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Improcedencia del recurso interpuesto contra la sentencia que pesificó la indemnización otorgada a una empresa

jurisprudenciaPartes: London Supply S.A c/ ALIMAR S.A. s/ ordinario

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 5-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-77003-AR | MJJ77003 | MJJ77003

Se desestima el recurso interpuesto contra la sentencia que pesificó la indemnización otorgada a una empresa, a efectos de resarcir la frustración de ganancias por la explotación de la boutique de un buque, ocasionada como consecuencia de un ilícito contractual.

Sumario:

1.-Corresponde desestimar el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que fijó un resarcimiento por incumplimiento contractual, que pesificó a razón de 1 U$S=1 $, con más el coeficiente de estabilización de referencia (CER), pues ni la mera invocación de agravios constitucionales, ni la propuesta de una solución jurídica distinta a la que siguió el pronunciamiento, alcanzan para descalificar lo decidido por el tribunal de la causa, cuando no se atienden ni controvierten prolija y cabalmente todos y cada uno de los argumentos de los que se valieron los jueces.

2.-No resulta aplicable la normativa de emergencia que dispone la pesificación de las obligaciones en moneda extranjera, a la indemnización otorgada a una empresa, a efectos de resarcir la frustración de ganancias por la explotación de la boutique de un buque, ocasionada como consecuencia de un ilícito contractual, ya que ello equivale a introducir una solución que no satisface la reparación integral que exigen las normas de derecho común que rigen el caso (del voto de los Dres. Fayt y Argibay – disidencia parcial).

2.-La normativa de pesificación resulta inaplicable al resarcimiento fijado a favor de una empresa a raíz de la frustración de utilidades por la explotación de la boutique de un buque producida en virtud de un incumplimiento contractual pues, tratándose de una deuda de valor y siendo que el dinero representa solamente la medida del objeto de la prestación, el cual consiste en una determinada utilidad que el deudor debe procurar al acreedor, una solución en contrario no satisfaría la reparación integral. (Del voto del Dr. Zaffaroni – disidencia).

Fallo:

Procuración General de la Nación

-I-

Contra la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial -Sala E-, la parte actora dedujo recurso extraordinario, concedido exclusivamente en lo atinente a la moneda de la obligación y al régimen de emergencia (v. fs. 3244/3273, 3288/3307 Y 3327/3329).

En tales condiciones, atento a que no se ha corrido vista de la queja interpuesta en el cuadernillo agregado por cuerda (S.C. L. N° 439, L. XLIV), he de acotar mi dictamen al aspecto antes reseñado.

-II-

El pronunciamiento apelado -fijó- un resarcimiento de. US$ 2.250.000, que pesificó a razón de 1 U$S » 1 $, con más el coeficiente de estabilización de referencia (CER).

En este punto, «London Supply» sostiene que existe cuestión federal, a partir de la subsunción del problema en el régimen del Decreto 410/2002 ; como asimismo, en función del rechazo de la inconstitucionalidad planteada respecto de la ley 25.561 , del Decreto 214/2002 , y de las normas concordantes y complementarias.

-III-

A mi modo de ver, una atenta lectura del recurso revela que -como dejé dicho precedentemente-, el capítulo por el que se confirió vista a esta Procuración General, contiene tres argumentos orientados estrictamente a acreditar la. admisibilidad de la apelación federal, en base a:- i.- la operatoria a la que obedecería la actividad desarrollada en los buques, asimilable a una compraventa internacional. ii.- la impugnación constitucional articulada. iii.- la existencia de gravedad institucional, por las consecuencias que deberían aparejar en el resto de las causas judiciales, las decisiones consagradas en el campo de la denominada pesificación.

Por ende, reitero, la recurrente ha restringido sus alegaciones al plano de la admisibilidad de la apelación, focalizándose en probar la concurrencia formal de materia federal.

Empero, no se ha ocupado de impugnar concretamente la respuesta por la que se inclinaron los jueces. Así se desprende de los acápites 3.7. y 3.8. de fs.3288/3307 -únicos dedicados al tema sometido a revisión-, en tanto sintetizan el tenor de la demanda, reiteran observaciones allí formuladas, y se explayan sobre la habilitación de la instancia, en los términos del arto 14  de la ley 48, pero no contienen una sola crítica referida directamente a los ejes sobre los que se apoyó la sentencia atacada.

