Aplicación de multa por haber negado maliciosamente la firma inserta en un pagaré, sin ofrecer pericial caligráfica.

Partes: North Computer S.R.L. c/ Luraschi Raúl s/ ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagares – recurso de apelación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala/Juzgado: Sexta

Fecha: 17-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-75508-AR | MJJ75508 | MJJ75508

Aplicación al ejecutado de la multa prevista en el art. 83 del CPCC por haber negado maliciosamente al contestar la demanda la firma inserta en el pagaré, sin ofrecer pericial caligráfica para defender su posición.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el fallo que aplicó al ejecutado la multa prevista en el art. 83  del CPCC equivalente al quince por ciento del monto del litigio a favor de la actora, pues el hecho de haber negado al contestar la demanda la firma inserta en el pagaré, manifestando expresamente que la misma no le pertenece, que es falsa y apócrifa, desconociendo a su vez el contenido del documento y señalando que: …tal circunstancia quedará acreditada en la estación procesal oportuna , sin siquiera ofrecer prueba pericial caligráfica ni requerir la producción de la misma en modo alguno, permite inferir que la estrategia defensiva utilizada lo fue sólo con fines dilatorios.

2.-La lógica y la experiencia demuestran que si se atribuye a una persona la firma de un documento pagaré y ésta no le pertenece, la misma desplegará todos los medios procesales a su alcance para así demostrarlo; por ello, la actitud contraria como la demostrada en autos por el accionado hace presumir una conducta claramente dilatoria, la cual debe ser sancionada y además crea en el ánimo del juzgador una fuerte presunción en cuanto a que la negativa fue insincera aunque no se haya demostrado expresamente, mediante la pericial correspondiente, la falsedad de la firma.

Fallo:

En la Ciudad de Córdoba a las horas del día 17 de agosto de dos mil doce, se reunieron en Audiencia Pública los Sres. Vocales de esta Excma. Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en prese ncia de Secretaria autorizante, para resolver los autos caratulados “NORTH COMPUTER S.R.L. C/ LURASCHI, RAUL – EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES – RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. N° 1327747/36), venidos a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 49 por el demandado en contra de la Sentencia Número Trescientos Cuarenta y Uno dictada el día ocho de mayo de dos mil nueve por el Sr. Juez de Primera Instancia y Décimo Octava Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Juan Carlos Maciel, quien resolvió: “1) Rechazar las excepciones de falsedad e inhabilidad de título interpuesta por el demandado Raúl Luraschi y en consecuencia mandar llevar adelante la ejecución promovida por North Computer – a través de sus apoderadas Alicia Bazán de Andruet y Liliana Bruna Moyano de Funes – hasta el completo pago del capital reclamado de pesos trece mil setecientos treinta y siete con 54/100 ctvos ($ 13.737,54) con más sus intereses conforme lo dispuesto en el considerando respectivo.- 2) Imponer a Raúl Luraschi la multa prevista en el art. 83  del CPCC equivalente al quince por ciento (15 %) del monto del litigio a favor de la actora.- 3) Imponer las costas al demandado a cuyo fin se regulan los honorarios correspondientes a la Dra. Alicia Bazán de Andruet y Liliana Bruna de Moyano Funes en conjunto y proporción de ley en la suma de pesos cuatro mil seiscientos noventa ($ 4690). No regular en esta oportunidad los honorarios del Dr. José María Jaluf (art. 25  ley 8226). Prot.”.

El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones:-

1º) ¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida?.

2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-

Previo sorteo de ley, los Sres. Vocales votaron de la siguiente manera.

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ALBERTO F.ZARZA A LA PRIMERA CUESTION DIJO:

I.- Llegan las actuaciones a este Tribunal de Grado en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandado, con el patrocinio letrado del Dr. José María Jaluf, fundándolo en esta sede a fs. 60/62.

