Responsabilidad de la concesionaria por la reparación de perjuicios siendo el fabricante del auto un tercero ajeno al contrato.

Partes: Rivero María Eugenia c/ Ford Argentina S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 10-jul-2012

Cita: MJ-JU-M-74803-AR | MJJ74803 | MJJ74803

La concesionaria es la única responsable de la reparación de perjuicios, ya que en la compraventa actúa en interés y en nombre propio, siendo el fabricante un tercero ajeno al contrato, que no resulta alcanzado por sus efectos.

Sumario:

1.-Al respecto, se ha sostenido que el contrato comercial de concesión es un contrato atípico del que surgen dos tipos de relaciones: una entre los otorgantes del contrato de concesión y otra entre el concesionario y sus clientes.

2.-Tratándose del contrato comercial de concesión, el cliente, celebra un contrato con la concesionaria y no con el concedente por lo que no se puede tener a este último como parte del conflicto; ello por ser un tercero que -en principio- no debe responder por los incumplimientos en los que pudiera incurrir la concesionaria. En síntesis, al generarse la relación con la concesionaria por un acto propio, el fabricante del automóvil resulta ajeno al contrato (art. 1195  CCiv.).

3.-En el contrato de concesión, el concesionario no actúa como representante del concedente, pues más allá de aceptar ciertas condiciones que le impone la terminal (locales, emblemas, publicidad, cupos, talleres, etc.) a efectos de standarizar ciertas características de la red de comercialización, actúa en interés y en nombre propio quedando directamente comprometido como vendedor, siendo el fabricante un tercero ajeno al contrato y que, por lo tanto, no resulta alcanzado por sus efectos.

4.-La publicidad cumple la función de oferta contractual y -como tal- obliga a quien la realiza en los términos expuestos en los anuncios o publicidades y así, resulta protegida la confianza o expectativa que el consumidor o usuario deposita en los datos expuestos públicamente en la oferta; puesto que el art. 8  de la LDC consagra la fuerza vinculante de la publicidad, circunstancia que conlleva que el responsable de ésta, se encuentra comprometido a brindar aquello que ofrece, tal como fue presentado a los posibles o eventuales compradores.

5.-El fabricante del automotor asume, en su condición de tal, una serie de obligaciones pero éstas resultan sólo exigibles en el supuesto de entrega del vehículo y; que a su vez, es el comprador quien debió probar si realmente existió responsabilidad del fabricante por la falta de entrega del rodado en cuestión.

6.-La personalidad diferenciada de la sociedad y sus integrantes y administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa societaria, y configura un régimen especial que se explica porque los entes ideales constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los motores de la economía; por esa razón, quien pretenda extender la responsabilidad a los administradores o socios debe demostrar que la actuación de la sociedad encubre fines extrasocietarios, o constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros (arg. Art. 54 , Ley 19550). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de julio de dos mil doce, reunidas las señoras juezas de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por “RIVERO MARIA EUGENIA” contra “FORD ARGENTINA S.A.” sobre ORDINARIO, en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268  del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde E. Ballerini y Ana I. Piaggi.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La señora Juez de Cámara Doctora María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero dijo:

I. La causa.

(a) A fs. 36/41 ‘María Eugenia Rivero’ promovió la presente demanda contra ‘Ford Argentina S.A.’, ‘Impomotor S.A.’ y ‘José María Bonanno -en su carácter de presidente de esta última- por infracción a la ley 24.240 , resolución de contrato y cobro de indemnización por los daños y perjuicios alegados, con más intereses y costas.

Cuantificó las indemnizaciones reclamadas de la siguiente manera:(i) dólares estadounidenses diez mil trescientos (u$s 10.300) por daño emergente; (ii) pesos once mil ($ 11.000) por la privación de uso del automotor y; (iii) pesos cinco mil ($ 5.000) en concepto de daño moral.

Señaló que el 24 de marzo de 2001, luego de evaluar los vehículos existentes en el mercado para entonces y guiándose por pautas publicitarias de las diversas automotrices, se dirigió a la concesionaria oficial Ford, ‘Enrique Viel Temperley’ (‘Impomotor S.A.) a efectos de cambiar el automotor de su propiedad que era utilizado como herramienta de trabajo.

