Delito de omisión de actos de oficio de funcionario público al dejar escapar a un encarcelado de una comisaría.

Partes: G. E. A. s/ omisión de actos de oficio de funcionario público

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto

Fecha: 3-may-2012

Cita: MJ-JU-M-74776-AR | MJJ74776 | MJJ74776

Se deja sin efecto el procesamiento de una funcionaria por el delito de omisión de actos de oficio de funcionario público dado que no se ha probado que al dejar escapar a un encarcelado de una comisaría haya actuado con dolo, configurándose solo un acto de negligencia de su parte.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a los agravios introducidos por el recurrente, lo cual implica que sea dejado sin efecto el procesamiento oportunamente dictado por el delito de omisión de actos de oficio de funcionario público, el que mutará hacia un estadio de falta de mérito, sin perjuicio de las resultancias de los nuevos elementos probatorios que pudieren ser incorporados.

2.-La imputada, con su conducta negligente, permitió que un detenido se fugara de la Comisaría sin mayores esfuerzos ni superando grandes obstáculos, ya que muy probablemente -resaltó- si el personal policial encargado de la guardia no hubiese descuidado su tarea de vigilancia el hecho no hubiera ocurrido.

3.-Solo queda en pie la imputación por el delito de omisión de actos de oficio de funcionario público, en virtud de haberse extinguido la acción penal respecto al restante delito -Favorecimiento culposo de evasión (art. 281, segundo párr. , CPen.)- por el que también había sido indagada y procesada la justiciable, quien hizo uso de la facultad establecida en el art. 64 del digesto sustancial y tras abonar el mínimo de la multa prevista para el delito de última referencia generó la extinción de la acción penal en orden al mismo.

4.-La atribución delictiva que se le efectúa a -Omisión de actos de oficio de funcionario público- requiere, en su aspecto subjetivo, que el agente sepa que lo que omite es propio de su función a pesar de tener la posibilidad de actuar de otro modo, no obstante lo cual y conociendo además la ilegalidad de tal comportamiento, no cumple con el rol que se le había asignado.

5.-La conducta desplegada por el funcionario acusado solamente reunía los requisitos típicos del delito de favorecimiento culposo de evasión -previsto en el art. 281 CPen. y cuya acción penal se extinguiera con el depósito dinerario efectuado por la sometida a proceso- pero no los correspondientes al del restante delito por el cual también fuera procesada -Omisión de actos de oficio de funcionario público, art. 249  CPen.- y cuyo aspecto subjetivo, requiere un obrar doloso y no uno de tipo descuidado y negligente, que fuera justamente el apuntado por el a quo -y el actor penal de alzada- en la resolución impugnada.

6.-No existe elemento alguno que permita siquiera suponer que la funcionaria haya actuado de un modo intencional tolerando la elusión del encarcelado o haya omitido deliberadamente las funciones que le competían, lo cual resulta un claro indicador de que estamos en un terreno emparentado con la culpa y consecuentemente alejado del dolo.

Fallo:

Venado Tuerto, 03 de Mayo de 2012.-

Y VISTOS: Los presentes autos Nº 177/2011 “G., E. A. S/OMISIÓN DE ACTOS DE OFICIO DE FUNCIONARIO PÚBLICO”;

CONSIDERANDO: I) Contra el Auto Nº 15 dictado por el Dr. Jorge Gastonjáuregui el 20 de Abril de 2011, por el cual se resolvió PROCESAR a E. A. G. por el delito de FAVORECIMIENTO CULPOSO DE LA EVASIÓN Y OMISIÓN DE ACTOS DE OFICIO DE FUNCIONARIO PÚBLICO (art. 281, segundo párrafo  y 249  del CPN) y trabar embargo hasta cubrir la suma de PESOS MIL ($.1000); el Dr. Juan Ignacio Bazet, por la defensa de la imputada, interpuso recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio y solicitó el pago de multa y por Resolución N° 1143 del 30 de Agosto de 2011, el Dr. Gastonjáuregui resolvió: 1°) No hacer lugar a la revocatoria interpuesta por la defensa de E. A. G. (DNI. 30010171) contra decreto N° 15 de fecha 20 de Abril de 2011 (arts. 498 , 416  y sgtes. CPP); Conceder la apelación en subsidio planteada contra el mismo decreto, en relación y con efecto no suspensivo.

1.- El Dr. Juan Ignacio Bazet, abogado defensor de E. A. G., al expresar agravios sostuvo que el presente recurso, más que intentar revertir la decisión adoptada en cuanto al fondo de la causa, pretende efectuar la interrupción del proceso, a los fines de evitar la firmeza del Auto de Procesamiento y solicitar el beneficio del pago de multa como extinción de la acción penal.

