Responsabilidad de la empresa por las lesiones sufridas por la actora al caer en un colectivo de su propiedad

ColePartes: García López Silvia c/ Empresa del Oeste S.A. de Transporte s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 5-sep-2012

Cita: MJ-JU-M-75760-AR | MJJ75760 | MJJ75760

Se admite la pretensión de la actora, quien demanda a la empresa de transporte público solicitando se lo indemnice por las lesiones que sufriera, al caer en un colectivo de la empresa demandada en tanto que la demandada no ha acredita eximente legal alguno en cuanto a su responsabilidad. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia – modificándola en cuanto a los rubros indemnizatorios – y hacer lugar a la demanda entablada por la accionante, quien sufrió sufrió una caída cuando se paró para descender del colectivo de la empresa de transporte demandada, la cual le ocasionó diversas lesiones – traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento durante corto período de tiempo, y herida cortante en scalp en región frontal y cuero cabelludo región frontotemporal derecha-, pues ha sido adecuadamente probada la vinculación contractual que atribuye al transportista la presunción objetiva de responsabilidad y la relación de causalidad entre el daño padecido y el hecho denunciado en el escrito de demanda, sin que se hubiera acreditado eximente legal alguno por parte de la empresa transportista.

2.-En lo que hace a la responsabilidad, el caso de autos se subsuma dentro de la responsabilidad extracontractual, o bien, dentro de la contractual, se impone un tratamiento único en ambos casos, puesto que ambos regímenes son idénticos cuando en la causación intervienen cosas que se reputan riesgosas o peligrosas, por lo cual, en el caso, habiendo la demandada y su aseguradora negado el hecho, correspondía a la actora demostrar la calidad de pasajera invocada y las lesiones sufridas durante o en ocasión del viaje; a partir de la adjunción del boleto de transporte, como también de las lesiones en el orden físico constatadas, tuvo por probada la calidad de pasajera invocada por la accionante.

3.-Corresponde desechar el agravio esgrimido por la parte demandada, quien objeta que el sentenciante haya admitido las declaraciones de los testigos ofrecidos por la actora, cuando ninguno de ellos resulta ser presencial del hecho y declararon con clara parcialidad a favor de la actora, pues el hecho de que los testigos conocieran con anterioridad a la actora no importa desechar sin más sus declaraciones, cuando éstas se encuentran respaldadas por demás elementos probatorios.

4.-En relación a los gastos – aquellos en los que incurre quien sufre un ilícito – no necesitan de una acabada prueba documental, se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico realice gastos extraordinarios en concepto de medicamentos y traslados, sin que obste a tal solución que el damnificado fuera atendido en hospitales públicos o a través de su obra social, ya que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos (por ejemplo medicamentos) que le ocasionan un detrimento patrimonial.

Fallo:

En Buenos Aires, a 5 días del mes de septiembre del año 2012, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “García López, Silvia c/ Empresa del Oeste S.A. de Transporte s/ Daños y Perjuicios” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

I.- Contra la sentencia obrante a fojas 563/571, apelaron y expresaron agravios la parte actora a fojas 596/600 y la demandada y la citada en garantía a fojas 590/592, cuyos respectivos traslados no fueron contestados.

A fs. 608 se ordenó la elevación de los presentes autos al Acuerdo, por lo que las presentes actuaciones se encuentran en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo.

II.- La parte actora cuestiona los montos por los que prosperaron las partidas relativas a “incapacidad sobreviniente”, a “daño psíquico” y respecto del rechazo del “lucro cesante”.

La parte demandada y la citada en garantía cuestionan la responsabilidad atribuida y, por las razones que esgrimen, peticionan que se revoque la sentencia de primera instancia, con costas.

III.- En primer término, corresponde examinar las quejas de la parte demandada y de la citada en garantía, toda vez que éstas cuestionan la atribución de responsabilidad.

