Declaración de quiebra al no probar la existencia de bienes líquidos suficientes para solventar su pasivo insinuado y verificado.

cálculoPartes: Rosarios Sergio Gustavo s/ quiebra

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 18-sep-2012

Cita: MJ-JU-M-75704-AR | MJJ75704 | MJJ75704

Se confirma la declaración de quiebra en tanto aún cuando el deudor se domicilie en el extranjero tiene bienes en el país, generados en una declaratoria de herederos aún indivisa, y no demostró la existencia de bienes líquidos suficientes para solventar su pasivo insinuado y verificado.

Sumario:

 

1.-La regla de concursabilidad prevista en el art. 2, inc.2° , LCQ., que señala que pueden ser sujetos de concursamiento los deudores domiciliados en el extranjero respecto de los bienes existentes en el país. responde a principios de soberanía estatal, de modo que el proceso concursal se efectúa bajo la autoridad pública local de cada Estado donde el deudor tenga una parte de su activo, protegiéndose así al crédito nacional.-

 

2.-La normativa del art. 2º inc. 2º de la ley 24522 sustenta un foro patrimonial local, debiéndose interpretarse que el legislador, con su redacción, solo ratificó la jurisdicción argentina para conocer en un proceso concursal cuando hay bienes en el país, del modo semejante a como se lo hace en muchos otros países (Francia, Brasil o USA, solo a modo de ejemplo), con dos consecuencias dentro de nuestro sistema concursal actual: a) establecer una pauta de eficacia asegurada a la jurisdicción propia, tanto para casos de concurso preventivos, como para casos de reestructuraciones (APE´s) y quiebras, b) excluir la posibilidad del conocimiento de parte de tribunales extranjeros en procesos sobre los bienes del deudor situados en el propio territorio, consecuencia del enfoque territorialista adoptado.

 

3.-En torno al significado de la expresión bienes existentes en el país utilizado por el art. 2º, inciso 2º de la ley 24522, es claro que basta la radicación de cualquier objeto material o inmaterial susceptible de ser calificado (definido) y subsumido dentro del concepto de bien (arg. art. 2312 CCiv) y que sea susceptible de ser localizado materialmente o jurídicamente en el país y dentro de ese concepto se hallan comprendidos los inmuebles ( rei sitae: arg. art. 10 CCiv. en cuanto a la definición como tales), los bienes muebles registrables en la medida en que estén incorporados a un registro en el país -semovientes, automotores, aeronaves, buques, maquinarias, etc-, los bienes muebles no registrables que se encuentren en el país y puedan ser incautados en él. En este último punto, también se ha planteado que tal calificación podía atribuirse a los bienes muebles a los que le es aplicable la ley argentina, atendiendo a la ley que le es aplicable o que les puede resultar aplicable en los términos del art. 11 CCiv. -la ley del domicilio del dueño, en los bienes muebles móviles o in transitu o la lex situs en los bienes muebles de situación permanente-.

 

4.-Debe interpretarse que la norma del art. 2º inc. 2º de la ley 24522 se satisface cabalmente en el caso, con la situación física de tales bienes, incluso dinero, susceptibles de aprehensión material o jurídica, en el país. También son bienes en el país, la propiedad inmaterial, los derechos de autor, la propiedad intelectual, industrial, marcas, patentes invenciones, deseños, etc. registrados en la Argentina; los derechos creditorios de toda índole, susceptibles de ser ejecutados o con medidas cautelares en la República (certificados a plazo fijo, títulos, contratos, etc), así como la existencia en la cartera del deudor de participaciones, cuotas parte, tenencias accionarias o de capital en sociedades constituidas en la Argentina -vg. la participación accionaria de una matriz en su filial en la Argentina.

 

5.-Corresponde la declaración de quiebra en el país del fallido, aún cuando de acuerdo a lo informado por el Registro de la Propiedad Inmueble el fallido no posee bienes inmuebles en el país, sin embargo, cuenta con objetos inmateriales susceptibles de tener valor , tales como los derechos a su favor generados en una declaratoria de herederos, y aunque todavía no se haya procedido a la partición y adjudicación de las hijuelas a los herederos, ello no es óbice, para solicitar su quiebra conforme lo normado por el art. 2, inc.2 LCQ, toda vez que el art. 3.452 del Código Civil establece que los herederos, sus acreedores y todos lo que tengan un interés legítimo, pueden pedir en cualquier tiempo la partición.

