Responsabilidad del municipio por los perjuicios que sufrió un peatón al caer y lesionarse en una vereda.

Partes: Dini Ivana c/ Municipalidad de Rosario s/ daños y perjuicios

Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario

Fecha: 7-sep-2012

Cita: MJ-JU-M-75215-AR | MJJ75215 | MJJ75215

Responsabilidad del municipio por los perjuicios que sufrió un peatón al caer y lesionarse en una vereda que se encontraba en mal estado de conservación ya que caminar por la vereda, no implica aceptar un altísimo riesgo de dañosidad.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar al Municipio demandado a resarcir los perjuicios causados al peatón que se lesionó al caer en la vereda como consecuencia del mal estado de la misma según resultó acreditado en el proceso.

2.-No se acreditó causal eximente de responsabilidad, ni puede hablarse de la culpa de la víctima o de un tercero ajeno, ni mucho menos de un caso fortuito resultando inaceptable atribuir grado alguno de culpa a la víctima en razón de haber trastabillado en un sector donde las baldosas estaban rotas y/o flojas; ante esta eventualidad, es decir, la posibilidad de que la cosa llegue a causar daño, era deber de la Municipalidad mantener en condiciones la vereda para evitar perjuicios a terceros, tanto dentro de las funciones de policía que le atañen, cuanto por ser la vía pública, parte del dominio público del Estado, por lo que es insoslayable la responsabilidad que le cabe al municipio, en la órbita del art. 1113  del CCiv.

3.-Si la cosa cuyo riesgo o vicio produjo el daño se encontraba en la vía pública -como en el caso de baldosas flojas y rotas- y en tanto las aceras forman parte del dominio público del Estado y se encuentran bajo la guarda de la Municipalidad (art. 2339  y 2340 inc. 7°  CCiv.) es este el factor de imputación jurídica para que aquélla responda por el perjuicio ocasionado en la órbita del art. 1113 del CCiv., pues era su deber mantener en condiciones la vereda para evitar perjuicios a terceros, tanto dentro de las funciones de policía que le atañen, cuanto por ser la vía pública parte del dominio público del Estado.

4.-Debe rechazarse la pretensión del municipio demandado y obligado a responder por los perjuicios que sufrió un peatón al caer en una vereda en mal estado de conservación, quien pretende desplazar su responsabilidad alegando, la omisión del propietario frentista de denunciar la anomalía, toda vez que el Estado debe controlar que las personas puedan transitar por la vía pública sin peligro, pues tiene el deber de atender a la seguridad y salubridad de los habitantes.

5.-Tratándose de cosas inertes, la calificación que puede corresponder a una cosa, no depende solamente de su peligrosidad intrínseca, sino también, de su aptitud potencial para producir un daño, de donde, además de las cosas que podrían considerarse como riesgosas en sí misma, por cuanto es factible que, por su dinámica, escapen al dominio del hombre existen algunas que, por su sencillez o estado inerte, carecen naturalmente de esa virtualidad, pero en conjunción con otras, o en determinadas circunstancias resultan aptas para producir daños como en el caso, una acera en mal estado de conservación.

6.-La incapacidad es la falta de salud derivada de un hecho ilícito. La invalidez física es un concepto médico antes que jurídico, ya que la captación normativa del complejo de hecho se integra también con las repercusiones que dicha minusvalía tiene en la capacidad de ganar dinero, que no es contemplado por la noción puramente médica (24%) la incapacidad es la falta de salud derivada de un hecho ilícito

7.-Habiéndose acreditado que la víctima sufrió una limitación funcional, igualmente se entiende producido un daño patrimonial que genera la obligación de indemnizar, aun cuando no hubiera tenido rentas, porque dicho daño tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de aquel tipo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras.

8.-A fin de la cuantificación del resarcimiento debido en concepto de incapacidad sobreviniente, las secuelas del accidente deben ponderarse en tanto representan indirectamente un perjuicio patrimonial para la víctima, o sea en cuanto impliquen una minusvalía que comprometa sus aptitudes laborales y la vida de relación en general y, desde ese modo frustren posibilidades económicas o incrementen sus gastos futuros, lo cual, debe valorarse atendiendo a las circunstancias personales, socio-económicas y culturales de aquélla.

9.-Debe resarcirse el daño moral, rubro de difícil determinación ya que no se halla sujeto a una equivalencia matemática entre la indemnización y el perjuicio, puesto que una es material y el otro espiritual. Por ello, más que en ningún otro supuesto la justipreciación estará librada al prudente arbitrio del Juzgador, quien considerará las concretas circunstancias de la causa que resulten relevantes, imponiéndose para su cuantificación, la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante.

Fallo:

Rosario, 7 de setiembre de 2012.