Es que los jueces no sólo trataron y desecharon la aplicación analógica del Decreto 410/2002, a partir de la nota distintiva de las llamadas tiendas libres (que se identificaría con la exención impositiva, y no con la moneda de pago), sino que su rechazo se basó principalmente en que: a) según el Derecho Internacional Privado debe emplearse la ley del pabellón (en este caso, la bandera es argentina); b) el cumplimiento del contrato se realizaba en el buque, porque la mercadería debía entregarse a bordo, resultando aplicable la ley argentina, tanto a las operaciones concertadas en las boutiques como en las estaciones de preembarque.

Por otro lado, abordaron la inconstitucionalidad planteada, con criterio restrictivo, en razón de la trascendencia de dicho mecanismo. En ese orden, apreciaron que no se habían controvertido la situación de emergencia ni el propósito que inspiró a los remedios diseñados -la protección de intereses generales-, por lo que no podían considerarse irrazonables ni sustancialmente frustratorios del derecho de propiedad.

Destacaron que la normativa de emergencia introdujo en forma complementaria coeficientes de ajuste y dispositivos de aufocomposición de las prestaciones, tendientes a paliar en alguna medida la diferencia resultante de convertir la moneda de las obligaciones a la nueva paridad cambiaria. Y, en ese marco, reputaron salvaguardado el derecho de propiedad, por no mediar afectación medular o irrazonable de esa garantía.

Pues bien, los razonamientos seguidos por los jueces no han sido rebatidos en modo alguno, desde que no se ha enunciado una sola crítica dirigida, con una mínima precisión, a desvirtuar los motivos reseñados.En esa misma línea, no se ha intentado siquiera establecer por qué aquella interpretación de las cláusulas federales invocadas resultaría incorrecta; o puntualizar qué conexión existe entre el objeto del pleito y . los gastos realizados con tarjeta de crédito correspondientes a consumos realizados fuera del país . (Decreto 410/02, inc. b)» -v. fs. 3305 vta. segundo párrafo-; o justificar en qué supuesto del régimen de excepción encuadraría el caso. Tampoco se ha determinado en qué reposa la inconsiiiucionaiidad que se habrla esgrimIdo en la instancia anterior.

-IV-

Lo propio acontece con la ley 22.056  -que se tiene por extraña al conflicto-, y a la proclamada aplicabilidad del Código Aduanero (acáp. 3.6.). En efecto, aún de entenderse que -en razón de la naturaleza de las normas citadas-, las alegaciones esgrimidas a ese respecto superan el terreno de la arbitrariedad para ingresar en el terreno federal, lo cierto es que la interesada ha omitido especificar las consecuencias prácticas que los preceptos de ese cuerpo habrían de tener en el resultado del litigio; o explicar cómo la perspectiva legal propuesta -incluida la dogmática cita de precedentes- sería conducente en el caso.

Por lo demás, si a partir de un criterio de amplitud, se infiriese que aquel argumento persigue instalar una plataforma para la aplicación del Decreto 410/2002, lo cierto es que, en el contexto descripto en el punto anterior, nada se agregaría en beneficio de la recurrente, toda vez que -como allí se vio- el rechazo de esa faceta del reclamo, no ha sido objeto de refutación idónea.

-V-

Así las cosas, pienso que no es dable tener por cumplido el recaudo básico de autosuficiencia (arg. Fallos:324:2885 ; 326:1478 ). Es que, como esa Corte viene enseñando desde antiguo, ni la mera invocación de agravios constitucionales, ni la propuesta de una solución juridica distinta a la que siguió el pronunciamiento -y que en estos autos, ni siquiera se ha ensayado-, alcanzan para descalificar lo decidido por el tribunal de la causa, cuando no se atienden ni controvierten prolija y cabalmente todos y cada uno de los argumentos de los que se valieron los jueces (arg. Fallos: 327:4622 , 329:1191  Y 1628, voto del Dr. Petracchi; 331:563 , entre muchos otros).

En palabras de V.E., al encontrarse desprovista de un serio y concreto desarrollo donde se rebatan de manera indubitable los fundamentos que sustentan a la decisión de la Cámara, la apelación resulta inhábil para autorizar la apertura de este remedio extraordinario (Fallos 327:3701 ; 328:110  y 1400, entre muchos otros).

Entonces, desde mi punto de vista, la apelación federal ha sido mal concedida.

-VI-

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar mal concedido el recurso extraordinario interpuesto. de octubre de 2010.

Buenos Aires, 18 de octubre de 2010

MARTA BEIRO DE GONÇALVEZ

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013

Vistos los autos: «London Supply S.A. c/ Alimar S.A. y otro s/ ordinario».

Considerando:

Que el recurso extraordinario y la queja deducida como consecuencia de su denegación parcial, son inadmisibles (art. 280  del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) .

