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La Corte Suprema sostuvo que las expresiones vertidas por un periodista en un programa radial, respecto a la ideología política de un fiscal -tildándolo de nazi-, no lesionan el honor de éste y se encuentran amparadas por la libertad de expresión.

shutterstock_115126654Partes: Quantin Norberto Julio c/ Benedetti Jorge Enrique y otros s/ derechos personalísimos

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 30-oct-2012

Cita: MJ-JU-M-75958-AR | MJJ75958 | MJJ75958

La Corte Suprema sostuvo que las expresiones vertidas por un periodista en un programa radial, respecto a la ideología política de un fiscal -tildándolo de nazi-, no lesionan el honor de éste y se encuentran amparadas por la libertad de expresión.

Sumario:

1.-Cabe rechazar el reclamo indemnizatorio deducido por un fiscal contra un periodista que, en un programa radial, vertió expresiones sobre la ideología política de dicho funcionario -en el caso, lo tildó de nazi- pues, visto que tales dichos configuran juicios de valor y no revisten un insulto ni una vejación injustificada ni imputan ningún hecho ilícito concreto, se encuentran tutelados por la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional.

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 30 de octubre de 2012

Vistos los autos: «Quantín, Norberto Julio cl Benedetti, Jorge Enrique y otros si derechos personalísimos».

Considerando: l°) Que el actor, Norberto Julio Quantín -que en esa época era fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal- promovió un juicio por cobro de daños y perjuicios contra di versas personas, sobre la base de que habían sido difundidas, en distintos medios periodísticos, unas grabaciones de conversaciones telefónicas que él había sostenido, y que tanto la grabación como la difusión habrían lesionado sus derechos. El demandante destacó que, además, se lo había acusado -sin fundamento- de nazi y antisemita, dentro de una campaña que -sostuvo- había sido orquestada en su contra.

2 0) Que la sentencia de primera instancia condenó a Jorge E. Benedetti y Eliseo A. Roselló a pagar al demandante la suma de $ 60.000 y, por otra parte, a Samuel Gelblung y Guillermo J. Cherasny a hacer lo propio con la de $ 20.000.

Apelado el pronunciamiento, la Sala F de la Cámara Nacional en lo Civil lo confirmó, en lo principal, elevando a $ 100.000 Y a $ 30.000, respectivamente, las sumas que había fijado el fallo anterior.

3°) Que contra esa decisión se interpusieron dos recursos extraordinarios, uno, el correspondiente a Benedetti (fs. 2394/2419 del expediente Q.18.XLIV) y otro, el relativo a Cherasny (fs. 2425/2436 del mismo expediente). El primero no fue concedido, lo que motivó la queja Q.12.XLIV. En cuanto al recurso de Cherasny, fue bien concedido por el a quo, con fundamento en que estaba en juego la inteligencia de clausulas constitucionales relativas a la libertad de expresión y que la decisión apelada había sido contraria al derecho que el apelante fundaba en aquellas (conf. fs. 2473/2474 del Q.18.XLIV).

4°) Que es el recurso extraordinario de Guillermo J. Cherasny el que aquí se considerara.A fin de evitar repeticiones innecesarias es conveniente remitirse a lo reseñado por el dictamen de la señora Procuradora Fiscal -sobre los antecedentes de la causa- en los capítulos I, II, III Y IV de aquel (fs. 2486/2488), los que se dan por reproducidos.

5°) Que igual remisión al citado dictamen de la Procuración corresponde hacer en lo concerniente al tardío y extemporáneo planteamiento que hace Cherasny de la cuestión federal vinculada al art. 43, tercer párrafo, in fine , de la Constitución Nacional, que versa sobre el secreto de las fuentes de información periodísticas (capitulo VI del dictamen, fs. 2489 vta./2490) .

Del mismo defecto adolece el -argumento del recurrente por el cual ahora admite -en su recurso extraordinario- que «pudo haber sabido que esa grabación [la de las conversaciones telefónicas] se obtuvo ilegítimamente, mas ese carácter no la priva como medio idóneo de información». Alega que «es cierto que una prueba obtenida subrepticia o ilegalmente no vale como tal ni se puede invocar en un proceso judicial, mas no la inhabilita como medio de información publica» (fs. 2432/2432 vta.).