Y VISTOS: Los presentes caratulados “DINI, IVANA C/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, expte nº 885/10, en los que a fs. 26/33 comparecen los Dres. María Ivana Darnay y Jorge Sebastián Morales en representación de la parte actora y promueven demanda de daños y perjuicios contra la Municipalidad de Rosario, pretendiendo la suma de setenta y cinco mil pesos con más intereses y costas; expresan que el 16 de abril de 2007, siendo aproximadamente las 13:15 horas la accionante caminaba en sentido Sur-Norte por la peatonal San Martín a la altura del 970, y dada la existencia de mesas de bares que impedían el paso por otro lugar debió atravesar por una zona de la misma que se encontraba en paupérrimas condiciones y en esas circunstancias el dificultoso estado mencionado generó la caída y lesión de la reclamante; fue asistida en el lugar por dos agentes de la Guardia Urbana Municipal, haciéndose luego presente una ambulancia del DIPAES,procediendo a trasladarla al Hospital Italiano Garibaldi, sufriendo heridas de consideración. Fundan la demanda, precisan y cuantifican los rubros reclamados y ofrecen la prueba que habrán de valerse. A fs. 39/44 comparece la Dra. Andrea Ambrogio en representación de la Municipalidad de Rosario, contesta la demanda negando los hechos expuestos en ella, refiere que existe ausencia de responsabilidad por parte de su representada, adjudica culpa de la víctima por no conducirse atenta a las circunstancias de su andar, por haber actuado de manera negligente, imprudente y descuidada y ofrece prueba. Producidas las pruebas, celebrada la audiencia de Vista de Causa y alegadas que fueran las partes, han quedado los autos en estado de dictar sentencia y luego de deliberar, el Tribunal dijo:

Y CONSIDERANDO: Liminarmente ha de tenerse presente que la accionante reclamó su pretensión ante la administración, en cumplimiento de la exigencia legal del art.1º  de la Ley de Defensa en Juicio del Estado (nº 7234, texto según ley nº 9040), pretendiendo se la indemnice por los daños causados que aquí reclamaj (fs. 5). La demandada Municipalidad de Rosario no se expidió, razón por la cual se dedujo Pronto Despacho (fs. 25).

Y CONSIDERANDO: Liminarmente ha de tenerse presente que la accionante reclamó su pretensión ante la administración, en cumplimiento de la exigencia legal del art. 1º de la Ley de Defensa en Juicio del Estado (nº 7234, texto según ley nº 9040), pretendiendo se la indemnice por los daños causados que aquí reclama (fs. 5). La demandada Municipalidad de Rosario no se expidió, razón por la cual se dedujo Pronto Despacho (fs. 25).

En autos la actora invoca que el 16 de abril de 2007 caminaba en sentido al Norte por la Peatonal San Martín al 970 y que el mal estado de la vereda generó su caída al piso provocándole lesiones; todo lo cual fue negado por la parte demandada, lo que determina que deba recurrirse al plexo probatorio arrimado a la causa a fin de determinar la responsabilidad que cabe en el evento.

En el expediente caratulado “Dini, Ivana c/ Municipalidad de Rosario s/ Aseguramiento de Pruebas”, nº 438/08 agregado por cuerda a las presentes actuaciones obra glosado a fs. 8/12 el oficio contestado por la demandada, surgiendo (fs. 10) del Sistema G:U:M: que en fecha 16/04/07, a las 13:20 horas, en la calle San Martín intersección Rioja, acuden los agentes por haber recibido una denuncia sobre una mujer que se cayó en la peatonal y en la descripción abreviada se destaca que los agentes Tapia y Lopez se acercan al lugar y en ese momento se presenta la ambulancia de Santa Fe Salud, siendo la señora Ivana Dini trasladada al Hospital Italiano.

A fs.18 de dicho expediente obra el oficio contestado por parte de Di.P.A.E.S enviando tres copias del registro informativo de la Central de Emergencias SIES 107, respecto de la atención brindada en fecha 16-04-07 en calle San Martín 970 de esta ciudad, a Ivana Dini, según Historia Clínica adjuntada (fs. 17) donde se constató que sufrió traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, heridas cortantes en rostro, brazos y piernas, traumatismo en columna cervical, lumbar, hombro y rodilla, importante omalgia y fractura conminuta de extremo distal de radio izquierdo (según ratificara perito médico actuante en esta sede).

En la audiencia de Vista de Causa absolvió posiciones la actora (fs. 139) quien señaló que en la fecha indicado se cayó en Peatonal San Martín a la altura del 970 de esta ciudad, que dicha vereda se encontraba en mal estado y sufrió lesiones.

En la misma audiencia declaró el testigo Gerardo Hernán Zacaro (fs. 138) quien manifestó que el hecho ocurrió a mediados de abril, no pudiendo precisar el día, recuerda que la vereda estaba rota, las baldosas, vino una ambulancia que se metió en la peatonal y se llevó a la señora, la que estaba lesionada, tenía en la muñeca un hueso que se le salía (fue lo que más le llamó la atención); que el dicente caminaba detrás de la señora (de San Luis para Rioja) y vio que se cayó en ese cuadrado de baldosas rotas; ayudó a la señora a levantarse, ella iba acompañada de una mujer y una nenita, la ayudaron a sentarse en una silla y se acercaron dos personas de la GUM y al instante vino un “autito-ambulancia”.

