Ilicitud y nulidad de la cláusula convencional que abrevia el plazo legal de prescripción, siendo indisponible para las partes.

Derecho (2)Partes: Descotte Horacio Luis c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados s/ ordinario

 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

 Sala/Juzgado: C

 Fecha: 28-ago-2012

 Cita: MJ-JU-M-75319-AR | MJJ75319 | MJJ75319

No es lícita -y por ende nula- la cláusula convencional que abrevia el plazo legal de prescripción, ya que es una institución de orden público, indisponible por las partes, sin que obste a ello que la Inspección General de Justicia hubiere aprobado su texto.

 Sumario:

 1.-Todo fallo plenario en virtud de lo establecido por el art. 303  del CPCCN., integra el ordenamiento jurídico, complementa las normas legales aplicables en la materia a que se refiere y es considerado como una sentencia con un efecto particular que la diferencia de las restantes, en tanto que la interpretación de la ley que aquél efectúa se convierte en doctrina legal obligatoria para la misma cámara y para los jueces de primera instancia , y sólo cesa su obligatoriedad por modificación de la doctrina mediante una nueva sentencia plenaria o por el cambio de legislación que derogue o modifique la norma interpretada por aquél.

 2.-A partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación de la protección de los consumidores a que alude el art. 42  de la Carta Magna, los razonamientos que dieron sustento al pronunciamiento plenario dictado en el caso Alaniz del 27 de Noviembre de 1959,, han cobrado virtualidad y hasta incluso se ha robustecido su doctrina.

3.-La doctrina sentada en el caso Alaniz, Juan G. c/Cía. Aseguradora Argentina   del 27.11.1959 (LL 96-674), donde se concluyó que no es lícita la abreviación convencional del plazo legal de prescripción permanece vigente y por ende, es obligatoria. Máxime cuando el recurrente no ha esbozado argumento idóneo que determine su inaplicabilidad al caso, en tanto la invocación de un precedente jurisprudencial aislado del año 1988 en nada altera la vigencia y actualidad del citado plenario.

4.-No cabe dejar de lado la calificación de orden público en lo que hace a la materia sujeta a examen, atento a que todo cuanto concierne a la prescripción reconoce interés público -general- y se halla regulado por un régimen normativo específico e inalterable por la sola voluntad de las partes.

5.-Renunciar a una prescripción cumplida, es renunciar al objeto mismo que la prescripción ha hecho adquirir y por consiguiente puede hacerlo el que tenga capacidad para enajenar. Pero renunciar con anticipación a la prescripción, es derogar por pactos una ley que interesa al orden público y autorizar convenciones que favorecen el olvido de los deberes de un buen padre de familia, fomentando la incuria en perjuicio de la utilidad general. Si se permitiese tales renuncias, vendrían a ser de estilo en los contratos y la sociedad quedaría desarmada, desde que se le quitaba su más firme apoyo.

6.-Como norma complementaria del sistema jurídico de obligatoria aplicación al caso, corresponde que la cuestión concerniente al plazo prescriptivo sea juzgada con apego a la doctrina plenaria del caso Alaniz , sin que obste a ello que el actor no hubiere formulado planteo alguno cuando introdujo la demanda.

7.-La ilicitud de las cláusulas de abreviación de los plazos de prescripción se funda en el orden público y como tal la cuestión puede y debe juzgarse sin expresa petición de parte.

8.-La Inspección General de Justicia, como otros órganos – centralizados o no -, para cumplir con la función de policía social que tienen asignada, está condicionada a la revisión judicial de las decisiones adoptadas en el ámbito administrativo.

9.-Si bien la autorización por la Inspección General de Justicia de las normas de contratación y actividad de las empresas de ahorro, otorga a los contratos una indudable presunción de legitimidad, equidad y corrección; es cierto que si una de sus cláusulas controvierte el ordenamiento jurídico positivo -la norma imperativa de orden público- debe ser declarada su nulidad.

10.-La abreviación del plazo de prescripción pactada en los contratos cedidos al actor es ilícito -y por ende nulo y en consecuencia corresponde en la especie aplicar lo dispuesto por el 4023  del CCiv.