Las apelantes señalan que la demanda fue admitida con absoluta prescidencia de las probanzas arrimadas a autos, y por la mera adjunción al expediente del boleto de transporte, cuando aquello no acredita el carácter de pasajera de la actora. Sostienen que dicha constancia no resulta personalizada, por lo que se encuentra al alcance de cualquier transeúnte. Argumentan que en la causa penal, solo se cuenta con la denuncia del supuesto hecho realizada por la propia actora, sin existir demás elementos probatorios.Por los motivos que exponen en su presentación, concluyen que no se probó la relación de causalidad, tampoco la mecánica del accidente, ni la participación de algún microómnibus de su pertenencia.

En relación a la prueba testimonial, objetan que el sentenciante haya admitido las declaraciones de los testigos ofrecidos por la actora, cuando ninguno de ellos resulta ser presencial del hecho y declararon con clara parcialidad a favor de la actora, máxime en el caso de la Sra. Ramírez, quien indicó tener interés propio en la solución del juicio. Por tales razones, estiman que debió rechazarse tal prueba, a partir de la clara falta de idoneidad de los deponentes.

Exponen que no sólo no existe prueba acerca de la mecánica del accidente sino que tampoco se debió tener por probadas las lesiones en el plano traumatológico, en atención a las impugnaciones oportunamente efectuadas por su parte y que procede a detallar. Igual tratamiento les merece el informe pericial mecánico del que también solicitan su rechazo, toda vez que el perito interviniente no tuvo la posibilidad de consultar la causa penal labrada con motivo del hecho de autos.

Se agravian asimismo por los rubros en concepto de “daño moral” y “gastos varios”, por considerarlos improcedentes.

IV.- En lo que hace a la responsabilidad, el Señor Juez destacó que sea que se subsuma al presente hecho dentro de la responsabilidad extracontractual, o bien, dentro de la contractual, se impone un tratamiento único en ambos casos, puesto que ambos regímenes son idénticos cuando en la causación intervienen cosas que se reputan riesgosas o peligrosas. Por lo cual, en el caso, habiendo la demandada y su aseguradora negado el hecho, correspondía a la actora demostrar la calidad de pasajera invocada y las lesiones sufridas durante o en ocasión del viaje. A partir de la adjunción del boleto de transporte, como también de las lesiones en el orden físico constatadas, tuvo por probada la calidad de pasajera invocada por la accionante.Por lo demás, aun restando valor probatorio a las declaraciones efectuadas por las vecinas y amigas o conocidas de la actora, reputó que los elementos arrimados a la causa, constituyen indicios serios como para tener por probado el hecho fuente invocado en el acto de postulación. Por tales motivos, admitió la demanda condenando a los encartados.

V.- Así expuestos someramente los argumentos traídos a valoración, adelanto que los mismos no habrán de tener favorable acogida por las razones que siguen.

En primer término vale poner de resalto que en autos, como se dijo, la parte demandada y su aseguradora, desconocen aún en esta instancia la ocurrencia misma del hecho invocado. Argumentan que la circunstancia de que se acompañe una copia del boleto de pasaje, no acredita la calidad de pasajera invocada.

Ahora bien, la parte actora, oportunamente acompañó el boleto original que se encuentra actualmente agregado a fs. 547, cuya fecha de expedición data del 29/09/07, 15:45 hs.

En relación a ello, cabe señalar que en la oportunidad correspondiente las demandadas y la citada en garantía negaron la autenticidad de toda la documentación agregada por la actora, dejando a salvo aquella que fuera motivo de especial y categórico reconocimiento (ver fs. 137, punto 3 y adhesión de fojas 180 vta. y de fs. 201).

No obstante, a fs. 107 vta., había ofrecido como prueba de informes, remitir un oficio al Representante de la Empresa del Oeste S. A. de Transportes línea 303 a fin de que se expidiera sobre la autenticidad del boleto en cuestión, extremo que es respondido por la Empresa del Oeste S.A. de Transportes, a fs. 249, quien contesta que “tratándose de una copia del boleto de referencia, resulta imposible expedirse sobre su autenticidad”.

En este punto cabe decir, tal como lo ha señalado el Sr.Juez de grado, que la demandada se encontraba en mejores condiciones para probar que ese boleto no pertenecía a la empresa de transporte o que su numeración no coincidía con los que expedía la máquina registradora el día y hora del accidente, configurando ello un argumento más a considerar.