De las probanzas rendidas surge la confirmación de la versión fáctica expuesta por el accionante.Los medios probatorios consignados dan por cumplido el primer recaudo; el vicio de la cosa, consistente en la falta de conservación en buen estado de la vereda ubicada a la altura de calle Peatonal San Martín 970, donde cayera la actora.

En cuanto al daño sufrido por la parte reclamante se constata con las declaración testimonial rendida en la audiencia, la atención médica prestada en el sitio y el peritaje médico producido en esta sede.

En lo concerniente a la relación de causalidad entre el vicio de la cosa y el daño es preciso destacar que del análisis conjunto de las probanzas arrimadas a la causa, se concluye que al transitar la parte actora por el sector de la Peatonal San Martín al 970, donde se encontraban las baldosas sueltas y/o rotas se produjo la caída que le ocasionaron los daños padecidos.

Por la confirmación de la mecánica del hecho, conforme los términos indicados en los puntos precedentes, debe examinarse la responsabilidad siniestral.

Al incorporarse a nuestro ordenamiento legal la norma del riesgo creado, la ley 17.711 suprimió el art. 1133  y agregó al art. 1113  del Código Civil, los siguientes párrafos: “.En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiera sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiere sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable”.

Riesgo es la eventualidad, contingencia o proximidad de un daño.Luego podemos decir que la distinción que corresponde hacer es entre cosas peligrosas y cosas no peligrosas.

De algunas cosas se puede decir que son peligrosas pero de ninguna se puede decir, en cambio, que no lo sea en absoluto. La pólvora está siempre pronta a estallar, es peligrosa. El bastón sirve de apoyo al hombre para caminar, pero puede ser objeto con el que al caerse se lesiones clavándose la punta, puede ser peligroso. Hay así una gama infinita de cosas que van desde aquéllas que pueden ser peligrosas hasta las que son muy peligrosas.

Sin embargo un esfuerzo de sistematización nos permite ubicar en un sector las cosas que normalmente no son peligrosas y en otro sector, aquellas que son normalmente peligrosas. Las primeras carecen de autonomía para dañar: sólo son peligrosas como instrumentos del hombre. Las segundas son fuente autónoma de daños.

Aquellas que tiene autonomía para dañar pueden ser clasificadas en cosas que tienen un peligro estático y otras cuyo peligro es dinámico. El peligro estático es el de aquellas que conllevan en sí el riesgo (latente) pero requieren un factor extraño para desencadenar el daño; el peligro dinámico es el de las cosas que llevan el riesgo (patente) en su accionar.

El peligro es una calidad accidental de las cosas. Lo estático es el peligro que la cosa puede llevar en sí, pero no la cosa misma. Las cosas inertes pueden tener normalmente un peligro estático como la pólvora, o no tenerlo, por excepción, si la pólvora estuviese húmeda. Una escalera que es inerte y normalmente no peligrosa, puede excepcionalmente tener un peligro estático si sus escalones fuesen resbalosos o se hallasen en mal estado de conservación. Lo mismo puede decirse de la calzada o de la vereda.

Lo dinámico es el peligro que las cosas pueden tener en acción, pero no las cosas mismas.Además una cosa normalmente destinada al movimiento (no inerte) puede tener también un peligro estático en el vicio de fabricación o de conservación, que cuando se ponga en movimiento puede manifestarse y ocasionar el daño.

Cuando nos referimos a cosas inertes nos referimos a objetos que por su naturaleza están destinados a permanecer quietos (una vereda), por oposición a las cosas que no lo son y que tienen por fin el movimiento sea en un lugar fijo (un telar) o desplazándose (un automóvil).

La calificación que puede corresponder a una cosa, no depende solamente de su peligrosidad intrínseca, sino también, de su aptitud potencial para producir un daño, de donde, además de las cosas que podrían considerarse como riesgosas en sí misma, por cuanto es factible que, por su dinámica, escapen al dominio del hombre (vgr. automotores, ascensores, etc) existen algunas que, por su sencillez o estado inerte, carecen naturalmente de esa virtualidad, pero en conjunción con otras, o en determinadas circunstancias resultan aptas para producir d años (vgr. una acera en mal estado de conservación).

No obstante que el art. 1113, 2° párrafo, 2° parte del C.C. no alude a las condiciones de la cosa cuando ésta es inerte y normalmente no peligrosas, como lo sería la vereda, si se encontrara rota, se constituye el factor de riesgo o peligrosidad que prevé el mencionado artículo. Siendo así, a la víctima sólo le incumbe la prueba del hecho, corriendo por cuenta de la emplazada desbaratar la responsabilidad presumida legalmente, conforme a las únicas causales de eximisión previstas en ese artículo.