11.-La ausencia de reserva sólo obsta a un reclamo ulterior relativo a los réditos que pudiera haber devengado la suma recibida, pero en modo alguno alcanza para sanear la incompletividad del pago correspondiente al capital.

12.-Según lo dispone el CCiv. 622 , el deudor moroso de una obligación dineraria debe, además del capital constitutivo de la obligación, los intereses llamados moratorios, lo que significa que en la hipótesis de verse el acreedor impedido, por causa de la mora del deudor, de usar ese capital, la ley apunta a reparar ese impedimento con la generación de un crédito por intereses que se constituye en accesorio del crédito principal por capital.

13.-Por tratarse de una obligación de origen contractual, resulta aplicable el dispositivo del CCiv. 508  que, al menos como principio, parece circunscribir la extensión del resarcimiento derivado del incumplimiento a los intereses que se devenguen a partir de la mora del deudor, pues sucede que el daño, que en estos casos aparece como consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento imputable al deudor (cciv 901 , 903  y principio análogo del art. 520 ), consiste en la indisponibilidad de una cantidad determinada de dinero, cuyo resarcimiento primario está dado por los intereses moratorios, aplicables sin necesidad de prueba alguna. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 28 días del mes de agosto de dos mil doce, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos «DESCOTTE, HORACIO LUIS C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ ORDINARIO» (Expte. N° 12453.08, Juz. N° 21 – Sec Nº 42), en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Garibotto, Villanueva y Machin.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 789/800?

El Señor Juez de Cámara doctor Juan R. Garibotto dice:

I. La litis y la sentencia de primera instancia.

i. En acotada síntesis, la litis versa sobre lo siguiente.

Horacio Luis Descotte, quien adujo haber adquirido los derechos y acciones derivados de diversos planes de ahorro previo rescindidos o resueltos, administrados por Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, demandó a ésta en tanto sostuvo que al tiempo del pago, había sido deducida la suma correspondiente de determinados rubros, lo que provocó que se disminuyera sensiblemente su crédito.

Cuantificó la pretensión en $ 214.164,96 y requirió su pago con más intereses.

(ii) La demandada (a quien desde aquí aludiré como VW) resistió la pretensión.

Invocó el efecto cancelatorio del pago hecho sin reserva y la doctrina de los actos propios e introdujo, como defensa de fondo, la excepción de prescripción cuatrienal que basó en lo acordado en la cláusula 18ª de las solicitudes de adhesión.

ii. El primer sentenciante rechazó la demanda en virtud de haber admitido la excepción de prescripción opuesta por la accionada, e impuso las costas a la parte actora vencida.

Para así decidir, señaló que cabía encuadrar el caso en la previsión legal que estatuye el término de prescripción en cuatro años, establecido contractualmente.Consideró que dicho plazo no era abusivo, pues consideró que resultaría aplicable por analogía lo dispuesto en el ccom. 847:1 .

Señaló que el término debía computarse desde que el crédito era exigible, es decir, desde la fecha en que se devengó el derecho a cobro, y siendo que el último de los planes había finalizado el 31.4.03, siendo la fecha de pago el 28.5.03, al momento del inicio de la mediación -19.12.07 y de la interposición de la demanda -9.4.08-, el plazo de cuatro años ya había transcurrido.

II. El recurso.

Apeló el actor (fs. 801), quien expresó los agravios de fs. 817/27 que merecieron la réplica de la demandada de fs. 831/840.

Luego de reseñar los antecedentes del caso expuso sus quejas respecto del fallo apelado.

(i) Se agravió de que el sentenciante hubiere admitido la defensa de prescripción -que no fue opuesta como excepción, y de la cual no se dio traslado a su parte, por lo cual, recién al momento de alegar pudo dar respuesta al planteo- desconociendo groseramente la existencia del plenario del fuero «Alaniz, Juan G. c/ Cía. Aseguradora Argentina»  y sin justificar la no aplicación de la doctrina en él sentada.