Al respecto detalló que oportunamente presentó dicha medida procesal y el A quo consideró necesario expedirse primeramente sobre el fondo de la causa.

La Defensa coincidió con el A quo con que, en ese punto, la interposición del recurso de revocatoria no fue la mejor opción en miras de consideración del pedido de pago de multa.

No obstante lo indicado ut supra, el Dr.Bazet argumentó que el A quo pudo -en su momento- permitir a la Defensa resolución de Sobreseimiento por extinción de la acción penal, evitando de esa forma la elevación de los autos a Sentencia.

Asimismo, la Defensa se agravió por el hecho que se procese a su defendida por dos delitos -evasión culposa e incumplimiento de deberes de funcionario público- de los cuales -a su criterio- el hecho imputado es el mismo y la supuesta conducta es igualmente la misma: haber permitido negligentemente la evasión de Balmaceda.

Al respecto, reiteró la inocencia de su defendida y remarcó que no puede, de ninguna manera, procesársela por el delito de incumplimiento de los deberes, ya que no hay ni la más mínima sospecha de dolo en el accionar de G. Agregó que si el A quo hubiera considerado la existencia de dolo en la omisión de los deberes de funcionario público, hubiera debido imputarla por “Facilitamiento Doloso”, circunstancia que no ocurrió.

A criterio de la Defensa, de acuerdo con las constancias de autos, no se pudo probar en lo más mínimo la existencia de elementos de convicción suficientes que lleven a superar la inicial sospecha sobre su defendida por los delitos imputados, especialmente por el delito de omisión de actos de oficio de funcionarios públicos.

El Dr. Bazet, a fin de efectivizar la solicitud realizada del beneficio de pago de multa, acompaña el comprobante de depósito en el Nuevo Banco de Santa Fe, sucursal Venado Tuerto, del mondo de mil pesos ($.1000), correspondiente a la multa mencionada.

Por lo expuesto, el Dr. Bazet solicitó que se dicte el Sobreseimiento de su pupila por haberse extinguido la acción penal y subsidiariamente, que se revoque la resolución puesta en crisis en cuanto al delito normado por el art. 249 del CP, permitiendo eventualmente que el A quo continúe el proceso con el correspondiente análisis de la petición formulada oportunamente.

2.- El Dr.Fernando Palmolelli, Fiscal de Cámaras, al contestar traslado, consideró que los agravios de la Defensa no pueden prosperar en razón de que el procesamiento emitido por el A quo se ajusta a Derecho.

Agregó que la imputada, con su conducta negligente, permitió que Víctor Balmaceda se fugara de la Comisaría sin mayores esfuerzos ni superando grandes obstáculos, ya que muy probablemente -resaltó- si el personal policial encargado de la guardia no hubiese descuidado su tarea de vigilancia el hecho no hubiera ocurrido. Citó jurisprudencia.

Por lo argumentado, el Dr. Palmolelli solicitó que se rechacen los agravios de la Defensa y que se confirme íntegramente el decisorio devenido en Alzada.

II) Corresponde en las presentes actuaciones resolver el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Juan Ignacio Bazet -Defensor de E. A. G.- contra el decisorio de fecha 20 de Abril de 2011, dictado por el Dr. Jorge Gastonjáuregui -Juez en lo Penal Correccional de la Segunda Nominación de Venado Tuerto- mediante el cual dispuso procesar a la justiciable de anterior referencia, en orden al delito de Omisión de actos de oficio de Funcionario Público (Art. 249 CP), el que fuera objetado por la defensa mediante revocatoria instrumentada por intermedio del escrito glosado a fojas 273/274, obrando a fojas 278/279 auto 1143, de fecha 30 de Agosto de 2011, a través del cual se dispuso el rechazo de tal vía impugnativa, concediéndose el de apelación.

Previo a todo trámite y procurando facilitar la lectura del presente voto entiendo necesario recordar que solo queda en pie la imputación por el delito indicado en el párrafo precedente, en virtud de haberse extinguido la acción penal respecto al restante delito -Favorecimiento culposo de evasión (art. 281, segundo párrafo , CP)- por el que también había sido indagada y procesada la justiciable, quien hizo uso de la facultad establecida en el art.64 del digesto sustancial y tras abonar el mínimo de la multa prevista para el delito de última referencia generó la extinción de la acción penal en orden al mismo.