Debe destacarse que no se ha acreditado culpa de la víctima con gravitación causal.Dado que los peatones tienen el derecho y la obligación de transitar por la vereda -lugar que por la ley les está destinado a la circulación- y sobre todo en el especialísimo sector donde ocurriera el hecho, no pueden considerarse obligados a prestar una atención tan precisa sobre el suelo que transitan, en lugares que han de suponerse debidamente alisados y expeditos a tal efecto. (L.L. 1997-C-750, de aplicación analógica). Cuando se trata de un obstáculo sobre la vereda de muy escasa altura, no puede pretenderse que los peatones, puedan verse obligados a prestar una atención tan precisa sobre el suelo que transitan, en lugares que ha de suponerse debidamente alisados y expeditos a tal peatonal de la ciudad, con todo el atractivo que ofrecen los comercios de la zona, destinada, precisamente, a que se camine despreocupadamente para fijar la atención en ellos (De Fortuny, Nuria c/ Kohal, S.R.L. S/ daños y perjuicios, sentencia del 17 de Octubre de 1996, de la Cám. Nac. de Apel.en lo Civil, Capital Federal).

Caminar por la vereda, aunque sea por un lugar conocido, no implica aceptar un altísimo riesgo de dañosidad; por ello, no es legítimo presumir que la víctima haya querido sufrir el daño, ni hay vestigio alguno de culpa de la actora, por el sólo hecho de caminar por la vía pública.

La cosa inerte tiene participación activa en la producción del daño sufrido por la actora, por el mal estado en que se hallaba y nada excluye la responsabilidad legalmente atribuida al dueño o guardián.

No puede hablarse de la culpa de la víctima o de un tercero ajeno, ni mucho menos de un caso fortuito (aunque no hayan sido éstos invocado en la contestación de la demanda), pues no parece aceptable atribuir grado alguno de culpa a la víctima en razón de haber trastabillado en un sector donde las baldosas estaban rotas y/o flojas; ante esta eventualidad, es decir, la posibilidad de que la cosa llegue a causar daño, era deber de la Municipalidad mantener en condiciones la vereda para evitar perjuicios a terceros, tanto dentro de las funciones de policía que le atañen, cuanto por ser la vía pública, parte del dominio público del Estado, por lo que es insoslayable la responsabilidad que le cabe al municipio, en la órbita del art. 1113 del C.C.

Así lo ha decidido la jurisprudencia en multiplicidad de casos análogos, imputando los daños causados por las cosas del dominio público del Estado, específicamente en relación al estado de las calzadas, al ente al que se le atribuye tal dominio o guarda (cf. C.S.J.N., 02-07-1991, in re “Lanati, Marta N. y otros c/ Dirección Nacional de Vialidad”, en L.L. 1992 – A, pág. 201 y C.N.A.C. Sala B, 01-03-1998, in re “Oberlander, Gualterio y otros s/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, en L.L. 1990 – A – pág.227 y ss.; entre muchos otros).

Más aún, ostenta el Municipio el poder de policía para controlar la seguridad de los habitantes, ordenando a quien corresponda la señalización o reparación de los obstáculos presentes, lo que no consta que hiciera, comprometiendo también su responsabilidad por deficiente prestación del servicio (art. 1112, C.C.; al respecto. p.v. C.S.J.N., 18-12-1984, in re, “Vadell, Jorge F. c/ Provincia de Buenos Aires”, en L.L. 1985 – B, pág. 3).

No obstante lo dispuesto en la Ordenanza n° 4975/90, art. 3.2.1.1. respecto a que todo propietario está obligado a contribuir y mantener en su frente la acera, “la Comuna resulta ser la propietaria de las aceras y guarda para sí el ejercicio del poder de policía, que le impone el deber de asegurar que las veredas tengan una mínima y razonable conformación, para evitar que la deficiente instalación o conservación de la cosa, se transforme en fuente de daños para terceros” (C.Nac. Civ. Sala L, 18.9.97, Del Castillo, Nora Cristina C/ Supermercado Coto s/ daños y perjuicios”).

En principio, por disposición legal expresa, las calles forman parte de los bienes de dominio público (art. 2340, inc. 7º  CC), siendo la Municipalidad de Rosario, por ende, titular del dominio de las aceras que se encuentran dentro del ejido urbano, quedando a salvo la facultad de los particulares para utilizarlas (arts.j 2341 CC).

Así lo expresa también el art. 43  de la Ley Provincial nº 2756, en tanto estatuye que “Decláranse bienes públicos de las Municipalidades, las calles, veredas, paseos, parques, plazas, caminos, canales, puentes, cementerios y cualquier obra pública construida por las Municipalidades o por su orden para utilidad o comodidad común (…)”

Sobre el particular, ha de atenderse que el art.43 CC, dispone que “Las personas jurídicas responden (…) por los daños que causen (…) las cosas, en las condiciones establecidas en el título “De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos”.