Por otra parte, las apelantes se agravian por no haberse considerado que en la causa penal solo se cuenta con la denuncia del hecho realizado por la actora, sin ninguna otra prueba que abone tal elemento. No obstante, si bien ello es cierto, no lo es menos que en autos efectivamente se produjeron las probanzas de las que se tiene debida cuenta y respecto de las cuales el sentenciante de grado hizo mérito, circunstancia frente a la cual las agraviadas hacen caso omiso, limitándose a negar la existencia del siniestro.

En otro orden de ideas, se intenta despojar de eficacia a la prueba testimonial ofrecida por la actora y producida en autos.

No obstante, considero menester destacar el testimonio de la Sra. Irene Amelia Ramírez, quien declaró que se encontraba con la actora en el momento en que aquella padeció el accidente, quien relató que: “Nos encontramos en el colectivo, me crucé y me senté con ella conversábamos cosas diarias no recuerdo que, y llegó el momento que teníamos que bajar por que vivimos en la misma dirección cruzando la ruta y ella se para y yo me corrí a su asiento con el bolso y en el momento que se paró fue la frenada, yo me voy para adelante y a Silvia y a otra persona más que estaba atrás de ella la veo que se me va para adelante del colectivo donde estaba la máquina de los boletos, ahí ella quedó tirada, y no se cómo fue en ese momento fui con otras personas a socorrerla y ahí llamamos al Hospital que está enfrente el polo sanitario trajeron una silla de ruedas, ella estaba toda lastimada y sangrada la cabeza”.

Las restantes testigos, también vecinas o conocidas de la actora, Sras.María Daniela Sabbadini, María Margarita Idiartegaray y Teresa Esther Guzmán, quienes declararon a fs. 311/312, 313/314, y 317/8, respectivamente, si bien no se encontraban presentes en el momento mismo del hecho, refirieron haberse apersonado al lugar momentos posteriores y fueron contestes en los detalles centrales, tales como que en tal momento se hizo presente el hijo de la actora, que fue atendida en el centro de salud existente a la altura de la parada a donde se dirigía aquella (ver hoja de guardia de fs. 366 y dirección del establecimiento, fs. 368), que procedieron a suministrarle una silla de ruedas para trasladarla, así como dieron cuenta de los miembros que habrían sido afectados por el golpe de la caída.

Si bien la demandada y su aseguradora procedieron a impugnar la totalidad de los testimonios, se advierte que básicamente las impugnaciones se basan en demostrar que la totalidad de los testigos no resultan idóneos, pues argumentan que sus declaraciones se hallan teñidas de parcialidad, habiendo una de ellas incluso indicado tener interés propio en el resultado del juicio.

Respecto a la valoración de la prueba testimonial cabe recordar que un testigo es atendible cuando su declaración sea idónea para crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos a que aquella se refiere (conf.Palacio, Tratado de Derecho Procesal, T.I, pág.478), y para apreciar la eficacia del testigo debe atenderse a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyen la fuerza de las declaraciones, ya que ni el juramento de decir la verdad impuesto por la ley ni las manifestaciones al responder por las generales de la ley, obstan el ejercicio por el juzgador de la potestad legal de apreciarlas según las reglas de la sana crítica, normas éstas que no son sino las del correcto entendimiento humano, extraídas con recto criterio de lógica y basadas en la ciencia, experiencia y observación de los demás elementos agregados a la causa, por tanto la fuerza probatoria de la declaración testimonial está vinculada a la razón de sus dichos y en particular a la explicación que pueda dar del conocimiento de los hechos, ya que es condición esencial de su validez, al punto que el Código impone al juez exigirla. (E.D, 81-334).

Por lo cual, lo cierto es que el hecho de que los testigos conocieran con anteriori dad a la actora no importa desechar sin más sus declaraciones, cuando éstas se encuentran respaldadas por demás elementos probatorios.

