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Probadas las operaciones de descuento entre la concursada y la Cooperativa incidentista, debe verificarse el crédito con base en cheques.

Partes: Unipres Servicios Gráficos S.A. s/ concurso, incidente de revisión por Cooperativa de Crédito y Consumo Pampa Ltda

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 5-jul-2012

Cita: MJ-JU-M-74725-AR | MJJ74725 | MJJ74725

Existe prueba idónea que justifica la existencia de las operaciones de descuento entre la concursada y la Cooperativa incidentista, por lo que corresponde verificar el crédito en base a los cheques que ostenta.

Sumario:

1.-El incidente de revisión constituye un verdadero proceso de conocimiento, con amplitud de debate. Por aplicación de lo normado por el art. 273 inc. 9  de la LCQ, la carga de la prueba se rige por las normas comunes a la naturaleza del juicio de que se trate; de modo que a la luz de la previsión del art. 377  del CPCC, es la incidentista quien debe acreditar los presupuestos fácticos que sostienen el reclamo incoado, en derecho, por su parte.

2.-La consecuencia de que quien promovió el incidente de revisión, no haya acreditado los presupuestos fácticos que sostienen su reclamo, es que quien no ajusta su conducta a tal postulado ritual debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos, pues la carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos arriesga la suerte del pleito.

3.-Cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que una parte esgrime en su favor, debe dictarse sentencia en contra de esa parte.

4.-La doctrina plenaria sentada in re Difry SRL   del 19/6/80 y su similar Translinea SA   del 26/12/79 se encuentran sustancialmente destinadas a evitar el concilio fraudulento, debiendo quedar en claro que no se exige una prueba acabada y contundente de la causa de la obligación, puesto que quedaría agravado el criterio hermenéutico que trae la ley al respecto (art. 32 LCQ) sino que la referencia al negocio que motiva la adquisición del derecho cambiario, no se ordena a otra cosa que a verificar si existe ese derecho.

5.-Por aplicación de la doctrina plenaria sentada in re Difry SRL del 19/6/80 y su similar Translinea SA del 26/12/79, el pretenso acreedor debe explicar, al menos de manera somera pero convictiva, las circunstancias concernientes a la existencia de sus créditos ya que sus coacreedores, la sindicatura y el juez necesitan saber qué pasó entre el concursado y cada acreedor en relación con el origen y las ulteriores vicisitudes del crédito cuya verificación se solicita.

6.-Se entiende por descuento la operación por la que el banco o una entidad abona al cliente, en dinero, el importe de un título de crédito no vencido, descontando los intereses correspondientes al tiempo que media entre el anticipo y el vencimiento del crédito. Los elementos integrantes de todo descuento son los siguientes: i) la existencia de un crédito contra un tercero y aún no vencido; ii) el anticipo hecho por la entidad, al cliente, del importe de ese crédito, previa deducción del tipo de descuento; iii) la cesión a la entidad, pro-solvendo, del crédito frente al tercero, hecha por su titular a la entidad.

7.-Desde el punto de vista económico, el descuento representa para el cliente la realización anticipada de un crédito, mientras que para la entidad supone la inversión productiva de sus recursos financieros a corto plazo. Es por tanto, un medio de movilización del crédito bancario. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 5 de julio de 2012.

Y Vistos:

1. Apeló la incidentista en fs. 150 la decisión de fs. 146/147 que rechazó la revisión promovida.

El a quo no encontró con sustento probatorio suficiente, la relación negocial invocada como fundamento de la tenencia de los títulos -cheques- base de la presente acción.

Los fundamentos de los agravios lucen expuestos en fs. 152/154, y fueron respondidos por la sindicatura en fs. 161/162.

2.i. El incidente de revisión constituye un verdadero proceso de conocimiento, con amplitud de debate. Por aplicación de lo normado por el art. 273 inc. 9  de la LCQ, la carga de la prueba se rige por las normas comunes a la naturaleza del juicio de que se trate; de modo que a la luz de la previsión del art. 377  del CPCC, es la incidentista quien debe acreditar los presupuestos fácticos que sostienen el reclamo incoado, en derecho, por su parte.