Si la cosa cuyo riesgo o vicio produjo el daño se encontraba en la vía pública -como en el caso de baldosas flojas y rotas- y en tanto las aceras forman parte del dominio público del Estado y se encuentran bajo la guarda de la Municipalidad (art. 2339 y 2340 inc. 7°  C.C.) es este el factor de imputación jurídica para que aquélla responda por el perjuicio ocasionado en la órbita del art. 1113 del Código Civil, pues era su deber mantener en condiciones la vereda para evitar perjuicios a terceros, tanto dentro de las funciones de policía que le atañen, cuanto por ser la vía pública parte del dominio público del Estado. Ni aún la omisión del propietario frentista de denunciar la anomalía (en el caso que se pruebe), puede desplazar la responsabilidad de la Municipalidad, toda vez que el Estado debe controlar que las personas puedan transitar por la vía pública sin peligro, pues tiene el deber de atender a la seguridad y salubridad de los habitantes.

Por lo expresado, ya sea que se razone por una u otra vía, se encuentra responsabilidad en cabeza de la demandada Municipalidad de Rosario, quien no ha probado ruptura del nexo causal que podría exonerarla.

Despejada así la atribución de responsabilidad, debe revista a los daños cuya indemnización se demanda.

Rubros reclamados: incapacidad sobreviniente – Daños a la salud: se produjo prueba pericial médica de cuyo informe glosado a fs.64/66 que a raíz de las lesiones enunciadas en párrafos anteriores, la actora fue intervenida quirúrgicamente con reducción y osteosíntesis metálica (tres alambres de Kishner9 y le colocan yeso braquipalmar en pronación desviación cubital y flexión palmar que llevó por 60 días, luego debió guardar reposo durante varios meses no pudiendo realizar sus actividades normales, realizó rehabilitación y fisiokinesiología por más de 4 meses y a pesar de los tratamiento quedó con imposibilidad de movilizar hombro, muñeca y mano; que el accidente le generó menoscabo físico a nivel del miembro superior izquierdo, secuelas funcionales por fractura metafisiaria distal del radio con angulación dorsal y acortamiento del mismo, lesión en articulación del hombro que generó omalgia con pinzamiento y limitación de la movilidad, traumatismo de columna cervical con rectificación radiológica de la lo0rdosis fisiológica con cervicalgia post traumática y déficit funcional. Por todo lo cual concluye en una incapacidad parcial y permanente del 24 % de la total vida.

En la audiencia de Vista de Causa el Tribunal observó incluso el visible estado actual de la muñeca izquierda de la actora (fs. 139).

Doctrinariamente considerada, la incapacidad es la falta de salud derivada de un hecho ilícito. La invalidez física es un concepto médico antes que jurídico, ya que la captación normativa del complejo de hecho se integra también con las repercusiones que dicha minusvalía tiene en la capacidad de ganar dinero, que no es contemplado por la noción puramente médica (Lorenzetti, Ricardo Luis, “La lesión física a la persona. El cuerpo y la salud. El daño emergente y el lucro cesante”, En Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº 1, “Daños a la persona”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1992, p.101). Se configura cuando el ilícito deja una secuela irreversible que se traduce en disminución – total o parcial – permanente.

Es la línea básica del resarcimiento y pese a la falta de mención en el artículo 1086 del Código Civil, se le considera incluida en el artículo 1068. De ahí que se haya ponderado que el evidente menoscabo anatómico y funcional, justifica por sí solo la indemnización del daño que tiene su fuente en el artículo 1068 del Código Civil. La norma ha sido interpretada en el sentido de que comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso daños a la salud y a la integridad física.

Por ende, de acreditarse que la víctima sufrió una limitación funcional, igualmente se entiende producido un daño patrimonial que genera la obligación de indemnizar, aun cuando no hubiera tenido rentas, porque dicho daño tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de aquel tipo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etcétera (Cám. Nac. Civ. Sala F, L. 49.512 del 18.9.89 (inédito); Llambías, J. “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, t. IV-A, p. 120, Nº 2373; Kemelmajer de Car lucci, en Belluscio y Zannoni, Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, t. V, p. 219; Nº 13; Caseaux y Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, t. III, p. 122; Borda, Guillermo A. “Tratado de Derecho Civil Argentino, Obligaciones”, t. I, p. 150, Nº 149; Mosset Iturraspe, Jorge, “Responsabilidad por daños”, t. II-B, p. 191, nº 232; Alterini, Ameal y López Cabana, “Curso de las Obligaciones”, t. I, p.292, Nº 652).

Se considera entonces que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración constituyen en sí un daño resarcible, conforme a una visión amplia de problema tratado (Cám. Nac. Civ. Sala D, 25.10.95, Juris Cam. Civ. Isis, Sum. 0007034);

Es indemnizable todo déficit que gravite sobre el valor igualmente jerarquizado de la plena capacidad y todo ello sin que obre necesariamente como condicionante su incidencia en el nivel de ingresos de la víctima (Cám. Nac. Civ. Sala C, 21.12.89, Jurisp. Cám. Civ. Isis Sumario 0007727).