En otro orden de ideas, en lo relativo a la evolución de las lesiones, es importante señalar que corrobora el criterio del anterior sentenciante el hecho de que el perito ingeniero mecánico designado de oficio, Ing. Rafael Galeano, arribara a la conclusión de que el accidente de autos reúne las condiciones necesarias como para haber ocasionado las lesiones descriptas a fs. 438 vta., todo lo cual se ponderó y devino firme pues ninguna observación formularon las apelantes en esta Alzada.

En igual sentido se expidió la perito médico Dra. Norma Susana Rosemblatt, en el sentido de que “las secuelas físicas guardan verosímilmente relación de causalidad con el hecho accidental. Asimismo las lesiones informadas surgen también de la lectura de las historias clínicas realizadas luego de la ocurrencia del accidente” (fs. 428, punto b), último párrafo.Es más, al concluir y previo al tratamiento de las partidas indemnizatorias, considero menester resaltar que ya el Juez de grado subrayó que la parte demandada no aportó ningún elemento de juicio que permitiera sostener los extremos de defensa en relación a la inexistencia del hecho, por lo que correspondía establecer la plena responsabilidad civil de los demandados, todo lo cual -tal como se señalara- no mereció objeción alguna, ni se opusieron argumentos de peso que pudieran refutar eficazmente el razonamiento del Juez a quo.

En síntesis, luego de efectuar una meditada lectura y pormenorizado análisis de las constancias obrantes en el expediente, se comparte el temperamento del anterior sentenciante en cuanto a que en la causa existen presunciones basadas en indicios, graves, precisos y concordantes como para tener por cierto que la actora se lesionó durante la ejecución del contrato de transporte.

De allí que al no encontrarse debidamente controvertidos los aspectos centrales del decisorio, ponderando una vez más que las cuestiones destacadas por las apelantes no crean incertidumbre moral en cuanto a la existencia del siniestro y la condición de pasajera lesionada de la actora, se propone al Acuerdo que en caso de resultar compartido este voto se desestime la queja y que se confirme la sentencia de primera instancia en lo que ha sido motivo de agravio.

VI.- a) Incapacidad sobreviniente:

La partida fue fijada en la suma de $60.000.

La parte actora se agravia por el monto fijado, toda vez que lo estima sumamente reducido a la luz de la cantidad de lesiones que padeció la actora y en función de las secuelas que aun ostenta. Sostiene que el sentenciante de grado, no efectuó un pormenorizado análisis de la historia clínica perteneciente a la actora. Por las razones que vierte en su escrito que fundamenta la queja, solicita le elevación de la partida a fin de obtener una indemnización justa y proporcionada al daño padecido.Por su parte, la parte demandada y su aseguradora bajo el punto c) refieren que los porcentajes de incapacidad resultan por demás abultados, adoleciendo el informe pericial de innumerables errores. No obstante, cabe decir que luego de una detenida lectura se infiere que los argumentos intentados constituyen meras disconformidades o disensos con la opinión del magistrado, de esta manera, no se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 265  del código Procesal en cuanto a la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que pudieran considerar equivocadas, de manera que corresponde declarar desierto el recurso en este aspecto.

Ahora bien, el informe pericial médico fue confeccionado por la Dra. Norma Susana Rosemblatt, quien, al describir las lesiones padecidas por la actora asentó que: “A causa del accidente sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento durante corto período de tiempo, y herida cortante en scalp en región frontal y cuero cabelludo región frontotemporal derecha, con visualización de la calota, de acuerdo a las referencias de la historia clínica. Asimismo padeció fractura mediodiafisaria de la clavícula izquierda y politraumatismos”.

Destacó que en el rostro se observa en la región frontal derecha una cicatriz semicircular cóncava hacia arriba de 8 cm, el segmento proximal está engrosado y tiene un ancho de 0,5 cm, la cicatriz es hipocrómica, y adherida a planos profundos y superficiales. En el hombro derecho se observa cicatriz quirúrgica horizontal de 10 cm con la impronta de los puntos de sutura, paralela a la clavícula. Fue operada de la clavícula izquierda el 25/10/07, oportunidad en la que se realizó osteosíntesis de la fractura, con una placa de 6 tornillo, habiéndose colocado yeso durante aproximadamente 30 días. Se advierte acortamiento de 1 cm de la clavícula izquierda en comparación con la derecha, e imposibilidad de alcanzar los límites máximos de la abdoelevación, flexión horizontal y de las rotaciones externa e interna respectivamente.A su vez constató que la actora no presenta secuelas neurológicas del traumatismo craneano sufrido.