Agregó que una vez que le fueron exhibidos diferentes rodados, decidió adquirir una unidad Ford Ka 0km., para la cual abonó una seña de pesos trescientos ($ 300) y completó la solicitud que identificó, donde se explicaba la forma de pago, el valor del rodado usado que entregaba en parte de pago y el saldo del precio que restaba cancelar.

Mencionó que no obstante haber regresado a los pocos días al concesionario, entregar el vehículo de su propiedad con la totalidad de la documentación correspondiente y abonar en efectivo el monto pendiente, el nuevo automotor jamás le fue entregado; razón por la cual comenzó a realizar tanto ante la concesionaria, cuanto a la terminal periódicos reclamos, todos infructuosos.

Añadió que ante dicha circunstancia solicitó una audiencia de conciliación ante la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor y posteriormente una mediación privada que también fracasó, por lo que vio obligada a promover las presentes actuaciones.

Atribuyó responsabilidad a la terminal “. en virtud de que al promocionar sus productos, claramente los está ofreciendo a la venta; y al indicarse en dicha publicidad que para la adquisición de las unidades marca Ford debe el consumidor dirigirse a un concesionario oficial, el concedente Ford Argentina SA está otorgando un público aval y respaldo a tales concesionarias oficiales frente al consumidor.Es decir, y según lo expuesto, el concedente es responsable frente a los consumidores a la luz de la ley 24.240 al infringir el art. 7 y 8  de dicho cuerpo legal.” (fs. 37).

Respecto a ‘Impomotor SA’, la responsabilidad endilgada fue fundada en el incumplimiento total del contrato de compraventa del rodado y en relación a ‘José María Bonanno’ por ser el representante legal de la concesionaria.

El capítulo IV. de la demanda fue dedicado a establecer la extensión económica de los rubros pretendidos: (a) suma pagada a la concesionaria por la compra del rodado de dólares estadounidenses diez mil trescientos (u$s 10.300); (b) gastos de traslado en que debió incurrir para trasladarse a su trabajo en pesos once mil ($ 11.000) y, (c) daño moral por pesos cinco mil ($ 5.000).

Fundó su pretensión en derecho y ofreció prueba de sus dichos.

(b) A fs. 65/73 la representación letrada de ‘Ford Argentina S.A.’ se presentó en el proceso, contestó la demanda instaurada en su contra y luego de una pormenorizada negativa de los extremos invocados en el escrito inaugural del pleito, solicitó su íntegro rechazo.

En esencia, para controvertir la pretensión de ‘Rivero’ expuso que: (i) únicamente la demandante e ‘Impomotor SA’ celebraron un acuerdo por medio del cual la concesionaria se comprometió a entregar un rodado como el adquirido.Así, mal pudo endilgársele responsabilidad alguna habida cuenta que no asumió obligación de ninguna índole frente a la accionante; (ii) la circunstancia de que la accionante haya adquirido un rodado marca ‘Ford’ no implica que pueda inferirse la existencia de una relación contractual con ‘Ford Argentina SA’.

Señaló con transcripción de precedentes jurisprudenciales que estimó aplicables para la solución del conflicto, que su condición de fabricante del vehículo no la transforma en responsable por el incumplimiento en que incurrió el concesionario; y también que éste último es una sociedad independiente que ejerce el comercio de manera autónoma, a su nombre, por su riesgo y que sólo ella debe soportar las consecuencias de sus incumplimientos.

Finalmente, destacó que la obligación del entrega del automóvil fue únicamente pactada con ‘Impomotor SA’, resistió la restitución en moneda extranjera -dólares estadounidenses- y controvirtió la totalidad de los daños reclamados.

(c) Por no haber comparecido al proceso, no obstante encontrarse debidamente notificada, ‘Impomotor SA’ fue declarada rebelde a fs. 242.

(d) El restante codemandado -Sr. Ricardo José María Bonanno- tampoco se presentó en el pleito.

(e) Las restantes consideraciones fácticas que rodean la causa se encuentran debidamente reseñadas en la sentencia de la anterior instancia, por lo que a ella me remito en orden a evitar innecesarias repeticiones.

II. El fallo de primera instancia.

La prueba se produjo conforme la certificación de fs. 407/8 y posterior ampliación de fs. 420/1. Alegó únicamente la demandante a fs. 426/32.