II.- Le agravia que se haya impuesto a su parte la multa prevista por el art. 83 del CPCC, consistente en el 15 % del monto del litigio. Transcribe la consideración efectuada por el A-quo y refiere que su razonamiento es erróneo. Entiende que es requisito de la sanción cuestionada, tener por acreditado que el litigante ha negado insinceramente su firma. Recurre a la definición de insinceridad, conforme la Real Academia Española: “sencillez, veracidad, modo de expresarse libre de fingimiento”. Afirma que la certeza sobre la autoría o no de la firma sólo puede haber surgido de la prueba pericial, que no fue producida en autos. Entiende que, sólo con tal resultado, podría el Tribunal haber tenido por fehacientemente acreditada la insinceridad requerida por la norma. Concluye que no es posible tener por configurada la conducta reprochable, en tanto que sin prueba no existe la certeza requerida por la norma. Sostiene que tal inactividad conlleva el rechazo de la excepción, pero ello no importa sin mas sostener que la firma efectivamente era de su pertenencia. Repara en la naturaleza de las sanciones procesales, en tanto las mismas tienden a evitar la dilación injustificada de las causas, y sostiene que debe ponderarse si la negativa de la pertenencia de la firma tuvo aptitud para dilatar la resolución de la causa. Para ello, afirma que corresponde tener en cuenta el lapso temporal que le ha insumido a la actora llegar a la sentencia, teniendo especialmente en cuenta que en el proceso civil impera el impulso de partes. Relata que la causa fue iniciada el 21/04/207 y que la litis fue trabada el 23/04/08, por lo que transcurrieron 6 meses en que la actora no realizó actos procesales válidos tendientes a obtener la resolución del pleito.Que 8 meses después la actora contesta las excepciones, el 23/12/08, por lo que la inactividad procesal es solamente reprochable a quien tenía interés en obtener la sentencia. Continúa diciendo que recién a fines de febrero de 2009 se insta por la actora la apertura a prueba y transcurrido el término de ley solicita su clausura. El fallo tiene fecha de 08/05/09. Afirma que sobre un término total de tramitación de 19 meses, 14 se originaron en inactividad de la actora. Concluye de eso que, aún no habiendo certeza sobre la autoría o no de la firma obrante en las cambiales, que habilite a tener realmente como perteneciente a su puño y letra las firmas cuestionadas, ello no tuvo incidencia para dilatar la causa.

Subsidiariamente cuestiona la extensión de la sanción y solicita su morigeración.

III.- Corrido traslado de los agravios (fs. 63), el mismo es evacuado por la contraria a fs. 65/66, solicitando el rechazo del recurso de apelación por las razones que expone. Dictado y firme el decreto de autos (fs. 67), queda la presente causa en estado de ser resuelta.

IV.- Luego de una detenida lectura del escrito fundante del recurso, considero que los agravios del quejoso no reúnen los requisitos mínimos de idoneidad para configurar una crítica razonada al fallo cuestionado.-

Recordemos que es carga inexcusable para quien pretende la revisión de un fallo, refutar con precisión las conclusiones esenciales, tanto de hecho como de derecho en que el juez de primera instancia haya basado su pronunciamiento, no resultando suficiente por lo tanto las endebles afirmaciones formuladas. La expresión de agravios no es una fórmula carente de sentido, sino un análisis razonado de la resolución, punto por punto, y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea (Cfr. Alsina, “Derecho Procesal”, Tomo IV, pág. 391; Hitters, J.C., “Técnica de los recursos ordinarios”, pág. 443; Ramaciotti, “Compendio .”, Tomo 3, pág.524).

Como se puede observar, la memoria recursiva no ilustra a este Tribunal acerca de cuáles serían las razones valederas para revocar lo resuelto, y los artificiosos argumentos no logran desvirtuar la valoración de la prueba efectuada en la sentencia y su fundamentación.

De conformidad con lo requerido por la jurisprudencia y la doctrina, en autos no se advierte una verdadera técnica recursiva en razón de no existir una crítica razonada y concreta del contenido de la resolución impugnada, en la que se indique, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al pronunciamiento y que habilitarían la declaración de nulidad o su revocación ni se explicita la secuencia concreta el razonamiento del juzgador que resulta desacertado, erróneo o desajustado a derecho, sino que tan sólo se realizan vagas consideraciones respecto de la valoración de la prueba, sin que exista una sola argumentación con virtualidad jurídica para cambiar la suerte de lo resuelto. En efecto, la mera manifestación de la incongruencia o de que no se ha valorado correctamente su actitud procesal, no es suficiente para enervar el progreso de la acción. A poco que se analicen los términos de la defensa intentada, se infiere, su improcedencia manifiesta atento su falta de seriedad y de respaldo en derecho, de conformidad con lo expresado en el considerando precedente.

Nótese que los agravios que se alzan contra el resolutorio y que abren la instancia de apelación no cristalizan una crítica razonada de los fundamentos que brinda el Sentenciante, sino que tan sólo configuran argumentos que remiten al propio accionar del impugnante, en tanto que la carga procesal de instar la realización de la pericia le correspondía.Por esta razón, no puede alegar su propia negligencia como herramienta defensiva.

Lo expuesto no importa una apreciación dogmática pues encuentra respaldo en las constancias obrantes en la causa, en especial en los claros términos de la demanda y en la valoración de la prueba realizada por el A-quo y lo dispuesto por las normas legales adecuadamente valoradas.

V.- Adviértase además que, de la expresión de agravios del apelante no surgen válidamente atacados los fundamentos por los cuales se le tiene por reconocida la firma inserta en el título base de la ejecución. Por ello, y a tenor de lo expresamente dispuesto por el art. 250  del CPCC, que dispone: “El litigante que insinceramente negare su firma será pasible de las sanciones previstas en el art. 83”, la sanción impuesta por el A-quo luce ajustada a derecho.

