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La pseudoreforma a la Ley de Riesgos del Trabajo. La Ley 26.773

TrabajadoresAutor: Pérez Talamonti, Silvana

Fecha: 28-feb-2013

Cita: MJ-DOC-6177-AR | MJD6177

Sumario:

I. Introducción. II. Análisis de la ley. III. Conclusiones.


Doctrina:

Por Silvana M. Pérez Talamonti (*)

I. INTRODUCCIÓN

En julio de 1996 se puso en marcha el sistema de cobertura de accidentes y enfermedades del trabajo establecido por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo (LRT), sancionada el 13 de septiembre de 1995 y promulgada el 3/10/1995 (1).

En cuanto a la responsabilidad y obligaciones del empleador relativas al deber de seguridad del trabajador, se establecen en el art. 75 RCT (Régimen de Contrato de Trabajo), artículo donde se reseñan las normas que debe cumplir el empresario, caso contrario se puede provocar un daño al trabajador y en virtud del principio alterum nom laedere, deberá ser reparado en su integralidad por el responsable del ilícito.

Estas obligaciones son las de observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19.587 ) y las referidas a hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal.

La nueva Ley 26.773 (2) complementa y modifica -solo parcialmente- a la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557.

Ambas forman, junto al Decreto 1694/09 , (3) el régimen normativo que rige jurídicamente la reparación de accidentes y enfermedades del trabajo, establecido en el art. 1 de la Ley 26.773.

Como veremos seguidamente, se trata de una reforma -si bien necesaria a la luz de la inconstitucionalidad de la Ley 24.557- cuestionable en diversos aspectos.

La circunstancia de que la reparación prevista en la Ley 24.557 no era integral había sido razonablemente invocada en muchísimos casos, cuestionamientos receptados en numerosas sentencias emanadas de múltiples tribunales del país, ya sea en primera o segunda instancia y por la CSJN.

Señala Schick que el objetivo de «adecuada reparación» fue incumplido por la Ley 24.557. Dice:«Es sabido que en el ámbito de la responsabilidad civil, en los siglos XX y XXI, las condenas de reparación de daños dejaron de ser simbólicas para tener un fuerte contenido económico y así cumplir el fin resarcitorio que el derecho les impone. Se produjo un cambio de óptica, la consideración de la situación de la víctima vino a reemplazar la anterior estimación desde el lado del victimario. Es decir, dejó de mirarse al victimario para mirar a la víctima, buscando su reparación. La Ley 24.557, sancionada en 1995 en pleno auge del neolaboralismo, marchó en sentido contrario, lo que se vislumbró claramente en el discurso de sus creadores y defensores acerca de que el objetivo principal del nuevo sistema era limitar los juicios y reducir los costos empresariales, juntamente con la ampliación del mercado asegurador. En verdad, la LRT adoptaba la ultraliberal y, también, contemporánea interpretación económica del derecho, que se dedica a contemplar la situación patrimonial de las empresas causantes de los daños y a determinar la incidencia en los costos de producción. Y, desde el punto de vista del mercado, se preocupa por las consecuencias de la litigiosidad, la descapitalización empresaria, el desempleo, etcétera» (4).

El sistema de riesgos del trabajo sufrió un trastazo a partir del fallo «Aquino» , los trabajadores afectados por siniestros laborales percibían las prestaciones dinerarias y en especie de la Ley 24.557 e iniciaban un juicio por daños y perjuicios, con basamento en el art. 1113 y concordantes del Código Civil.

Esta nueva ley de ART pretende introducir cambios sustanciales tanto para los trabajadores como para la actividad profesional de los abogados. Deroga los arts. 19 , 24 y 39 incs. 1, 2 y 3 de la Ley 24.557.

La Ley 26.773 -itero- intenta receptar varios postulados de la doctrina dictada por la Corte Suprema, pero se queda a mitad de camino.No solo deja sin resolver cuestiones importantes sino que seguramente dará lugar a nuevos planteos de inconstitucionalidad.