A fs. 443/59 el primer sentenciante acogió parcialmente la demanda con el alcance de:(i) condenar a ‘Impomotor SA’ al pago de pesos diecisiete mil ($ 17.000) y dólares estadounidenses cinco mil quinientos (u$s 5.500), con costas; (ii) rechazar la demanda instaurada contra ‘Ford Argentina S.A.’, con costas a la accionante vencida y; (iii) rechazar la acción promovida contra ‘Ricardo José María Bonanno’, sin costas, ante la inexistencia de contradictor.

Asimismo, fue dispuesto que la suma en moneda extranjera devengaría intereses desde la fecha del recibo de pago (29-03-01) hasta el 06-01-02 mediante la aplicación de tasa activa que percibía el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para sus préstamos en dólares estadounidenses. A esa fecha, el importe obtenido se convertiría a razón de 1 $ = 1 u$s al que se le aplicaría el CER correspondiente, con más los réditos que se mandaron calcular a la tasa del ocho por ciento (8%) anual hasta la fecha del decreto de falencia de ‘Impomotor SA’ en los términos de las previsiones establecidas en el art. 129  LCQ.

Por su parte, el monto en moneda nacional ($ 17.000) se encuentra compuesto por pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800) en concepto de saldo abonado por la compra del rodado; pesos siete mil doscientos ($ 7.200) por privación de uso y; pesos cinco mil ($ 5.000) para atender a la reparación del daño moral. Ello, sin perjuicio de la posterior liquidación de acrecidos que se fijaron desde la fecha de la demanda hasta la de la quiebra de la defendida (arg. art. 129 LCQ) conforme la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento cada treinta días -tasa activa-.

III. El recurso.

El demandante quedó disconforme con el acto jurisdiccional y lo apeló a fs. 462. Sostuvo el recurso que originó la intervención de este Tribunal con la expresión de agravios de fs. 486/96 que mereció las réplicas de fs. 523/7 -‘Ford Argentina S.A.- y fs.535/7 -órgano sindical de la defendida ‘Impomotor SA-.

La Sra. Fiscal General de Cámara dictaminó a fs. 541.

Dictado el llamamiento de autos para sentencia (fs. 542), esta Sala se encuentra habilitada para decidir.

IV. La decisión.

(a) La crítica desarrollada por la recurrente, transita -en esencia-por una errónea ponderación de la prueba de parte del juez a quo y por una equivocada aplicación de normas para resolver la contienda.

En primer término señala que resultó equivocado que el anterior sentenciante concluyera que la responsabilidad imputada a ‘Ford Argentina SA’ debió fundarse en alguno de los ámbitos de la responsabilidad civil, ignorándose la figura del ‘consumidor’.

Agrega que haber rechazado la responsabilidad del concedente en virtud de la autonomía jurídica y patrimonial del concesionario, resulta una visión estrictamente formal del derecho y ajena a la realidad, puesto que no se tuvo en cuenta la subordinación técnica y económica de aquél al fabricante.

Con cita de doctrina y antecedentes jurisprudenciales que considera aplicables al caso, asegura que no ha sido considerada la compleja trama de relaciones existentes en la compraventa de automotores que se verifican entre el fabricante, el concesionario y el público adquirente (consumidor). Postula en consecuencia que la concesionaria y la concedente deben ser condenadas.

En segundo lugar, expone que fueron equivocadamente valorados los alcances de la oferta y publicidad realizadas por la concedente, de acuerdo a las previsiones establecidas en los arts. 7 y 8 de la Ley 24.240. Con una copiosa transcripción de precedentes jurisprudenciales, concluye que resulta impropio que la fabricante sea eximida de condena cuando ésta no sólo publicita por cuenta propia, sino que también obliga contractualmente a sus concesionarios a hacerlo e induce al comprador a adquirirlo.

Por ello, asevera que el pronunciamiento recurrido conduce a “. una flagrante injusticia para con la actora quien confió absolutamente el Ford Argentina SA, pagó el dinero que se le pidió para adquirir el vehículo que deseaba, y hoy, años después no tiene ni el dinero ni el auto .” (fs.494 vta.).

En tercer término, critica el rechazo de la acción promovida en contra del presidente de la concesionaria -Sr. Bonanno-, toda vez que además de encontrarse confeso respecto de las posiciones propuestas, resulta claro éste se encontraba en conocimiento de la situación de falencia de aquélla. Por ello, solicita sea condenado en los términos de los arts. 59  y 274 de la Ley 19.550.

Seguidamente, cuestiona que los réditos reconocidos sobre su acreencia hayan sido limitados a la fecha del decreto de quiebra de ‘Impomotor SA’ y pretende que sean ampliados hasta el momento del efectivo pago.