La experta consignó que por las secuelas físicas la Sra. García López es portadora de una incapacidad parcial y permanente equivalente al 25,30% de la T.O y T.V. que guarda verosímilmente relación de causalidad con el accidente invocado (Baremo párale fuero civil de los Dres. Altube -Rinaldi).

Informó también que psicológicamente, la actora es portadora de un Desarrollo psíquico postraumático en período de estado moderado o trastorno por stress postrumático, que de acuerdo al DSM IV se corresponde como F43.1. Por dicha secuela es portadora de una incapacidad parcial y permanente equivalente al 20% de la T.O. De dicha incapacidad se descontó el 30%, por la personalidad de base de la evaluada, en consecuencia el 14% de incapacidad, gurda verosímilmente relación de causalidad con el hecho accidental invocado (Baremo del Dr. Mariano Castex).

El informe ha sido impugnado por la parte demandada, lo que mereció la contestación que se halla agregada a fs. 454/456. Atento a las explicaciones brindadas por la experta, la impugnación formulada deberá ser rechazada. Es que frente a la disparidad del dictamen efectuado por el perito de oficio y la impugnación formulada por las partes debe estarse a la de aquél en tanto se encuentre debidamente fundada en los principios propios de su ciencia, pues no debe perderse de vista la imparcialidad con la que actúa que surge de su designación por el Juzgado. Así un peritaje sólo puede impugnarse mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica, debe sustentarse sobre bases sólidas demostrativas de la equivocación del experto, la objeción debe contener fundamentos válidos que formen la convicción del magistrado sobre su procedencia, debiendo reunir la suficiente fuerza para lograr evidenciar la falta de idoneidad, competencia o principios científicos del dictamen, características que no revisten las manifestaciones vertidas al impugnar el informe.En definitiva, habré de aceptar las conclusiones a las que arribó la perito oficial en los términos del art. 477  del C.P.C.C.

Por lo cual, en virtud de las consideraciones hasta aquí expuestas y las características socioeconómicas de la actora: de 56 años al momento del hecho, soltera, madre de dos hijos mayores de edad, propongo elevar la partida en concepto de incapacidad sobreviniente a la suma de $ 90.000.

b) Daño psíquico:

Ante todo se advierte que la agraviada bajo este título introduce argumentos tendientes a rebatir la suma dispuesta por el anterior sentenciante en cuanto al tratamiento psicoterapéutico -que prosperó por la suma de $9.600-, no así al daño psíquico, que el sentenciante incluyó, por no considerarlo autónomo, al tratar la incapacidad sobreviniente.

Dicho esto, advierto que la experta recomendó tratamiento “por un período de aproximadamente un año, con una frecuencia bisemanal” (fs. 429 vta,. último párrafo).

En lo que hace al valor unitario de la sesión, debo apuntar que conforme lo ha señalado este Tribunal, el mismo debe estimarse en la suma de $100 por ser la que mejor representa el costo medio de un tratamiento terapéutico. A ello debe agregarse el hecho de contar con la suma total de la indemnización por adelantado, lo que también debe ser tenido en cuenta en función del beneficio que ello representa para la reclamante.

En consecuencia, en atención a la importancia del accidente, y el tiempo de tratamiento estimado por la perito, resultando la suma estipulada un tanto reducida, propongo elevar el monto por este concepto a la de $19.200.

c) Lucro Cesante:

Se agravia la actora por el rechazo de la presente partida, que el sentenciante fundó en no haberse probado específicamente la pérdida de ganancias que habría experimentado la actora. Argumenta que contrariamente a ello, los 4 testigos ofrecidos por su parte dieron debida cuenta de que la actora era modista con anterioridad al accidente.Por lo cual, solicita que en esta instancia se efectúe una adecuada valoración de la testimonial, y se procede a fijar una partida por el concepto que se reclama.

