Al realizarse la prestación más característica del contrato en Chile la deuda debe ser cancelada en dólares conforme lo convenido

Dolares - PagoPartes: Sociedad Englander Nuss S.A. c/ Montecoman S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 19-oct-2012

Cita: MJ-JU-M-76551-AR | MJJ76551 | MJJ76551

Es improcedente la pesificación pretendida ya que el lugar de cumplimiento del contrato internacional, cuando las partes no lo han designado se define donde se realiza la prestación más característica, en el caso territorio chileno, siendo la ley aplicable la de aquél país, por lo que la deuda debe ser cancelada en dólares conforme lo convenido.

Sumario:

1.-Siendo que los establecimientos comerciales de los justiciables se encuentran ubicados en países que han adherido a la Convención de las Naciones Unidos sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (Chile y Argentina respectivamente), corresponde aplicar sus disposiciones (conf. art. 1.1 de la Convención).

2.-Si bien del texto del Tratado Internacional de Mercaderías surge, en el artículo 54 que la obligación de pagar el precio …comprende la de adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago… , sin embargo, la Convención guarda silencio sobre el tipo de unidad monetaria con la que se debe efectuar el pago, cuestión que deberá ser expresamente prevista en el contrato o bien se tendrá que determinar conforme al derecho nacional aplicable al que conduzcan las reglas de conflicto.

3.-En defecto de la Convención de Viena (art. °7), deviene de aplicación al caso el Derecho Internacional Privado argentino (lex fori) que remite como subsidiariamente aplicable a la validez, naturaleza y obligaciones del contrato a la ley del lugar de cumplimiento.

4.-El art. 1210 del Código Civil dispone que Los contratos celebrados en la República o fuera de ella, que deban ser ejecutados en el territorio del estado, serán juzgados en cuanto a su validez, naturaleza y obligaciones, por las leyes y usos del país en que debieron ser cumplidos, sean los contratantes nacionales o extranjeros y a la luz de la citada norma legal, debe concluirse que si bien el lugar de cumplimiento no ha sido explícitamente fijado (art. 1212 Cód. Civil), puede afirmarse que hay una tácita pero inequívoca designación de aquél.

5.-A los fines de precisar el lugar de cumplimiento de los contratos conmutativos, la doctrina y la jurisprudencia han adoptado en general la teoría de la prestación más característica. Ésta es aquella que en un contrato resulta esencial a él y no común a otros contratos, esto es, el lugar de cumplimiento de la prestación más característica del contrato entendiendo por tal, la no dineraria.

6.-En el caso de la compraventa de mercaderías, lo más característico de este contrato es la prestación del vendedor, que entrega la cosa en propiedad, en tanto el pago del precio es una prestación común a varios contratos.

7.-La cláusula FOB debe entenderse como integrante de los llamados Términos F , los que requieren que el vendedor entregue la mercadería para el transporte de acuerdo con las instrucciones del comprador. Concretamente, el término FOB significa Franco a Bordo (free on borrad) e implican que el vendedor realice la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador debe soportar todos los costes y riesgos de pérdida o daño de la mercancía en aduana para la exportación.

8.-Siendo que el cumplimiento de la obligación más característica del contrato se convino en territorio chileno, forzoso es concluir, a la luz de las normas del derecho internacional privado argentino, que la ley aplicable al caso es la de aquél país y no enerva lo expuesto, lo sostenido por la recurrente en relación a que el término FOB es de utilización en el transporte marítimo y no para el terrestre pues atendiendo a la buena fe con que debe interpretarse la inclusión de la cláusula (conf. art. 7 y conc. de la Convención de Viena ) y la consiguiente aceptación por parte del comprador, sólo cabe concluir que el hecho de que el transporte de los bienes se efectuó en forma terrestre no le resta virtualidad a la misma y, específicamente, a la determinación del momento en que se produjo la entrega jurídica de la mercadería. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 19 días del mes de Octubre del año 2012, reunidas las Señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdo, fueron traídos para conocer los autos caratulados: “SOCIEDAD ENGLANDER NUSS S.A. contra MONTECOMAN S.A. sobre ORDINARIO” (EXPTE. N° 50894/2004) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Matilde E. Ballerini y Ana I. Piaggi. La Sra. Juez Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero no interviene en la presente por hallarse en uso de licencia (R.J.N. 109).

