Responsabilidad de la empleadora por el accidente con un carrito de golf que explotó provocándole lesiones en el rostro al actor

Partes: Pintos Claudio Alexis c/ Quality Check S.A. y otro s/ accidente – acción Civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VIII

Fecha: 4-sep-2012

Cita: MJ-JU-M-75487-AR | MJJ75487 | MJJ75487

La empleadora resulta responsable por el accidente padecido por el actor, -el carrito de golf que conducía explotó provocándole lesiones en el rostro-, puesto que al destinar al actor a prestar servicios en un barrio privado, asumió la calidad de guardián jurídico del vehículo en cuestión.

Sumario:

1.-Corresponde condenar a la empleadora por el accidente sufrido por el actor puesto que dicha parte, -empresa dedicada a la provisión del servicio de vigilancia para terceras personas-, destinó al actor a prestar servicios en un barrio privado y por lo tanto, asumió la calidad de guardián jurídico, por ser quien se benefició con el trabajo del actor al obtener una ganancia que tiene su origen en el negocio que explota, y por ello, la coloca en la obligación de responder en el plano del derecho común pues existe nexo causal adecuado con el daño (arts. 1109  y 1113 del CCiv.).

2.-Corresponde condenar a la empleadora en los términos del art. 1113 CCiv. por el accidente que padeció el actor toda vez que la cosa, -vehículo de golf-, cae bajo la órbita del citado artículo, al disponer que le corresponde asumir la responsabilidad a quien se sirve de una cosa o de una actividad y se vale de ella obteniendo un provecho; es decir, quien tiene la posibilidad de obtener un beneficio jurídico de ella, es quien asume la calidad de guardián jurídico.

3.-La alegación de culpa como eximente de la responsabilidad que resulta del mencionado art. 1113 del CCiv., no puede prosperar puesto que a empleadora, no ha logrado demostrar el cumplimiento íntegro, suficiente y apropiado de las medidas tendientes a la tutela psicofísica del actor accidentado.

4.-Cuando el damnificado es un trabajador dependiente y el hecho que produjo el daño cuya indemnización se demanda ocurrió en ocasión y lugar del servicio laboral que aquél prestaba a su empleadora, no puede prescindirse, a los fines de la apreciación de la responsabilidad, del principio objetivo que emana del art. 1113, 2° párr. del CCiv., y en ese marco basta que el damnificado pruebe el daño y el contacto con la cosa dañosa para que quede a cargo de la demandada, como dueño o guardián del objeto riesgoso, demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

5.-Corresponde confirmar el porcentaje de incapacidad determinado puesto que la demandada no demuestra, como era su carga, que la pericia contiene errores invalidantes de su eficacia probatoria, ni que la haya apreciado con desdén por las reglas que gobiernan la cuestión en materia de prueba; y si bien los jueces no se hallan vinculados por los dictámenes periciales, ciertamente, para apartarse de conclusiones técnicas de especialistas en un arte o profesión, deben contar con argumentos objetivamente demostrativos del error.

6.-Corresponde confirmar el monto de la reparación integral en el marco del derecho civil puesto que la indemnización de daños patrimoniales futuros e inciertos, debe reponer, en la medida de lo posible, a la víctima, en la situación en que se encontraba con anterioridad al accidente, en definitiva, de una perdida de chance, consistente en la disminución de la capacidad laborativa, poniendo de relieve en el particular caso de autos, la edad de la víctima, sus expectativas de vida, de ganancia y los porcentajes de incapacidad, que constituyen valiosos elementos referenciales para cuantificar los daños padecidos.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de septiembre de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda que el actor fundó en normas del Código Civil, y condenó a su empleadora Quality Check S.A., a indemnizar el daño patrimonial y extrapatrimonial derivado de las secuelas incapacitantes de un accidente de trabajo que sufrió en circunstancias en que trabajaba bajo su dependencia. Y condenó a pagar a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo la indemnización en los términos de la ley 24.557 . La demandada viene en apelación. El perito médico postula la revisión de sus honorarios.

