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No se aplica la caducidad del plazo de prescripción para excluir al socio al actuar en competencia con la sociedad en forma continuada

42-18951761_120dpibaja5-300x199Partes: Advance Vision S.R.L. c/ Pasquariello Carlos Alberto s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 4-oct-2012

Cita: MJ-JU-M-76438-AR | MJJ76438 | MJJ76438

La imputación al socio de estar actuando en competencia con la sociedad actora, por una operatoria que habría sido continuada en el tiempo y exhibiría la intención del demandado de seguirla practicando, exceptúa la aplicación del plazo de caducidad para excluirlo.

Sumario:

1.-El plazo de caducidad previsto en el art. 91  de la ley 19550 se computa desde el día siguiente a aquel en que la sociedad toma conocimiento del hecho justificativo de la exclusión de que se trate.

2.-La circunstancia de que un socio conozca en determinado momento la existencia de ese hecho, no autoriza a sostener que ese conocimiento deba imputarse a la misma sociedad.

3.-El conocimiento de la causal de exclusión del socio debe ser pleno y basado en datos inequívocos, sin que resulten suficientes vagas sospechas. Y esto, por razón de la misma naturaleza de las cosas que el instituto involucra: si para la exclusión de un socio -aun decidida por la sociedad- es necesario obtener una sentencia judicial que así lo disponga, obvio es que dicha sociedad (o alguno de sus otros socios, en su caso) sólo se hallará en situación de ejercer este derecho cuando se encuentre en condiciones de poder probar -con el grado de certidumbre que exige una condena- el grave incumplimiento que reprocha a aquel de sus miembros cuya exclusión pretende.

4.-Es razonable admitir que la concreta imputación que se efectúa hoy al demandado, a quien se acusa de competencia desleal, exige llevar a cabo toda una investigación que diera cuenta de que, existían elementos suficientes para concluir que el nombrado había actuado en competencia con el ente.

5.-Si se admitiera que el sólo paso de los noventa días previstos en el art. 91 de la ley 19550 tiene el efecto de colocar a la sociedad en la imposibilidad de denunciar a aquellos efectos una conducta persistentemente ilícita de su socio, se arribaría a la asistemática conclusión de que tal socio desleal accedería, por el mero transcurso de ese tiempo, a una especie de licencia para continuar con tal actuación ilegítima y dañosa para la sociedad sin verse expuesto a sufrir ninguna exclusión.

6.-Interpretado que el paso del plazo previsto por el art. 91 de la ley 19550 coloca a la sociedad en la imposibilidad de iniciar la exclusión del socio, la sociedad quedaría inerme frente a esa actuación ilícita, que podría continuar sucediendo en forma continua sin poder ser invocada en el futuro a estos efectos, pese a que, por su gravedad, podría conducir a la configuración de una hipótesis de disolución social. Interpretación semejante no puede ser admitida, desde que, precisamente, el instituto de la exclusión de socios no es sino un arbitrio concebido para evitar dicha disolución.

7.-El art. 91 de la ley 19550 expresamente dispone que el derecho de exclusión se extingue …si no es ejercido en el término de noventa días siguientes a la fecha en la que se conoció el hecho justificativo de la separación… , lo cual habilita a sostener que esa forma de cómputo sólo procederá cuando, como allí se expresa, se trate de una causal de exclusión exteriorizada por medio de un único hecho dotado de cierta autonomía y no cuando se esté ante una sucesión continua de hechos ilícitos, que, como parece obvio, no podrían por aquel motivo quedar purgados.

8.-El criterio del juez ha de ser lo suficientemente amplio y elástico para no convertir en ilusorio un justo derecho que la ley otorga al ente N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 4 de octubre de 2012.

Y VISTOS:

I. Viene apelada la resolución de fs. 425/429 por medio de la cual la a quo declaró la caducidad del derecho a excluir al Sr. Pasquariello en los términos del art. 91  de la ley 19.550 invocado por la sociedad demandante.

II. El recurso fue sostenido a fs. 436/447 y contestado por el emplazado a fs. 449/452.

III. No es hecho controvertido que el plazo de caducidad previsto en el citado art. 91 se computa desde el día siguiente a aquel en que la sociedad toma conocimiento del hecho justificativo de la exclusión de que se trate.

No obstante, la circunstancia de que un socio conozca en determinado momento la existencia de ese hecho, no autoriza a sostener que ese conocimiento deba imputarse a la misma sociedad (Jorge O. Zunino, «Sociedades comerciales, disolución y liquidación», T.I, pág. 183, edit. Astrea, 1984).

A ello se agrega que el conocimiento de la causal de exclusión debe ser pleno y basado en datos inequívocos, sin que resulten suficientes vagas sospechas. Y esto, por razón de la misma naturaleza de las cosas que el instituto involucra:si para la exclusión de un socio -aun decidida por la sociedad- es necesario obtener una sentencia judicial que así lo disponga, obvio es que dicha sociedad (o alguno de sus otros socios, en su caso) sólo se hallará en situación de ejercer este derecho cuando se encuentre en condiciones de poder probar -con el grado de certidumbre que exige una condena- el grave incumplimiento que reprocha a aquel de sus miembros cuya exclusión pretende.

