Negar la compra de divisas para realizar un viaje al extranjero a un contribuyente que solicita la autorización y demuestra sus ingresos luce, en principio, arbitraria.

Partes: M. N. c/ AFIP s/ medida autosatisfactiva

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

Sala/Juzgado: III

Fecha: 6-nov-2012

Cita: MJ-JU-M-75546-AR | MJJ75546 | MJJ75546

Negar la compra de divisas para realizar un viaje al extranjero a un contribuyente que solicita la autorización y demuestra sus ingresos luce, en principio, arbitraria.

Sumario:

1.-Debe confirmarse la resolución que hizo lugar a una medida cautelar en el marco de una acción de amparo en procura de que se autorice a adquirir divisas para realizar un viaje al extranjero cuando se solicito autorización al Fisco, y se informa que de la evaluación sistémica efectuada sobre la situación fiscal no se habilita a adquirir moneda extranjera para la compra de divisa extranjera, pues tal decisión de ilegal y manifiestamente arbitraria.

2.-No se vislumbra una sola nota que justifique, a priori, la negativa de autorización por parte del Fisco para la compra de divisas para realizar un viaje al extranjero a un contribuyente, basada en presuntas inconsistencias de su capacidad de ahorro, cuando el actor tiene dinero depositado en una cuenta bancaria y justificado su origen con los recibos de sueldo que acompaña, pues la negativa carece de sustento y se evidencia, como arbitraria.

3.-El dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud; además el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad.

4.-La procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, recaudos que aparecen exigidos por el art. 230 del CPCC., a los que se une un tercero, establecido de modo genérico para toda clase de medidas cautelares, cual es la contracautela, contemplada en el art. 199 del Código de rito.

5.-Cuando la medida cautelar se intenta contra la Administración Pública, es menester que se acredite prima facie y sin que ello implique prejuzgamiento de la solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible. Y ello es así porque los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual en principio ni los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante los cuales se discute su validez, suspenden su ejecución, lo que determina, en principio, la improcedencia de las medidas cautelares.

Fallo:

La Plata, 6 de noviembre de 2012.

AUTOS Y VISTOS: Este expediente nº 18.667/12, Sala III, «M., N. c/ AFIP s/ Medida autosatisfactiva», que tramita ante el Juzgado Federal de 1era. Instancia n° 4 Secretaria N° 11, de esta ciudad;

Y CONSIDERANDO QUE:

I. Antecedentes.

1. La actora requirió una medida cautelar autosatisfactiva contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P) en procura de que se le autorice a adquirir la suma de mil doscientos reales (R$S 1200) para realizar un viaje a la Republica Federativa del Brasil cuya duración es del 7 al 14 de noviembre. Sostuvo que solicitó la autorización a la AFIP (el 25/10/2012) y se le informó que de la evaluación sistémica efectuada sobre su situación fiscal no lo habilita a adquirir moneda extranjera para la compra de divisa extranjera. Reputó la decisión de ilegal y manifiestamente arbitraria. Consideró, por ello, vulnerados sus derechos constitucionales sobre los que se explaya en la demanda.

Destacó que es abogado, que está inscripto ante la AFIP como Monotributista, y que sus ingresos lo constituyen su actividad profesional y un asesoramiento en la Honorable Cámara de Diputados. Manifestó ser soltero, no tener hijos, vivir con sus padres y tener ingresos por $6.000 mensuales.

Acompañó documentación vinculada a los ingresos que percibe, ahorros detentados en una entidad bancaria, inscripciones ante organismos tributarios nacional y provincial y el billete aéreo, emitido a su nombre, con destino a Salvador de Bahía con escala en San Pablo.

Asimismo, adjunto un Acta de Constatación Notarial de fecha 31/10/2012 efectuada en la sede de la AFIP de la calle 9 entre 47 y 48 de esta ciudad, en la que ante su requerimiento de compra de divisa extranjera, el empleado responsable le informa «que no puede comprar» y luego «que analizando la categoría… (monotributista clase D)…y teniendo en cuenta los ingresos, y combinado con otros datos evaluados por la entidad, entre ellas bancarias, no cuenta con la capacidad de ahorro suficiente para obtener dicha autorización (v. fs.2 a 37).

2. El señor juez a quo imprimió al requerimiento efectuado por el actor el trámite de acción de amparo, con solicitud de medida cautelar, la que receptó, sobre la base de considerar verosímil el derecho y razonable la suma solicitada en función del destino y días de viaje.

II. La apelación y los agravios.

1. Contra el anticipo de jurisdicción, tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P) como el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) interpusieron los recursos de apelación con expresión de agravios que constan a fs. 49/62 y fs. 73/78 respectivamente.

El a quo los concedió en relación y con efecto devolutivo a fs. 63 y fs. 79 en el orden expuesto anteriormente.

2. En el plano de los agravios ambos apelantes argumentan: i) sobre la improcedencia de anticipos cautelares coincidentes con el reclamo de fondo; ii)sobre la ausencia de arbitrariedad manifiesta y de los requisitos indispenables para la procedencia de la medida cautelar autosatisfactiva, teniendo en consideración la presunción de legalidad del acto atacado y el interés publico en juego.