En cuanto al monto de la indemnización cabe consignar que la suma o cantidad de dinero destinado a borrar el perjuicio, de una manera real o figurada, es una de las cuestiones más complejas que se plantean al jurista en esta materia.

Y así por un buen número de razones. En primer lugar, al lado de unos pocos daños de índole patrimonial, tenemos una nómina muy rica de perjuicios, cuya expresión dineraria es aproximativa. Por otro lado, la distancia temporal entre el momento en que ocurre el detrimento o menoscabo y el momento del pago, trae otras consecuencias, que multiplican la complejidad del asunto; la vida no se detiene y las circunstancias, en cambio permanente, suelen ser distintas en una época, la de sufrir el daño, en otra, la de la demostración de ese daño, en una tercera, la del dictado de la sentencia, y finalmente, en una cuarta y fundamental, la del pago del resarcimiento.

Empero, pese a todas estas dificultades, conviene tener claro y poner de resalte dos cuestiones; en primer lugar, que la suma de dinero a pagarse ha de ser la traducción lo más real posible de valor del menoscabo sufrido; y cuando decimos esto aludimos a que como regla, la reparación debe ser plena, integral, cubriendo todo el menoscabo y haciéndolo con un criterio realista.La segunda cuestión radica en la aplicación por los jueces de la virtud de la prudencia, que consiste en actuar con moderación, discernimiento, buen juicio y circunspección.

“Para la determinación de la indemnización por disminución de la integridad física a raíz de un accidente de tránsito, no existen pautas rígidas, pues se trata de ponderar circunstancias de hecho variables por diversos factores quedando libradas al prudente arbitrio judicial en relación con las particularidades de cada caso” (Cam. Nac. Esp. Civ. y Com. Sala IV, 22.6.88, J.A. 1989 – I – síntesis).

En los casos en que la lesión afecte la aptitud laboral de la víctima es menester computar, para justipreciar el daño que efectivamente ha sufrido, sus circunstancias personales, – la edad, sexo, salud, profesión – como asimismo, los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad económica (C.S.J.N. 31.10.89, E.D. 137-796).

Para cuantificar el daño producido por lesiones sufridas a raíz de un accidente, deben tenerse presentes las características personales de la víctima, en cuanto a edad, sexo, estado civil, nivel de capacitación, para el supuesto de que realizara tareas remuneradas, si lo hacía o no en relación de dependencia, es decir debe ponderarse con estas pautas, el perjuicio económico que la víctima del hecho sufre por la incapacidad física que presenta. A efectos de determinar el monto de resarcimiento por incapacidad sobreviniente, los fallos precedentes pueden ofrecer una ayuda o pauta de cuantificación, cuando se trata de casos análogos o casos próximos, es decir que reúnen características similares en aquellas variables consideradas relevantes para la decisión judicial (Cám. Civ. Nac. Sala M, 10.4.91, Jurisp. Cám. Civ. Isis, Sum.00001290). A fin de determinar el resarcimiento debido en concepto de incapacidad sobreviniente, las secuelas del accidente deben ponderarse en tanto representan indirectamente un perjuicio patrimonial para la víctima, o sea en cuanto impliquen una minusvalía que comprometa sus aptitudes laborales y la vida de relación en general y, desde ese modo frustren posibilidades económicas o incrementen sus gastos futuros, lo cual, debe valorarse atendiendo a las circunstancias personales, socio-económicas y culturales de aquélla. (Cám. Nac. Civ. Sala I, 30-12-93, Jurisp. Cám. Civ. Isis, Sum. 0007746).

Aplicando los párrafos reseñados al caso sub lite, el porcentaje de incapacidad informado ha de relacionarse, a fin de su traducción en dinero, con las condiciones personales de la reclamante y en tal sentido se ha acreditado que la actora contaba con 84 años al momento del hecho, humilde, jubilada, viuda, que vive en una casa modesta con sus hijas (según constancias probatorias habidas en el expediente sobre Declaratoria de Pobreza, glosado a estos autos).

En su tarea de prudencial estimación harán los suscriptos uso de facultades que les fueron conferidas por el art. 245 del código de rito y en el caso, atento todo lo expuesto anteriormente, se fija el presente rubro en la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000).

Daño Moral : Entiende el Tribunal al perjuicio moral como la disvaliosa modificación del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar diferente a aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (Conf. Zabala de González, Daños a las personas, T. II, pg. 49).

