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Luego del dictado de la Ley 26.773, siguen existiendo las enfermedades extrasistémicas y la imposibilidad de contratar un seguro que cubra las contingencias derivadas de ellas

Autor: Gómez Escalante, José N. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 19-nov-2012

Cita: MJ-DOC-6071-AR | MJD6071

Doctrina:

Por José N. Gómez Escalante (*)

No es el propósito de estas líneas poner en juicio los méritos de la nueva Ley 26.773 , que en términos generales ha adecuado el sistema de prevención y reparación de los riesgos del trabajo a la jurisprudencia y doctrina vigentes, poniendo fin a la aberración jurídica que significó en su momento el art. 39 de la Ley 24.557, estableciendo prestaciones realistas y posibilitando una acción fundada en el derecho común para los casos en que realmente la misma fuese justificada.

Quiero referirme solamente a un aspecto que sigue al margen de lo dispuesto por la Ley 26.773 y disposiciones vigentes de la Ley 24.577, normas estas que legislan sobre los denominados «riesgos del trabajo» que son en realidad las contingencias definidas por el art. 6 de la referida Ley 24.577, que comprenden al evento súbito (accidente de trabajo) y a las enfermedades profesionales contempladas en el listado que eventualmente puede ser ampliado en casos concretos, constituyendo eso evidentemente un numerus clausus que no contempla a todas otras posibles dolencias en cuya producción y/o manifestación el trabajo haya sido una concausa, es decir, una causa que influyó junto con otra u otras.

Este aspecto había sido precisado por la derogada Ley 24.028, que en el párr. 3º de su art. 2 hacía referencia a la concurrencia de los factores causales atribuibles al trabajador con los factores causales atribuibles al trabajo, considerando indemnizable solamente a la incidencia de estos últimos, habiendo puesto fin en su momento a la teoría de la indiferencia de la concausa, vigente mientras lo estuvo la Ley 9688, referida a la «enfermedad-accidente» y a la que hizo expresa referencia (aunque con limitaciones) la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo dictado en autos «Tomelleri Teresa L.y otros c/ Gobierno Nacional» (Fallos 202:140, 1945), habiéndose posteriormente ampliado los alcances de la reparación de la enfermedad-accidente por la más generosa interpretación de la indiferencia de la concausa.

En síntesis, el sistema vigente de reparación y prevención de los riesgos del trabajo no contempla los supuestos en que el trabajo no ha sido la única causa de la producción de minusvalías, haciendo expresa referencia en su art. 6 apdo. 2 párr. 2º a que «las enfermedades no incluidas en el listado (recuérdese que el mismo puede ser ampliado excepcionalmente) no serán consideradas resarcibles», es decir, que no se considerarán enfermedades profesionales por no concurrir el agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinarlas. También expresa el mismo artículo más adelante que en «ningún caso se reconocerá el carácter de enfermedad profesional a la que sea consecuencia inmediata, o mediata previsible, de factores ajenos al trabajo o atribuibles al trabajador, tales como la predisposición o labilidad a contraer determinada dolencia».

En concreto, la normativa vigente referida a los riesgos del trabajo contempla solamente a las enfermedades profesionales dentro de su cerrado sistema normativo, lo que obviamente no significa que no sean indemnizables los daños y/o incapacidades acaecidas con motivo de la incidencia del trabajo como factor concausal, ya sea solamente hasta la incidencia del mismo o con indiferencia de su acción en conjunto con otros factores.

Todas esas responsabilidades extrasistémicas, a juicio del suscripto, pueden dar lugar a acciones derivadas del contrato de trabajo y que por ende deben tramitar ante la justicia del trabajo y específicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la justicia nacional del trabajo.Entiendo también que a su respecto puede sostenerse que rige la teoría de la indiferencia de la concausa, que habría renacido con la derogación de la Ley 24.028.

Sobre la base de lo expuesto, voy al meollo de la omisión legislativa, que sostengo sigue deparando una evidente inseguridad jurídica, habiéndose perdido la oportunidad de contemplar la hipótesis aquí referida en la nueva Ley 26.773.

En concreto, la inseguridad jurídica y el vacío legal que señalo surgen de la imposibilidad concreta de contratar un seguro de responsabilidad civil destinado a aventar las responsabilidades indemnizatorias que puedan deparar en relación a los empleadores las referidas acciones basadas en eventos no contemplados por el sistema.

Ello es real, por cuanto si bien el Decreto 1694 loablemente y en forma amplia instruyó a la Superintendencia de Seguros de la Nación para que adoptare medidas tendientes a la aprobación de líneas de seguros por responsabilidad civil por accidentes de trabajo y enfermedades laborales, resulta también que mediante la tardía Resolución 35.550/11 dictada por esta entidad, la posibilidad de contratar tales seguros quedó limitada a obtener cobertura en relación a las contingencias previstas en el art. 6 de la Ley 24.557 (sistema cerrado de riesgos del trabajo), tal como resulta de la cláusula 4 del Anexo I de tal resolución), situación que no fue solucionada por la Ley 26.673 que como señaláramos anteriormente legisla exclusivamente sobre los riesgos sistémicos, a los que refiere al hacer mención en el art.7 a la posibilidad de contratar un seguro aplicable a otros sistemas de responsabilidad, implicando ello la pérdida de vigencia de la más amplia disposición del Decreto 1694, que en su momento fuese cercenado en su vigencia por la referida resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La conclusión es que las minusvalías producidas por supuestos no contemplados en el sistema siguen deparando responsabilidades indemnizatorias dentro del contrato de trabajo, ya sea con fundamento en la responsabilidad contractual o la aquiliana, aplicable esta última sin límites como se ha hecho, debiendo tales acciones a juicio del suscripto tramitar ante el fuero del trabajo, estando sujetas a lo que se decida en cada caso, no habiendo específica legislación, con el agregado de que no es posible obtener cobertura contra los mismos por cuanto se han definido como «riesgos no asegurables».

Sería loable que se legislara al respecto, expresando nuevamente que esto no va en desmedro del importante avance que ha significado la Ley 26.773 y todo ello con el propósito de obtener la necesaria seguridad jurídica condicionante de la inversión tan necesitada tendiente a aumentar la producción, el consumo y fundamentalmente las fuentes de trabajo.

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(*) Abogado y procurador, UBA. Abogado asociado al Estudio Allende & Brea, dedicado al asesoramiento integral en materia laboral y de seguridad social. Asociado a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Capacitador, ponente en congresos y autor de trabajos sobre temas de su especialidad. Ex Juez Nacional, Juzgado Nº 23 de Primera Instancia del Trabajo. Posee una vasta experiencia como profesor universitario.

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