En quinto lugar, se queja por la extensión económica otorgada al rubro privación de uso que considera exiguo. Refiere para ello, que no fue debidamente considerado que el vehículo además del uso particular, era su herramienta de trabajo puesto que debía trasladarse desde esta ciudad hasta la localidad de Don Torcuato.

En sexto término, controvierte la imposición de las costas a su cargo por el rechazo de la demanda contra ‘Ford Argentina S.A.’.

Finalmente, critica que el anterior sentenciante haya aplicado de oficio el Decreto 214/2002 pesificando la obligación, situación que -según su perspectiva- viola su derecho de propiedad, puesto que al modificar la moneda pactada, su poder adquisitivo perdió valor.

(b) Comenzaré mi ponencia examinando la responsabilidad que le fue imputada a ‘Ford Argentina S.A.’ en relación al incumplimiento en que incurrió una de sus concesionarias: ‘Impomotor S.A.’.

Al respecto, se ha sostenido que el contrato comercial de concesión es un contrato atípico del que surgen dos tipos de relaciones: una entre los otorgantes del contrato de concesión y otra entre el concesionario y sus clientes (CNCom, Sala D, in re, “Gonzalez, Marcelo Pablo c. Guido Guidi S.A.y otro s, ordinario”, del 21.10.05).

El actor, es decir el cliente, celebró un contrato con la concesionaria y no con el concedente por lo que no se puede tener a este último como parte del conflicto; ello por ser un tercero que -en principio- no debe responder por los incumplimientos en los que pudiera incurrir la concesionaria. En síntesis, al generarse la relación con la concesionaria por un acto propio, el fabricante del automóvil resulta ajeno al contrato (art. 1195 CCivil).

Es que el concesionario no actúa como representante del concedente, pues más allá de aceptar ciertas condiciones que le impone la terminal (locales, emblemas, publicidad, cupos, talleres, etc.) a efectos de standarizar ciertas características de la red de comercialización, actúa en interés y en nombre propio quedando directamente comprometido como vendedor, siendo el fabricante un tercero ajeno al contrato y que, por lo tanto, no resulta alcanzado por sus efectos (CNCom., esta Sala, in re, “Ruiz Dueñas Gloria de Lourdes c. Renault Argentina SA”, del 29-12-92; idem in re, “Lamonato Alberto c. Renault Argentina SA s. ordinario”, del 26-10-93; idem in re, “Serodino Alejandro c. Autograd SA”, del 13-12-93; idem Sala C, in re, “Rodríguez Luis c. Routier Atomotores SA’, del 20-04-07; idem Sala D, in re, “Saucedo Ernesto Javier c. Fiat S.A. de Ahorro y otro”, del 23-09-08).

Corresponde ahora examinar si en el casus corresponde apartarse del criterio expuesto, ya que los daños alegados se originaron por la falta de entrega del vehículo, y esto podría haber sido responsabilidad del fabricante.

En punto a la publicidad aludida por el recurrente, juzgo que ésta cumple la función de oferta contractual y -como tal- obliga a quien la realiza en los términos expuestos en los anuncios o publicidades. Así, resulta protegida la confianza o expectativa que el consumidor o usuario deposita en los datos expuestos públicamente en la oferta; puesto que el art.8 de la LDC consagra la fuerza vinculante de la publicidad, circunstancia que conlleva que el responsable de ésta, se encuentra comprometido a brindar aquello que ofrece, tal como fue presentado a los posibles o eventuales compradores.

En dicho contexto, colijo que el fabricante del automotor asume, en su condición de tal, una serie de obligaciones pero éstas resultan sólo exigibles en el supuesto de entrega del vehículo y; que a su vez, es la actora quien debió probar si realmente existió responsabilidad del fabricante por la falta de entrega del rodado en cuestión.

No basta al efecto de extender la condena a la concedente las manifestaciones realizadas por ‘Rivero’ en el sentido de que la defendida “. es responsable en virtud de promocionar sus productos . al indicarse en dicha publicidad que para la adquisición de las unidades marca Ford debe el consumidor dirigirse a un concesionario oficial .” (fs. 37). Dicha circunstancia no autoriza por sí sola -al no demostrarse el alcance y contenido de la publicidad- a suponer que medió intención alguna de ‘Ford Argentina SA’ de colocarse en directa vinculación con los usuarios, ni de que existió un ofrecimiento concreto en relación a la entrega de los rodados adquiridos por los clientes en sus concesionarias.