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La Señora Juez de Cámara Dra. Matilde E. Ballerini dijo:

I. La sentencia dictada a fs. 570/586, a cuya exposición de los hechos me remito a fin de evitar estériles reiteraciones, admitió parcialmente la acción promovida por Sociedad Englander Nuss S.A. contra Montecoman S.A. y condenó a ésta a abonarle la suma de setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco dólares estadounidenses (U$S 74.665) con más sus intereses calculados a una tasa del 7% anual y costas.

Para así resolver, el anterior sentenciante consideró que las partes fueron contestes en cuanto a que se habían relacionado a través de un contrato de compraventa internacional de mercaderías, mediante el cual la demandada adquirió de la actora frutos secos para posteriormente comerciarlos en el mercado local.Agregó, que tampoco fue desconocida la entrega de la mercadería vendida.

Señaló que la controversia estaría radicada en determinar si se habían cancelado o no las facturas que instrumentaron la operatoria relatada y, en su caso, la moneda en la que debían ser abonadas y el derecho aplicable al caso.

Luego de analizar la prueba documental, pericial e informativa desplegada en la causa, concluyó que las partes habían pactado como moneda de pago el dólar estadounidense.

A renglón seguido, se introdujo en el estudio de si resultaba aplicable en la especie la normativa de emergencia dictada por el Poder Ejecutivo Nacional y que dispusieron la pesificación de las obligaciones asumidas en moneda extranjera.

Frente a la ausencia de un contrato escrito, resolvió la cuestión de conformidad con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías y aplicando los artículos 1209 y 1210 del Código Civil.

Concluyó que la relación habida entre los justiciables debía ser juzgada -en cuanto a su validez, naturaleza y obligaciones- conforme a las leyes de Chile y que por ello las normas que establecieron la pesificación eran inaplicables.

A continuación analizó si efectivamente existía la deuda reclamada o si, como había postulado la defensa, aquélla había sido totalmente cancelada.

Encontró probada la existencia de ciertos pagos parciales realizados por Montecoman S.A. y otro efectuado por cierta compañía de seguros que garantizaba las operaciones concertadas entre las partes. De allí que estimó que el saldo pendiente de pago ascendía a la suma de U$S 74.665, monto por el cual finalmente prosperó la demanda.

En cuanto a las costas, las impuso a cargo de la demandada en su condición de sustancialmente vencida.

II. Contra dicho pronunciamiento apeló la accionada. Fundó su recurso con la pieza que obra a fs. 611/613 que mereciera el responde de la actora de fs.615/617 vta.

En sustancia la recurrente se agravió porque a) no se aplicaron las normas de emergencia que establecieron la pesificación; y b) porque las costas fueron impuestas a su cargo.

A fs. 620 se expidió la Fiscalía General ante esta Cámara.

IV. A la luz de las quejas ensayadas por la apelante puede concluirse que no se halla controvertido en esta instancia la relación contractual que uniera a los justiciables (compraventa internacional de mercaderías), ni la existencia de una deuda a favor de la actora como resultado de la misma.

Tampoco mereció reparo alguno la conclusión arribada por el Sr. Juez a quo referida a que las partes habrían convenido como moneda de pago original al dólar estadounidense, recuérdese que al contestar la acción la demandada refirió que pese a lo establecido en las facturas emitidas por la actora, en realidad se habría pactado como moneda para el pago al peso argentino (ver fs. 56 vta).

Sin embargo, desestimado el argumento por el anterior sentenciante, no fue cuestionada tal decisión, ergo no puede ser revisado por este Tribunal (CPr. 271 ).

V. Ahora bien, la recurrente sí criticó que no se aplicaran las normas que establecieron en nuestro país la pesificación de las obligaciones dinerarias. Fundó su queja argumentando que era incorrecto lo resuelto por el magistrado de la anterior instancia en cuanto juzgó como lugar de cumplimiento de la compraventa el territorio chileno, sin atender a que se trataba de un contrato con prestaciones recíprocas.

Además adujo que no se había denunciado cuál sería la norma del derecho de nuestro país vecino que establecería la obligación de pagar en la moneda pactada e insistió en la aplicación de la ley 25.561 y del decreto 214/02 .

VI.El agravio no será admitido.