 

6.-El art. 94 LCQ. establece que el fallido puede interponer recurso de reposición cuando la quiebra sea declarada como consecuencia del pedido de acreedor y la única causa para la viabilidad de la oposición contra el decreto falencial está dada en la inexistencia de alguno de los presupuestos esenciales para la apertura concursal. Dichos presupuestos se encuentran configurados por las siguientes circunstancias: que la quiebra sea solicitada por un acreedor, que el deudor sea un sujeto susceptible de ser declarado en quiebra y que su patrimonio se encuentre en cesación de pagos. En realidad, las tres causales están estrechamente ligadas por cuando no es posible concebir que exista cesación de pagos sin la concurrencia de un acreedor y un deudor.

 

7.-El recurso interpuesto en los términos del art. 95 de la LCQ. respecto del decreto de quiebra debe basarse en la apertura indebida del proceso, por no estar satisfechas las condiciones objetivas -estado de cesación de pagos- o subjetivas – que el deudor no encuadre en el art. 2° LCQ.-.

 

8.-La cesación de pagos es la situación en que se encuentra un patrimonio que se revela impotente para hacer frente, por medios normales, a las obligaciones que lo gravan y la impotencia de un patrimonio para dar cumplimiento a sus obligaciones se revela a través de hechos, cuya prueba ha de sustentarse, generalmente, sobre la base de elementos indiciarios, ya que no es indispensable y, de hecho, será excepcional la prueba directa, siempre que se den como fundamento presunciones, aunque sean simples, que si son graves, precisas y concordantes, sirven para formar convicción sobre el extremo requerido.

 

9.-La dificultad temporal para cumplir regularmente las obligaciones y la cesación de pagos representan, por lo general, dos diversos grados de un mismo fenómeno patológico cuyo contenido radica en la imposibilidad de cumplir en que se encuentra la cesante, precisamente, por carecer de los necesarios medios financieros.

 

10.-La demostración de la cesación de pagos no es un hecho (incumplimiento) sino un estado del patrimonio y que puede existir sin negativas de pago o no existir aunque medien una o varias.

 

11.-Debe hacerse distingo entre estado de cesación de pagos e incumplimientos y es por eso que los hechos reveladores de aquél, deben tender a acreditar que el deudor se halla, económicamente, en la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones en una forma general de manera de no permitirle afrontar los compromisos contraídos, ya que cualquier deudor, por sólida que sea su situación económica, puede encontrarse en determinado momento sin recursos necesarios para afrontar sus vencimientos, e incluso, voluntariamente, no pagar cierto tipo de deudas.

 

12.-La cesación de pagos alude pues, a una manifestación durable y definitiva del estado patrimonial de quien tiene agotados sus medios de recursos.

 

13.-Toda vez que el recurso de reposición no ha logrado rebatir la concurrencia del presupuesto que justificó el decreto falencial, o sea, la existencia del estado de cesación de pagos atribuido al deudor, el cuestionamiento del quejoso resulta inconducente a los efectos de satisfacer el presupuesto de admisibilidad del recurso de reposición intentado.

 

14.-El sustento del pedido de quiebra reposa, tal como fue antes explicitado, sobre el estado de cesación de pagos como presupuesto de viabilidad del presente proceso y que las acreencias verificadas en la instancia del art. 36 LCQ. y cuya legitimidad no fue observada por el deudor en los términos del art. 34 LCQ., configuran la justificación del decreto de quiebra, sobre todo, ante la falta de demostración de la existencia de bienes líquidos suficientes para solventar su pasivo aún al tiempo de deducir la reposición.-

 

15.-Más allá de la suerte o de la idoneidad de los títulos individuales, el estado de quiebra presupone la existencia de un estado general de cesación de pagos, extremo que debe ser desvirtuado por quien fue declarado en quiebra a efectos de obtener la revocación de marras. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

 

 

Fallo:

 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012.

 

Y VISTOS:

 

1.) Apeló el fallido la decisión de fs. 411/415 que rechazó la defensa de incompetencia y el planteo de reposición del auto de quiebra que interpusiera.-

 

Para decidir del modo en que lo hizo, el a quo sostuvo que conforme lo dispuesto por el art. 2 LCQ, es suficiente que el deudor posea bienes en el país para que se le pueda decretar la quiebra. Agregó que, en el caso, el fallido ccontaba con una declaratoria de herederos a su favor en los autos ” Rosarios Egón Germán s. Sucesión Testamentaria”, encontrándose pendiente la inscripción de acciones societarias así como la determinación de hijuelas de bienes muebles. Expuso, en ese orden de ideas, que sin adentrarse en una indagación adicional y más exhaustiva acerca del patrimonio falencial, lo antedicho resultaría suficiente para tener por acreditados los extremos requeridos por la citada normativa concursal para someter al fallido al presente procedimiento concursal.-

 