Ahora bien, Matilde Zavala de Gonzalez (“Resarcimiento de daños” Tomo 2a “daños a las personas”, Ed. Hammurabi, pág. 309/310) señala que “El Código Civil define el lucro cesante como la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito y lo declara resarcible como uno de los capítulos del daño patrimonial, al lado del perjuicio efectivamente sufrido o daño emergente (art. 1069). Con relación específica al supuesto de lesión a la integridad personal, el art. 1086 dispone que la indemnización comprende todas las ganancias que éste (el ofendido) dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento. Cabe observar que las ganancias frustradas son resarcibles aunque la víctima no se haya restablecido o no lo haya logrado totalmente, es decir, si queda en situación de incapacidad y a raíz de ésta sufre algún lucr o cesante”.

El lucro cesante equivale al cercenamiento de las utilidades o beneficios materiales susceptibles de apreciación pecuniaria, esto es, la pérdida de algún enriquecimiento valorable desde una óptica económica.- Nuestro máximo Tribunal ha sostenido que “el ordenamiento civil entiende el lucro cesante como la ganancia o utilidad de que fue privado el damnificado, es decir, la frustración de un enriquecimiento patrimonial a raíz de un hecho lesivo” (CSJN 2/11/95 “Sandler Hector c/Estado Nacional”  JA Rep. 1999-504, n?315).-

Debe ser cierto; pero esa certeza es relativa, pues se apoya en un juicio de probabilidad que comprende lo verosímil, sin llegar a lo seguro, necesario o infalible.Y si bien su existencia no se presume, por lo que su acreditación corre a cargo de quien lo reclama, y aún cuando no se exija la prueba fehaciente de su cuantía, es necesario aportar elementos de convicción suficientes acerca de la existencia de una cierta posibilidad objetiva de que dichas ganancias se hubieran logrado de no haber ocurrido el hecho ilícito.-

En esta inteligencia, los agravios de la actora habrán de ser acogidos, pues disiento con la valoración que efectúa el anterior sentenciante respecto de la prueba rendida sobre el particular (testimonios aportados por las Sras. María Daniela Sabbadini, María Margarita Idiartegaray y Teresa Esther Guzmán, quienes declararon a fs. 311/312, 313/314, y 317/8, respectivamente).

A lo que cabe agregar que también los testigos que declararon en el beneficio de litigar sin gastos refirieron que la actora se desempeñaba como modista y realiza trabajos por encargo (ver fs. 16 y 17 del BLSG, y declaración jurada de fs. 18).

Si bien no se ha acompañado prueba documental -como lo señala el requerido- la prueba testimonial rendida resulta suficiente, pues conforme lo dicho, para la admisión de este rubro basta con la certeza de una cierta probabilidad objetiva de su existencia.

No debe perderse de vista que el derecho de daños debe manejarse con una visión realista, por lo que el principio de certeza del perjuicio no puede estar ausente, en este sentido, no corresponde exigir una seguridad completa sobre su producción, pues de lo contrario se dejaría sin tutela indemnizatoria perjuicios suficientemente ciertos dentro de una orientación de probabilidad y verosimilitud.-

En relación al “quantum” de la partida, habrá de tenerse en consideración que la actora no ha aportado prueba alguna acerca de los ingresos que percibía por su actividad, lo que se hallaba a su cargo (art.377  del Código Procesal), de allí que la cuantificación de la partida deba establecerse con un criterio restrictivo.

A partir de lo expuesto considero que debe fijarse el monto por este concepto a la suma de $ 7.000 (art. 165  del C.P.C.C.).

d) Gastos Varios:

La partida prosperó por la suma de $2.400.

Las vencidas se agravian por el monto fijado en este concepto, el que reputan elevado a la luz de la orfandad probatoria en la que incurrió la parte actora respecto del presente reclamo.

