La puesta a disposición de los certificados mediante carta documento no basta por sí sola para configurar la mora de la acreedora.

SelloPartes: Carbonel Barbara Sabrina c/ Babbo S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 28-nov-2012

Cita: MJ-JU-M-77080-AR

La puesta a disposición de los certificados efectuada mediante carta documento no basta por sí sola para configurar la mora de la acreedora, ya que la demandada no acreditó la no concurrencia de la trabajadora a recibirlos con posterioridad a la mencionada interpelación.

Sumario:

1.-Corresponde modificar la sentencia apelada, y consecuentemente hacer parcialmente lugar a la demanda interpuesta, al entenderse que la puesta a disposición de los certificados efectuada mediante carta documento no basta por sí sola en el presente caso para configurar la mora de la acreedora, ya que -reitero- la demandada no acreditó la no concurrencia de la trabajadora a recibirlos con posterioridad a la mencionada interpelación.

2.-El hecho de poner a disposición no es sino una mera exteriorización de la voluntad que sólo traduce una actitud frente a un acontecer que no escapa a la mera subjetividad, no pudiendo, por tanto, alcanzar a producir los efectos de una intimación que, como tal, importe condicionar el comportamiento del acreedor que se ve obligado a adoptar su conducta a los lineamientos que le fija el deudor, imponiéndole de tal manera asumir un proceder activo frente a la reclamación formulada.

3.-En el Derecho del Trabajo el postulado fundamental radica en la consideración, como punto de partida, de la existencia de desigualdad entre las partes laboral y empleadora, que reclama un tratamiento desigual, a fin de lograr cierta nivelación.

4.-Si se alega la existencia de un contrato de trabajo a tiempo parcial comprendido en la norma del art. 92 ter RCT. se afirma una modalidad excepcional al régimen privilegiado por la ley de tiempo indeterminado y por jornada completa (del voto del Dr. Arias Gibert).

5.-El contrato a tiempo parcial no puede ser invocado sin haber cumplido el requisito del art. 90 incs. a) y b) RCT. (del voto del Dr. Arias Gibert).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 28 días del mes de NOVIEMBRE de 2012 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

Contra la sentencia de grado que rechazó la demanda apela la parte actora y, por sus honorarios, el perito contador.

La actora se agravia en primer término por la decisión del juez de grado de considerar que no fue probada la fecha de ingreso alegada en la demanda. Sostiene para ello que la evaluación de la prueba testimonial fue errónea pues no tuvo en cuenta que los testigos que valora se refieren a un mes de ingreso y no a un día determinado. Indica también que no valoró el testimonio de Ojeda que afirmó haberse comunicado telefónicamente con la actora que le ofreció un curso en enero de 2007. No puede olvidarse que la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la acción penden sobre el demandante, a menos que se produzcan supuestos de presunciones simples (como la del artículo 53 RCT) o juris tantum (como las de los artículos 55 o 57 RCT). La norma del artículo 9 RCT requiere supuestos de cumplimiento de la carga probatoria que no resulten decisivos por existir dudas. Adelanto que esta es la situación del caso.

En particular debo señalar que no fue objeto de agravio específico la irregularidad del libro que -por tener una evidente antedatación (la fecha de la rúbrica coincide con el último registro y no con el primero) sino una teórica falta de denuncia del alta temprana. De haberse denunciado la antedatación hubiera sido probable la aplicación de la norma del artículo 55 RCT pues la rúbrica es lo que constituye al libro especial como tal.Sin rúbrica temporánea (que tiende a demostrar que los datos son llenados a partir del momento en que se estampa) técnicamente no hay libro sino meros papeles privados.

No me parece cuestionable que los testigos se refieran a un mes y no a un día en concreto teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha de ingreso ni tampoco resulta convincente -frente a versiones en contrario – la declaración de Ojeda que sin haber concurrido al lugar de trabajo recuerda una comunicación telefónica ocurrida con una antelación de años. No comparto por el contrario la desestimación de las declaraciones de Fernández y Perviú pues la diferencia de un mes en el tiempo transcurrido no es suficiente para desestimarlos cuando dan una razón suficiente de sus dichos. En este orden de ideas, por aplicación de la norma del artículo 9 RCT en su redacción actual de la Ley Nº 26.428 (B.O. 26/12/2008) debo reputar probada la fecha de ingreso denunciada en la demanda, proponiendo modificar la sentencia en este aspecto.