En lo referente al rechazo del planteo de reposición del auto de quiebra, si bien el juzgador admitió que se hallaba cuestionada la deuda causal del pedido falencial y se habría esgrimido una supuesta irregularidad al correrse el traslado del art. 84 LCQ, no se desvirtuó en definitiva el estado de cesación de pagos, cuando del propio informe individual presentado por el síndico surgía la existencia de otras deudas pendientes de cumplimiento, extremo que determinaría la incapacidad patrimonial del quejoso para hacer frente a su pasivo.-

 

Los fundamentos de la apelación obran desarrollados a fs. 466/475, los cuales fueron contestados por el peticionante de la quiebra a fs. 477/481 y por la sindicatura a fs.483/486.-

 

La Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara se expidió a fs. 494/495, propiciando la confirmación del fallo apelado.-

 

2.) En sus agravios, la recurrente indicó, que no estaba acreditada su calidad de comerciante, por lo que de acuerdo con lo previsto por el art.3 inc.1 LCQ, debía estarse a su domicilio real, sito en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Señaló también, para el hipotético caso de que se considerase aplicable el art. 2 LCQ, que no poseía bienes muebles e inmuebles en el país y que, respecto de los derechos hereditarios, se encontraba pendiente la partición y adjudicación, por lo que, conforme los arts. 3.281 y 3.283 del Código Civil, no se podían considerar a esos bienes como existentes sino como derechos en expectativa, toda vez que solo pasarán a sus herederos una vez que el patrimonio del causante alcance para cubrir sus deudas.

 

Por otra parte, alegó que la cédula de la citación del art. 84 LCQ había sido dirigida a un domicilio que no pertenecía al destinatario y que por eso mismo no podía ser tenida por válida. Peticionó como consecuencia de ello que en esta instancia se dispusiera la apertura a prueba respecto de la probanza cuya producción fuera denegada de hecho en la instancia de grado.-

 

3.) Planteo de incompetencia.-

 

Comenzando por esta defensa, cuadra recordar que a fs. 113/117 se presentó el fallido -por medio de apoderado-, deduciendo incidente de incompetencia sobre la base de que se domiciliaba en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.-

 

No se halla en discusión que la cuestión debe ser analizada desde la perspectiva del art. 2, inc.2°, LCQ, que señala que pueden ser sujetos de concursamiento los deudores domiciliados en el extranjero respecto de los bienes existentes en el país.Dicha regla de concursabilidad responde a principios de soberanía estatal, de modo que el proceso concursal se efectúa bajo la autoridad pública local de cada Estado donde el deudor tenga una parte de su activo, protegiéndose así al crédito nacional.-

 

En ese sentido, la normativa apuntada sustenta un foro patrimonial local, debiéndose interpretarse que el legislador, con su redacción, solo ratificó la jurisdicción argentina para conocer en un proceso concursal cuando hay bienes en el país, del modo semejante a como se lo hace en muchos otros países (Francia, Brasil o USA, solo a modo de ejemplo), con dos consecuencias dentro de nuestro sistema concursal actual: a) establecer una pauta de eficacia asegurada a la jurisdicción propia, tanto para casos de concurso preventivos, como para casos de reestructuraciones (APE´s) y quiebras, b) excluir la posibilidad del conocimiento de parte de tribunales extranjeros en procesos sobre los bienes del deudor situados en el propio territorio, consecuencia del enfoque territorialista adoptado.

 

Sentado ello, cabe detenerse ahora, en cuál es el significado de la expresión “bienes existentes en el país”. Es claro que basta la radicación de cualquier objeto material o inmaterial susceptible de ser calificado (definido) y subsumido dentro del concepto de bien (arg. art. 2312 C.Civ) y que sea susceptible de ser localizado materialmente o jurídicamente en el país. Dentro de ese concepto se hallan comprendidos los inmuebles ( rei sitae: arg. art. 10 C.Civ. en cuanto a la definición como tales), los bienes muebles registrables en la medida en que estén incorporados a un registro en el país -semovientes, automotores, aeronaves, buques, maquinarias, etc-, los bienes muebles no registrables que se encuentren en el país y puedan ser incautados en él.En este último punto, también se ha planteado en doctrina que tal calificación podía atribuirse a los bienes muebles a los que le es aplicable la ley argentina, atendiendo a la ley que le es aplicable o que les puede resultar aplicable en los términos del art. 11 C.Civ. -la ley del domicilio del dueño, en los bienes muebles “móviles” o “in transitu” o la lex situs en los bienes muebles de situación permanente-. Sin embargo, se coincide con que debe interpretarse que la norma se satisface cabalmente en el caso, con la situación física de tales bienes, incluso dinero, susceptibles de aprehensión material o jurídica, en el país. También son bienes en el país, la propiedad inmaterial, los derechos de autor, la propiedad intelectual, industrial, marcas, patentes invenciones, deseños, etc. registrados en la Argentina; los derechos creditorios de toda índole, susceptibles de ser ejecutados o con medidas cautelares en la República (certificados a plazo fijo, títulos, contratos, etc), así como la existencia en la cartera del deudor de participaciones, cuotas parte, tenencias accionarias o de capital en sociedades constituidas en la Argentina -vg. la participación accionaria de una matriz en su filial en la Argentina- (cfr. arg. María Elsa Uzal, Procesos de Insolvencia en el Derecho Internacional Privado, pág. 526 y ss).