Sobre la procedencia de su reparación ha sostenido la Corte suprema que “.no figura entre las potestades de un estado constitucional imponer a los habitantes cargas que superen a las requeridas por la solidaridad social.Es obvio que, desde una especial -y respetable- concepción de la ética, puede mirarse a la reparación del daño moral como un apartamiento de las rigurosas exigencias que tal ética formula a quienes deseen seguirla. Pero no cabe que los jueces se guíen, al determinar el derecho, por patrones de moralidad que excedan los habitualmente admitidos por el sentimiento medio, pues como lo señala Cardozo, “los jueces deben dar vigor con sus sentencias a la moralidad corriente de hombres y mujeres de conciencia recia” (“The nature of the judicial process”, U.S., Yale University Press, 1937, p. 106). En efecto, la decisión judicial no ha de reemplazar las opciones éticas personales cuya autonomía también reconoce el art. 19 de la Constitución Nacional.- Ahora bien, en el sentimiento corriente, la actitud hacia las pérdidas definitivas no es aconsejar su asunción heroica, sino que se traduce en un activo intento de mitigarlas, aun a sabiendas de la pobreza de medios con que se cuenta a ese fin.” (CSJN “Santa Coloma c/Empresa Ferrocarriles Argentinos”, E.D. T.120 pg. 652)

Adentrándonos a la consideración de la determinación de su monto cabe consignar que existen para ello distintos criterios y que corresponde, desde ya, adelantar que este Tribunal siguiendo a la jurisprudencia mayoritaria descarta que deban buscarse forzadas relaciones entre la suma otorgada por perjuicio material y la que haya de fijarse en concepto de daño moral. En efecto, ambas resarcen perjuicios de distinta naturaleza e, hipotéticamente puede concebirse el uno sin el otro. Es así que se ha entendido que “A los fines de la fijación del quantum del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste.” (Corte Sup., 9/12/93 – Frida A. Gómez Orue de Gaete y otra v.Provincia de Buenos Aires – 1997-II, síntesis)

Sobre la cuestión se ha expresado que “El denominado criterio matemático, no sería otro que aquel que busca compensar el dolor con la alegría, los sufrimientos con los gozos, reparando el daño moral con una suma que permita adquirir tal o cual bien del que, por ordinario, se desprenden esos beneficios. Y, finalmente, el criterio pautado, es el que atiende a una serie de circunstancias, propias de cada caso, para según ellas proceder a la estimación del daño moral”. (Jorge Mosset Iturraspe, “El Valor de la Vida Humana”, Segunda edición actualizada, pág. 203/204).

Comparte el Tribunal el criterio doctrinario y jurisprudencial que entiende que la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a una equivalencia matemática entre la indemnización y el perjuicio, puesto que una es material y el otro espiritual. Por ello, más que en ningún otro supuesto la justipreciación estará librada al prudente arbitrio del Juzgador, quien considerará las concretas circunstancias de la causa que resulten relevantes. Se impone, entonces, la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante ( vide J.A. 20/5/98 pg. 48 y sigs.)

Sobre el tema en cuestión ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “Ya se ha señalado entre nosotros con relación a la cuantía del resarcimiento del daño moral, que:”De nada vale sostener, por un lado, que debe resarcirse a la víctima, para luego, a la hora de determinar el monto de la indemnización, hacerlo con una suma puramente simbólica, sin entidad alguna, que nada compensa.”; muy por el contrario, a la víctima le interesa recibir una suma dineraria que tenga alguna entidad, jerarquía o importancia”, lo cual “sugiere, en última instancia, la necesidad de un límite mínimo: no debe ser irrisoria”. Con similares lineamientos pero más concretamente, se ha destacado asimismo que: “Nada autoriza a excluir al daño moral del principio de la reparación plena y del régimen predeterminado de imputación de consecuencias que consagra el Código Civil, al que está indisolublemente ligado. La regulación específica del daño moral que contienen los arts. 522  y 1078  del cod. Civil, en modo alguno permiten inferir su apartamiento de los principios generales de la reparación”; criterio este reafirmado por la propia Corte Suprema, al decidir que el pronunciamiento que estableció la indemnización del daño moral sufrido por el actor en unas sumas “que no cubre mínimamente los requerimientos de la prudencia en la determinación del perjuicio causado.ha establecido su cuantía en términos que desvirtúan el principio de la reparación integral propio de la materia en examen”, razón por la cual no satisface el requisito de debida fundamentación exigible en las decisiones judiciales.”. ( – CS, abril 1-1997 – Lacuadra, Ernesto Adolfo y otros c. S.A. Nestlé de Productos Alimenticios (L.502. XXXVI-R.H.)(E.D. 1997, t.174, pg.259)).

También  sobre las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resulto “Ahora bien, la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante.” (C.Nac.Civ., Sala F, 5/8/97, Depaolini, Jorge R. v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires – J.A. 20/5/98 pg. 48 y sigs.).