Remarcan que la Resolución General AFIP 3356/2012 en sus arts. 4 a 7 y la Comunicación A 5318 B.C.R.A., entre otras normas que mencionan, ofrecen un marco razonable de regulación del mercado cambiario, como así también el establecimiento de un sistema de información tendiente a optimizar el control fiscal y contribuir a la lucha contra el lavado de dinero.

III. Tratamiento de los agravios.

A. Los presupuestos para el dictado de la medida cautelar.

1.El dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud; además el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad («La Ley» 1996-C-434).

En tal sentido, ha sido jurisprudencia reiterada que la procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, recaudos que aparecen exigidos por el art. 230 del Cód. Procesal, a los que se une un tercero, establecido de modo genérico para toda clase de medidas cautelares, cual es la contracautela, contemplada en el art. 199 del Código de rito.

Dichos recaudos aparecen de tal modo entrelazados que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro del daño y viceversa («La Ley» 1996-B-732) cuando existe el rigor de un daño extremo e irreparable, el riesgo del fumus puede atemperarse («La Ley» 1999-A-142).

2. También es pertinente recordar -como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que cuando la medida cautelar se intenta contra la Administración Pública, es menester que se acredite prima facie y sin que ello implique prejuzgamiento de la solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible.Y ello es así porque los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual en principio ni los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante los cuales se discute su validez, suspenden su ejecución, lo que determina, en principio, la improcedencia de las medidas cautelares (Fallos 313:521 y 819, entre muchos otros).

3. Debe añadirse, por último, que en los litigios dirigidos contra la Administración Pública o sus entidades descentralizadas, además de los presupuestos de las medidas de no innovar establecidos en general en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se requiere, como requisito específico que la medida solicitada no afecte un interés público al que deba darse prevalencia («La Ley» 2001-D-65) o, expresado con el giro que emplea la Corte Suprema, resulta imprescindible la consideración del interés público comprometido (Fallos 314:1202).

B. Aplicación al caso de dichos principios.1. En primer lugar cabe destacar que este Tribunal ha tenido presente, el contexto del interés publico comprometido representado por una política del Estado que apuntaría a controlar la evasión fiscal, el blanqueo de dinero, la promoción del ahorro en moneda de curso legal en Argentina y el logro de que las obligaciones derivadas de la diversidad de negocios, sean saldadas en moneda nacional (Conf. expedientes n° 18.412/12, «Bernardini, Mario Javier-Oricchio María Cecilia c/ A.F.I.P-B.C.R.A. s/ Amparo-ley 16.986; n° 18.452/12, «Parodi, Norma Beatriz c/PEN y otros s/ Acción declarativa»). En tal orden ha denegado anticipos jurisdiccionales relacionados a la autorización de compra de divisa extranjeras.

2.Examinadas las constancias de la causa, no se advierte que el caso concreto del actor se encuentre, prima facie considerado, excluído de las excepciones contempladas por la normativa que rige la cuestión y fue aplicada por el a quo.

Las conclusiones efectuadas por el juzgador acerca de la verosimilitud del derecho y de la razonabilidad de la suma solicitada en función de las cualidades del viaje y su duración, no resultan desmerecidas por los argumentos de los recurrentes.

Sus discrepancias se limitan a realizar consideraciones genéricas sobre los intereses públicos en juego, la improcedencia de anticipos jurisdiccionales coincidentes con el fondo del reclamo y hasta incluso se sugiere el apego del actor a trámites y reclamos administrativos (ley 11.683 y 19.549) para que el contribuyente reconduzca su conducta fiscal subsanando sus incumplimientos tributarios, declarando su situación respecto a sus ingresos y gastos, de conformidad con su verdadera realidad económica.

Sin embargo, nada refiere sobre la situación puntual del actor quien, de modo liminar, comprobó sus ingresos, el pago de tributos, las circunstancias del viaje al exterior y su necesidad de compra de divisa para los gastos diarios que fuera a realizar en Brasil.

No se vislumbra una sola nota que justifique, a priori, la negativa de autorización por parte de la AFIP basada en presuntas inconsistencias de su capacidad de ahorro. De hecho el actor tiene el dinero depositado en una cuenta bancaria y justificado su origen con los recibos de sueldo que acompañó. Hasta allí la negativa carece de sustento y se evidencia, en principio, como arbitraria. Ello justifica lo decidido y considerado en origen, sin que resulte rebatido en los términos del 265 del CPCC.

IV. El tratamiento de los recursos de queja (Expedientes n° 18.668 y 18.669) que interpusieron ambos apelantes y se relacionan con los efectos del recurso deviene insustancial atento a lo que aquí se decide.

V. Por las razones precedentemente expuestas SE RESUELVE: Confirmar la decisión de fs. 38/41.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Antonio Pacilio, Carlos Alberto Vallefín y Carlos Alberto Nogueira (Jueces de Cámara).

Concepción Di Piazza de Fortín (Secretaria de Cámara).

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