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Si bien no puede gozar del inmueble por el cierre de la calle -a raíz de la tragedia de Cromagnon- no procede el amparo para no pagar ABL

Partes: Nueva Zarelux S.A. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: II

Fecha: 14-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-75102-AR | MJJ75102 | MJJ75102

Se rechazó la acción de amparo tendiente a que se declare la improcedencia del cobro de Alumbrado, Barrido, Limpieza y Contribución Territorial hasta tanto se cumpla con la orden judicial de apertura de la calle cerrada a raíz de la tragedia ocurrida en el predio en donde se halla emplazado el bien del actor.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la acción de amparo por la que la actora pretende no abonar el Alumbrado, Barrido, Limpieza y Contribución Territorial en atención a la imposibilidad de gozar del inmueble debido al cierre de la calle -donde está ubicado-, como consecuencia de la tragedia ocurrida en el predio donde funcionaba la discoteca -reconocida con el nombre de República de Cromagnon -, pues la accionada no puede atentar contra el principio de legalidad tributaria, pues resulta de exclusivo resorte del Poder Legislativo establecer exenciones al pago de un tributo.

2.-Corresponde rechazar la acción de amparo tendiente a que se declare la improcedencia del cobro de Alumbrado, Barrido, Limpieza y Contribución Territorial hasta tanto se cumpla con la orden judicial de apertura de la calle en la cual se halla emplazado el bien del actor, toda vez que cabe advertir que la accionada no puede atentar contra el principio de legalidad tributaria, pues resulta de exclusivo resorte del Poder Legislativo establecer exenciones al pago de un tributo.

3.-Cabe rechazar la acción de amparo tendiente a que se declare la improcedencia del cobro de Alumbrado, Barrido, Limpieza y Contribución Territorial hasta tanto se cumpla con la orden judicial de apertura de la calle en la cual se halla emplazado el bien del actor, toda vez que el agravio referido a la existencia de un cuantioso embargo sobre la propiedad que afectaría su disponibilidad así como la imposibilidad de acceder al mismo, resultan cuestiones que exceden la causa, pues tales restricciones han sido decididas por el Juzgado de instrucción interviniente, tal como surge del informe de dominio obrante en autos y la necesidad de preservar la escena del delito.

4.-No procede la acción de amparo interpuesta, pues en el caso no quedó demostrado que la accionante haya solicitado la condonación de la deuda en sede administrativa o que, habiéndola solicitado, la accionada haya incurrido en omisión al no brindar una respuesta a dichas presentaciones o se haya mostrado renuente en el cumplimiento del art. 120  del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5.-No resulta comprensible la vinculación existente entre la imposibilidad de acceder a la propiedad y la pretensión de la actora de no cumplir con el pago del ABL, aún cuando la accionante no haya podido ingresar al edificio, lo cierto es que la demandada siguió prestando los servicios que conforman la contribución de cuyo pago pretende eximirse la amparista, por lo que corresponde rechazar la acción interpuesta.

Fallo:

Buenos Aires, 14 de agosto de 2012.

Y VISTOS: Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte actora a fs. 74/9 -cuyo traslado fue contestado por la demandada a fs. 81/9-, contra la resolución de fs. 69/71, mediante la cual la magistrada de grado rechazó in limine la acción de amparo. A fs. 93/4, dictaminó la señora Fiscal de Cámara propiciando rechazar el recurso.

I.- La accionante inició la presente acción de amparo «a fin de que se declare la improcedencia del cobro del tributo conocido como ABLyCT (Alumbrado, Barrido, Limpieza y Contribución Territorial)» respecto del bien de su propiedad sito en la calle Bartolomé Mitre nº 3038/78 de esta Ciudad (Partida Inmobiliaria nº 0190471-01) desde el 1º de enero de 2005 y hasta tanto se cumpla con la orden judicial de apertura de la calle en la cual se halla emplazado el bien (fs. 1/9). Puso de resalto que en tal predio funcionaba la discoteca -reconocida con el nombre de «República de Cromagnon»- que era explotada por el Sr. Chabán y que fue objeto del terrible incendio que todo el mundo recuerda. Señaló que, como consecuencia de esta tragedia, la calle Bartolomé Mitre -a la altura del inmueble de marras- fue cerrada al tránsito vehicular y peatonal. Esta circunstancias -indicó- dio lugar a que pese a ser el único titular del dominio no pudiera siquiera acceder al mismo, viéndose imposibilitado de efectuar acto jurídico alguno de explotación sobre él. Destacó que, ello así, sus derechos se limitan a la titularidad registral. Sostuvo que el presupuesto de la contribución de marras es el derecho real de dominio, usufructo o posesión de un bien inmueble y que frente a la imposibilidad de gozar de él por las razones expuestas, no resultaba justo que se le exigiera el pago de tal tributo. Consideró que ello importaba la afectación de su derecho de propiedad y no consideraba el principio de capacidad contributiva. A fs. 56/64, contestó demanda el GCBA.En primer lugar, se explayó sobre la improcedencia formal del amparo. Indicó que la demandante no demostró la inexistencia de otras vías adecuadas ni advirtió que el objeto exige un mayor debate y prueba. Asimismo, señaló que no se verifica la urgencia que justifica el tipo de proceso. En segundo término, tras efectuar la negativa de rigor, destacó la inexistencia de condonación y/o exención legalmente impuesta, recalcando que sólo es la Legislatura quien tiene facultades para crear o eximir impuestos. También observó que evidenciaba una contradicción el hecho de solicitar la eximición del pago del tributo desde enero del 2005 y haber abonado sendos períodos durante ese mismo año, el 2006 y el 2007. Agregó que no corresponde a su parte otorgar nuevamente la tenencia del bien debiendo reclamarla ante el juzgado de instrucción que dispuso la preservación de la escena del siniestro. La señora jueza de primera instancia dictó sentencia a fs. 69/71, rechazando la acción por considerar inadecuada la vía procesal escogida. Para así decidir, resaltó que no se advertía cuál era el accionar ilegal o arbitrario de la demandada. Además, puso de resalto que la actora ni siquiera intentó peticionar ante la autoridad administrativa la exención que pretende y tampoco invocó que no se hayan prestado efectivamente los servicios involucrados en la contribución, objeto de autos. Añadió que la dilución de la cuestión planteada requiere una amplitud de debate y prueba que excede el marco sumarísimo del amparo. Esta decisión dio origen al recurso de apelación deducido por la demandante a tenor de los argumentos que expone en su memorial -a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad- y que motivan la intervención de esta Alzada.II.- Al respecto corresponde ponderar que -tal como lo ha señalado anteriormente este Tribunal- la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte, de conformidad con lo establecido por los artículos 43  C.N. y 14  C.C.A.B.A. Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate y prueba (Fallos, 306:1253; 307:747). Sin embargo, no por ello puede calificarse al amparo como una acción excepcional. Por el contrario, toda vez que ésta constituye una garantía constitucional, para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos, la procedencia de aquél debe ser analizada con criterio razonablemente amplio, resultando admisible siempre que el proceder impugnado reúna las características y efectos que prevén los textos constitucionales. Por eso, el amparo resultará idóneo siempre que, conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso, la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de ilegitimidad y/o arbitrariedad manifiesta y, asimismo, ocasione -en forma actual o inminente- una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales. Una interpretación diferente importaría limitar indebidamente el carácter operativo de la garantía constitucional.Según lo ha puesto de relieve la Corte Suprema de Justicia de la Nación, «.siempre que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos.judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo» (C.S.J.N.; Fallos, 241:291;280:228).