Se ha sostenido que los gastos médicos y de farmacia constituyen una consecuencia forzosa del accidente, de modo tal que el criterio de valoración debe ser flexible, no requiriéndose, por ende, prueba concreta y acabada sobre la efectividad de los desembolsos y de su cuantía.- Lo fundamental es que la índole e importancia de los medios terapéuticos a que responden los gastos invocados guarden vinculación con la clase de lesiones producidas por el hecho, es decir, que exista la debida relación causal.-

En efecto, los gastos de farmacia no siempre pueden ser suficientemente documentados.- Algunos medicamentos se venden sin suscribirse facturas sino simplemente tickets.Por otra parte, la multiplicidad de comprobantes se traduce en la pérdida de pequeños instrumentos (Kemelmajer de Carlucci, en “Código Civil Comentado”, T.5, página 213).- A ello cabe agregar que resulta natural que, producido un accidente, el lesionado y, en su caso, los familiares, no se encuentren en condiciones anímicas como para gestionar los comprobantes de los pagos que realizan para la curación.-

En el contexto descripto, una constante y antigua jurisprudencia ha entendido que los gastos en que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental, se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico realice gastos extraordinarios en concepto de medicamentos y traslados, sin que obste a tal solución que el damnificado fuera atendido en hospitales públicos o a través de su obra social, ya que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos (por ejemplo medicamentos) que le ocasionan un detrimento patrimonial.

Ahora bien, en el caso de autos, en virtud de la magnitud de las lesiones padecidas, los tratamientos a los que debió someterse, y en virtud de que la actora no cuenta con obra social, por no reputar la suma dispuesta en la anterior instancia elevada, propongo al Acuerdo su confirmación.

e) Daño Moral:

La partida por este concepto fue fijada en la suma de $40.000.

La parte demandada y su aseguradora se agravian por haberse admitido la partida en análisis.

El daño moral ha sido definido como aquel perjuicio que se manifiesta a través de los padecimientos, molestias y angustian que lesionan las afecciones legítimas de la víctima, lo que demuestra el intento de resarcir aspectos propios de la órbita extrapatrimonial del damnificado.Para su procedencia la ley no requiere prueba de su existencia ya que se acredita ante el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del derecho en cabeza del reclamante.

Para establecer la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que más que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso. La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia entre tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas (cfr. Llambías, Obligaciones, T.I pág. 229).

Así las cosas, teniendo en consideración las características que presentó el hecho, la repercusión que en los sentimientos de la damnificada debió generar la ocurrencia misma del accidente como una agresión inesperada a su integridad física, el tipo de tratamiento recibido, las secuelas que produjo en la damnificada y demás características personales de ésta (la Sra. García López resulta ser soltera, de 56 años al momento del hecho, madre de dos hijos, uno de 19 años con el que convive, no posee bienes de fortuna, tal como se desprende de las constancias obrantes en el BLSG), no estimo elevado el monto fijado por el anterior sentenciante, por lo que propongo su confirmación.

VII.- Por todo ello y si mi voto fuera compartido, propongo al acuerdo que se modifique la sentencia apelada, en los siguientes aspectos:a) elevando a $90.000, y $19.200, las sumas correspondientes a incapacidad sobreviniente y daño psíquico, respectivamente; b) se fije la suma de $ 7.000 en concepto de lucro cesante; y c) se la confirme en todas las cuestiones que decide y han sido materia de agravios. Con costas de Alzada a la parte demandada y citada en garantía (cfr. art. 68  del Cód. Procesal).-

El Dr. Ramos Feijoó, por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhiere al voto que antecede. La vocalía 22 se encuentra vacante (art. 36  del RJNC). Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO. Claudio Ramos Feijoó.

Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide modificar la sentencia apelada en los siguientes aspectos: a) elevando a $90.000 y $19.200, las sumas correspondientes a incapacidad sobreviniente y daño psíquico, respectivamente; b) se fije la suma de $ 7.000 en concepto de lucro cesante; y c) se la confirme en todas las cuestiones que decide y han sido materia de agravios. Con costas de Alzada a la parte demandada y citada en garantía (cfr. art. 68 del Cód. Procesal). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO.

Claudio Ramos Feijoó.

Claudio M. Kiper.

La vocalía 22 se encuentra vacante (art. 36 del RJNC).

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s