 

Efectuada la precisión del concepto de “bienes existentes en el país” y, aún cuando de acuerdo a lo informado por el Registro de la Propiedad Inmueble el fallido no posee bienes inmuebles (ver fs. 64), sin embargo, cuenta con “objetos inmateriales susceptibles de tener valor”, tales como los derechos a su favor generados en una declaratoria de herederos en los autos ” Rosarios Egon Germán s. Sucesión Testamentaria”, y que aunque todavía no se haya procedido a la partición y adjudicación de las hijuelas a los herederos, ello no es óbice, como bien lo afirma el Ministerio Público en su dictamen, para solicitar su quiebra conforme lo normado por el art.2, inc.2 LCQ, toda vez que el art. 3.452 del Código Civil establece que los herederos, sus acreedores y todos lo que tengan un interés legítimo, pueden pedir en cualquier tiempo la partición.-

 

Ergo, no puede desconocerse la competencia del juez concursal argentino en la materia, por lo que no cabe otra decisión que rechazar el agravio ensayado en la cuestión de que aquí se trata.-

 

4.) Pedido de reposición (art. 94 LCQ).-

 

Con respecto a este planteo, cabe puntualizar que el art. 94 LCQ establece que el fallido puede interponer recurso de reposición cuando la quiebra sea declarada como consecuencia del pedido de acreedor.-

 

La única causa para la viabilidad de la oposición contra el decreto falencial está dada en la inexistencia de alguno de los presupuestos esenciales para la apertura concursal. Dichos presupuestos se encuentran configurados por las siguientes circunstancias: que la quiebra sea solicitada por un acreedor, que el deudor sea un sujeto susceptible de ser declarado en quiebra y que su patrimonio se encuentre en cesación de pagos. En realidad, las tres causales están estrechamente ligadas por cuando no es posible concebir que exista cesación de pagos sin la concurrencia de un acreedor y un deudor (Quintana Ferreyra, Francisco, Concursos, T° II, Astrea, 1.986, p. 180).-

 

Sentado ello, el recurso interpuesto en los términos del art. 95 de la LCQ respecto del decreto de quiebra debe basarse en la apertura indebida del proceso, por no estar satisfechas las condiciones objetivas -estado de cesación de pagos- o subjetivas – que el deudor no encuadre en el art. 2° LCQ.-.

 

Por otra parte, corresponde señalar, además, que doctrinariamente se admite que la cesación de pagos es la situación en que se encuentra un patrimonio que se revela impotente para hacer frente, por medios normales, a las obligaciones que lo gravan (Fernández R. “Fundamentos de la quiebra” nº 2119 y siguientes; Yadarola N. “El concepto técnico jurídico de la cesación de pagos”, J.A. 63-81 Sec. Doc. Navarrini:”Tratado de Derecho Comercial”, T° VI, nº 2139; Williams R: “El concurso preventivo”, pág. 14).-

 

La impotencia de un patrimonio para dar cumplimiento a sus obligaciones se revela a través de hechos, cuya prueba ha de sustentarse, generalmente, sobre la base de elementos indiciarios, ya que no es indispensable y, de hecho, será excepcional la prueba directa, siempre que se den como fundamento presunciones, aunque sean simples, que si son graves, precisas y concordantes, sirven para formar convicción sobre el extremo requerido.-

 

La dificultad temporal para cumplir reg ularmente las obligaciones y la cesación de pagos representan, por lo general, dos diversos grados de un mismo fenómeno patológico cuyo contenido radica en la imposibilidad de cumplir en que se encuentra la cesante, precisamente, por carecer de los necesarios medios financieros.-

 