Atento los términos de la litis, cabe resolver si la conducta del demandado resulta reprochable a la luz de los principios que deben regir el accionar de las partes durante el desarrollo del litigio. Debe dilucidarse si los actos procesales realizados resultan conteste a lo que implica la legítima defensa en juicio y cristalizan el correcto uso de las facultades procesales dispuestas en la ley procedimental, o caso contrario, dan muestra de un accionar temerario, meramente dilatorio y reñido a los principios de probidad y buena fe que imperan en el proceso.-

Sin duda, que el hecho de haber negado el accionado al contestar la demanda la firma inserta en el documento pagaré, manifestando expresamente que la misma no le pertenece, que es falsa y apócrifa, desconociendo a su vez el contenido del documento y señalando que:”.tal circunstancia quedará acreditada en la estación procesal oportuna”, sin siquiera ofrecer prueba pericial caligráfica ni requerir la producción de la misma en modo alguno, permite inferir que la estrategia defensiva utilizada lo fue sólo con fines dilatorios.-

Las conductas señaladas autorizan a tener por configurada una conducta reprochable, y que a más de perturbadora y dilatoria, puede ser calificada de temeraria y maliciosa.

El art. 250 del C.P.C establece que el litigante que insinceramente negare su firma será pasible de las sanciones previstas en el art. 83.La sanción no es aplicable a cualquier desconocimiento, sino cuando se advierta que ha sido efectuado en forma insincera, engañosa o mendaz, lo cual puede concluirse de la actitud negligente de la parte demandada.Doctrinariamente, se ha dicho que “El deber de probidad y buena fe se refiere sólo a la actuación de las partes en el juicio; y la falta de verdad sólo se sanciona en la medida en que distorsione el proceso. Es decir que debe observarse una conducta acorde con los fines del proceso, no obstaculizando el mismo con deslealtades, mentiras o incidentes. Todo aquello que injustamente obligue a la parte contraria a desplegar un esfuerzo mayor para obtener el reconocimiento de su derecho, constituye una violación al deber de actuar con probidad y buena fe. Se trata de conductas que “.colocan a la contraria en la necesidad de sufrir una pérdida inútil de tiempo o de desplegar una actividad superflua u onerosa” (Palacio, Alvarado Velloso, ob. cit.)” (C5a.CC Cba., 29/09/1999, “MORÓN, Vilma c/ CARMELO DENTE, Juan A.”, Semanario Jurídico N° 1270, Tomo 81, pág.701).

La lógica y la experiencia demuestran que si se atribuye a una persona la firma de un documento pagaré y ésta no le pertenece, la misma desplegará todos los medios procesales a su alcance para así demostrarlo.-

La actitud contraria como la demostrada en autos por el accionado hace presumir una conducta claramente dilatoria, la cual debe ser sancionada y además crea en el ánimo del juzgador una fuerte presunción en cuanto a que la negativa fue insincera aunque no se haya demostrado expresamente, mediante la pericial correspondiente la falsedad de la firma.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación intentado.

VI.- Las costas de esta instancia deben imponerse al apelante perdidoso, en virtud del principio objetivo de la derrota, consagrado en el art. 130  del C.P.C.

Corresponde estimar los honorarios de las letradas de conformidad a lo dispuesto por los arts. 36 , 39 y 40  de la ley 9459.

ASI VOTO.

LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO A LA PRIMERA CUESTIÓN DIJO:

Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR WALTER ADRIAN SIMES A LA PRIMERA CUESTIÓN DIJO:

Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ALBERTO F. ZARZA A LA SEGUNDA CUESTION DIJO:-

Corresponde: 1) Rechazar el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida, por los fundamentos aquí expuestos. 2) Imponer las costas de esta sede al demandado apelante (art. 130  del C.P.C.). 3) Estimar los porcentajes regulatorios de las Dras. Liliana Bruna de Moyano Funes y Alicia Bazán de Andruet, en conjunto y proporción de ley, por su labor en esta sede en el 40 % del término medio de la escala del art.36 de la ley 9459, sobre lo que fuera materia de recurso en esta Alzada, debiendo tenerse en cuenta el mínimo establecido por el art. 40 de la ley 9459.

LA SEÑORA VOCAL DOCTORA SILVIA B. PALACIO DE CAEIRO A LA SEGUNDA CUESTIÓN DIJO: –

Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR WALTER ADRIAN SIMES A LA SEGUNDA CUESTIÓN DIJO:

Que adhería a lo expuesto por el Sr. Vocal de primer voto, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta por compartir los fundamentos.

Por lo expuesto y el resultado de la votación que antecede,

SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida, por los fundamentos aquí expuestos. 2) Imponer las costas de esta sede al demandado apelante (art. 130 del C.P.C.). 3) Estimar los porcentajes regulatorios de las Dras. Liliana Bruna de Moyano Funes y Alicia Bazán de Andruet, en conjunto y proporción de ley, por su labor en esta sede en el 40 % del término medio de la escala del art. 36 de la ley 9459, sobre lo que fuera materia de recurso en esta Alzada, debiendo tenerse en cuenta el mínimo establecido por el art. 40 de la ley 9459.

Protocolícese, hágase saber y bajen. Con lo que terminó el acto que firman los Señores Vocales.

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