La consecuencia de esta regla es que quien no ajusta su conducta a tal postulado ritual debe necesariamente soportar las inferencias que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos (CNCom, Sala A, 6/10/89, «Filán SAIC c/Musante Esteban»; Sala B, 16/9/92, «Larocca Salvador c/Pesquera Salvador s/sum»; Sala C, 12/6/06, «Guillermo V. Cassano SA s/conc. prev. s/inc. de revisión por Millenium SA; Sala D, 2/5/07, «Markic, Alfredo c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ord.»; Sala E, 12/11/08, «Martinez, Gustavo c/Rubio, Enrique s/sumario», entre otros).

La carga de la prueba actúa, entonces, como un imperativo del propio interés de cada uno de los litigantes y quien no prueba los hechos arriesga la suerte del pleito (E. Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, pag. 242, Bs.As. edit. R.Depalma, 1958). Dicho en otros términos, cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que una parte esgrime en su favor, debe dictarse sentencia en contra de esa parte (cfr. De Santo, Víctor, La prueba judicial teoría y práctica, Ed. Universidad, 1994, p. 27).

ii. Yendo al nudo del asunto, la doctrina plenaria sentada in re «Difry SRL»  del 19/6/80 y su similar «Translinea SA»  del 26/12/79 se encuentran sustancialmente destinadas a evitar el concilio fraudulento. Quede claro que no se exige una prueba acabada y contundente de la «causa» de la obligación, puesto que quedaría agravado el criterio hermenéutico que trae la ley al respecto (art. 32  LCQ) sino que la referencia al negocio que motiva la adquisición del derecho cambiario, no se ordena a otra cosa que a verificar si existe ese derecho (cfr. esta Sala, 17/6/10 «Muro Gustavo Alberto s/quiebra s/incidente de revisión por Alberto Luis Ferrarotti»).

En tal entendimiento, el pretenso acreedor debe explicar, al menos de manera somera pero convictiva, las circunstancias concernientes a la existencia de sus créditos ya que sus coacreedores, la sindicatura y el juez necesitan saber qué pasó entre el concursado y cada acreedor en relación con el origen y las ulteriores vicisitudes del crédito cuya verificación se solicita (v. Rouillon, «La prueba de la causa en la verificación concursal de títulos abstractos al dogmatismo judicial al facilismo de ciertos dictámenes de la sindicatura», LL 1999-ED Ad Hoc-D 199; Fazio M.A., «La verificación de títulos cambiarios a 20 años de los plenarios «Translinea» y «Difry», LL 2000-C-1299; Gomez Leo O., «Estudio sobre el pagaré; título cambiario primigenio. Ensayo de una reconstrucción de conceptos», LL 2001-A-973; Paiva Martín, «De la causa en la verificación concursal con títulos abstractos», JA., enero 12, 2005 pág. 19 y 55).

iii.Dentro de tal contexto interpretativo y a partir del plexo probatorio rendido, habrá de tenerse por acreditada la causa de la acreencia de la Cooperativa incidentista.

Se entiende por «descuento» la operación por la que el banco o una entidad abona al cliente, en dinero, el importe de un título de crédito no vencido, descontando los intereses correspondientes al tiempo que media entre el anticipo y el vencimiento del crédito. Los elementos integrantes de todo «descuento» son los siguientes: i) la existencia de un crédito contra un tercero y aún no vencido; ii) el anticipo hecho por la entidad, al cliente, del importe de ese crédito, previa deducción del tipo de descuento; iii) la cesión a la entidad, pro-solvendo, del crédito frente al tercero, hecha por su titular a la entidad. Desde el punto de vista económico, el descuento representa para el cliente la realización anticipada de un crédito, mientras que para la entidad supone la inversión productiva de sus recursos financieros a corto plazo. Es por tanto, un medio de movilización del crédito bancario (Cfr. CNCom., Sala A, 30.11.2006, «Ferrucci Salvador s/ quiebra s/ inc. de revisión por Cooperativa Concred de Crédito y Vivienda Ltda.»; íd. 18.12.2009, «Sudefin SA c/ Albelo Eduardo s/ ejecutivo»; entre otros).