Señaló que dicho fallo es aplicable, y aún más, obligatorio para el caso de autos, por tratarse de un caso absolutamente análogo al de aquel plenario y citó jurisprudencia al respecto.

Expuso que la cláusula 18 de las Condiciones Generales es nula, de nulidad absoluta pues los plazos de prescripción liberatoria pueden ser únicamente fijados por ley, siendo inválida toda convención en contrario. Estimó aplicable el plazo decenal establecido en el cciv.4023 .

Agregó que la demandada ha aceptado siempre reclamos posteriores a los cuatro años del cierre del grupo.

Adujo también que tratándose de un contrato de adhesión, las cláusulas debían interpretarse «contra el estipulante» y declararse vejatorias aquellas que violen la buena fe y el ejercicio regular de los derechos.

Se refirió además a que la actividad que realiza la demandada es de interés público y que la IGJ ha desconocido ese plazo contractual de prescripción al ordenarle reliquidar planes habiendo transcurrido mucho más que cuatro años del cierre de los grupos involucrados, según surge del expediente 64.432.

(ii) En relación a la inexistencia de reserva, señaló que era imposible que la hubiere, pues tampoco se firmó carta de pago ni renuncia a lo que corresponde contractualmente, pues la demandada no presentaba detalle de lo que pagaba, sino que avisaba al suscriptor que tenía un cheque de determinado monto para retirar en el Citibank.

(iii) Finalmente se quejó de que el sentenciante haya dispuesto que se debía computar el término a partir de la fecha de finalización del último plan involucrado.

Expuso que la demanda involucra 95 planes con distintas fechas de cierre de grupo y distintas fechas de pagos parciales.

Señaló, como el error más grosero, que no se tuvo en cuenta como fecha de comienzo del cómputo del plazo la del último pago parcial, sino la fecha de terminación del grupo y señaló jurisprudencia en dicho sentido.

Por último indicó, para el caso de aceptarse el plazo cuatrienal de prescripción, los planes respecto de los cuales debía prosperar la demanda, tomando en cuenta la fecha de pago parcial.

III. La solución.

i. Sobre la aplicación al caso de la doctrina emergente del fallo plenario «Alaniz».

La cuestión traída a esta Sala es sustancialmente igual a la examinada por este juez en los autos «Gaye, Dionisia Graciela c/ Volkswagen S.A.de Ahorro para Fines Determinados».

Con remisión, en lo pertinente, a lo que allí fue considerado, digo lo siguiente.

(i) Según es sabido, un fallo plenario integra el ordenamiento jurídico, complementa las normas legales aplicables en la materia a que se refiere, es considerado como una sentencia con un efecto particular que la diferencia de las restantes en tanto que la interpretación de la ley que aquél efectúa se convierte en doctrina legal obligatoria «para la misma cámara y para los jueces de primera instancia», y sólo cesa su obligatoriedad por modificación de la doctrina mediante una nueva sentencia plenaria, o por el cambio de legislación que derogue o modifique la norma interpretada por aquél (cpr 303 ; CSJN, Fallos 271:381; 303:2091; 310:896; 313:635; 327:1700; 327:2617).

No basta, pues, sostener o considerar que la doctrina plenaria ha perdido vigencia por el mero transcurso del tiempo. Bien señaló el Dr. José Luis Monti (en «Colección plenarios – Derecho Comercial», tº. II, cap. IV, pág. 30, ed. La Ley, Buenos Aires, 2009) que no existe norma que establezca plazo alguno de duración para la vigencia establecida en un plenario y que, por ello, la doctrina emergente del fallo subsiste hasta tanto sea dejada sin efecto por una norma ulterior de igual o superior jerarquía.

Debemos entonces concluir que la doctrina sentada hace casi cincuenta y dos años en el caso «Alaniz» -«No es lícita la abreviación convencional del plazo legal de prescripción»- permanece vigente y por ende es de obligatoria aplicación.