Tal como fuera señalado en la sentencia recurrida, siendo que los establecimientos comerciales de los justiciables se encuentran ubicados en países que han adherido a la Convención de las Naciones Unidos sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (Chile y Argentina respectivamente), corresponde aplicar al sub examine sus disposiciones (conf. art. 1.1 de la Convención).

Del texto del mencionado tratado, surge en el artículo 54 que la obligación de pagar el precio “…comprende la de adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes para que sea posible el pago…”. Sin embargo, la Convención guarda silencio sobre el tipo de unidad monetaria con la que se debe efectuar el pago, cuestión que deberá ser expresamente prevista en el contrato o bien se tendrá que determinar conforme al derecho nacional aplicable al que conduzcan las reglas de conflicto (conf. Garro, Alejandro, Zuppi, Alberto “Compraventa Internacional de Mercaderías” pág. 222 y sgtes, ed. La Rocca, Bs. As., 1990).

En defecto de la Convención de Viena (art. °7), deviene de aplicación al caso el Derecho Internacional Privado argentino (lex fori) que remite como subsidiariamente aplicable a la validez, naturaleza y obligaciones del contrato a la ley del lugar de cumplimiento.

En este línea de ideas recuérdese que el art. 1210 del Código Civil dispone que “Los contratos celebrados en la República o fuera de ella, que deban ser ejecutados en el territorio del estado, serán juzgados en cuanto a su validez, naturaleza y obligaciones, por las leyes y usos del país en que debieron ser cumplidos, sean los contratantes nacionales o extranjeros”.

A la luz de la citada norma legal, coincido con el Sr. Juez a quo respecto a que si bien el lugar de cumplimiento no ha sido explícitamente fijado (art. 1212 Cód.Civil), puede afirmarse que hay una tácita pero inequívoca designación de aquél.

Es que a los fines de precisar “el lugar de cumplimiento” de los contratos conmutativos, la doctrina y la jurisprudencia han adoptado en general la teoría de la prestación más característica. Ésta es aquella que en un contrato resulta esencial a él y no común a otros contratos, esto es, el lugar de cumplimiento de la prestación más característica del contrato entendiendo por tal, la no dineraria (conf. Rouillon, Adolfo A.N. “Código de Comercio anotado y comentado” T. I, pág. 644, ed. La Ley, Bs. As., 2005; CNCom. Sala E, in re “Cervecería y Maltería Paysandú S.A. c/ Cervecería Argentina” del 07/11/2002, LL.2003-D,416, idem, in re “Deutsche Bank Aktiengellschaft Filiale Stuttgart c/ Sin Jin Tex San Luis S.A.” del 19/06/2012).

En el caso de autos (compraventa de mercaderías), lo más característico es la prestación del vendedor, que entrega la cosa en propiedad, en tanto el pago del precio es una prestación común a varios contratos.

Así, la inclusión de la cláusula FOB en las facturas cuyo cobro se pretende (ver copias de las mismas a fs. 7, fs. 9, fs. 11, fs. 13, fs. 15 y fs. 17) importó que la entrega de la mercadería (jurídica, no material) sea efectivizada en la ciudad de San Bernardo, Chile (de acuerdo a las cartas de porte que en copia obran a fs. 8, fs. 10, fs. 12, fs. 14, fs. 16 y fs. 18).

Sabido es que este tipo de cláusula debe entenderse como integrante de los llamados Términos “F”, los que requieren que el vendedor entregue la mercadería para el transporte de acuerdo con las instrucciones del comprador. Concretamente, el término FOB significa Franco a Bordo (free on borrad) e implican que el vendedor realice la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido.Esto quiere decir que el comprador debe soportar todos los costes y riesgos de pérdida o daño de la mercancía en aduana para la exportación (conf. CNCom. Sala A, in re “Bravo Barros, Carlos Manuel del Corazón de Jesús c/ Martínez Gares Salvador” del 31/05/2007 ED 225-591; Sala F, in re “Ecotune (India) Private LTD c/ Cencosud” del 07/10/2010).

Resumiendo, siendo que el cumplimiento de la obligación más característica del contrato se convino en territorio chileno, forzoso es concluir, a la luz de las normas antes citadas, que la ley aplicable al casus es la de aquél país.