De las pruebas producidas en autos no surge que haya sido la terminal quien incumplió con la entrega del vehículo y que por esa razón, la concesionaria haya incumplido con las obligaciones asumidas contractualmente.Tampoco se ha probado que ‘Ford Argentina S.A.’ haya tenido en su momento conocimiento del contrato celebrado entre el accionante e ‘Impomotor SA’.

En punto a la responsabilidad endilgada a la terminal por la demandante ante el ‘papel controlante de las concesionarias’ y por el conocimiento del estado de falencia de ‘Impomotor SA’ aludido, destaco que sin soslayar que la concesión de venta de automotores es un supuesto de concentración vertical de empresas y que la concedente ejerce sobre los concesionarios un control permanente de su contabilidad, balances, previsiones financieras, contratos realizados, etc., lo cierto es que la venta del rodado data del año 24-03-2001, mientras que por consulta informática realizada con el Juzgado del Fuero Nro. 25, la solicitud de formación de concurso preventivo de la concesionaria acaeció en el segundo semestre del 2003, esto es más de dos años posteriores a la venta.

En definitiva, por no haberse acreditado que existió una conducta antijurídica imputable al fabricante, porque ninguna precisión se ha realizado respecto del alcance, particularidades y cláusulas de la relación jurídica que vinculó a la terminal con la concesionaria, por las particularidades que reviste el casus, ante las consideraciones genéricas sin referirlas adecuada y concretamente a las circunstancias comprobada en la especie, y por no haber encontrado en autos elemento alguno como para fundamentar la exigibilidad o cumplimiento de la oferta realizada -esto es, la entrega del rodado-, juzgo que corresponde rechazar el agravio.

(c) En lo atinente al codemandado ‘Bonanno’, destaco que tiene dicho esta Sala que la incontestación de la demanda (art. 356 CPr) opera en un nivel meramente presuncional y sólo en caso de duda, posibilita que el Juez, según las circunstancias del caso, tenga de una manera directa y principal, por reconocidos hechos pertinentes y lícitos articulados en la demanda (CNCom., esta Sala, in re, “Dufau Pablo Guillermo c. Expreso Caraza SAC s. sumario”, del 28-07-05, idem, in re, “Banco Río de la Plata c. Weiss Gladis Maria s.ordinario”, del 05-05-06).

Ello, porque sabido es que la incontestación de la demanda produce un efecto inequívoco según lo establecido por el Cpr: 356-1° , consistente en una admisión tácita de los hechos. Pero ésta no es por sí sola suficiente para que el juez admita la verdad de los hechos alegados por la actora, en la medida que la demanda no se encuentre corroborada por otros elementos de juicio objetivos.

Asimismo, destaco que si bien -en principio- la persona jurídica está configurada por personas físicas, es un ente diferenciado de ellas y dotado de su propia personalidad. Por ende, para que sea aplicable la LS: 54 deben existir pruebas concluyentes respecto de las situaciones excepcionales que dicho artículo contempla a fin de prescindir de la personalidad jurídica (CNCom., Sala C, in re “Ferrari Vasco c. Arlinton SA”, del 10-05-95.

La personalidad diferenciada de la sociedad y sus integrantes y administradores constituye el eje sobre el que se asienta la normativa societaria, y configura un régimen especial que se explica porque los entes ideales constituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como uno de los motores de la economía (CSJN, in re “Palomeque, Aldo c/ Benemeth SA y otro” , del dictamen del Procurador General, del 03-04-03); por esa razón, quien pretenda extender la responsabilidad a los administradores o socios debe demostrar que la actuación de la sociedad encubre fines extrasocietarios, o constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros (arg. Art. 54, Ley 19550) (CNCom., Sala D, in re “Dres. Moreau SRL s. concurso preventivo s. incidente de verificación por Gomez Isidoro”, del 20-10-06).

En dicho marco, se observa entonces en el sub examine que los planteos de la actora, enderezados a lograr la condena de ‘Bonanno’ configuran manifestaciones dogmáticas sobre el supuesto de que éste “.sabía de antemano las posibilidades de cumplir o incumplir con el contrato que estaba celebrando . (fs.38 vta.), como también que “. estaba en conocimiento de la situación de falencia de su compañía, que la fábrica, su concedente, no la había entregado el vehículo comprometido a la actora siendo poco probable que se lo entregara .” (fs. 495), sin que se haya aportado elemento probatorio alguno de tales extremos, razón por la cual resultan -en la mejor de las hipótesis- invocaciones meramente conjeturales. Máxime al considerar -tal como ya fuera expuesto supra- que entre la compra del rodado y el concursamiento de la concesionaria transcurrieron más de tres años.