II. ANÁLISIS DE LA LEY

El Dr. Miguel Maza en un reciente análisis afirmó que se dio con esta ley un «giro copernicano» (5) en materia de reparación de accidentes de trabajo, el cambio para las grandes incapacidades y juzgó que puede considerarse que la ley tarifaria pasa a ser reparatoria.

Esta ley tiene mejoras y retrocesos que introduce en el sistema de riesgos, podemos enunciar:

1) Avances

a) Aumento de las prestaciones dinerarias. Este aumento tiende a desactivar la opción civil, ya que se estima que el 90% o más queda adecuadamente resarcido con la tarifa. La Ley 24.557 generó numerosos planteos de inconstitucionalidad, principalmente en lo referente a la imposibilidad de reclamar una reparación integral.

En el fallo «Aquino», (6) la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que «si el régimen anterior al de la LRT había demostrado su fracaso para proveer una reparación integral y oportuna a quien sufre las consecuencias del siniestro, […] lo cierto es que su reemplazo, supuesto que hubiese logrado mejorar la reparación en términos de oportunidad, importó un franco retroceso del predicado carácter integral, por vía del art. 39» (7).

b) Ajuste periódico conforme un índice aceptable por su objetividad (índice RIPTE), art. 8 Ley 26.773. Se introduce como mecanismo de reajuste semestral de las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente el índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables). Se actualizarán tanto los valores previstos en el art. 11 de la Ley 24.557 y los mínimos indemnizatorios de los arts. 14 y 15 así como de la prestación por Gran Invalidez.

Sin embargo, deberían calcularse todas las remuneraciones principales, accesorias, fijas y variables, considerándose, al efecto, los viáticos que se liquiden sin obligación de rendir cuentas, premios o primas de producción, horas extra, adicionales especiales, por asistencia, presentismo, bonificaciones por antigüedad, pagos en especie, etcétera.Deben computarse los premios por presentismo o asistencia perfecta, porque resultaría poco equitativo que aquel trabajador que venía percibiéndolo viese disminuido su ingreso por el acaecimiento del infortunio laboral.

Las prestaciones en especie también deberán ser valoradas monetariamente. Si están fijadas en el convenio colectivo de trabajo, debe estarse a lo que en el mismo convenio se establece. De lo contrario -y en caso de desacuerdo- deberá solicitarse que se fijen judicialmente. Es decir, que el trabajador víctima de un accidente o enfermedad del trabajo debe percibir lo mismo que el trabajador que sufre una enfermedad inculpable (arg. art. 208 de la LCT).

c) Imposición de una indemnización adicional, art. 3 (un adicional de pago único del 20% en concepto de reparación integral). La nueva ley de riesgos trata de ser atractiva para los trabajadores y mejora las prestaciones dinerarias y la imposición de un adicional indemnizatorio del 20% como suplemento por los daños no reparados por las «fórmulas». De este modo se busca limitar las posibilidades de nuevos juicios, por considerar que con esta mejora se alcanza una reparación integral.

d) Eliminación del sistema de renta periódica, art. 2. El principio general indemnizatorio es de pago único.

2) Retrocesos

a) Opción excluyente (indemnización tarifada o acción judicial). La reforma de la ley derogó la regla del art. 39 inc. 1 de la Ley 24.557 e incorporó la opción excluyente (8) en el art. 4.

Debemos recordar que la norma derogada eliminaba la acción del derecho común y exoneraba de responsabilidad civil por culpa o dolo común al empleador salvo supuesto de dolo delictual del art. 1072 Código Civil.

La CSJN había resuelto la inconstitucionalidad de la norma indicada en numerosos fallos, el precedente por excelencia fue «Aquino Isacio c/ Cargo Servicios S.A.» del 21/09/2004, seguido por los fallos «Díaz Timoteo c/ Vaspia S.A.» del 07/03/2006, «Vallejos Carlos c/ Rigesin Labs S.A.del 12/06/2007, «Cachambí Santos c/ Ingenio Río Grande S.A.» del 12/06/2007 y «Llosco Raúl c/ Irmi S.A.» del 12/06/2007.