Aplicados estos conceptos al caso, parece claro que la secuencia de los hechos que tuvo lugar a partir de la convocatoria a la primera reunión en la que se trató el asunto -hito tomado por la señora magistrada de grado como dies a quo del aludido plazo- no habilita a sostener que la sociedad se encontrara ya a partir de entonces dotada de ese conocimiento pleno que es presupuesto de la acción que inició.

Por el contrario: parece razonable admitir que la concreta imputación que se efectúa hoy al demandado exigía llevar a cabo toda una investigación que diera cuenta de que, tal como hoy se sostiene, existían elementos suficientes para concluir que el nombrado había actuado en competencia con el ente, todo lo cual la actora intentó indagar en el marco de esas sucesivas reuniones que realizó con citación de aquél.

En tales condiciones, se diluye la posibilidad de fijar el dies a quo del plazo más arriba referido a partir de la primera de esas convocatorias, dado que, como parece claro, mediante tal arbitrio la sociedad sólo intentó recabar del propio demandado los datos vinculados con los hechos debatidos.

Pero, con prescindencia de ello, lo cierto es que, aun cuando tal conclusión no fuera compartida, razones de otro orden conducirían a la misma solución.

En efecto:la causa de exclusión que se invoca -acerca de cuya viabilidad esta Sala no abre juicio por ser inoportuno- radica en la imputación al demandado de estar actuando en competencia con la sociedad actora; competencia que habría quedado evidenciada por transferencias de mercadería efectuadas por el nombrado a favor de otra sociedad también integrada por su parte, por la desviación de los clientes de la actora hacia esta última sociedad, por importaciones no llegadas a destino y por otras diversas actuaciones.

Es decir: no se trató de una imputación fundada en un hecho aislado o puntual, sino de una operatoria que, de comprobarse, habría sido continuada en el tiempo y exhibiría la intención del demandado de seguirla practicando.

En tales condiciones, se diluye la posibilidad de aplicar mecánicamente al caso el criterio que, para decidir la caducidad del plazo en cuestión, fue expuesto en la sentencia apelada.

Y ello por cuanto, si se admitiera que el sólo paso de los noventa días previstos en el citado art.91 tiene el efecto de colocar a la sociedad en la imposibilidad de denunciar a aquellos efectos una conducta persistentemente ilícita de su socio, se arribaría a la asistemática conclusión de que tal socio desleal accedería, por el mero transcurso de ese tiempo, a una especie de «licencia» para continuar con tal actuación ilegítima y dañosa para la sociedad sin verse expuesto a sufrir ninguna exclusión.

Así interpretadas las cosas, la sociedad quedaría inerme frente a esa actuación ilícita, que podría continuar sucediendo en forma continua sin poder ser invocada en el futuro a estos efectos, pese a que, por su gravedad, podría conducir a la configuración de una hipótesis de disolución social.

Interpretación semejante no puede ser admitida, desde que, precisamente, el instituto de marras no es sino un arbitrio concebido para evitar dicha disolución.

Por lo demás, la misma redacción que el legislador otorgó a la norma en cuestión parece descartar que dentro de su ámbito se encuentre comprendido el supuesto aquí planteado.

Y esto, puesto que tal norma expresamente dispone que el derecho de exclusión se extingue «.si no es ejercido en el término de noventa días siguientes a la fecha en la que se conoció el hecho justificativo de la separación.» (sic, el subrayado no está en el texto), lo cual habilita a sostener que esa forma de cómputo sólo procederá cuando, como allí se expresa, se trate de una causal de exclusión exteriorizada por medio de un único hecho dotado de cierta autonomía y no cuando, como se pretende en el caso, se esté ante una sucesión continua de hechos ilícitos, que, como parece obvio, no podrían por aquel motivo quedar purgados.

Por ello, y siendo que el criterio del juez ha de ser lo suficientemente amplio y elástico para no convertir en ilusorio un justo derecho que la ley otorga al ente (Zunino, op. cit., T.I, pág. 184, edit. Astrea, 1984), corresponde decidir la cuestión del modo adelantado.

IV. Por ello se RESUELVE: admitir el recurso interpuesto por la parte actora y revocar la resolución recurrida. Costas al vencido (art. 68  del código procesal).

Devuélvase al Juzgado de grado encomendándose a la a quo que tenga a bien disponer las comunicaciones del caso.

Eduardo R. Machin, Juan R. Garibotto, Julia Villanueva. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia del original que corre a fs. 458/9 de los autos de la materia.

Eduardo R. Machin

Juan R. Garibotto

Julia Villanueva

Rafael F. Bruno

Secretario

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