Y esto es así, sin perjuicio de que la Sala B de esta alzada, en la causa «IBM Argentina S.A. c/ Editorial Villa María S.R.L.», juzgada el 9.11.88 hubiere decidido su inaplicabilidad a un contrato con cláusulas predispuestas en el que se había pactado para ambas partes una abreviación convencional del plazo de prescripción, y que tal criterio hubiere sido receptado por la Sala E en autos «Prealco S.A. s/ conc.s/ inc. de verificación por IBM Argentina S.A.», fallada el 19.12.88.

Así lo sostengo, puesto que más allá de resultar obligatoria la aplicación de la doctrina plenaria por encontrarse legalmente impuesta por el cpr 303 -lo que de suyo es dirimente-, siendo la prescripción una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar las incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos, no pueden los particulares acotarla o dejarla de lado en sus convenciones (cciv  21 y 3965 ; CSJN, Fallos 175:368; 191:340; 332:654; cfr. Orgaz, Alfredo, en «Nuevos estudios de Derecho Civil», Buenos Aires, 1954; Busso, en «Código Civil anotado», tº. I, pág. 195, nº 59, Ediar, Buenos Aires, 1944).

Visto así este asunto, a mi juicio es indudable predicar tal calificación -norma de orden público- en lo que hace a la materia sujeta a examen, atento a que todo cuanto concierne a la prescripción reconoce interés público -general- y se halla regulado por un régimen normativo específico e inalterable por la sola voluntad de las partes (cito aquí nuevamente, la norma del cciv 21) y lo patentiza -como bien lo señaló el sr. juez Kölliker Frers en la causa «Lanusse, Inés María de Fátima y otros c/ Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otro», 27.5.10, tramitada por ante la Sala A de este Tribunal- el cciv 3965 que impide renunciar a la prescripción futura, limitando la facultad dispositiva sólo a la ya ganada (v. Llambías, en «Código Civil anotado», tº. V-C, pág. 755, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001).

Adviértase, por fin, que en la nota a esa norma el codificador señaló: «Renunciar a una prescripción cumplida, es renunciar al objeto mismo que la prescripción ha hecho adquirir y por consiguiente puede hacerlo el que tenga capacidad para enajenar.Pero renunciar con anticipación a la prescripción, es derogar por pactos una ley que interesa al orden público y autorizar convenciones que favorecen el olvido de los deberes de un buen padre de familia, fomentando la incuria en perjuicio de la utilidad general. Si se permitiese tales renuncias, vendrían a ser de estilo en los contratos y la sociedad quedaría desarmada, desde que se le quitaba su más firme apoyo.».

(ii) De todo lo cual se sigue que, como norma complementaria del sistema jurídico de obligatoria aplicación al caso, corresponde que la cuestión concerniente al plazo prescriptivo sea juz gada con apego a la doctrina plenaria mencionada, sin que obste a ello que el actor no hubiere formulado planteo alguno cuando introdujo la demanda (esta Sala, «Smart, Francisco c/ Smart, Rolando Carlos», 19.2.00).

Ocurre que la ilicitud de las cláusulas de abreviación de los plazos de prescripción se funda, como quedó dicho, en el orden público y como tal la cuestión puede y debe juzgarse sin expresa petición de parte (cciv 3965; CSJN, Fallos 176:70). En cuanto a esto, comparto los sólidos fundamentos vertidos por mis distinguidos colegas: el Dr. Ojea Quintana, en la sentencia dictada el 6.7.10 en la causa caratulada «Rodríguez, Rodolfo Adrián c/ Volkswagen S.A.  de Ahorro para Fines Determinados», radicada por ante la Sala F de esta alzada mercantil; y el Dr. Kölliker Frers en aquélla arriba citada «Lanusse».

(iii) Con sustento en lo anterior hemos de concluir que lo pactado en la cláusula 18ª de los contratos cedidos al actor (el contenido de ese dispositivo convencional puede examinarse en fs. 71 vta.) es ilícito -y por ende, nulo-, sin que obste a ello que la Inspección General de Justicia hubiere aprobado su texto.

