Que la actora haya sido vista en el establecimiento cuyos dueños son familiares, no hace presumir una relación laboral

Partes: Sollner Aníbal Viviana c/ EMAG S.R.L. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 9-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-74872-AR | MJJ74872 | MJJ74872

El hecho de ver a la actora en el establecimiento, atento su vinculación familiar directa con los dueños no puede tornar automáticamente aplicable la presunción del art.23 de la LCT., la que debe en el presente ser interpretada con mayor rigor.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en cuanto rechazó la demanda por despido, al sostener que no se encontraba probada la relación de dependencia entre la actora, de profesión ingeniera y quien fuera el socio gerente de la demandada -padre de la actora y hermano de la codemandada- quien conducía la citada firma, pues el hecho de ver a la accionante en el establecimiento, atento su vinculación familiar directa con los dueños no puede tornar automáticamente aplicable la presunción del art.23  de la LCT., la que debe ser interpretada con mayor rigor.

2.-En la apreciación de la prueba y en especial de la testimonial, el art. 386  del CPCCN. exige al juzgador que la valoración de la misma lo sea por los principios de la sana crítica, siéndole totalmente lícito al mismo apreciar oportuna y justamente si el testimonio en cuestión parece objetivamente verídico -no solamente por la congruencia de sus dichos, sino además por la corroboración de los mismos con el resto de las pruebas que pudieran obrar en el expediente- siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del Magistrado.

3.-Para determinar la forma de imposición de costas en materia laboral no debe atenerse a un criterio meramente aritmético sino jurídico (conf. arts. 68  y 71  CPCCN.).

4.-La regulación de honorarios no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en la ley de aranceles sino de un conjunto de pautas que deben ser evaluadas por los jueces y entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole extensión calidad y eficacia de los trabajos realizados de manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias del caso.

Fallo:

Buenos Aires, 9 de AGOSTO de 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

I. La sentencia dictada a fs. 261/264 rechazó la demanda. Ambas partes, el perito contador y letrado de la demandada apelan.

La decisión tuvo por no probada la relación de dependencia entre actora y demandada.

Se fundó en que se acreditó en autos el vínculo de parentesco entre la actora, de profesión ingeniera y quien fuera el socio gerente de la demandada EMAG SRL, el Sr. Carlos Sollner -padre de la actora y hermano de la codemandada Lidia Gloria Sollner- quien conducía la citada firma. Además padre e hija tenían la empresa ALIM que proveía de materiales a la demandada Emag y, consideró que la demanda no resultaba precisa y calificó a la prueba testimonial como endeble (fs.263).

Contra el pronunciamiento se alza a fs. 269/270 la codemandada Lidia Gloria SOLLNER por sí y en representación de EMAG SRL sociedad que integra; y la actora que lo hace a fs. 275/279, con sendas réplicas: de la actora a fs. 283/284 y de la demandada a fs. 285/286.

A fs. 272 apela el perito contador por considerar reducidos sus honorarios al igual que el letrado de la demandada a fs. 273.

II. La actora se agravia por cuanto la sentencia de grado soslayó el principio contenido en el art. 23  de la LCT y por la interpretación otorgada a la prueba testimonial.

La recurrente se queja por cuanto la sentencia de grado soslayó el testimonio de Matievich (fs.198) que en su entender acredita la realización de tareas de la actora en el establecimiento de la demandada.Cita también el testimonio de Rodriguez Pazos (fs.202) como soporte de su pretensión. Reconoce que la testigo Riganti Oliva (fs.212) no realizó aportes pero dice que siendo una profesional de la empresa -escribana- se la midió con distinta vara que al contador de la misma. La testigo afirmó que solo fue una vez a la empresa EMAG a realizar un acta solicitado por la actora.

Cita también la declaración del testigo Simón (fs.210) quien refirió haber visto a la actora colaborar con su padre en la parte administrativa y el taller.

Por un error de hecho el apelante sostiene que la sentencia en su considerando VI condena a la empleadora a entregar el certificado del art. 80  de la LCT, lo que no se condice con la presente causa.

Los testimonios antes citados en los que se basa la queja fueron evaluados puntualmente por la sentenciante en el marco de las reglas de la sana crítica, y contrapuestos sus dichos con los restantes testimonios evaluados (Ramos fs.213; Ortiz fs.214; Camiña fs. 238 y Turro fs. 230) no consiguieron modificar su decisión, la que encuentro razonable, ya que considerando los testimonios de Matievich y Rodríguez Pazos, coincido en que sus dichos no poseen la entidad convictiva que las circunstancias particulares del caso requieren. No se hace cargo tampoco el apelante que no impugnó los testimonios que luego valora la Sra. Jueza de grado.

Sobre todo porque el hecho de ver a la actora en el establecimiento, atento su vinculación familiar directa con los dueños no puede tornar automáticamente aplicable la presunción del art.23 de la LCT, la que debe en el presente ser interpretada con mayor rigor.

En la apreciación de la prueba y en especial de la testimonial, el art. 386  corroboración de los mismos con el resto de las pruebas que pudieran obrar en el expediente) siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del Magistrado.Asimismo, el material probatorio debe ser apreciado en su conjunto mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos elementos de convicción arrimados al proceso, por lo que declaraciones de testigos que consideradas pueden ser objeto de reparos o consideradas débiles o imprecisas, en muchos casos se complementan entre sí, de tal modo que, unidas, llevan al ánimo del juez la convicción de la verdad de los hechos.

Entiendo que la recurrente no rebate eficazmente la conclusión de la sentencia no solo respecto de la merituación de la prueba testimonial sino también lo señalado (fs.262/263 respecto del escrito de inicio en cuanto la falta de precisión del escrito de la demanda respecto de las circunstancias de la relación laboral, y la señalada especificidad de la misma.

En consecuencia la queja no puede prosperar en el punto.

III. La parte demandada se agravia por cuanto la sentencia de grado impone las costas en el orden causado considerando que la actora vencida pudo creerse con derecho a litigar.

La queja no tendrá favorable acogida.

La sentenciante a fs.264 funda adecuadamente la decisión en el marco de las facultades que le asigna al Juez el art38  de la LO y el 68 2do. párrafo  de CPCCN.

Estimo que para determinar la forma de imposición de costas en materia laboral no debe atenerse a un criterio meramente aritmético sino jurídico (conf. arts. 68 y 71  C.P.C.C.N.).

Según doctrina de la CSJN la regulación de honorarios no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en la ley de aranceles sino de un conjunto de pautas que deben ser evaluadas por los jueces y entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, la índole extensión calidad y eficacia de los trabajos realizados de manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias del caso (conf. A.70. XLI R.O. 18.11.2008 “ASTRA Cía. Argentina de Petróleo c/ YPF”)

IV. Las costas de alzada con el mismo criterio serán impuestas en el orden causado y los honorarios de cada parte serán fijados en el 25% de lo que les corresponda percibir en la instancia anterior.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Que, por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125  de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: a) Confirmar la sentencia apelada, en todo cuanto fue materia de recurso. b) Imponer las costas de Alzada en el orden causado. c) Regular los honorarios de cada en el 25% de lo que deban percibir en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y vuelvan

LUIS A. RAFFAGHELLI

JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

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