De esta forma se garantizó el derecho a todo habitante (incluyendo a los trabajadores) que sufra un daño injustamente provocado, a reclamar la reparación íntegra del daño y se habilitaron la acción civil y la tarifada y la complementariedad de las indemnizaciones a cargo de la ART y del empleador.

b) Se le impone una espera al damnificado, ya que solo puede accionar por la vía civil una vez notificado de la indemnización que le corresponde del sistema tarifado del Régimen de Riesgos del Trabajo, vulnerándose su derecho de acceso a la justicia y acceso directo al tribunal competente. El trabajador puede demandar civilmente solo después de que la ART le haya hecho una oferta.

Producida la muerte del trabajador o de determinada la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, los obligados al pago deben dentro del plazo de 15 días notificar fehacientemente a los damnificados o derechohabientes los importes que le corresponden percibir por esta contingencia.

La víctima podrá optar por percibir las indemnizaciones notificadas en virtud del régimen tarifado o las que puedan corresponder por la ley civil, no siendo acumulables los distintos sistemas de responsabilidad.

Incumbe aclarar que la ley establece que el principio de cobros de suma de dinero o la iniciación de acción judicial implica que se ha ejercido la opción. A su vez, establece que la acción en otros sistemas de responsabilidad solo podrá iniciarse una vez que se haya notificado la muerte o la incapacidad determinada.

Sin embargo en el art.5 precisa que la percepción de las prestaciones en dinero, sea imputable a cualquier causa -sustitución de salarios en etapa de curación (ILT)- o sea complementaria por gran invalidez, así como la recepció n de las prestaciones en especie, no implicarán en ningún caso el ejercicio de la opción excluyente.

c) En caso de opción debe el trabajador ocurrir al fuero civil para los reclamos judiciales, es una sanción a la clase trabajadora.

Es decir, si se opta por la vía civil, la competencia se transfiere de los jueces laborales a los jueces civiles. Por lo tanto, no se aplican los principios propios de la rama especial del derecho del trabajo. El trabajador se vería impedido de gozar de la aplicación de principios tales como gratuidad, in dubio pro operario, norma más beneficiosa, principio protectorio, presunción art. 23 LCT, impulso de oficio entre otros; principios que fueron justamente pensados en la hiposuficiencia del trabajador que se considera en esta rama del derecho.

Elegida la opción de litigar en la vía civil, la ley establece que se aplicará la legislación de fondo y forma del derecho civil. Asimismo indica que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente la justicia nacional en lo civil, invitándose a las provincias a adherir a ese criterio.

Solo se invita a las provincias a adherirse a esta regla, ya que no puede imponerse su acatamiento atento a que las provincias mantienen el poder de dictarse sus propias normas de forma. Sostener lo contrario podría resultar inconstitucional, atendiendo el precedente «Castillo Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.» , del 07/09/2004, CSJN, en cuanto limita la regla de competencia al territorio federal.

3) Otros aspectos

a) Se mantiene sin modificaciones el tema de los accidentes in itinere.

b) Tope de los honorarios en un 20% en caso de promover la acción civil.La ley considera que para la regulación de honorarios se considerará como monto del proceso «a la diferencia entre el capital de condena y aquel que hubiera percibido el trabajador como consecuencia del sistema de reparación».

c) No admisibilidad del pacto de cuota litis, apdo. 3 in fine art. 17.

Además de lo comentado en el punto anterior, la ley prohíbe el pacto de cuota litis cuando el trabajador escoge interponer su acción por la vía civil.

d) Forma de computar el plazo de prescripción. La prescripción comienza una vez transcurrido el trámite del sistema. Es decir, a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación prevista en la Ley 26.773 art. 4.

e) Obligación de la ART de concurrir al pago del resarcimiento que se fije en una sentencia por responsabilidad civil, con la parte que corresponda al sistema (tanto en dinero como en especie). Esta inclusión se entiende cuando el trabajador elige la opción de exclusión y recae sentencia en un juicio civil. Igualmente la ART tiene la obligación de depositar las sumas que hubiesen correspondido según su régimen tarifario con los correspondientes intereses. Este monto se deducirá del capital de condena o de la conciliación, siendo también responsable en forma proporcional de las costas.

f) Contratación de seguro, art. 7. El empleador podrá contratar un seguro aplicable a otros sistemas de responsabilidad que pudieran ser invocados por los trabajadores damnificados por daños derivados de los riesgos del trabajo en las condiciones que fije la reglamentación de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

g) Alícuotas ART, art. 11. Se establece que la ART podrá modificar el régimen de alícuotas (dentro de lo aprobado por la SSN) previo aviso (fehaciente) con 60 días de anticipación.