Este agravio federal no había sida planteado en las instancias ordinarias. Basta con constatar que ante la cámara el apelante sostuvo enfáticamente «El a quo califica de ‘ilegales’ a las ‘escuchas telefónicas’, pero [ . «Cómo podía saberse de su ilegalidad? Para ella Cherasny tendría que haber recorrido todos los Juzgados del país . » (fs. 2303 vta.). Y mas adelante, al manifestar que solo surgía de la sentencia la ilegalidad de las grabaciones, declaraba «hecho este reitero que no podía ser conocido por Cherasny» (fs. 2305 vta.).

Como se advierte fácilmente, ante la Corte el apelante plantea un tema nuevo, que es fruto de una reflexión tardía y que no fue introducido oportunamente.Tal es el relativo a si alguien, que -por hipótesis- adquiere legítimamente una grabación, pero sabe que en su origen esta ha sido obtenida ilegítimamente, puede igual proceder a propalarla, amparado en la libertad de expresión.

Por las razones apuntadas supra, la cuestión no puede ser abordada por el Tribunal (Fallos: 310:896; 3ll:371; 312:551 y sus citas).

6°) Que, en cambio, esta Corte no comparte lo resuelto por el a quo en punto a que las expresiones vertidas por Cherasny sobre el actor Quantin, justifican que este ultimo se haga acreedor a una indemnización por una supuesta lesión a su honor (conf. sentencia de la cámara, fs. 2381 in fine/2383). Consiguientemente, tampoco se comparte el capitulo V del dictamen de la Procuración, que argumenta en igual sentido.

7°) Que corresponde, en primer lugar, precisar qué dijo Cherasny en el programa radiofónico que dirigía Samuel Gelblung pues esos dichos son los que motivan el reclamo del actor contra aquél.

El fallo de primera instancia así los reseña:

«Quantín pertenecía a la extrema derecha . parecía que había cambiado . es sabido que era un nazi confeso y conocido . «, » . tiene antecedentes nazis «, » . por el 84 había gente que decía que era nazi . «, » pero tenía mucha fama de nazi . » (fs. 2210 vta.).

El dictamen de la Procuración los transcribe de manera similar (conf. fs. 2489).

8°) Que, como lo reconoce el propio dictamen, resulta decisivo en esta materia precisar si se trata de expresiones en las que prima la afirmación de hechos (aseveraciones fácticas) o si, por el contrario, se está en presencia de otras en las que prevalecen las ideas, las opiniones, los juicios críticos o de valor, o, por qué no, las conjeturas y las hipótesis.

9°) Que la utilización de esta clasificación tiene como antecedente el famoso caso «Lingens vs. Austria», del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sentencia del 8-71986.

Allí se afirmó que «se debe distinguir cuidadosamente entre hechos y juicios de valor.Mientras que la realidad de los primeros puede probarse, los segundos no son susceptibles de prueba» (párrafo 46). Como el periodista Lingens había calificado la conducta del canciller austriaco con expresiones como «el peor o mas odioso oportunismo» y criticaba su comportamiento como «inmoral e indigno», sus dichos fueron encuadrados como juicios de valor y, por lo tanto, considerados como el legitimo ejercicio de la libertad de expresión.

El TEDH reiteró en mas de una ocasión esa doctrina.

Así, lo hizo, por ej., en «De Haes y Gijsels vs. Belgica» (24-21997).

También alli recordó a «Lingens», diciendo que «había que distinguir con cuidado entre hechos y juicios de valor, pues, si la materialidad de los primeros puede ser probada, los segundos no se prestan a una demostración de su exactitud» (párrafo 42).

Recordó -asimismo- que «la libertad de expresión vale no solamente para las ‘informaciones’ o las ‘ideas’ acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que lastiman, chocan o inquietan al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Ademas, la libertad periodística comprende el posible recurso a una cierta dosis de exageración, hasta de provocación» (párrafo 46).