II.- Para así decidir, la señora Jueza a quo tuvo por cierto que el actor sufrió el accidente de trabajo que relató, en circunstancias en que trabajaba para la demandada, cumpliendo tareas de vigilador en el barrio privado Los Rosales. Sintéticamente, el actor que se trasladaba y recorría el predio con un vehículo, denominado “carrito de golf”, puso a cargar la batería del móvil porque no funcionaba bien, al enchufarla emitía un ruido extraño, y al acercarse y querer levantar el asiento para ver el compartimento donde se hallaba la batería explotó sufriendo el impacto y lesiones en su rostro.Para ello, con apego a las reglas que en materia de apreciación de la prueba establece el artículo 386  del C.P.C.C.N., hizo mérito de las declaraciones de Carrizo, testigo del hecho, y concluyó que, en el caso concurren los presupuestos previstos por el segundo párrafo del artículo 1113  del Código Civil, esto es, un supuesto de “daños causados con las cosas” (sic) y la responsabilidad objetiva del dueño o guardián quien, para eximirse de responsabilidad debió acreditar que no medió culpa de su parte o que el hecho se produjo por culpa de la víctima, extremos que no se verificaron ya que, la demandada no produjo prueba tendiente a demostrar la presencia de alguno de los supuestos de excepción.

La empleadora al apelar, sostiene que no era la dueña o guardiana de la cosa productora del daño, ya que no era de su propiedad, por lo cual no debe responder.

La parte no aporta razones que contradigan el criterio de la sentenciante de grado. No se hace cargo de que la cosa – vehículo- cuyo riesgo inherente, aceptando como riesgo de accidente laboral a aquellas condiciones de trabajo que pueden ocasionar o derivar en accidentes, caen bajo la órbita del artículo 1113 del Código Civil ya que, al disponer que toda persona debe resarcir el daño causado “por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado”, fija dos pautas por las que debe responder por el daño causado tanto aquél que tiene la cosa a su cuidado como el que “se sirve” de la misma.Y se sirve de una cosa o de una actividad quien se vale de ella obteniendo un provecho, es decir, quien tiene la posibilidad de obtener un beneficio jurídico de ella, asume la calidad de guardián jurídico.

En el caso, la demandada -empresa dedicada a la provisión del servicio de vigilancia para terceras personas- que destinó al actor a prestar servicios en un barrio privado, asumió la calidad de guardián jurídico, por ser quien se benefició con el trabajo del actor al obtener una ganancia que tiene su origen en el negocio que explota, y por ello, la coloca en la obligación de responder en el plano del derecho común pues existe nexo causal adecuado con el daño (artículos 1109  y 1113 del Código Civil).

En este contexto la alegación de culpa como eximente de la responsabilidad que resulta del mencionado artículo 1113 del Código Civil, no puede ser oída. La empleadora, no ha logrado demostrar el cumplimiento íntegro, suficiente y apropiado de las medidas tendientes a la tutela psicofísica de Pintos. Es exigible a aquélla la adopción de acciones positivas que, desde un criterio mínimo de razonabilidad técnica, procuren evitar o mitigar las consecuencias nocivas a las que pudiere encontrarse expuesto el trabajador en el desempeño de la labor que despliega.Si la empleadora omite adoptar tales medidas, o las cumple de modo deficiente, incurre en antijuridicidad o ilicitud.

A mayor abundamiento, cabe destacar que, cuando el damnificado es un trabajador dependiente y el hecho que produjo el daño cuya indemnización se demanda ocurrió en ocasión y lugar del servicio laboral que aquél prestaba a su empleadora, no puede prescindirse, a los fines de la apreciación de la responsabilidad, del principio objetivo que emana del artículo 1113, 2° párrafo del Código Civil, y en ese marco basta que el damnificado pruebe el daño y el contacto con la cosa dañosa para que quede a cargo de la demandada, como dueño o guardián del objeto riesgoso, demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (Conf. CS, Fallos 329:2667 ). De lo contrario, aquélla resulta responsable en base a un factor de atribución objetivo y para eximirse de responsabilidad le correspondía probar la culpa de la víctima, la de un tercero por quien no debía responder o el caso fortuito. En ese orden, cuando se alega la culpa de la víctima, esta imputación debe ser concreta y describirse cuál fue, en los hechos, la conducta configurativa de esa responsabilidad. Como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación la prueba de la culpa de la víctima debe ser concluyente (Fallos 322:1773 ) y no puede producirse prueba sobre aseveraciones imprecisas o vagas, sino sobre hechos concretos y puntuales porque de lo contrario se alterarían los términos de la litis contestatio. Por lo expuesto, lo resuelto se encuentra al abrigo de revisión.