Aún cuando lo expuesto resulta suficiente para rechazar las argumentaciones expuestas contra el pronunciamiento recurrido, destaco que en lo que atañe a la confesión ficta que la apelante también trae como apoyo en su posición cabe señalar que ésta no importa prueba absoluta, ni exime al juzgador de examinar las demás circunstancias de la causa y las pruebas producidas (art. 417  Cpr.) pero aun cuando se hubieran negado los hechos al contestar demanda deben tenerse muy en cuenta las consecuencias cuando no existe -como en el casus- prueba en contrario.

Propiciaré en consecuencia el rechazo del agravio.

(d) Respecto a los intereses, recuerdo que la quejosa critica que éstos hayan sido limitados temporalmente hasta la fecha del decreto de quiebra de ‘Impomotor SA’. Ello, porque pretende la condena extensiva y solidaria contra ‘Ford Argentina SA’ y ‘Bonanno’.

El agravio resulta inaudible, no sólo por lo que llevo dicho a lo largo de la presente en el sentido de postular el rechazo de la demanda instaurada contra la terminal y contra el presidente del concesionario; sino porque también el art. 129  LCQ impone la suspensión de los réditos atendiendo a la necesidad de respetar la paridad crediticia y simplificar el procedimiento del reparto.

(e) La crítica atinente a la imposición de las costas por el rechazo de la acción contra ‘Ford Argentina SA’, es improponible.

Comparto lo decidido en la anterior instancia al respecto.Cupo imponer las costas a la parte que resultó incuestionablemente vencida en la demanda, porque tal principio constituye aplicación de una directriz axiológica -de sustancia procesal- en cuya virtud debe impedirse que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño para quien se ve constreñido a accionar o defenderse en juicio para pedir justicia.

Desde tal perspectiva, no se advierte que en el caso medien circunstancias arrimadas cuya peculiaridad -fáctica o jurídica- permita soslayar el criterio objetivo de la derrota, debiendo en consecuencia confirmarse la imposición de costas decidida por el primer sentenciante al respecto (Cpr. 68).

(f) La queja referida a la aplicación de oficio de las estipulaciones contempladas en el Decreto 214/2002 de parte del juez a quo, deben ser también rechazadas.

Ello, desde que al punto 8.- de la contestación de demanda de parte de ‘Ford Argentina SA’, fue expresamente resistida la restitución de los fondos en dólares estadounidenses y solicitada la aplicación del plexo normativo aludido.

Las antedichas conclusiones me eximen de considerar los restantes argumentos esbozados por el recurrente (CNCom, esta Sala, in re “Perino, Domingo A. c. Asorte S.A. de Ahorro para fines determinados y otros s. ordinario”, del 27-8-89; CSJN, in re: “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13/11/1986; ídem in re: “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas” , del 12/2/1987; v. Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros). Es que según doctrina fijada reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez no tiene el deber de analizar todos y cada uno de los argumentos propuestos, sino tan sólo aquellos que a su criterio sean conducentes y posean relevancia para la decisión del caso (Fallos 258:304; 262:222; 272:271; 291:390; 297:140; 301:970; entre otros).

V.Conclusión.

Por la estructura expuesta sugiero al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia confirmar la sentencia en cuanto ha sido materia de agravios, con costas (art. 68  CPr.).

He concluido.

Por análogas razones las Dras. Ana I. Piaggi y Matilde E. Ballerini adhirieron al voto anterior. Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara.

MARIA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

ANA I. PIAGGI

MATILDE E. BALLERINI

Buenos Aires, 10 de julio de 2012.

Y Vistos:

Por los fundamentos del Acuerdo que precede se resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia confirmar la sentencia en cuanto ha sido materia de agravios, con costas (art. 68 CPr.).

Regístrese por Secretaría, notifíquese y devuélvase. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Ana I. Piaggi y Matilde E. Ballerini. Es copia fiel del original que corre a fs. de los autos de la materia.

JORGE DJIVARIS

SECRETARIO

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