Por ello, oida la señora Procuradora Fiscal, se resuelve:

I) Desestimar el recurso extraordinario interpuesto, con costas; y II) Desestimar la queja. Declárese perdido el depósito de fs. 2. Notifiquese, archi vese la queja y devuélvanse las actuaciones. RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – CARLOS S. FAYT – E. RAUL ZAFFARONI – ENRIQUE S. PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA –

DISIDENCIA PARCIAL DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON CARLOS S. FAYT y DOÑA CARMEN M.ARGIBAY

Considerando:

1°) Que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas, en lo pertinente, a las resueltas por el Tribunal en el precedente «Slatapolsky, Jorge Alberto cl Banco do Brasil S.A» (Fallos: 334:698 , voto de la jueza Argibay) .

2°) En efecto, en la presente causa el a quo, tras tener por acreditada la configuración de un ilícito contractual, consideró que resultaban indemnizables tanto las consecuencias necesarias, como las mediatas, proceder en el que ponderó la frustración de las ganancias que pudieron obtenerse por la explotación de la boutique del buque San Patricio y la contribución marginal a la utilidad de la empresa por ampliación del mercado y el tráfico. En tal sentido, adoptó como parámetros para determinar la cuantía de los danos, el caudal de pasajeros que podía transportar dicho buque, los viajes realizados, y las ganancias en dólares que la actora obtenía sobre la base de los mismos parámetros en los alíscafos de Belt y Alimar, fijando por el rubro en cuestión la indemnización en la suma de U$S 2.250.000.

En consecuencia, no resulta aplicable la normativa de emergencia, toda vez que la conversión a pesos de la indemnización antes referida dispuesta en el mismo fallo apelado, equivale a introducir una solución que no satisface la reparación integral que exigen las normas de derecho común que rigen el caso.

3°) Que la queja deducida por la denegación parcial del recurso extraordinario, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) .

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal:

I) Se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el pronunciamiento apelado, con costas;

II) Se desestima la queja. Declárese perdido el depósito de fs. 2. Notifiquese, archivese la queja, y vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo decidido. CARLOS S. FAYT – CARMEN M.ARGIBAY –

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E.RAÚL ZAFFARONI

1°) Que la Sal a E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en lo que aquí interesa para la decisión de las cuestiones planteadas, dispuso: a) desestimar el recurso interpuesto por los demandados Alimar S.A., Belt S.A. y Los Cipreses S.A., en cuanto fueron condenados a indemnizar a la parte actora, en virtud del incumplimiento contractual que originó los reclamos plasmados en la demanda instaurada en autos; b) rechazar los agravios ensayados por London Supply S.A.C.I.F.I. en cuanto concierne a las pretensiones encaminadas a lograr la extensión de la condena respecto de los restantes demandados y en lo que atañe a la inclusión del rubro «viajes minimos asegurados» como daño a resarcir; c) admitir el recurso de la parte actora en lo atinente al importe de la condena, elevándolo a la suma de u$s 2.250.000, convertidos a razón de $ 1 por cada dólar estadounidense, con más el ajuste mediante la aplicación del C.E.R., a la cual adicionó el importe de $ 19.780 en concepto de resarcimiento correspondiente a las inversiones realizadas para ampliar el local situado en el puerto; y d) admitir el recurso de los codemandados Juan Carlos López Mena y Juan Patricio López Siciliano, imponiendo las costas a la parte actora por el rechazo de la acción deducida respecto de aquéllos.

2°) Que London Supply S.A.C.I.F.I., en fs.3286/3307, dedujo recurso extraordinario, respecto de la sentencia de segunda instancia, el cual fue concedido sobre la base de la existencia de cuestión federal, en lo que atiende a la interpretación y aplicación de la ley 25.561  y fue denegado respecto de los agravios expresados con sustento en la causal de arbitrariedad.

Tales agravios fueron sostenidos por la recurrente mediante la presentación del recurso de hecho (L.439.XLIV), donde se dispuso dar vista a la Procuración General de la Nación, a sus efectos, conjuntamente con la causa principal en la cual medió la concesión del remedio federal con el alcance señalado.

3°) Que, de acuerdo a los antecedentes mencionados, resulta aplicable lo expresado por esta Corte al señalar que cuando el recurso extraordinario se funda en agravios de naturaleza federal y en la arbitrariedad de la sentencia, como ocurre en el caso, corresponde considerar en primer término esta última, pues de existir arbitrariedad, no habría sentencia propiamente dicha (Fallos: 228:473; 323:35  y 326:4123 , entre muchos otros) .

4°) Que los agravios vertidos por la apelante en el recurso de queja han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal de fs. 147/152, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite, en lo pertinente, por razón de brevedad.