4) Temas pendientes

a) No inclusión de las hernias, várices y algunos problemas de columna en el libro de «enfermedades profesionales». El art.9 de la ley señala que los organismos administrativos y tribunales competentes «deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al listado de enfermedades profesionales vigentes (Decr. 658/96 ) y a la tabla de evaluación de incapacidades (Decr. 659/96 ) […] o los que los sustituyan en el futuro».

b) Tampoco se implementaron modificaciones a las comisiones médicas, organismos administrativos cuestionados hasta el momento, arts. 21 y 22 LRT.

c) Se impone agotar la vía administrativa (9) y se mantiene la carencia de asesoramiento letrado.

III. CONCLUSIONES

Con el dictado de las leyes 26.693 y 26.694, por medio de las cuales se ratifican los convenios 155 y 187 de la OIT, conjuntamente con el protocolo del año 2002 de la OIT, que fijaron criterios abiertos para reconocer el carácter profesional de innúmeras enfermedades causadas por el trabajo, que por otra parte representan el 40% de la accidentabilidad laboral, se torna necesaria la reforma del listado de enfermedades profesionales prevista como anexo del Decreto 658/96.

Se demanda concretamente la ampliación de un derecho, porque este es cercenado por un criterio estricto de la norma, como fue el determinado por la Ley 24.557, que impide una reparación integral, y la Corte estableció ciertamente el criterio de la reparación integral. Ese es el principio de la progresividad, que significa la reivindicación de que los derechos laborales persistan una secuencia invariablemente creciente.

La Ley 26.773 introdujo un piso social, las mejoras en las prestaciones dinerarias, la actualización de las mismas en forma semestral, el pago único, se observan como aspectos positivos, ya que se incrementan considerablemente los ingresos que ante estos infortunios debe padecer la víctima del siniestro. Incluso con estas modificaciones ascienden considerablemente los importes de las indemnizaciones tarifadas, alcanzando montos cercanos y similares a los que se venían otorgando en virtud de contemplar la reparación integral.

El trabajador podrá ser acreedor de una indemnización para la cual antes debía solicitar la vía especial, ello provocará indudablemente una disminución en los reclamos judiciales.Debe demostrarse la insuficiencia de las indemnizaciones tarifadas para que proceda la reparación plena.

En síntesis, al trabajador:

* se le aumentan sus indemnizaciones;

* se reconoce un adicional del 20%, que puede verse como la intención de indemnizar aquellos daños que no son reconocidos por la indemnización tarifada, como podría ser el daño moral;

* se implementa el pago único de la renta;

* se le concede la opción civil, no se le prohíbe al trabajador reclamar los mayores daños que entiende no han sido indemnizados por el sistema de las ART.

Sin embargo, el trabajador puede ver afectada su voluntad si no cuenta con el preciso asesoramiento si acepta una propuesta de la ART.

No puede admitirse que el trabajador víctima de un accidente o enfermedad derivada del trabajo deba dejar de percibir lo menos para demandar lo más. Esto es lo que declara inconstitucional «Llosco» y «Cachambí» . La opción excluyente no se puede imponer (10).

Entiendo que lo más cuestionado de la ley es el apartamiento del juez natural en materia de accidentes y enfermedades del trabajo. Además de negarle al trabajador la aplicación de los principios del derecho del trabajo.

El trabajador solo puede demandar civilmente después de que la ART le ha hecho una oferta.Además debe litigar en el fuero civil pero según reglas peores, pierde el beneficio de gratuidad (se le puede ejecutar su casa), el abogado solo cobra los honorarios por el exceso entre la indemnización tarifada y la civil.