Bien señaló el sr.juez Ojea Quintana en el precedente «Rodríguez» recién cit., que es criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que esta clase de órganos -centralizados o no- para cumplir con la función de policía social que tienen asignada, está condicionada a la revisión judicial de las decisiones adoptadas en el ámbito administrativo (Fallos 244:548; 247:646; 249:715; 249:818; 251:472; 253:485; también y en esa misma línea CNCom A, «Programas Argentinos de Inversiones Sociales S.R.L. s/ denuncia por Cámara Argentina de Sociedades Administradoras de Ahorro y Préstamo para Fines Determinados», 9.6.86).

Por lo tanto, si bien es cierto que la autorización por la Inspección General de Justicia de las normas de contratación y actividad de las empresas de ahorro (leyes 11.762: 93  y 22.315: 9 ), que comprende el control y aprobación de los instrumentos mediante los cuales se formalizan los acuerdos con los adherentes, otorga a los contratos una indudable presunción de legitimidad, equidad y corrección; no lo es menos que si una de sus cláusulas controvierte el ordenamiento jurídico positivo -la norma imperativa de orden público- debe ser declarada su nulidad.

(iv) En conclusión, es aplicable en la especie lo dispuesto por el cciv 4023 .

Computado entonces el plazo decenal establecido por esa norma desde las fechas en que según surge de las planillas presentadas en forma conjunta por las partes (fs. 74/77), cada uno de los planes rescindidos o resueltos por sus titulares, luego adquiridos por el actor, fueron parcialmente sufragados (parcialmente, pues el pago fue incompleto en tanto no contempló el rubro «derecho de admisión» cuya procedencia fue expresamente reconocida por VW -fs. 34, último párrafo del ap.3.2.1-), un simple cómputo permite concluir que la acción de cobro de esa porción insoluta de su crédito que el actor dedujo no se halló prescripta.

Resta mencionar, sobre esto, que corresponde calcular el dies a quo del plazo decenal de prescripción desde la fecha arriba indicada, toda vez que el pago parcial formulado por la deudora implicó el expreso reconocimiento de su obligación y, por lo tanto, tuvo aptitud interruptiva del lapso prescriptivo corrido con anterioridad (cciv 3956 y 3989; cfr. Salas-Trigo Represas, en «Código Civil anotado», tº. 3, pág. 323, con cita de precedentes; v. en esa línea CNCom A, «Ruiz Ugarte, Alfonso s/ quiebra s/ inc. de revisión por Banco Río de la Plata S.A.», 5.6.07; y Sala F en el caso «Rodriguez» arriba citado).

En mi criterio, pues, la admisión del recurso introducido por el demandante es la lógica consecuencia.

ii. Acerca del efecto del pago y la doctrina de los actos propios.

Por derivación de lo dicho, corresponde ahora tratar lo concerniente a las restantes defensas introducidas por VW toda vez que, por haber sido juzgado en la primera instancia la admisión de la defensa de prescripción, no merecieron consideración alguna por parte del sr. juez de grado.

Sostuvo VW que los pagos que formuló fueron recibidos por el actor sin reserva alguna, que esa ausencia de reserva provocó la extinción de la obligación y que, por ello mismo, la acción que aquí dedujo contradice los propios actos precedentes de esa parte.

Con remisión a cuanto dije en el precedente «Gaye», según mi juicio, la articulación es desestimable.

(i) En cuanto a lo primero, porque la exigencia de reserva a que alude el cciv 624 sólo tiene operatividad cuando se trata de intereses, pero no de capital.

Véase, además, que en el caso no fue exigible una reserva para preservar el derecho a recibir, en su integridad, el capital debido:es un principio esencial de nuestro derecho el que predica la integridad o completitud del pago (cciv 742, 744, 673 y cctes.; cfr. Llambías, en «Tratado de Derecho Civil – Obligaciones», tº. II-B, pág. 198, nº 1469, ed. Perrot, Buenos Aires, 1982), de manera que, sin perjuicio de lo recién dicho -de suyo suficiente-, resulta que ninguna reserva cupo requerir del acreedor que recibió un pago parcial o incompleto, para reclamar la parte adeudada.

