Rechazan reclamo por no poder comprar dólares y deberá pagar deuda al valor del “conta con liqui”

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó un fallo que había rechazado el dictado de una medida cautelar a fin de que se ordene a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a que autoricen a un hombre y una mujer a comprar los dólares necesarios para el pago de una hipoteca.

En su presentación, la pareja relató que con la suma percibida a través de un mutuo hipotecario en pesos adquirieron un inmueble por la suma de u$s130.000, informó el Centro de Información Judicial.

Agregaron que la forma de pago de dicha operación inmobiliaria consistió en la entrega de u$s25.000 al momento de suscribir el contrato de compraventa y la cancelación del saldo restante a través de 52 cuotas mensuales de u$s2.000 y una final de u$s1.000, venciendo la primera de ellas el 30 de septiembre de 2011, constituyéndose una hipoteca sobre dicho saldo.

En cuanto a la moneda de pago, según la resolución, las partes habían convenido como elemento esencial del contrato “que la deudora efectúe todos los pagos en la misma moneda -dólares estadounidenses- que se pactó como precio del inmueble”.

Destacaron también que el acuerdo fijaba que no se transformarían ni convertirían la deuda de dólares en pesos, al tiempo que renunciaban a la aplicación de la imprevisión.

Por último, sostuvieron que “si la entrega en dólares se hiciere de cumplimiento imposible por causas ajenas a la voluntad de la deudora, la acreedora podrá optar porque la obligación seasatisfecha en la cantidad de pesos, o la moneda que lo sustituya, en cantidad suficiente como para comprar en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, la cantidad de dólares adeudados”.

Dicho de otro modo, esta cláusula fija una cotización del dólar al “contado con liquidación”, que consta en adquirir acciones o títulos públicos nominados en pesos en el mercado local, pero que tengan cotización en el exterior.

Una vez adquiridos, y luego de transferidos esos títulos a una cuenta bancaria fuera del país, se los vende para “hacerse” de los dólares. Esta cotización surge de la diferencia entre el valor de venta de las acciones o títulos en dólares y el de compra en pesos.

En su fallo, los camaristas César Álvarez y Julio Víctor Reboredo señalaron que “cuando la medida cautelar se intenta contra la Administración Pública es necesario que la arbitrariedad del acto cuestionado sea notoria, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible”.

“Los recursos administrativos y las acciones judiciales mediante los que se discute la validez de los actos administrativos, en principio, no suspenden su ejecución, lo que determina, en principio, la excepcionalidad de las medidas cautelares”, añadieron.

Asimismo, destacaron que en los litigios dirigidos contra la Administración Pública o sus entidades descentralizadas, además de los presupuestos de las medidas precautorias, se requiere, como requisito específico, que la medida solicitada no afecte un interés público al que deba darse prevalencia.

Los camaristas aseguraron que “atento la naturaleza de neto contenido patrimonial que reviste la cuestión debatida y las características propias de la medida cautelar peticionada, no aparece configurada la existencia de ‘peligro en la demora’ que genere al requirente la producción de perjuicios cuya reparación se torne dificultosa o imposible”.

Y destacaron que existe “la posibilidad (…) de satisfacer la obligación en la cantidad de pesos suficientes como para comprar en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, la cantidad de dólares adeudados, según fuera previsto contractualmente entre las partes para el caso que la entrega de dicha moneda se hiciera imposible por causas ajenas a su voluntad”.

Por último, remarcaron que “los argumentos expuestos por el apelante vinculados a la ineficacia de la renuncia contractual a la imprevisión constituye una cuestión ajena al tema en debate, máxime frente a la ausencia en el proceso, por el momento, de la otra parte integrante del contrato en cuestión”.

Fuente:http://www.iprofesional.com

  1. un abuso. los camaristas deberían apelar al sentido común, porque el “contado con liquidacion” establece un valor de dolar igual al del mercado ilegal. en consecuencia, el pago se torna imposible, y no como ellos lo vieron. si en 2002 se devaluó y se pesificaron las deudas, esto es lo mismo porque el valor de la moneda que el deudor pudiera adquirir legalmente, aumentó un 100% en un año.

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