informes obrantes a fs. 83 y 103 vta. pues nunca los testigos hicieron referencia a la empresa de ambulancia «A TIEMPO EMERGENCIAS» ni indicaron a que hospital fue llevado el actor.

En lo sustancial, no existe contradicción entre las declaraciones testimoniales y el relato de la parte actora, pues todos coinciden en que el día 3 de diciembre de 2.006 estaban por ingresar al estadio Malvinas Argentinas por el sector norte, estando en el lugar también la policía montada y de la división canes, cuando uno de los perros mordió al actor.

Es cierto que el actor al efectuar la denuncia no indicó que contaba con testigos, y por ende obviamente no dio ningún dato que pudiera identificar ni al personal policial ni al supuesto can que lo había mordido, pero no menos cierto es que los testigos no fueron tachados al momento de declarar y no efectuó la parte demandada el más mínimo control en la producción de estas pruebas, ya que no asisten los representantes de la accionada a las audiencias respectivas.De haberlo hecho, la parte demandada hubiera podido repreguntar y de esta manera quizás hubiera obtenido mayores precisiones de los testigos y de las cuales, también quizás, hubieran surgido eventualmente elementos concretos que permitieran dudar de la sinceridad de las respectivas declaraciones.

Frente a esta omisión de la parte demandada y no existiendo elementos en contra del hecho principal indicado por los testigos, no hay motivo alguno para invalidar estas declaraciones y de esta manera debe darse por acreditado que el actor fue mordido por un perro que era custodiado por un agente de la Policía de Mendoza. Comparto en tal sentido el criterio expuesto sobre este tema por el Sr. juez a-quo.

Fuera de ello, no puede llamar la atención a la apelante que al efectuar la denuncia policial el accionante no hubiera aportado ningún dato ni del policía ni del animal que lo mordió, pues no puede dejarse de tener en cuenta que al producirse el accidente el Sr. Bazán se encontraba herido y supuestamente solo, ya que los testigos no han manifestado que hubieran concurrido a la cancha con el actor ni que fueran amigos o conocidos de mismo. Si además declaran que el actor lo atendieron (fs. 134, 2ª. pregunta) y se lo llevaron para curarlo (fs. 133, 2ª. pregunta) y ellos ingresaron a la cancha, mal podría el Sr. Bazán haber dado sus datos personales.

En lo que hace a la no identificación del perro, tal exigencia resulta absurda.

Se afirma además en la fundamentación del recurso que un perro de la Policía se haya registrado y por lo tanto conforme al art. 1.127 y cc. del Cód.Civil para conocer quién es el titular del animal es necesario saber a nombre de quién está registrado, pero olvida la parte apelante tener en cuenta no solo que esta cuestión no fue invocada en primera instancia y por ende resulta novedosa en esta instancia, sino que además si fuera cierto lo afirmado era carga de la misma acreditar en esta causa que efectivamente la Policía de Mendoza tiene registrado administra-tivamente todos los perros que utiliza (art. 179 C.P.C.).

Se sostiene en el recurso que «.el actor debió demostrar que una persona que prestaba servicios para la policía de Mendoza, que se hallaba bajo relación de dependencia con la Provincia, era su guardián, y que no ejerció el control que las leyes exigen».

Esta afirmación carece de sustenta frente a la prueba producida en estos autos, pues ha quedado dicho que con la prueba testimonial rendida se ha probado que la policía estaban en el estadio Malvinas Argentinas uniformada y con perros que se utilizaban como elementos de ayuda para el control de quienes pretendían ingresar a la cancha. Consecuentemente con ello, y no habiéndose alegado ni probado una situación distinta, no solo debe darse por acreditado que los perros eran de propie dad de la Policía, sino también que los agentes que dirigían los perros se encontraban en ejerció de sus funciones, lo que determina entonces que la Provincia de Mendoza deba responder por no solamente por ser la propietaria de perro que ataca al actora y sino también como principal del agente de policía que estaba a cargo de su dirección (art. 1113, primer párrafo, Cód.Civ.).

No resulta aceptable que se sostenga que el actor debió probar que el policía encargado del perro era su guardián y que no ejerció el control que las leyes le exigen, pues la sola presencia del uniformado con el can en un espectáculo público con control de la Policía de Mendoza acredita su condición de guardián y el solo hecho que no lo dominara y el perro mordiera al actor demuestra que no ejerció el control que las leyes le exigen.

Sin perjuicio de lo dicho, no puedo concluir dejar de señalar que en cualquier caso resulta evidente la responsabilidad de la demandada, pues aún cuando se entendiera que no se ha probado que era la propietaria del perro que mordió al actora se encuentra acreditado que se servía en la oportunidad de la causación del daño del animal (art. 1124 C. Civ.).

Conforme a las razones dadas, y dado que entiendo que en esta causa la parte actora ha probado suficientemente que fue mordida por un perro utilizado en la oportunidad por la Policía de Mendoza, la calidad de propietaria o guardiana de la demandada y la relación de causalidad entre los daños acaecidos y la actividad del animal, resulta correcta la resolución condenatoria dictada en primera instancia, pues a su vez en tales condiciones la accionada no ha probado la configuración de alguno de los supuestos de exoneración de responsabilidad a los que he hecho referencia ut supra.

En conclusión, y a modo de resumen, por las razones dadas en los párrafos precedentes, considero que deben rechazarse los agravios expuestos y como consecuencia de ello desestimarse el recurso de apelación interpuesto. Así voto.

Sobre la misma cuestión, el Dr. Martínez Ferreyra expresa que adhiere, por las razones dadas, al voto precedente.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. RODRIGUEZ SAA DIJO:

Que dado el resultado al cual se arriba respecto del recurso interpuesto, corresponde que las costas de la alzada estén a cargo de la parte recurrente (art. 36 C.P.C.). Así voto.

Sobre la misma cuestión, el Dr. Martínez Ferreyra expresa que adhiere, por las razones dadas, al voto precedente.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

MENDOZA, 27 de diciembre de 2.012.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo precedente, este Tribunal,

RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 241 por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza contra la sentencia dictada a fs. 225/228.

II.- Imponer las costas a la parte recurrente (art. 36 C.P.C.).

III.- Regular los honorarios de los Drs. Alejandra Natalia Lanci y María Inés Ramos en las sumas de pesos . ($ .) ($ .), respectivamente (arts. 2,3,4 y 15 L.A.).

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Dr. Adolfo RODRIGUEZ SAA

Dr. Oscar Alberto MARTINEZ FERREYRA

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