Cabe recordar que “la demostración de la cesación de pagos no es un hecho (incumplimiento) sino un estado del patrimonio y que puede existir sin negativas de pago o no existir aunque medien una o varias” (Fernandez R.: “Fundamentos de la quiebra” nº 477). De otro lado, “debe hacerse distingo entre estado de cesación de pagos e incumplimientos”. Es por eso que los hechos reveladores de aquél, deben tender a acreditar que el deudor se halla, económicamente, en la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones en una forma general de manera de no permitirle afrontar los compromisos contraídos”, ya que “cualquier deudor, por sólida que sea su situación económica, puede encontrarse en determinado momento sin recursos necesarios para afrontar sus vencimientos”, e incluso, voluntariamente, no pagar cierto tipo de deudas (cfr. Fernandez R.: ob. cit. nº 169).-

 

La cesación de pagos alude pues, “a una manifestación durable y definitiva del estado patrimonial de quien tiene agotados sus medios de recursos” (cfr. Fernandez: ob. cit. pág. 315 a 321 -en especial nota nº 42).-

 

4.1. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ha de puntualizarse que el fallido invocó la nulidad de la notificación del art.84 LCQ, toda vez que al momento de cursarse el emplazamiento residía fuera del país; sin embargo, pese a ello, no intentó demostrar en forma suficiente la inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación del concurso.-

 

En la especie, cabe poner de relieve, que, a tenor de las constancias objetivas que se dispone en estos autos, resulta que en el marco del art. 32 LCQ se presentaron a verificar ante la sindicatura cuatro (4) acreedores, aconsejando la admisión de tres (3) acreencias por una suma total de $ 4.043.966,35 ($ 4.011.109,39 como quirografario y $ 32.856,96 con privilegio general). El Juzgado, siguiendo la opinión vertida por la sindicatura en el informe individual -art. 35 , LCQ-, verificó las acreencias insinuadas según el detalle que surge de la resolución dictada en fs. 428.-

 

Con base en ello y toda vez que el recurso de reposición no ha logrado rebatir la concurrencia del presupuesto que justificó el decreto falencial, o sea, la existencia del estado de cesación de pagos atribuido al deudor, el cuestionamiento del quejoso resulta inconducente a los efectos de satisfacer el presupuesto de admisibilidad del recurso intentado. En efecto, y más allá de la queja sustentada en el emplazamiento del art. 84 LCQ, no debe soslayarse que el sustento del pedido de quiebra reposa, tal como fue antes explicitado, sobre el estado de cesación de pagos como presupuesto de viabilidad del presente proceso y que, en el sub lite, las acreencias verificadas en la instancia del art. 36 LCQ y cuya legitimidad no fue observada por el deudor en los términos del art.34 LCQ, configuran la justificación del decreto de quiebra, sobre todo, ante la falta de demostración de la existencia de bienes líquidos suficientes para solventar su pasivo aún al tiempo de deducir la reposición.-

 

Todas estas circunstancias, se reitera, convencen a la Sala de que corresponde decidir este caso ponderando, a todo evento, la existencia de obligaciones que han sido insinuadas y verificadas, acreencias que ponen de manifiesto un estado de impotencia para satisfacer regularmente las deudas exigibles que gravaban el patrimonio del fallido. Este criterio se sustenta en la idea de que más allá de la suerte o de la idoneidad de los títulos individuales, el estado de quiebra presupone la existencia de un estado general de cesación de pagos, extremo que debe ser desvirtuado por quien fue declarado en quiebra a efectos de obtener la revocación de marras (esta CNCom., esta Sala A, 20.03.07, “Servimaq SA s. quiebra”; íd., 25.09.7″Ekhoson SA s. quiebra s. inc. de apelación art. 250 CPCC”; íd., Sala B, 12.03.01, “Goñi Casaux Mario s. quiebra s. inc. de apelación”; íd., Sala E, 08.08.03, “Incusa Internacional de Cuero SA s. quiebra”; íd., Sala C, 11.11.03, “Grincom SA s. quiebra”).-

 

En suma, el quejoso no ha desvirtuado la concurrencia, en el sub examine, de los presupuestos sustanciales para la continuación del proceso falencial.-

 

5.) Por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE:

 

a.) Desestimar el recurso de apelación interpuesto y, por ende, confirmar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio;

 

b.) Imponer las costas de Alzada al recurrente, por haber resultado vencido en esta instancia (CPCC:68 ).-

 

Notifíquese a la Sra. Fiscal General en su despacho. Cumplido, devuélvase a primera instancia encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso con copia de la presente. La Señora Juez de Cámara Dra. Isabel Míguez no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). Alfredo Arturo Kölliker Frers, María Elsa Uzal. Ante mí: Jorge Ariel Cardama. Es copia del original que corre a fs. 497/500 de los autos de la materia.

 

Jorge Ariel Cardama – Prosecretario de Cámara –

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