Coincidentemente: “Como la indemnización por daño moral posee carácter resarcitorio y con ella sólo se busca, en definitiva, contribuir a superar la conmoción íntima propia de ese daño mediante el alivio que puede significar un aporte económico, éste queda librado a la discrecionalidad del órgano judicial, ya que no existen parámetros que permitan fijarlo.” (C.Nac.Civ., Sala I, 2/6/94 – López, Luis M. y otra v. Ferrocarriles Argentinos – 1997-II, síntesis)

Así mismo se ha resuelto que “El reconocimiento y resarcimiento del daño moral dependen, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (arts. 1078 C.C. y 165  CPr.)” (C.Civ. y Com. Morón, Sala 2ª, 30/6/94 – Constanzo de Vidio y otra v. Empresa del Oeste S.A. – 1997-II, síntesis) y que ” La determinación del monto por daño moral es de hazas difícil fijación, ya que no se halla sujeto a cánones objetivos ni a procedimiento matemático alguno por cuanto corresponde atenerse a un criterio fluido que permita computar todas las circunstancias del caso.” (C.Civ. y Com. Morón, Sala 2ª, 15/7/96 – Santucho, Eusebia del Tránsito v. Leone, Roberto O.- 1997-II, síntesis).

Sentado ello, en el presente y para fijar prudencialmente el monto del perjuicio en base a las facultades conferidas por el art. 245 del código de rito, se valorarán las circunstancias personales de la víctima, las secuelas padecidas, lo informado por el experto y su repercusión en la vida de la víctima.

No podemos olvidar que en la reparación del daño moral no hay una función de equivalencia matemática entre el perjuicio y la cifra otorgada para repararlo; nunca podría haberla, pues el perjuicio es intangible, espiritual y haciendo uso de un prudente arbitrio, ante la imposibilidad de tasar el precio – inexistencia del sufrimiento – se fija el monto indemnizatorio en la suma de doce mil pesos ($ 12.000).

Por lo expuesto en los presentes considerandos y normas de los artículos 1066, 1067, 1068 , 1078, 1113 y concordantes del Código Civil;  artículos 245  y 251  y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe ; Ley Nacional nº 24.432 ; El Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario, RESUELVE:

I) Hacer lugar a la demanda y en consecuencia condenar a la demandada; LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, dentro del término de veinte días, a pagar la suma de cincuenta y dos mil pesos ($ 52.000).

II) Con costas a la demandada.

III) El capital devengará un interés no acumulativo de acuerdo a las siguientes pautas: a) desde el hecho y hasta el vencimiento del plazo que la normativa aplicable otorga para el pago (Ley nº 7234, texto según ley 12.036; art. 13, Decreto 953/2011), se aplicará sobre el capital el promedio entre las tasas activa y pasiva mensual sumado que abone el Nuevo Banco de Santa Fe S.A.(índice diario); b) desde la fecha de la presente Sentencia y hasta el vencimiento del plazo que la normativa citada otorga para el pago, se aplicará sobre los honorarios profesionales idéntica tasa;  c) en caso de incumplimiento a los términos del procedimiento de cancelación de sentencias referido y hasta su efectivo pago, el capital indemnizatorio y los honorarios devengarán un interés equivalente al doble de la tasa referenciada (art. Art. 12, Decreto 953/ 2011). IV) Por lo actuado en los presentes autos principales, regular los honorarios de los Dres. María Ivana Darnay y Jorge Sebastián Morales en proporción de ley en la suma de veinte mil pesos ($ 52,17 UJ), los de la Dra. Andrea Ambrogio en la suma de dieciocho mil pesos ($ 18.000; 46,95 UJ) y los del perito médica Dra. Adriana Gonzalez Leynaud. V) Por lo actuado en el expediente sobre Declaratoria de Pobreza Nº 2811/09 regular los honorarios de los Dres. María Ivana Darnay y Jorge Sebastián Moraloes en proporción de ley en la suma de seis mil pesos ($ 6.000; 15,65 UJ) y los de la Dra. Andrea Ambrogio en la suma de seis mil pesos ($ 6.000; 15,65 UJ). VI) Por lo actuado en el expediente sobre Aseguramiento de Pruebas, nº 438/08 regular los honorarios de la Dra. María Ivana Darnay en la suma de tres mil pesos ($ 3.000; 7,82 UJ) y los de la Dra. Andrea Ambrogio en la suma de cuatrocientos pesos ($ 400; 1,04 UJ). Insértese, agréguese copia y hágase saber.

DOMINGUEZ

CINGOLANI

BENTOLILA

RAVENA

  1. walter marquina jave 16 junio 2017 en 7:21 PM

    muy interesante el modo de análisis de los hechos ocurridos, pues las veredas de uso publico son ejecutadas por las comunas o municipalidades – es preciso recalcar que estas obras son una contraprestacion al pago de nuestros tributos e impuestos, consecuentemente no es una dádivas- i si estas estan mal construidas o deterioradas es de responsabilidad absoluta de las municipalidades……..muchas gracias por la ilustracion…i coincide con el analisis hecho por el suscrito …..atentamente walter marquina jace

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