En todo caso, la ausencia de reserva sólo obsta a un reclamo ulterior relativo a los réditos que pudiera haber devengado la suma recibida, pero en modo alguno alcanza para sanear la incompletividad del pago correspondiente al capital (esta Sala, «González, Ramón c/ Poder Ejecutivo Nacional» , 31.3.06; id., «Meggiolardo, Omar c/ HSBC Bank Argentina S.A.», 3.10.06; id., «Lago Fe, María c/ Estado Nacional», 7.12.07; id., «Galli Moro, Lidia c/ Estado Nacional», 27.2.09; también Sala A, «Maquieira, Alfredo c/ Bankboston N.A.», 26.4.07; Sala B, «Aylú S.A. s/ quiebra s/ inc. de verificación por Catinelli de Von Bernard», 29.3.84; Sala D, «Aelbi Hnos. S.R.L. c/ Galleguito Hnos. -soc. de hecho-«, 17.3.87; id., «Barbarosh, Alfredo c/ Poder Ejecutivo Nacional», 16.3.06; cfr. Salvat, «Tratado de Derecho Civil Argentino -Obligaciones- anotado por Enrique V. Galli», tº. I, pág. 453, nº 511, ed. TEA, Buenos Aires, 1952).

(ii) Sobre lo restante, dado que no cupo exigir del actor la previa reserva por la porción insoluta del capital al tiempo de recibido su pago, resulta entonces que la posterior deducción de la acción de cobro del monto insatisfecho de ese mismo capital no contradijo conducta alguna.

Tan sencillo argumento me exime de formular mayores consideraciones sobre este extremo.

iii. Respecto de la procedencia de los réditos que acceden al capital insoluto y de la tasa del interés.

Tampoco, según lo veo, sobre estos asuntos lleva razón la demandada.

(i) Dije arriba (en el ap. ii. de este Consid.III) que en caso de adeudarse una porción del capital, el recibo sin reserva por la parte pagada extingue los intereses sólo respecto de esa parte.

Por lo tanto, con sustento en los precedentes y doctrina allí mencionada hemos de concluir que la porción insoluta de ese mismo capital es productora de intereses, que se devengan hasta su abono.

Esto es así, porque el daño patrimonial resultante del incumplimiento contractual en que probadamente incurrió VW al haber practicado deducciones dinerarias incausadas, aparece enjugado por la suma que ilegítimamente retuvo y deberá pagar, con más los intereses correspondientes.

Según lo dispone el cciv 622, el deudor moroso de una obligación dineraria debe, además del capital constitutivo de la obligación, los intereses llamados moratorios, lo que significa que en la hipótesis de verse el acreedor impedido, por causa de la mora del deudor, de usar ese capital, la ley apunta a reparar ese impedimento con la generación de un crédito por intereses que se constituye en accesorio del crédito principal por capital.

Sostuvo esta Sala en reiteradas ocasiones (v. entre otros «Varela, Manuel c/ La Nación Cía. Argentina de Seguros S.A.», 6.3.92; «Hernández, Mabel Inés y otro c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales», 6.9.02; «Prodeca S.A c/ Mafre Argentina Seguros», 8.5.09: «Noel, Alejandro c/ Banco Hipotecario S.A.» , del 4.6.10) que por tratarse de una obligación de origen contractual, resulta aplicable el dispositivo del cciv 508 que, al menos como principio, parece circunscribir la extensión del resarcimiento derivado del incumplimiento a los intereses que se devenguen a partir de la mora del deudor.

Sucede que el daño, que en estos casos aparece como consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento imputable al deudor (cciv 901, 903 y principio análogo del art.520 ), consiste en la indisponibilidad de una cantidad determinada de dinero, cuyo resarcimiento primario está dado por los intereses moratorios, aplicables sin necesidad de prueba alguna, tal como sostuvo con acierto Juan Antonio Bibiloni («Anteproyecto», nota a los artículos que sustituyen los 622  y 1091/1094  , págs. 216/219 y 398, Edición Oficial, 1930).

(ii) En lo que concierne a la alícuota de los réditos, dado que el interés moratorio constituye lo que normalmente es denominado en la plaza como interés que pagan los bancos por depósitos a 30 días (ccom 565 ), una vez producida la mora corresponde calcular ese interés moratorio según el parámetro que brinda el recordado ccom 565 (también el cciv 622), cual es de práctica usual en este fuero mercantil.