No enerva lo expuesto, lo sostenido por la recurrente en relación a que el término FOB es de utilización en el transporte marítimo y no para el terrestre. Primero, porque el mismo recién fue introducido en esta instancia, lo que de por sí obstaría a su consideración (CPr. 277 ); y segundo porque atendiendo a la buena fe con que debe interpretarse la inclusión de la cláusula (conf. art. 7 y conc. de la citada Convención) y la consiguiente aceptación por parte del comprador, sólo cabe concluir que el hecho de que el transporte de los bienes se efectuó en forma terrestre no le resta virtualidad a la misma y, específicamente, a la determinación del momento en que se produjo la entrega jurídica de la mercadería.

VII. Establecido entonces que la ley chilena es la aplicable en la especie, se sigue de ello que la operatoria que vinculó a las partes encuadra en el supuesto de exclusión previsto en el artículo 1° inc.”e” del decreto N° 410/02 que dispuso que no se encontraban incluidas en la conversión a pesos establecida por el artículo 1° del decreto N° 214/02 “Las obligaciones del Sector Público y Privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera”

En este sentido, reiteradamente han sostenido nuestros Tribunales que la pesificación prevista por el decreto 214/02, no resulta de aplicación al crédito derivado de una venta de mercaderías efectuada desde el extranjero bajo modalidad FOB, toda vez que la entrega quedó satisfecha al colocarla a bordo del transporte en el lugar de embarque convenido y, por tanto, sujeta a la ley extranjera, con lo cual se verifica la excepción al régimen de conversión monetaria contemplada en el decreto 410/02, art. 1, inc. e (ver entre otros CNCom. Sala E, in re “Deutsche Bank Aktiengellschaft Filiale Stuttgart c/ Sin Jin Tex San Luis S.A.” del 19/06/2012 y fallos allí citados).

Por ende, toda vez que la recurrente no controvirtió en esta instancia que las partes establecieron como moneda de pago el dólar estadounidense ni que fue demostrada la existencia de una deuda a favor de la actora, forzoso es concluir, también desde este enfoque, que aquélla debe ser cancelada en la moneda extranjera convenida.

En consecuencia, tal como fuera adelantado, se desestima la queja.

VIII. Resta ahora avocarse al estudio de la crítica esbozada con relación a la forma en que fueron impuestas las costas.

Como dijera anteriormente, la apelante se agravió porque el anterior sentenciante impuso que la totalidad de las costas debían ser soportadas por su parte.Consideró que, en tanto el monto por el cual prosperó la acción fue inferior al que pretendiera la actora en su escrito inaugural, aquéllas debían ser soportadas en el orden causado o bien establecerse en proporción al éxito obtenido.

Le asiste razón a la apelante.

En efecto, en la especie la accionante invocó que la deuda reclamada ascendía a la suma de U$S 103.115, sin embargo, como refirió el anterior sentenciante, en su contabilidad se encontraban registrados pagos parciales efectuados por la demandada que disminuían la misma a la suma de U$S 95.915 (ver fs. 417/421 y fs. 582).

Esta última además logró demostrar que esa deuda también había sido parcialmente cancelada por la Compañía de Seguros Generales Coface Chile S.A. en virtud de un seguro contratado que garantizaba el negocio de marras (ver fs. 89 y fs. 92 del exhorto diplomático tramitado ante la Corte Suprema de Chile y reservado en sobre N° 89618 que en este acto se tiene a la vista), en virtud de lo cual el Sr. Juez a quo finalmente fijó el monto en la suma de U$S 74.665.

En consecuencia, encuentro configurada en la especie una excepción al principio objetivo de la derrota, que autoriza a disponer que las costas generadas en la anterior instancia sean soportadas en un 75% a cargo de la demandada y un 25% a cargo de la accionante (conf. CPr. 68 y 71 ).

Con tal alcance, se admite la queja.

IX. En cuanto a las generadas en esta instancia, atento la forma en que se resuelve el recurso, serán soportadas en el orden causado.

Como corolario de todo lo expuesto, si mi criterio es compartido, propongo al Acuerdo: 1) Admitir parcialmente el recurso de fs. 589 y, en consecuencia, confirmar en lo principal que decide la sentencia dictada a fs. 570/586, modificándola únicamente con el alcance que surge del punto IX del presente; y 2) imponer las costas de esta instancia en el orden causado.

He concluido.

Por análogas razones la Doctora Ana I. Piaggi adhiere al voto que antecede. Con lo que se terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara. Es copia fiel del original que corre a fs. del Libro de Acuerdos Comercial Sala B.

JORGE DJIVARIS

SECRETARIO

 

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