Sentado lo expuesto y examinando los agravios vertidos por el recurrente -quien solicita se desvincule a su pupila en orden a los hechos por los cuales se la sometiera a proceso, argumentando que el comportamiento de su asistida de ningún modo resultó doloso- a través de los cuales peticiona se deje sin efecto el procesamiento dictado en autos, a la luz de los elementos probatorios incorporados durante la etapa investigativa, los criterios evaluatorios del delito previsto en el art. 249 del Código Penal y la réplica del actor penal de alzada, todo ello bajo una óptica basada en la probabilidad -estado cognitivo que caracteriza la evaluación jurisdiccional recurrida- tras lo cual considero que corresponde acoger favorablemente el recurso de apelación interpuesto, por las siguientes razones:

En primer lugar cabe destacar que la atribución delictiva que se le efectúa a E. A. G. -Omisión de actos de oficio de funcionario público- requiere, en su aspecto subjetivo, que el agente sepa que lo que omite es propio de su función a pesar de tener la posibilidad de actuar de otro modo, no obstante lo cual y conociendo además la ilegalidad de tal comportamiento, no cumple con el rol que se le había asignado.

En función de lo expuesto, en consonancia con lo indicado por el Sr. Defensor en su escrito de agravios, entiendo que la conducta desplegada por G. solamente reunía los requisitos típicos del delito de favorecimiento culposo de evasión -previsto en el art. 281 CP y cuya acción penal se extinguiera con el depósito dinerario efectuado por la sometida a proceso- pero no los correspondientes al del restante delito por el cual también fuera procesada -Omisión de actos de oficio de funcionario público, art.249 CP- y cuyo aspecto subjetivo, tal como fuera anteriormente señalado, requiere un obrar doloso y no uno de tipo descuidado y negligente, que fuera justamente el apuntado por el a quo -y el actor penal de alzada- en la resolución impugnada.

Aplicando los conceptos traídos a colación al concreto caso que nos ocupa, puede apreciarse que la evasión del interno Balmaceda tal vez puede encontrarse causalmente conectada con un comportamiento negligente de parte de diversos funcionarios policiales, entre los que se encuentra G. Sin embargo no existe elemento alguno que permita siquiera suponer que la premencionada haya actuado de un modo intencional tolerando la elusión del encarcelado o haya omitido deliberadamente las funciones que le competían, lo cual resulta un claro indicador de que estamos en un terreno emparentado con la culpa y consecuentemente alejado del dolo.

Respecto al delito en cuestión la doctrina ha dicho que “No hay dudas de que se trata de un delito doloso y de dolo directo, ya que, como se dijo, el autor tiene el conocimiento de la ilegalidad de su accionar y sin embargo actúa con un plus subjetivo. En otros términos el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dicten, transmiten o ejecutan…El funcionario que se equivoca y desconoce la concurrencia de algún elemento de la figura penal en cuestión, sea cual sea la fuente de su error, no comete abuso, para el que el dolo es imprescindible” (CCCF, Sala Segunda, Etchebarne, J.A., Bol Jur. Enero-abril 1987, pag. 1, citado por Edgardo Alberto Donna, Delitos contra la Administración Pública, Rubinzal-Culzoni, 2000, pags. 167/168).

Por todo lo argumentado y jurisprudencia citada, considero que corresponde hacer lugar a los agravios introducidos por el recurrente, lo cual implica que sea dejado sin efecto el procesamiento oportunamente dictado, el que mutará hacia un estadio de falta de mérito, sin perjuicio de las resultancias de los nuevos elementos probatorios que pudieren ser incorporados. (art.327  CPP).

Finalmente y atento a la existencia de otros imputados que pudieren encontrarse en similar situación a la de E. A. G. corresponde disponer la extensión de los efectos generados a partir del presente pronunciamiento, en cuanto ello correspondiere. (Art. 410  CPP).

En definitiva, leídas que han sido las partes, la Cámara de Apelación en lo Penal RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a favor de E. A. G., dejando sin efecto el procesamiento dictado en autos, por el delito de Omisión de actos de oficio de funcionario público (Art. 249 CP), el que mutará hacia un estadio de falta de mérito, sin perjuicio de las resultancias de los nuevos elementos probatorios que pudieren ser incorporados. (art. 327 CPP). II) Extender los efectos del presente pronunciamiento a otros imputados que pudieren encontrarse en situación similar o equiparable a la de E. G., en cuanto ello correspondiere. (Art. 410 CPP).

Insértese, hágase saber y bajen.-

Dr. Tomás Orso

Dr. Fernando Vidal

Dr. Juan Ignacio Prola

(Art. 26, L.O.P.J.)

Dr. Sergio Fenice

  1. ¡Muy didactico! Contundentes motivos. Manten este criterio es un articulo sincero. Tengo que leer màs blogs como este.

    Saludos

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