Tiene dicho esta Sala que la aplicación de tasas de interés equivalente a la que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días a partir de la promulgación de la Ley de Convertibilidad, responde al criterio según el cual los intereses judiciales que contempla el cciv 622 son los que cobra el aludido banco, lo que en materia mercantil expresamente viene impuesto por el ccom 565 (esta Sala, «Peñal, Osvaldo c/ Pavecic, Luis», 12.2 .88; id., «Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Sertec S.A.», 25.10.93; id., «Szewierga, Roberto s/ conc. prev.», 25.10.93; «Chacras del Molino S.A. c/ Villalba, Gloria, 19.10.10).

iv. Una última cuestión.

En el escrito incorporado como foja 78, entre otras cosas que no es menester mencionar ahora, tanto la demandada cuanto el actor dijeron haber practicado sendas liquidaciones (que acompañaron como anexos I y II; fs.74/75 y 76/77, respectivamente) y solicitaron que para el caso de que las defensas introducidas por VW fueran desestimadas, se juzgara cuál de esas cuentas es la correcta.

Ha llegado el momento de zanjar esa cuestión.

La discrepancia entre ambas se refiere, concretamente, a si procede o no descontar las denominadas cargas administrativas de los haberes a ser restituidos y, de corresponder tal cosa, cuáles son los intereses aplicables, reconocido como quedó por la actora que a ella le fueron cedidos planes renunciados y/o rescindidos (caps. 2 y 3, fs. 78).

Según lo dispone la Res. 26/04 de la Inspección General de Justicia, las administradoras de los planes de ahorro previo se encuentran autorizadas para deducir del haber de reintegro, «.el equivalente de hasta tres cargas administrativas en los casos en que la rescisión se haya producido con posterioridad a la emisión de tres cuotas consecutivas que hayan quedado impagas» (puntos 3.3.5.1.).

Es por esto que cupo ser demostrado -y esa carga recayó en cabeza de VW (cpr 377)- que fue tal cosa lo acaecido con los planes que luego de haber resultado rescindidos fueron cedidos a la demandante; sin embargo, acerca de este asunto ninguna prueba fue producida.

En este escenario, de conformidad con lo solicitado por ambas partes en la mencionada pieza de fs. 78, corresponde estar a la liquidación practicada en fs. 76/77 y, en consecuencia, fijar el capital que deberá pagar la demandada en la suma de $214.164,96 que acrecerá con intereses que, en caso de ser compartido por mis distinguidos colegas cuanto hasta aquí llevo dicho, se calcularán según la tasa mencionada en el ap. anterior, desde el 29.2.08 (liquidación de fs. 76/77, columna TASA ACT. DEL PAGO), hasta su efectivo pago.

IV. La conclusión.

Propongo pues, al Acuerdo que estamos celebrando, admitir el recurso interpuesto por la parte actora y revocar la sentencia de grado, con el efecto de condenar a Volkswagen S.A.de Ahorro para Fines Determinados a pagar al actor $214.164,96 con más intereses que se calcularán con arreglo a lo dicho en el ap. iv. del Consid. III.

Con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, dada su condición de vencida (cpr 68  y 279 ).

Así voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara, doctores Eduardo Machin y Julia Villanueva, adhieren al voto anterior.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Eduardo Machin, Juan R. Garibotto, y Julia Villanueva. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala «C».

Rafael F. Bruno – Secretario –

Buenos Aires, 28 de agosto de 2012.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve: admitir el recurso interpuesto por la parte actora y revocar la sentencia de grado, con el efecto de condenar a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados a pagar al actor $214.164,96 con más intereses que se calcularán con arreglo a lo dicho en el ap. iv. del Consid. III.

Con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, dada su condición de vencida (cpr 68 y 279).

Notifíquese por Secretaría

Eduardo Machin

Juan R. Garibotto

Julia Villanueva

Rafael F. Bruno. Secretario.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: