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El silencio del trabajador a la instrumentación de cambios peyorativos en la estructura salarial no obsta a posteriores reclamos

Derecho (2)Partes: Perez Matías c/ MAPFRE Argentina Seguros S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

 Sala/Juzgado: IX

Fecha: 13-nov-2012

Cita: MJ-JU-M-76834-AR | MJJ76834 | MJJ76834

El hecho de que el trabajador haya guardado silencio a la instrumentación de cambios peyorativos en la estructura salarial, no constituye alegación de una causa legalmente prevista para su validez.

  Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en cuanto hizo lugar a las pretensiones reliquidatorias articuladas, producto del alegado pago insuficiente de la liquidación final, que tuvo lugar con motivo del despido ad nutum del accionante, pues el hecho de que el trabajador haya guardado silencio a la instrumentación de cambios peyorativos en la estructura salarial, no constituye alegación de una causa legalmente prevista para su validez, pues sabido es que ello no obsta a posteriores reclamos, cuando tales modificaciones implicaron la renuncia de derechos acordados por la ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo (arts. 12  y 260  de la LCT.).

2.-En ejercicio de sus facultades de organización (art. 64  de la LCT.) el empleador está legitimado para establecer una política de remuneraciones -con la reserva de la intangibilidad de los mínimos legales y convencionales- y el trabajador, al ingresar, normalmente se ajusta a esos parámetros; una vez ejercida por el empleador esa facultad y perfeccionado el acuerdo de voluntades con la aceptación, no puede ser modificado unilateralmente, ni en forma bilateral, si el cambio constituye en definitiva un perjuicio para el trabajador.

3.-La apelante no cumplió en definitiva con la obligación de hacer que impone el art. 80  de la LCT., pues los instrumentos acompañados a la causa no se ajustan a lo que se ha tenido como verdad en el proceso, que es lo que resulta vinculante para las partes.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 2012, para dictar sentencia en los autos «PEREZ, Matías c. MAPFRE ARGENTINA SEGUROS SA s. despido» se procede a votar en el siguiente orden:

El doctor Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

I.- Ambas partes vienen en apelación contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar, en lo sustancial, a las pretensiones reliquidatorias articuladas en el inicio, producto del alegado pago insuficiente de la liquidación final, que tuvo lugar con motivo del despido ad nutum del accionante.

II.- Trataré en primer orden el recurso de la demandada, que propone la revisión global de lo resuelto. A ese fin, sostiene que el pago de las partidas salariales e indemnizatorias se ajustó a derecho y que en el marco del contrato de trabajo del actor fueron celebrados diferentes acuerdos en virtud de los cuales se modificó el esquema comisional y el sistema de incentivos de su haber mensual.

III.- A mi modo de ver, el planteo es ineficaz para conmover el fundamento central del decisorio.

En efecto, los testimonios de Costa (fs.96/98), Poles (fs.99/100), Frasca (fs.168/170), Saccolitti (fs.171) y Correas (fs.172/173) -brindados por compañeros de trabajo, que cumplían funciones similares a las del accionante- permiten corroborar la conclusión a la que arribó la señora Juez a quo, en el sentido que surge de manera clara e inequívoca las constantes variaciones introducidas en la constitución de los salarios, lo cual permite inferir la existencia de perjuicios patrimoniales concretos en detrimento del dependiente (artículos 90  y 386  del CPCCN). No se debe perder de vista que la prueba testimonial resulta ser un elemento fáctico autónomo y suficiente a fin de demostrar los extremos invocados en el escrito de inicio, en los específicos términos previstos en el artículo 377  del CPCCN.En la especie, la disminución en los niveles remuneratorios de los vendedores en general, producto de las modificaciones introducidas a instancias de la recurrente; extremos sobre los cuales informaron de manera conteste las declaraciones, que fueron analizadas debidamente por la magistrada que me precede en grado de actuación -a cuyo fin a ella me remito en honor a la brevedad-, las cuales dieron suficientemente cuenta de los cambios peyorativos en la estructura salarial del personal, entre ellos, los del actor.

Por lo demás, concuerdo con el lineamiento seguido en el fallo, en el sentido que el hecho de que el trabajador haya guardado silencio a la instrumentación de esos cambios, no constituye alegación de una causa legalmente prevista para su validez, pues sabido es que ello no obsta a posteriores reclamos, cuando tales modificaciones implicaron la renuncia de derechos acordados por la ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas de trabajo (artículos 12  y 260  de la LCT). No debe pasarse por alto que el salario es, desde el punto de vista de la estructura de la relación, una modalidad esencial del contrato. En ejercicio de sus facultades de organización (artículo 64  de la LCT) el empleador está legitimado para establecer una política de remuneraciones -con la reserva de la intangibilidad de los mínimos legales y convencionales- y el trabajador, al ingresar, normalmente se ajusta a esos parámetros.Una vez ejercida por el empleador esa facultad y perfeccionado el acuerdo de voluntades con la aceptación, no puede ser modificado unilateralmente, ni en forma bilateral, si el cambio constituye en definitiva un perjuicio para el trabajador.

A todo evento, resulta por demás evidente que lo informado por el perito contador (quien puso de manifiesto la postura reticente de la quejosa, que no puso a disposición la documentación contable; ver fs.155), no puede conducir sino a la operatividad del artículo 55  de la LCT, con la consecuente desestimación de las objeciones planteadas, comprensiva incluso del monto global que accede a las diferencias salariales admitidas, con implícita remisión al artículo 56 del mismo ordenamiento sustantivo; pues, la propia recurrente ha sido quien contribuyó a obscurecer la dilucidación del caso bajo estudio.

A mayor abundamiento, cabe remitir -a esta altura- a lo decidido en el marco de la actuación plenaria de esta Cámara, cuya doctrina es de observancia obligatoria en los términos del artículo 303  del CPCCN, en orden al derecho que le asiste al promotor de una AFJP de percibir la comisión por afiliación, en los términos del artículo 108 de la LCT, independientemente del ingreso del aporte respectivo (Plenario nro.317 del 27.12.2007, en autos «Aguirre, Olga Magdalena vs. Consolidar AFJP SA» ).

Sólo cabe agregar que el monto consignado en la sentencia, como abonado por la empresa en concepto de liquidación final, obedeció a un yerro involuntario, dado que el propio demandante reconoció haber percibido la suma de $19.255,03 (ver fs.4) y no el importe de $1.225,03 como erróneamente se transcribió en el fallo.

IV.- En lo atinente a la multa prevista en el artículo 45  de la ley 25.345, estimo que el emprendimiento recursivo de la demandada es igualmente inconducente.Digo ello, porque la apelante no cumplió en definitiva con la obligación de hacer que impone el artículo 80  de la LCT, pues los instrumentos acompañados a la causa -cuya copia luce a fs.35I/37- no se ajustan a lo que se ha tenido como verdad en el proceso, que es lo que resulta vinculante para las partes. Desde tal óptica, se debe entender que la empleadora no dio cabal cumplimiento a lo normado en el artículo 45 citado y por ello se verifica en el caso el presupuesto de procedencia al que alude la norma legal.

V.- Los términos en que fue formulada la presentación de fs.206/210 por el actor, indican que el pronunciamiento recurrido resulta inapelable, en razón de que el valor que se cuestiona no excede el equivalente a trescientas (300) veces el del derecho fijo previsto en el artículo 51 de la ley 23.187 (artículo 106 , ley 18.345). En consecuencia, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación.

VI.- En lo que atañe a los pronunciamientos sobre costas y honorarios, sugiero confirmarlos, ya que la demandada resultó globalmente vencida y por ello no encuentro mérito para apartarme del principio general que rige en la materia, producto del hecho objetivo de la derrota (artículo 68, primer párrafo , del CPCCN). Respecto de la regulación de honorarios de los profesionales actuantes, porque guardan razonabilidad con relación a la importancia, el mérito y la extensión de las tareas desarrolladas y pautas arancelarias de aplicación (artículos 6°, 7°  y 19  de la ley 21.839, 3°  del decreto-ley 16638/57 y 38  de la ley 18.345).

VII.- Por lo expuesto, propongo que se confirme la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios; se impongan las costas de alzada a la demandada (artículo 68, primer párrafo , del CPCCN) y e regulen los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los asignados en grado (artículo 14  de la ley 21.839).

El doctor Roberto Pompa dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

El doctor Gregorio Corach no vota (artículo 125 de la LO).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: 1.- Confirmar la sentencia de fs.197/205 en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios; 2.- Imponer las costas de alzada a la accionada; 3.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de los asignados en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ante mi:

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