III.- En lo que atañe a la crítica al informe pericial médico, el mismo es perfectamente idóneo para formar convicción acerca de la incapacidad actual que padece el actor producto del accidente, que no se distancia sustancialmente de la estimada por la Comisión Médica que la fijó en el 46,70% (ver fs.47/49). El perito médico, tras la evaluación física del actor y estudios complementarios practicados, informó que “la incapacidad que padece el actor por las secuelas del accidente de autos se elevan al 50% parcial y permanente de la total obrera …25% para una persona de escasa exigencia visual y con un ojo normal y el lesionado con agudeza visual 1/10; 5% por cicatriz que no implica deformación permanente del rostro y 20% por su cuadro de neurosis de angustia con depresión severa”. No demuestra la apelante, como era su carga, que la pericia a la que remitió la Jueza a quo contiene errores invalidantes de su eficacia probatoria, ni que la haya apreciado con desdén por las reglas que gobiernan la cuestión en materia de prueba. Si bien los jueces no se hallan vinculados por los dictámenes periciales, ciertamente, para apartarse de conclusiones técnicas de especialistas en un arte o profesión, deben contar con argumentos objetivamente demostrativos del error. No es cuestionable, en concreto, el diagnóstico del perito médico. Cabe agregar que el juicio de causalidad es, siempre, jurídico y es facultad del juez emitirlo con efectos vinculantes. Aún en los casos en los que se formula asertivamente, se debe entender que se está haciendo desde una perspectiva médica y, siempre, debe ser leído como hipotético (artículos 386  y 477  C.P.C.C.N.).

IV.- La demandada, por considerarlo elevado, se agravia del monto de la indemnización comprensiva del daño patrimonial y extrapatrimonial.

El señor Juez a quo estimó en $ 205.000 la reparación integral en el marco del derecho civil y explicó los parámetros que utilizó para llegar a ella. La indemnización de daños patrimoniales futuros e inciertos, debe reponer, en la medida de lo posible, a la víctima, en la situación en que se encontraba con anterioridad al accidente. En definitiva, de una perdida de chance, consistente en la disminución de la capacidad laborativa.Pongo de relieve que si bien la edad de la víctima, sus expectativas de vida, de ganancia y los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales para cuantificar los daños padecidos, debe seguirse un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso y no asirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio (artículo 165  C.P.C.C.N.).

Teniendo en cuenta esto y la doctrina de la Corte al postular que : “El valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres” (A. 436. XL; Recurso de hecho: “Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL , del 8 de abril de 2008) y puntualizar que:”La incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., y debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable”, estimo razonable y adecuado la indemnización estimada por la sentenciante de grado, incluso la reparación por el agravio moral, teniend o en cuenta la situación del actor de directa incidencia en la esfera afectiva de su personalidad (artículo 1078  del Código Civil). Cabe agregar que, la estimación es el único procedimiento para cuantificar daños eventuales y futuros, en suma, conjeturales, que consisten en una pérdida teórica de chance, consistente en la disminución de la capacidad laborativa. La apelante no ofrece otros argumentos, fundados en parámetros de determinación que deban ser preferidos a los utilizados por la sentenciante de grado (artículos 377 y 386 C.P.C.C.N., 1068 y 1069  del Código Civil, 116 ley 18345).

V.- Los honorarios regulados al perito médico en atención a la importancia, mérito de los trabajos realizados y las normas arancelarias de aplicación, lucen razonables y no deben ser objeto de corrección.

VI.- Por las razones expuestas, citas legales y argumentos propios, que, en lo pertinente, doy por reproducidos, de la sentencia apelada, propongo, se la confirme en todo lo que fue materia de agravios; se regulen los honorarios del letrado firmante del escrito dirigido a esta Cámara en el 25% de los que, le fueron regulados en origen (artículo l4  de la Ley 21839); se impongan las costas de alzada por el orden causado.

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO dijo:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios;

2) Imponer las costas de alzada por el orden causado;

3) Regular los honorarios del letrado firmante del escrito dirigido a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

LUIS ALBERTO CATARDO VICTOR A. PESINO

JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

ALICIA E. MESERI

SECRETARIA

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