Además la nueva ley presiona al trabajador para que en un momento de necesidad, como lo es encontrarse recientemente lesionado, deba decidir si recibe las sumas que le brinda en el momento la ART o las resigna para perseguir los derechos que considera le corresponden en un litigio en el fuero civil, que se vislumbra desalentador atento a las diferencias del proceso con el correspondiente al fuero laboral.

Por otra parte, el RIPTE puede ser una mejora ya que hay actualización de las prestaciones, pero también puede ser cuestionado porque no se corrigió el ingreso en las incapacidades permanentes definitivas. Se continúa aplicando el valor mensual del ingreso base con la variación del RIPTE, pero no se alcanza la prestación que se otorga durante las incapacidades laborales transitorias, donde se abonan las sumas equivalentes al art. 208 LCT (enfermedades inculpables).

Debemos preguntarnos si esta ley afecta principios esenciales del derecho del trabajo tales como la irrenunciabilidad (art. 11 LRT y 12 LCT), una vez que la ART le hace un ofrecimiento al trabajador significa un reconocimiento de derechos, cierto y cuantificado -tal como lo sostuvo el Dr. Daniel Machado- (11) que no puede ser renunciado. Las respuestas las vamos a tener frente al caso concreto y es tarea de los operadores jurídicos analizar cada caso.

El trabajo de subsunción del caso en la norma no es solo científico ni lógico, sino también ideológico, en función de las determinaciones socioeconómicas que se proyectan sobre la laboral del jurista, utilizando el derecho en una dirección emancipadora y liberadora (12).

En definitiva, las leyes, su vigencia y aplicabilidad, dependen de lo que los jueces dicen a propósito de ellas, sin excluir a los abogados, que somos los operadores principales del mundo jurídico.

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(1) BO del 4/10/1995:Ley 24.557, Riesgos del Trabajo.

(2) Publicada en el Boletín Oficial el 26/10/2012.

(3) Del 5 de noviembre de 2009.

(4) SCHICK, Horacio, «Riesgos del trabajo. Temas fundamentales», tomo I, David Grinberg, Libros Jurídicos, Buenos Aires, Argentina, 2011, p. 53.

(5) Jornada sobre Riesgos del Trabajo, del 6 de diciembre de 2012, en la UNR organizada por la AADTySS Filial Rosario.

(6) Los jueces entendieron que el sistema de la LRT se apartaba de la reparación integral, al no permitir la indemnización por ningún otro daño que no fuera la pérdida de la capacidad de ganancia del trabajador (la cual, a su vez, solo resulta mensur able en forma restringida). La Corte también observó que anular la oportunidad de la reparación civil afecta el principio constitucional que prohíbe a las personas perjudicar los derechos de un tercero.

(7) Ver CSJN: «Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales s/ accidente de trabajo». Considerando 9 del voto de los jueces Petracchi y Zaffaroni. Fallos 327:3753 (2004).

(8) Establece la opción civil excluyente con renuncia a la indemnización tarifada, con el agravante de derivar las acciones civiles a la justicia civil como fue dispuesto por primera vez mediante la Ley 24.028 , de 1991.

(9) Desoyendo lo dicho por la Corte en los casos «Castillo», «Venialgo» y «Marchetti» y retrocediendo, con respecto al escenario vigente, donde el régimen es voluntario para los damnificados y donde estos pueden recurrir directamente al juez laboral competente sin pasar por el procedimiento administrativo de la ley especial.

(10) RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge, «Sobre el proyecto de modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo», http://www.laleyonline.com.ar.

(11) Jornada sobre Riesgos del Trabajo, cit.

(12) Conforme lo sostiene la teoría crítica del derecho, movimiento teórico de nuevo tipo en el campo del derecho, entre los finales de los sesenta y principios de los setenta.

(*) Abogada. Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, UNTREF. Magíster en Derecho Procesal, UNR. Adscripta a la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UNR. Autora de numerosos artículos de doctrina sobre su especialidad.

  1. Muy bueno el artículo, claro y conciso. También podemos resaltar que el “adicional de pago único” del art. 3 de la ley deja afuera a los casos de accidentes in itinere, ya que esta sindicado para “ Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador”, esto deja fuera a los in itinere lo que es desigualitario y por lo tanto inconstitucional.-

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