Desde esa perspectiva, el TEDH liberó de responsabilidad a los periodistas De Haes y Gijsels, quienes -en el marco de una polémica desatada en torno a un resonante caso judicial habían indicado que una de las partes habría sido favorecida por la notoria ideología de extrema derecha que tenían varios de los miembros de la cámara de apelaciones de la ciudad de Amberes. A uno de ellos se lo sindicó como afín a Protea (un club proapartheid sudafricano), en tanto que a otro se le simpatías par el V.M.O.(Vlaamse Militanten Orde) , atribuyeron grupo filo nazi de la extrema derecha flamenca.

El Tribunal decidió que, en el contexto del caso, las expresiones vertidas sobre la ideología de los jueces se encuadraban en la categoría de «opiniones», las que, por definición, no se prestan a una demostración de veracidad.

El TEDH expresó que, aunque no aprobaba el tono polémico y hasta agresivo usado por los periodistas, debía recordar que la convención europea tutelaba, en su art. l°, no solo la substancia de las ideas expresadas sino también su modo de expresión (con cita del fallo dictado en Jersild vs. Dinamarca, del 23-9-1994).

10) Que también resulta paradigmático un fallo del Tribunal Constitucional de España, par cuanto el destinatario de las expresiones fue, en ese caso, na da menos que el Rey Juan Carlos de Borbón (sentencia 20/1990, del 15-2-1990, B.O.E. del 1-3-1990). Esa decisión -que ya fuera citada aprobatoriamente en Fallos: 321:2637, 2657/2658- se relacionó con la condena sufrida por el autor de un articulo publicado en una revista del país vasco, en el que se aludía al «pasado fascista» del Rey, a «fotos de Juan Carlos presidiendo el mitin fascista en la Plaza de Oriente, justificando los fusilamientos de opositores en 1975 . «.

Dijo el tribunal español » . las palabras despectivas para S.M.el Rey se han utilizado, contrariando sin duda el respeto debido a la mas alta Magistratura del Estado, con la finalidad prevalente de robustecer la idea critica que preside todo el articulo, [por lo cual tales palabras, rechazables moral y socialmente por innecesarias, injustas y contradictorias con una conducta que ha merecido la adhesión mayoritaria del pueblo español y que ha hecho posible la transición política y la consolidación democrática . no pueden ser sancionadas con una condena penal sin vulnerar las libertades invocadas por el recurrente . «. Terminó afirmando que la libertad ideológica indisolublemente unida al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico propugna la Constitución, exige la máxima amplitud en el ejercicio de aquella y, naturalmente, no solo en lo coincidente con la Constitución y con el resto del ordenamiento jurídico, sino también en lo que resulta contrapuesto a los valores y bienes que en ellos se consagran, excluida siempre la violencia para imponer los propios criterios, pero permitiendo la libre exposición de los mismos en los términos que impone una democracia avanzada. De ahí la indispensable interpretación restrictiva de las limitaciones a la libertad ideológica y del derecho a expresarla, sin el cual carecería aquella de toda efectividad» (fundamento 5°) .

ll) Que Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, al dictar sentencia en el caso «Kimel Eduardo G. c/ República Argentina» (2-5-2008), también recogió la distinción entre «hechos» y «juicios de valor». Kimel, se recuerda, había sido querellado por un juez federal a raíz de expresiones vertidas en su libro «La Masacre de San Patricio».

La Corte dijo, en su fallo: «Las opiniones vertidas por el señor Kimel no pueden ser consideradas verdaderas ni falsas.

Como tal, la opinión no puede ser objeto de sanción, mas aun cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario publico en el desempeño de su cargo.En principio, la verdad o falsedad se predica solo respecto a hechos.

De allí que no pueda ser sometida a requisitos de veracidad la prueba de juicios de valor» (párrafo 93, con cita del caso «Lingens vs. Austria»).

La distinción de que se viene hablando fue recogida, asimismo, en un pronunciamiento posterior de la misma Corte Interamericana; «Caso Tristan Donoso c/ Panama», del 27-01-2009, párrafo 124.

En el párrafo 86 de la citada sentencia Kimel, la Corte Interamericana destacó que «las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo publico [ . gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático (Conf. Caso Herrera Ulloa, parr. 128 y Caso Ricardo Canese, parr. 98). La Corte ha señalado que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están mas expuestos al escrutinio y la critica del público [ . ]».

Dijo, ademas, en el párrafo 88 del fallo Kimel: «En la arena del debate sobre temas de alto interés publico, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas bien recibidas por la opinión publica, sino también la de aquellas que chocan, irritan inquietan a lo5 funcionarios públicos a un sector cualquiera de la población» (Conf. Caso La Ultima Tentación de Cristo, parr. 69, Caso Ivcher Bronstein, parr. 152, Caso Ricardo Canese, parr. 83 y Fontevecchia y D’ Amico vs. Argentina, párrafo 47).

12) Que también en esta Corte ha sido reconocida la distinción a que se alude en el considerando 8°.

En los casos «Patitó, Jose Angel c/ Diario La Nación y otros» y Brugo, Jorge Angel c/ Lanata, Jorge y otros» (Fallos: 331:1530  y 332:2559 , respectivamente), los votos de los jueces Highton de Nolasco (considerando 12) y Petracchi (considerandos 4° y 5°) en el primero de los precedentes citados, y del juez Maqueda (considerandos 12 y 13) en el segundo, adhirieron explícitamente al criterio expuesto en el voto transcripto en Fallos:321:2558, (causa «Amarilla»). En este ultimo, se señaló que el estandar de la real malicia «resulta inaplicable a los supuestos de expresión de ideas, opiniones y juicios de valor. En otras palabras, solo cuando se trata de la afirmación de hechos es posible sostener un deber de veracidad como el que subyace al estandar de ‘New York Times vs. Sullivan’. Ello es así, pues respecto de las ideas, opiniones, juicios de valor, juicios hipotéticos o conjeturales [ . ] no es posible predicar verdad o falsedad» (considerando 9°).

Con relación a las «opiniones, ideas o juicios de valor agresivos respecto de la reputación y el honor de terceros» (considerando 13 del citado voto en «Amarilla»), se expresó que «sólo corresponde tomar como objeto de posible reproche jurídico la utilización de palabras inadecuadas, esto es, la forma de la expresión y no su contenido pues este, considerado en si, en cuanto de opinión se trate, es absolutamente libre» (loc. cit.).

Se subrayó, asimismo, que no era suficiente la indagación de los significados literales de los términos usados, pues resultaba necesario considerar «la terminología usual en el contexto en el que han sido vertidos» y se concluyó señalando que «el criterio de ponderación deberá estar dado, pues, por la ausencia de expresiones estricta e indudablemente injuriantes y que manifiestamente carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan. En otras palabras, no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita o injustificada» (loc. cit.).

13) Que la Suprema Corte de los EEUU dijo en el caso «Gertz vs. Robert Weleh Ine.» 418 U.S. 339/340 (1974), que «Bajo la Primera Enmienda no existe algo así como una idea falsa.Por perniciosa que pueda ser una opinión, dependemos para su rectificación, no de la conciencia de jueces o jurados, sino de la competencia can otras ideas».

El mismo tribunal también decidió -en consonancia can lo que se señaló en el voto de la causa «Amarilla»-, que resultaba necesario superar un estrecho literalismo a fin de apreciar el verdadero sentido de las expresiones. Así, en «Letters Carriers vs. Austin» 418 U.S. 264 (1974), resolvió que la acusación de «traidores» que se había formulada a los demandantes no generaba responsabilidad pues solo implicaba una hiperbale. En efecto, era claro que ninguno de los lectores del periódico -en el que se detallaban acciones de los actores reprensibles y destructivas para el tejido social- podría haber entendido que aquellos habían cometido el delito de traición, en sentido estricto.

14) Que si la limitación del tipo de expresiones que venimos tratando consiste en que no deben caer en el «insulto» ni en la «vejación gratuita o injustificada» (conf. voto cit. en «Amarilla»), no resulta extraño que existan ejemplos de casos en los que el citado limite fue franqueado. Solo a titulo de ejemplo citamos dos de ellos.

En el primero, el Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana (BVerfGe 86,1, sentencia del 25-3-1992) resolvió que no se encontraba protegido por el derecho a la libertad artística reconocido en la Ley Fundamental de ese país, el calificativo de «tullido» respecto de una persona que padecía de una severa discapacidad física.

En el segundo, el Tribunal Constitucional de España, en su sentencia 105/1990, del 6-6-1990, en B.O.E. Del 5-7-90, tuvo oportunidad de analizar las opiniones de un conocido periodista deportivo (Jose Maria Gareia), sobre Jose L.Roea, presidente de la Asociación Española de Fútbol y diputado de las Cortes de Aragón.

El Tribunal estimó que algunas de aquellas podían resultar extremadamente penosas para el afectado, pero que en sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a la crítica es parte inseparable de todo cargo de relevancia pública.

Estaban, en consecuencia, tuteladas por la Constitución. En cambio, evaluó que otras, las que versaban sobre sus supuestos defectos físicos, sobre su valía moral y sobre su falta de capacidad intelectual, constituían «sin duda insultos en el más estricto sentido de la expresión, y [ . ] se colocan, por tanto, fuera del árbitro constitucionalmente protegido de la libre e?presión [ . ]».

15} Que resulta ya posible abordar concretamente si las expresiones de Cherasny sobre el fiscal Quantin (ver considerando 70), están, o no, tuteladas por la libertad de expresión que consagra la Constitución Nacional.

Las opiniones de Cherasny sobre la ideología política de fiscal Quantin presentan sustancial similitud con aquellas otras que los periodistas holandeses endilgaron a los magistrados de Amberes y un articulista vasco al Rey de España (ver supra, considerandos 9° y 10) ? merecen -por las razones apuntadas en esos fallos y en otros similares- el amparo constitucional.

Han sido expresiones muy generales, que no imputan ningún hecho ilícito concreto al fiscal Quantin y que, por lo tanto, no deben someterse al test de veracidad, por cuanto se limitan a adjudicarle determinada ideología.Deben haber sido muy dolorosas para el actor -lo que esta Corte comprende- pero cabe recordar lo que ya transcribimos del TEDH en cuanto a que ala libertad periodística comprende el posible recurso a una cierta dosis de exageración, hasta de provocación» (ver supra, considerando 9°), como así también lo establecido por la Corte Interamericana cuando dijo que alas expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público [ . ] gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático», y también que «En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas bien recibidas por la opinión pública. sino también la de aquellas que chocan. irritan 0 inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población» (ver supra. considerando II).

16) Que los dichos de Cherasny pueden haber incurrido en una gran hipérbole, pero -en ese caso- no traducen sino una lamentable costumbre, según la cual, se califica rápidamente de fascista («facho»), comunista («bolche»). O trotskista («trotsko»), a quienes solo demuestran inclinaciones derechistas. O izquierdistas, según el caso. pero se hallan muy lejos de esos extremos del arco ideológico.

De todos modos, es mejor para la vida democrática tolerar ese exceso que caer en el contrario, que consistiría en convertir a los jueces en especialistas en ciencia política que -biblioteca en mano- deberían pronunciarse sobre la exactitud de las calificaciones políticas que los participantes en el debate social se enrostran mutuamente.

No solo la tarea seria impropia de los tribunales. sino que la libertad del debate publico se restringiría peligrosamente.

17) Que, por fin, resulta claro que las expresiones de Cherasny tampoco pueden ser encuadradas como «insulto» «vejación gratuita injustificada» (conf.votos en «Amarilla» y «Patitó»), por lo que no ha sido traspasado aquel limite más allá del cual cesa la protección constitucional.

La conclusión es -por lo tanto- que corresponde revocar parcialmente la sentencia por los motivos desarrollados en los considerand os 6° a 17 y adecuar el decisorio apelado a lo aquí resuelto, en punto a que los dichos de Cherasny (ver considerando 7°) merecen protección constitucional.

18) Que, cabe aclarar, que la jueza Highton de Nolasco, deja a salvo su opinión al considerar que no se configura en el casa un ‘interés publico imperativo’ que justifique la imposición de sanciones para el autor del juicio de valor (cond. causa «Patitó» anteriormente citada, voto de la jueza Highton de Nolasco) o Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se declara parcialmente procedente el recurso extraordinario de fs. 2425/2436 y se revoca la sentencia en la forma indicada precedentementeo Costas por su orden por la forma en que se resuelve la cuestión (art. 71  del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a este fallo. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

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