El segundo agravio versa sobre el CCT aplicable a la relación laboral. Para la aplicación de un convenio colectivo de actividad no debe tenerse en cuenta ni la actividad del trabajador (relevante para el supuesto de invocación de un convenio de oficio) ni el objeto social de la sociedad comercial titular de la empresa (una sociedad comercial puede tener varias empresas y éstas, a su vez, varios establecimientos). Lo que sí tiene relevancia es la actividad de la empresa o del establecimiento (del que la persona jurídica de existencia visible o ideal es la titular). Para que en el caso resulte aplicable el Convenio Colectivo de la actividad comercial debía haberse demostrado que esa tarea constituía la actividad principal del establecimiento o que la venta de productos cosméticos adquiría independencia suficiente como para considerarlos un establecimiento en sí en los términos del artículo 6 RCT.Ninguno de estos hechos ha sido demostrado y, por el contrario, los testigos ofrecidos por cualquiera de las partes se refieren al establecimiento como peluquería o escuela de peluquería, por lo que en este aspecto la sentencia debe ser confirmada.

El agravio relativo a la falta de pago de feriados nacionales debe ser declarado desierto pues no indica por qué causa debía considerarse probado el trabajo en esos días.

En cuanto a las diferencias salariales, se agravia la accionante por cuanto se consideró el pago como suficientemente realizado por considerar que el contrato de trabajo fue prestado a tiempo parcial. En mi opinión, sin perjuicio de señalar que el onus probandi de la contratación excepcional por tiempo parcial incumbe a quien pretende una excepción al principio de contrato de trabajo a tiempo determinado y a tiempo completo, es decir el empleador y no la actora.

Si se alega la existencia de un contrato de trabajo a tiempo parcial comprendido en la norma del artículo 92 ter RCT se afirma una modalidad excepcional al régimen privilegiado por la ley de tiempo indeterminado y por jornada completa. Si esto es así, el contrato a tiempo parcial no puede ser invocado sin haber cumplido el requisito del artículo 90 incisos a) y b) RCT. La modalidad consiste en el modo de ser o de manifestarse una cosa o relación. Una modalidad especial es, en términos jurídicos, un régimen distinto del privilegiado por la ley. Al ser establecido como modalidad de contratación especial por el legislador, resulta obvio que por razón de sistema le son aplicables las exigencias de contratación por escrito y justificación objetiva de las condiciones pactadas. De otro modo la norma del apartado 92 ter RCT podría ser fácilmente transgredida por el simple expediente de negar la jornada pactada. En tanto excepción, la prueba de ésta incumbe a quien la alega.Por tanto, en mi opinión, la mera inexistencia del contrato a tiempo parcial es suficiente para rechazar la pretensión defensiva del empleador.

Por este motivo en este aspecto este tramo de la sentencia debe ser modificado haciendo lugar a las diferencias salariales por jornada completa conforme el convenio invocado por la demandada.

Técnicamente no se expresaron agravios con relación a las indemnizaciones por antigüedad y por omisión de preaviso, multas de la ley 234.013 o 1º de la ley 25.323, 2º de la ley 25.323, pues no puede considerarse suficiente expresión de agravios la mención hecha en el punto 4 del petitorio.

Por el contrario sí se agravia concretamente respecto de la entrega de certificados de trabajo y la multa del artículo 80 RCT. Al no coincidir la cosa ofrecida con la cosa debida, pues debía indicarse la fecha de ingreso y remuneración devengada que resulta de este voto de ser compartido. Por ello ha de estarse a lo normado por el artículo 741 del Código Civil y considerarse inexistente el pago de los certificados de trabajo. Por ello corresponde aplicar la multa del artículo 80 RCT.

De conformidad a la norma del artículo 80 RCT el empleador deberá entregar:a) Un certificado de trabajo con indicación de la fecha de ingreso, egreso, categoría laboral y tareas realizadas sin indicar la causa de la finalización de la relación laboral con más indicaciones de la capacitación obtenida durante el curso de la relación laboral;

b) Una certificación (constancia documentada) de pago de las obligaciones de la seguridad social y sindicales;

c) El certificado de remuneraciones y servicios de la ley 24.241 establecido en el formulario ANSeS 6.2.

La irregularidad en la fecha de ingreso configura un ilícito por el que deben responder las personas de existencia visibles demandadas en tanto autores del delito civil de alteración de la fecha de ingreso en los términos del artículo 1081 del Código Civil pues la sociedad solo actúa el ilícito por medio de sus representantes.

A los fines de determinación de las diferencias salariales por los períodos reclamados el perito contador en la oportunidad del artículo 132 LO deberá determinar la diferencia entre las sumas abonadas por el empleador y las que debió haber percibido de haber trabajado en jornada completa con la antigüedad indicada en el escrito de inicio como asimismo la suma correspondiente a la aplicación de la multa del artículo 80 RCT.

Corresponde aplicar intereses desde que cada crédito es debido (artículos 128 y 149 RCT) hasta el momento del efectivo pago conforme acta 2357 de la CNAT utilizando interés simple conforme lo prescripto por el artículo 623 del Código Civil.

Atento lo dispuesto por el artículo 279 CPCCN corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios e imposición de costas que, atento el resultado de la causa debe ser impuestas por su orden en primera instancia y a la parte demandada en alzada.Con ello la apelación de los honorarios del perito contador ha quedado sin materia.

Diferir la regulación de honorarios para cuando exista base suficiente para su determinación.

El DOCTOR OSCAR ZAS manifestó:

I) Disiento, respetuosamente, de la solución propuesta en el voto que antecede, en la medida y por las razones que paso a exponer.

II) En lo que atañe a la fecha de inicio de la relación laboral, la parte actora finca su disenso en la valoración de la prueba testimonial, pues considera que no se han valorado debidamente las testificaciones producida a instancia de su parte. No obstante el esfuerzo argumental de la recurrente, considero que ninguno de los testigos que declararon a propuesta de esta última forma convicción respecto de dicho punto, es decir, que el inicio de la relación haya sucedido con anterioridad a la fecha registrada por la ex empleadora. En efecto, la testigo Erika Diana Ojeda (fs. 419/20), admitió no conocer personalmente a la actora y si bien dijo que en ocasión de haber llamado telefónicamente a la peluquería de nombre “Pino” a fin de averiguar sobre cursos de capacitación del referido oficio, fue atendida por la actora, lo cierto es que, por un lado, no explicó la deponente cómo es que sabía que quien la atendió era efectivamente Carbonel y, por otro, se carece de precisión acerca de cuál era el establecimiento al que se comunicó esta deponente. El testigo Marco Nicolás Fernández (fs. 421) dijo haber sido compañero de facultad de la actora. Aseveró que la actora “…ingresó a trabajar aproximadamente en Enero de 2007…”, mas no indicó cómo tomó conocimiento acerca de tal extremo. Si bien señaló que “…un par de veces el dicente esperó a la actora hasta las 19 hs aproximadamente…”, no precisó cuándo es que ello habría sucedido. El testigo Roberto Santiago Perviú (fs. 424/5) aseveró haber concurrido a la peluquería de la codemandada Babbo S.A.”…un par de veces a fines de 2006 comienzos de 2007…”; “…que fue a la peluquería en Noviembre, Diciembre de 2006…”. Lo expuesto revela que la época en que dijo conocer a la demandante en el establecimiento de la accionada no coincide con la invocada en el escrito inicial (3/1/2007) lo que denota la incongruencia de las manifestaciones del deponente o -a todo evento- la carencia de exactitud respecto de las fechas en que dijo haber visto a Carbonel prestar tareas en el establecimiento de peluquería, razón por la que sus dichos no poseen eficacia convictiva sobre el punto (arts. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N.).

III) En lo atinente a los agravios que plantea la parte actora con respecto a la aplicación del C.C.T. 130/75 para empleados de comercio, adhiero por análogos fundamentos al voto que antecede, toda vez que se encuentra demostrado que la actividad del establecimiento en que prestara tareas la actora es la de peluquería. Consecuentemente, carecen de sustento los reclamos por diferencias salariales basados en la aplicabilidad de aquel convenio (art. 499 Cód. Civil).

IV) Disiento de la propuesta del Dr. Arias Gibert en lo que atañe a la existencia de diferencias salariales resultantes entre la remuneración que correspondería por jornada completa y por jornada a tiempo parcial. Ello así por cuanto, en primer término, observo que en el escrito de demanda sobre el punto se expuso: “Como argumentaban dificultades económicas procuraban transformar la jornada completa a jornada reducida disminuyéndole las remuneraciones desde el año 2007. Cuando le correspondía un aumento no se lo otorgaban, cuando les correspondía abonar las remuneraciones y los no remunerativos, tampoco se lo abonaban y a mayor agravamiento los viáticos tenía que abonarlo la actora porque si no le resultaba imposible realizar tareas.Le decían que tenía que trabajar en jornada reducida de 9,00 a 14,00 horas, pero en realidad le obligaban a trabajar de 9,00 a 17,00 horas” y que “Como resultado trabajaba jornada completa pero con SUELDO REDUCIDO…” (textual, ver fs. 20, pto. 3.8.5).

Sin embargo, la actora omitió precisar cuáles eran las diferencias que entendía adeudadas bajo tal premisa, pues no sólo no indicó cuál era la remuneración que -a su entender- correspondía por jornada completa, toda vez que al practicar liquidación por tal concepto, se limitó a contrastar las remuneraciones abonadas con los salarios que corresponderían por aplicación del C.C.T. 130/75 (ver fs. 6 y vta.), el cual -como se analizara- no es aplicable en el caso. La omisión apuntada constituye un incumplimiento a la carga que impone el * y, a su vez, considero que emitir un juzgamiento sobre el punto afectaría el principio procesal de congruencia (arts. 34 inc. 4º , 163 inc. 6º y 164 , C.P.C.C.N.), de indudable raigambre constitucional (art. 18 C.N.).

A lo expuesto, cabe agregar que si bien comparto el carácter excepcional que reviste un contrato de trabajo a tiempo parcial, y que dicha circunstancia conlleva la imposición de la carga de la prueba a quien invoca dicha modalidad, observo que en las presentes actuaciones no es materia de discusión que el contrato de trabajo había sido registrado con el cumplimiento de jornadas de seis horas, por lo que se trata de un supuesto no comprendido en el art. 92 ter de la L.C.T., en tanto el C.C.T. 347/2002 para trabajadores de peluquerías de caballeros, niños y unisex, prevé en el art. 7º inc.b) que “La jornada de trabajo para los trabajadores que perciban una retribución fija, sin comisión alguna, será de 44 (cuarenta y cuatro) horas semanales”.

Por otra parte, en lo que atañe a la extensión de la jornada advierto que en la demanda al respecto se aseveró que inicialmente ésta era cumplida “…en el horario de 09,00 a 14,00 horas, a los seis meses de iniciada la relación laboral en el horario de 09,00 hroas a 17,00 horas de lunes a viernes, y los domingos en el horario de 09,00 hs. a.m a 15,00 hs. p.m….” (textual, ver fs. 8 y vta.; pto. 3.1). De lo expuesto, surge entonces reconocido que la jornada desempeñada durante los primeros seis meses de la relación fue de 5 horas diarias, extremo que debe analizarse con el hecho de que la extensión del vínculo ha sido de poco más de cinco meses.

Por último, observo que tampoco se ha invocado -y menos demostrado- que la remuneración percibida por la actora haya resultado inferior a la que correspondería de acuerdo a su categoría en el respectivo Convenio Colectivo de Trabajo para la actividad de peluqueros. Por el contrario, en el peritaje contable se informó que tomando en cuenta el CCT 467/2006 no existen diferencias salariales a favor de la actora (ver fs. 571, pto. 9), lo cual no ha merecido una crítica concreta y razonada en la impugnación presentada por la parte actora a fs. 576/577I (arts. 386 y 477 C.P.C.C.N.).

Con fundamento en las consideraciones expuestas, voto por confirmar la sentencia apelada en cuanto desestima las reclamaciones de la demanda en concepto de diferencias de salarios (art. 499 ya cit.).

V) En cambio, considero que asiste razón al recurrente por el rechazo de las pretensiones de la demanda con sustento en el art.80 de la L.C.T., pues considero que la ex empleadora no cumplimentó las obligaciones exigidas por dicha norma. Me explico.

En primer término he de considerar que no favorece la situación de la demandada el hecho de haber acompañado con la contestación de demanda la documentación de fs. 102/4, por las siguientes razones.

Por lo común es harto dificultoso para los trabajadores su concurrencia a percibir sus créditos, por lo que es casi imposible concurrir a un escribano público; el valor de la deuda no siempre justifica y muchas veces no se permite ingresar a las personas que los acompañan para eventualmente testificar el hecho, o están ligados por vínculos que hacen que sus dichos deban apreciarse con una estrictez que lleva a concluir que no se probó lo pretendido (cfr. Eduardo O. Alvarez, “Acerca de la mora del trabajador en la percepción de la remuneración”, D.T. XXII-B, pág. 1590).

En el Derecho del Trabajo el postulado fundamental radica en la consideración, como punto de partida, de la existencia de desigualdad entre las partes laboral y empleadora, que reclama un tratamiento desigual, a fin de lograr cierta nivelación. El apartamiento operado en el derecho especial laboral frente al derecho común obedece a la necesidad de dispensar ese trato de favor compensatorio de la desigualdad de las partes (cfr. Oscar Zas, “La mora del acreedor en materia laboral”, Doctrina Laboral, T. II, pág. 167).

En esa inteligencia, la solución adoptada por el plenario de la C.N.Civ.”in re”, “Caja de Buenos Aires c/Juan Carlos y Ruíz de Juan Teresa” el 21/3/80, en cuya virtud “En el caso de que la obligación deba pagarse en el domicilio del deudor y la mora fuese de constitución automática, para eximirse de ella, el deudor debe acreditar que el acreedor no compareció al efecto”, es axiológicamente positiva en el ámbito de la relación laboral y adecuada al espíritu del Derecho del Trabajo.

Idéntica solución se impone por aplicación del art. 509 “in fine” , C. Civ. De las constancias de autos no surge que la empleadora haya acreditado la no concurrencia del trabajador con la finalidad de recibir el certificado de trabajo, ni que la falta de entrega de esa documentación haya obedecido a la negativa de este último.

La “puesta a disposición” de los certificados efectuada mediante carta documento recibida el día 28/9/2007 (ver informe de fs. 204/5).A) no basta por sí sola en el presente caso para configurar la mora de la acreedora, ya que -reitero- la demandada no acreditó la no concurrencia de la trabajadora a recibirlos con posterioridad a la mencionada interpelación.

Por otra parte, “poner a disposición” no es sino una mera exteriorización de la voluntad que sólo traduce una actitud frente a un acontecer que no escapa a la mera subjetividad, no pudiendo, por tanto, alcanzar a producir los efectos de una “intimación” que, como tal, importe condicionar el comportamiento del acreedor que se ve obligado a adoptar su conducta a los lineamientos que le fija el deudor, imponiéndole de tal manera asumir un proceder activo frente a la reclamación formulada (cfr. C.N.A.T., Sala VII, sent. nº 12.340, 26/12/86, “Cáceres, Héctor c/Volkswagen Argentina S.A.”).

Por último, según criterio reiterado del suscripto, el artículo 80 de la L.C.T.dispone que una vez extinguido el contrato de trabajo, y luego de haber sido fehacientemente intimado por el trabajador a tal efecto, el empleador tiene obligación de hacerle entrega de:

1) Un certificado de trabajo en el que debe constar lo siguiente:

a) El tiempo de prestación de los servicios, esto es, la fecha de ingreso y de egreso.

b) La naturaleza de dichos servicios, es decir, las labores que cumplía, cargo o categoría profesional, etc.

c) Los sueldos percibidos.

d) La calificación profesional que hubiere obtenido en los puestos de trabajo en que se desempeñó el trabajador.

2) Una certificación (constancia documentada) de pago de las obligaciones de la seguri dad social y sindicales.

3) El certificado de servicios y remuneraciones de la ley 24.241 establecido en el formulario ANSeS PS6.2 (conf. C.N.A.T., Sala V, sent. nº 73.847, 16/02/2012, “Giussani, Lucas Mariano c/Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A.”, entre otros precedentes).

En el sub examine los instrumentos de fs. 102/4 no cumplen cabalmente la obligación precitada.

Por todo lo expuesto, propicio modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de condenar a la demandada Babbo S.A. a hacer entrega del certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la L.C.T. conforme a los recaudos antes precisados, dentro del plazo de 5 días de notificada de la liquidación prevista en el art. 132 de la L.O., bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiere imponer el Juez de Primera Instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (conf. arts. 37 CPCCN y 666 bis del Cód Civil), como así también a abonar a la actora la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES ($2.133) en concepto de la sanción prevista en el art. 80, L.C.T.(texto según ley 25.345 ), a cuyo efecto he tenido como base de cálculo la mejor remuneración percibida por la actora de $711, informada en el peritaje contable (ver fs. 571). Dicho importe devengará intereses a partir del día 26 de septiembre de 2007 en que venció el plazo para la entrega de los referidos instrumentos (ver intimación de fs. 479 e informe del Correo Argentino de fs. 481) que -en la oportunidad prevista en el art.132 L.O.- se calculen hasta su cancelación definitiva, a cuyo efecto se aplicará la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que difunda la Prosecretaría General de la Excma. Cámara del Fuero (conf.ley 23.928 modif.por ley 25.561, art.622 del Código Civil y CNAT Acta Nº 2.357/02 modif. por Res. CNAT Nº 8/02).

VI) En cuanto a los agravios que formula la parte actora mediante los cuales pretende que la condena se extienda solidariamente a los codemandados Flavia Paparella y José Paparella, considero que éstos no son viables. Ello así por cuanto el hipotético impedimento de la actora para acceder al cobro del subsidio por desempleo se trata de un fundamento distinto al argumentado oportunamente en el escrito de demanda para sostener la responsabilidad de estos demandados (ver fs. 11vta., pto. 3.5.1 y 16/17vta.), lo que impide su tratamiento en este instancia revisora de acuerdo a lo que dispone el art. 277 del C.P.C.C.N.No obstante ello, tampoco se halla demostrado la referido extremo fáctico en el que se sustenta este segmento del recurso, pues ni siquiera invoca la recurrente -y menos indica de qué elementos de prueba surgiría- que haya solicitado la referida prestación y que ésta haya sido denegada.

Consecuentemente, voto por confirmar la sentencia apelada en cuanto rechaza la demanda incoada contra los codemandados Paparella.

VII) En atención a las modificaciones propuestas, correspondería dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios y adecuarlos al actual resultado del litigio, deviniendo abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos al respecto (conf. art. 279 cód. procesal). Sobre dicha base, aprecio que si bien (en caso de seguirse mi moción, claro está) deben ser desestimados la mayor parte de los conceptos reclamados, no puede dejarse de lado que la acción es procedente por las reclamaciones con fundamento en el art. 80 de la L.C.T., lo que objetiva la existencia de vencimientos recíprocos. Teniendo en cuenta, además, que en la materia no cabe atenerse a un criterio aritmético sino jurídico, y la naturaleza e índole de las cuestiones debatidas, es que considero justo y equitativo distribuir las costas de la anterior instancia en un 25% a cargo de la codemandada Babbio S.A. y el restante 75% a cargo de la parte actora. En lo atinente a los honorarios correspondientes a la anterior instancia conforme resultado del pleito en relación con cada parte, y mérito e importancia de las labores, sugiero regular los de la representación letrada de las partes actora y codemandada Babbio S.A. y los del perito contador, en las sumas actuales de ($.), ($.) y ($.), respectivamente (arts. 38 L.O., y 1 , 6, 7 , 9 , 19 , 37 y 39 de la ley 21.839; decr.ley 16.638/57 ).

VIII) En atención a la suerte que he propiciado al recurso y a la ausencia de réplica, las costas de alzada deberían imponerse en el orden causado (conf. art. 68 C.P.C.C.N.); mociono regular los honorarios del letrado firmante del escrito obrante a fs. 650/60 (Dr. Gustavo César Dapia) en la suma actual de ($.) (art. 14 ley arancelaria).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO manifestó:

En todas aquellas cuestiones en las que coinciden los distinguidos colegas preopinantes me abstengo de emitir opinión (art. 125 L.O.). Aclaro en relación al tema del certificado de trabajo y valor que corresponde asignar al formulario PS.6.2 ANSES que por mi parte en forma reiterada ya me he expedido en cuanto a que dicho formulario cumplimenta adecuada y suficientemente lo previsto por la L.C.T. art. 80 en lo que respecta a aportes y contribuciones (entre muchos otros casos “Espíndola, Juan Jorge c/ Fidelitas S.A. s/ Cert. Serv. y Aport. Previs.”, sentencia definitiva de esta Sala nº 67.323 del 28-10-2004 y “Kiernan, María c/ Proyecto Profesional Recursos Humanos S.A. s/ Despido”, sentencia definitiva nº 68.399 del 28-4-2006; y posteriormente con la Sala integrada por el Dr. Fernández Madrid ante la vacancia en la vocalía nº 3 entre otros en “Rodríguez, Stella Maris c/ Swiss Medical S.A. s/ Despido”, sentencia definitiva nº 70.804 del 30-6-2008 y “López, Paola Vanina c/ Sobreaguas S.A.y otro s/ Despido” , sentencia definitiva nº 71.247 del 12-12-2008). Aunque pueda admitirse que, formalmente, no conste en estos formularios mediante los cuales se expiden los certificados, el importe de los aportes y contribuciones efectuados -sí consta la fecha de ingreso y egreso-, éstos se deducen tácitamente de las remuneraciones de las que sí se deja expresa constancia (los porcentuales del aporte surgen de normas legales y/o reglamentarias y, no tratándose de relaciones clandestinas, los trabajadores tienen mes a mes indicados en sus recibos -de los cuales se les suministra copia a esos efectos, entre otros- los montos de las retenciones correspondientes, de modo que no veo que en tales casos se puedan generar dudas tales que impidan el objetivo legal).