5°) Que, además, corresponde precisar que el a quo, en la sentencia recurrida, tras tener por acreditada la configuración del ilícito contractual, consideró que resultaban indemnizables tanto las consecuencias necesarias, como las mediatas, proceder en el que ponderó la frustración de las ganancias que pudieron obtenerse por la explotación de la boutique del buque Juan Patricio y la contribución marginal a la utilidad de la empresa por ampliación del mercado y del tráfico.En tal sentido, destacó que si bien la actora no probó concretamente en relación de este concepto, lo cierto es que se vio impedida de hacerlo porque las codemandadas Los Cipreses, Belt y Walinco se opusieron a que el perito contador designado en la República Oriental del Uruguay compulsara los libros contables y la documentación que respaldaba los registros, evento que no resultaba imputable a la accionante ni podía impedir que se fije estimativamente la cuantía de los daños. En orden a la carencia de dicho elemento de convicción, adoptó como parámetros para determinarla -hizo mérito de las experticias desarrolladas y la prueba de informes (fs. 3267/3268)- el caudal de pasajeros que podía transportar dicho buque, los viajes realizados, y las ganancias que la actora obtenía sobre la base de los mismos parámetros en los alíscafos de Belt y Alimar, fijando por el rubro en cuestión la indemnización en la suma de u$s 2.250.000. En lo que incumbe a los extremos introducidos en el remedio federal, en cuanto ha sido concedido por la alzada, cabe señalar que en el decisorio recurrido se estableció la aplicación, al caso, de la ley argentina, por lo cual la cámara entendió que la cuestión quedaba sujeta a lo establecido en la ley 25.561, en tanto de la pericia analizada se desprendía que las utilidades de la explotación eran en dólares.Por lo cual, dispuso convertir el monto de la condena a razón de $ 1 por cada dólar estadounidense, con más el ajuste mediante la aplicación del C.E.R.

6°) Que, en tales condiciones, el recurso extraordinario es formalmente admisible toda vez que se halla en juego la inteligencia y aplicación de normas de carácter federal, como lo es la legislación de emergencia que dispuso la conversión a pesos de obligaciones en moneda extranjera (leyes 25.561, 25.280  Y decreto 214/02 ). Al respecto, cabe recordar que en esa tarea esta Corte no se encuentra limitada por la posición del tribunal apelado ni por los argumentos expresados por las partes (Fallos: 323:1406 , 1566; 331:1369 , 1040 y sus citas, entre muchos otros).

7°) Que, en lo pertinente, la cuestión sometida al conocimiento de esta Corte guarda sustancial analogía con la que fue objeto de tratamiento en el precedente Slatapolsky, Jorge Alberto c/ Banco do Brasil S.A.» (Fallos: 334:698 ), considerando 4°, votos concurrentes de los jueces Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni) .

8°) Que, en efecto, la indemnización establecida en el sub lite, en virtud de la configuración del ilícito contractual, fue otorgada por la alzada al considerar la existencia de un incumplimiento deliberado de las obligaciones asumidas con la actora, particularmente las previstas en la cláusula octava del contrato (fs. 3266/3266 bis), conducta a la que calificó de «intencional» aun cuando no existió la intención de dañar, supuesto este último que dejó a salvo pues importaría la existencia de delito civil con consecuencias más gravosas. En consecuencia, dicho resarcimiento constituye una de las denominadas deudas de valor, en las que el dinero representa solamente la medida del objeto de la prestación, el cual consiste en una determinada utilidad que el deudor debe procurar al acreedor. Por lo tanto, no resulta aplicable la normativa de pesificación.Una solución en contrario, no satisfaría la reparación integral que exigen las normas de derecho común que rigen el caso y la garantía de propiedad reconocida por el art. 17  de la Constitución Nacional.

Por ende, en el sub examine, la conversión de la indemnización en pesos dispuesta en el fallo apelado, traería aparejado un detrimento en el patrimonio del acreedor que carecería de justificación fáctica, porque no existe equilibrio obligacional a recomponer y, asimismo, dé sustento normativo, porque no cabe atribuir a la recordada normativa un alcance que no surge de su ratio legis explicitada en los antecedentes que precedieron a su sanción.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y se declara procedente el recurso extraordinario con el alcance y en los términos de los considerandos 4° y 8° del presente, en cuya medida se deja sin efecto el pronunciamiento apelado. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo decidido.

Reintégrese el depósito de fs. 2 de la queja y agréguese al principal. Notifíquese y devuélvase. E. RAUL ZAFFARONI –

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