Así, concurren en la especie elementos de juicio idóneos que justifican la existencia del crédito, a saber: a) las piezas documentales agregadas en fs.70/73, consistentes en solicitud de ingreso (que data del 23/11/2007), registro de firma, mandato y Reglamento para Operaciones de Descuento, de las que se desprende que la empresa concursada realizaba operaciones de descuento con la incidentista, lo cual torna plausible el relato efectuado por aquélla; b) los 12 cheques adjuntados, librados el 12/09/2008, siendo la beneficiaria de todos ellos Unipres Servicios Gráficos SA y endosados en favor de la pretensa acreedora, lo cual aventa la posibilidad de que la misma hubiese accionado contra el beneficiario de los mismos; y, c) el resultado de la prueba pericial contable, la que da cuenta de que la existencia de operaciones de descuento realizadas entre la concursada y la incidentista, encontrándose registrada la factura allí individualizada -del 22.09.2008- correspondiente a «intereses y comisiones correspondientes a las operaciones de valores negociados en el período».

A ello cabe agregar, a todo evento y sin que ello predique, por sí mismo, sobre la existencia y alcance de la acreencia en cuestión, que según se desprende de fs. 74vta. la deudora denunció la deuda al momento de su presentación en concurso preventivo, y en la oportunidad de expedirse en el marco de estas actuaciones se allanó a la pretensión planteada (fs. 89).

Con todo ello, a criterio de esta Sala puede darse por superada con éxito la prueba que le exige la doctrina del mencionado plenario «Difry».

3. Por lo expuesto, se resuelve:

a. Estimar el recurso de apelación de la incidentista y hacer lugar a la revisión intentada, declarando verificado en el concurso de Unipres Servicios Gráficos SA un crédito a favor de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Pampa Ltda. por la suma de pesos sesenta y cinco mil ochocientos ($ 65.800) con más con más el interés a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos comerciales a treinta días, desde la fecha de mora y hasta la fecha de presentación en concurso preventivo, sin capitalizar (Excma. CNCom.en pleno in re: «Calle Guevara, Raúl -Fiscal de Cámara- s/revisión de plenario» del 25/8/03), con carácter quirografario (art. 248  LCQ).

b. En función del progreso total de la reclamación, las costas de ambas instancias quedarán impuestas en el orden causado (arg. art. 68  y 279  Cpr).

c. De conformidad con lo normado por el art. 287  de la ley 24.522, en los incidentes de verificación y revisión, deben regularse los honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes por las respectivas leyes arancelarias locales.

Sentado ello, ponderando la labor profesional cumplida, su calidad, eficacia y extensión, y considerando como base regulatoria el monto del crédito verificado, se fijan en mil quinientos pesos ($1.500.-) los honorarios del letrado patrocinante del síndico, doctor Diego Hernán Valiante; en mil ochocientos pesos ($1.800.-) los del letrado apoderado de la concursada, doctor Francisco Crespo Sarrabayrouse; y en dos mil cien pesos ($2.100.-) los del letrado apoderado de la incidentista, doctor Marcelo Sergio Lozano (arts. 6, 7 , 9 , 19  y 33  ley 21.839, mod. por ley 24.432).

Respecto de los estipendios del síndico, el artículo citado de la ley concursal no determina a qué preceptos se debe recurrir para su fijación.

Cabe entonces estimar los mismos de forma prudencial, teniendo en cuenta las pautas citadas supra y la proporción que deben guardar junto con los de los demás profesionales intervinientes en el proceso (v. esta Sala en «Bricolage de Argentina S.A.s/ quiebra s/ incidente de revisión promovido por Nuevo Banco del Suquia S.A.», del 02.03.10).

Con tales parámetros y habiéndose homologado en las actuaciones principales la propuesta ofrecida por la concursada, se fijan en ochocientos pesos ($ 800) los del síndico, contador Omar Lares.

Finalmente, en cuanto a los estipendios del perito contador que efectuara la pericia en autos, cabe referir que la mecánica aplicación de las alícuotas arancelarias previstas por la Dec. Ley 16.638/57 daría lugar a la determinación de una remuneración para el experto materialmente excesiva y concretamente desproporcionada con los mínimos y máximos que prevé la Ley n° 21.839 .

Tal proceder debe ser descartado, para establecer una retribución acorde a la extensión de las labores profesionales desarrolladas efectivamente en la causa (art. 271 LCQ). Por ello, se fijan en quinientos pesos ($500.-) los del perito contador Sebastián Wexler (art. 13  de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

d. Notifíquese y oportunamente devuélvase.

La doctora Alejandra N. Tevez no interviene en la presente dec isión por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Juan Manuel Ojea Quintana, Rafael F. Barreiro. Ante mí: María Julia Morón. Es copia del original que corre a fs.185/187 de los autos de la materia.

María Julia Morón

Prosecretaria de Cámara

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