Del mismo modo se había expedido la Sala en los casos “Dupla’a, Lilian Eve c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L.25.345” (sentencia definitiva nº 73.305 del 15-7-2011), “Medina Laura Graciela c/ Máxima S.A. AFJP s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25.345” (sentencia definitiva nº 73.399 del 31-8-2011), “Acuña Flores, María Elisa c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25345” (sentencia definitiva nº 73.401 del 31-8-2011) y “Ojeda, Rafael Gerardo c/ Consolidar Comercializadora S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L.25345” (sentencia definitiva nº 73.427 del 20-9-2011).

No obstante ello, lo cierto es que en casos de similares aristas (esta Sala, sentencia definitiva nº 73.799 del 8-2-2012 “Echeverría, María Paola c/ Máxima AFJP S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25345” y sentencia definitiva nº 73.789 del 30-12-2011 “Cabral, Claudio Gabriel c/ Transmedic International Group S.A. s/ Despido”) los colegas de Sala Dres.Arias Gibert y Zas han finalmente coincidido en una solución que se compatibiliza con lo aquí propuesto por ellos, por lo que solo ante razones de economía procesal -y sin que implique ello en modo alguno abdicar de mi propia opinión al respecto- considero que debo adherir a esa posición mayoritaria.

Agrego que a partir de la decisión de la AFIP relativa a la expedición del certificado por vía informática, es lógico que los empleadores deban adecuarse a tal temperamento. Precisamente, ahora que es esa la forma en que se emite el certificado (fs. 134 y sig.), ello no hace sino reforzar mi propio criterio, pues el informe que así se emite atraviesa incluso los datos y controles del propio organismo recaudador y así, más que nunca, el citado formulario PS.6.2 adquiere fuerza constatadora de los aportes y contribuciones efectuados y viene a respaldar -desde esa óptica- todo lo que he venido sosteniendo hace años y que aquí expresé.

Pero -reitero- en aras de la economía del procedimiento y para evitar un inútil dispendio, habré de seguir lo que propugnan los colegas de esta Sala.

En aquellas cuestiones en las que difieren los jueces de primero o segundo voto, adhiero a la moción del Dr. Zas por análogos fundamentos a los que allí lucen -incluídas las accesorias de costas y honorarios-, con la aclaración de que en cuanto a la entrega de certificado lo hago por compartir la aplicación analógica del fallo plenario de la Cámara Civil allí citado, y sin que ello implique adherir a todas las demás manifestaciones efectuadas en el punto V del segundo voto en cuanto a ese tópico.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1º) Modificar la sentencia apelada, y hacer parcialmente lugar a la demanda interpuesta contra BABBO S.A.y condenar a esta última a pagar dentro del plazo de cinco días desde que se le notifique la liquidación prevista por el artículo 132 de la L.O., a BÁRBARA SABRINA CARBONEL, la suma total de ($.), con más los intereses determinados en el segundo voto de este acuerdo. Condenarla asimismo a hacer entrega de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la L.C.T. que cumplimenten las exigencias descriptas en el segundo voto, dentro de ese mi smo plazo, bajo apercibimiento de las sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiere imponer el Juez de Primera Instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (conf. arts. 37 CPCCN y 666 bis del Cód Civil). 2º) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios respecto de la acción dirigida contra dicha codemandada y fijarlas conforme a los términos que surgen del punto VII del segundo voto. 3º) Imponer las costas de alzada y regular los honorarios correspondientes de acuerdo al punto VIII del segundo voto. 4º) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Oscar Zas

Juez de Cámara

María C. García Margalejo

Juez de Cámara

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