III.- Sentado lo anterior, debe ponerse de resalto que la actora insiste en su pretensión de no abonar el ABL en atención a la imposibilidad de gozar del inmueble debido al cierre de la calle donde está ubicado. Y, ello, cabe recordar es consecuencia de la tragedia ocurrida en el interior del bien. Ahora bien, debe ponerse de manifiesto que para que el amparo resulte procedente la demandante debe acreditar que la accionada incurrió en una acción u omisión ilegítima o arbitraria. Dicho esto, en primer lugar, cabe advertir que la accionada no puede atentar contra el principio de legalidad tributaria. En efecto, la Corte señaló que «El principio constitucional de legalidad o de reserva de ley en materia tributaria no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes, y, en este sentido, este principio abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (CSJN, «Consolidar SA – ART c. Superintendencia Riesgos Trabajo -rsls. 39/98 y 25.806/98», sentencia del 29/12/2009, del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo). Ello así, es claro que resulta de exclusivo resorte del Poder Legislativo establecer exenciones al pago de un tributo.Tal como lo indica la señora Fiscal de Cámara en su dictamen y la actora lo reconoce, el bien de marras no registra ninguna exención respecto de la contribución objeto de autos para los períodos posteriores a enero de 2005 y hasta la fecha de reapertura de la arteria que nos ocupa. Tampoco se demostró que la accionante haya solicitado la condonación de la deuda en sede administrativa o que, habiéndola solicitado, la accionada haya incurrido en omisión al no brindar una respuesta a dichas presentaciones o se haya mostrado renuente en el cumplimiento del art. 120 del C.F. (t.o. 2005). En cuanto a la pérdida de la constancia, vale recordar que la actora no puede alegar su propia torpeza como justificación razonable y suficiente de la existencia de un procedimiento administrativo iniciado. En segundo lugar, el agravio referido a la existencia de un cuantioso embargo sobre la propiedad que afectaría su disponibilidad así como la imposibilidad de acceder al mismo, resultan cuestiones que exceden de esta causa, pues tales restricciones han sido decididas por el juzgado de instrucción tal como surge del informe de dominio obrante a fs. 33 y la necesidad de preservar la escena del delito. En tercer lugar, esta Alzada no logra comprender la vinculación existente entre la imposibilidad de acceder a la propiedad y la pretensión de no cumplir con el pago del ABL. Aún cuando la accionante no haya podido ingresar al edificio, lo cierto es que la demandada siguió prestando los servicios que conforman la contribución de cuyo pago pretende eximirse la amparista. Finalmente, este tribunal no logra advertir y la accionada no ha logrado explicitar cuál sería la omisión o la acción en que el GCBA habría incurrido que estuviera afectando el derecho de propiedad de la actora. En tal caso, se observa que la limitación a tal derecho tendría sustento en decisiones adoptadas en otro proceso judicial ajeno a esta jurisdicción.IV.- Conforme lo manifestado, esto es, la ausencia de acto u omisión ilegítimo u arbitrario que pueda endilgarse a la accionada, corresponde rechazar el recurso de apelación y, por ende, confirmar la sentencia de grado en todo cuanto decide, sin costas de la Alzada en atención a la doctrina que surge de los arts. 14 , CCABA; 28 , ley 2145 y 62 , C CAyT. En mérito de las consideraciones vertidas, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación y, por ende, confirmar la sentencia de grado en todo cuanto decide, sin costas de la Alzada en atención a la doctrina que surge de los arts. 14, CCABA; 28, ley 2145 y 62, CCAyT. Regístrese. Notifíquese a la señora Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente, devuélvase encomendado al juzgado de origen las restantes notificaciones conjuntamente con la providencia que hace saber la devolución de la causa. Se deja constancia que el Dr. Horacio G. Corti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

Firmantes:

Dr. Carlos F. Balbín;

Dr. Horacio G. Corti;

Dra. Inés M. Weinberg de Roca.

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