Declaración de quiebra por falta de mayorías necesarias no pudiendo tener en cuenta el voto que tardíamente pretendió incorporar el fallido.

Partes: Ausilio Néstor Aníbal s/ quiebra, incidente de apelación (art. 250 del Código Procesal)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 3-jul-2012

Cita: MJ-JU-M-74722-AR | MJJ74722 | MJJ74722

No obtenidas las mayorías en tiempo propio, procede la declaración de quiebra y no obsta a la misma el voto que tardíamente pretendió incorporar el fallido, de quien recibió por cesión el crédito.

Sumario:

1.-Conocido es el arduo debate que existe acerca de cuáles son los acreedores legitimados para emitir su voto en tales términos y formar la voluntad acreedora y lo que se discute es si esa legitimación sólo corresponde a los acreedores verificados y declarados admisibles en los términos del art. 36  de la LCQ, o si, en cambio, también debe admitirse el voto de quienes hayan recibido los créditos así verificados o admitidos, por cesión o subrogación.

2.-La discusión sobre la legitimación de los cesionarios de los créditos correspondientes a los acreedores verificados ha enfrentado enfáticamente a la doctrina dado que, quienes consideran inadmisible la posición amplia, la impugnan por estimar que mediante ella se propicia un fraudulento tráfico de votos en el marco concursal, susceptible de distorsionar la genuina expresión de voluntad de los acreedores involucrados, de modo que, no obtenidas las mayorías en tiempo propio, es técnicamente inadmisible aceptar una alteración de tal resultado con base en un voto que no pudo ser considerado por los restantes coacreedores de quien pretende sumarse con tan significativo alcance.

3.-El proceso concursal se halla diseñado en sucesivas etapas con contenido específico, ninguna de las cuales puede ser eludida sin riesgo de alterar el resultado al que el legislador quiso arribar y ese diseño no es caprichoso, sino que es la forma que el legislador encontró para regular la concursalidad del procedimiento, permitiendo que todos los acreedores -o quiénes pretendan serlo- puedan insinuar sus créditos y controlar, a su vez, a todos aquellos que invoquen título para ello.

4.-El proceso concursal contempla una específica etapa para que los interesados puedan eventualmente cuestionar la conformación de las mayorías, cual es la prevista en el art. 50  de la ley 24522 y en tal marco, no es admisible la pretensión del fallido, consistente en computar el voto que tardíamente pretendió incorporar a la causa, quien invocó que las aludidas mayorías deberían considerarse reunidas, pues ello importaría tanto como admitir la validez de un voto que ha sido sustraído del control que la ley confiere a aquéllos.

5.-En el trámite concursal, existe un debate que aquí no pudo ser suprimido sin correr el riesgo de lesionar el derecho de defensa que asistía a los eventuales acreedores interesados en contradecir la legitimación del emisor de ese voto tardíamente presentado. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 3 de julio de 2012.

Y VISTOS:

I. Viene apelada la resolución copiada a fs. 4/6 -mantenida a fs. 16/18- por medio de la cual el señor juez de la anterior instancia juzgó no cumplida la doble mayoría exigida por el art. 45 L.C.Q., y declaró la quiebra del deudor.

II. El fallido apeló en subsidio a fs. 13/15, recurso que fue contestado por la sindicatura a fs. 22.

III. La Sra. Fiscal General ante esta Cámara emitió dictamen a fs. 33/34.

IV. 1. Se adelanta que el recurso propuesto por el deudor no ha de prosperar.

En efecto: como surge de los antecedentes de la causa, el juez de primera instancia declaró la quiebra del recurrente por considerar que, luego de vencido el plazo del período de exclusividad, no habían sido reunidas las mayorías previstas en el artículo 45 L.C.Q.

El recurrente no controvierte tal plataforma fáctica, pero alega que, computando el voto que tardíamente pretendió incorporar a la causa, las aludidas mayorías deberían considerarse reunidas habilitando a esta Alzada a revocar la quiebra declarada.

Como se adelantó, no le asiste razón.

No importa esto adoptar aquí un criterio afectado de excesivo rigor formal; pues, si bien es verdad que en numerosas ocasiones esta Cámara ha admitido la posibilidad de que el justiciable integre ante ella recaudos que no había cumplido en la primera instancia, lo cierto es que temperamentos de esa índole sólo son viables cuando no se afectan derechos que ya hayan sido decididos con carácter firme.

En la especie, la admisión del planteo podría afectar tales derechos.

Así cabe concluir si se atiende a que el “voto” que el recurrente pretende hacer valer a estos efectos ha sido emitido por quien, en esa instancia extrema del proceso concursal -esto es, con quiebra ya declarada aunque no firme- recibió por cesión el crédito que le otorgó la legitimación que invocó para pronunciarse al respecto (ver fecha decreto de quiebra; de denuncia desubrogación; y de certificación de firma de la conformidad -fs. 376, fs. 390/vta y fs. 392 respectivamente, todas ellas de los autos principales-).

Conocido es el arduo debate que existe acerca de cuáles son los acreedores legitimados para emitir su “voto” en tales términos y formar la voluntad acreedora.

Lo que se discute, en lo que aquí interesa, es si esa legitimación sólo corresponde a los acreedores verificados y declarados admisibles en los términos del art. 36  de la LCQ, o si, en cambio, también debe admitirse el “voto” de quienes hayan recibido los créditos así verificados o admitidos, por cesión o subrogación.

La discusión de marras ha enfrentado enfáticamente a la doctrina dado que, quienes consideran inadmisible la posición amplia, la impugnan por estimar que mediante ella se propicia un fraudulento tráfico de votos en el marco concursal, susceptible de distorsionar la genuina expresión de voluntad de los acreedores involucrados (ver: Richard Efraín H., “Legitimación para votar el acuerdo concursal; ¿negocio colegial colectivo?”, LL 2006-B, 894; Junyent Bas, Francisco, “El perfil negocial del concordato. Los acreedores “no votan”: prestan su conformidad individual”, LL 2007-C, 1195; Vítolo, Daniel R., Transferencia de créditos en el concurso y sustitución concursal, LL 2006-F, 1375; Lorente, Javier A., “La cesión de créditos concursales (o su versión política:la ´compra de votos´) ¿es contraria a derecho?; más aún ¿es moral?”, VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, Rosario, 2006).

Claro resulta, entonces, que, no obtenidas las mayorías en tiempo propio, es técnicamente inadmisible aceptar una alteración de tal resultado con base en un “voto” que no pudo ser considerado por los restantes coacreedores de quien pretende sumarse con tan significativo alcance.

Adviértase, en tal sentido, que el proceso concursal se halla diseñado en sucesivas etapas con contenido específico, ninguna de las cuales puede ser eludida sin riesgo de alterar el resultado al que el legislador quiso arribar.

Ese diseño no es caprichoso, sino que es la forma que el legislador encontró para regular la “concursalidad” del procedimiento, permitiendo que todos los acreedores -o quiénes pretendan serlo- puedan insinuar sus créditos y controlar, a su vez, a todos aquellos que invoquen título para ello.

En lo que aquí importa, ese trámite contempla una específica etapa para que los interesados puedan eventualmente cuestionar la conformación de las mayorías, cual es la prevista en el art. 50  de la misma ley.

En tal marco, no es admisible la pretensión del fallido, dado que lo contrario importaría tanto como admitir la validez de un voto que ha sido sustraído del control que la ley confiere a aquéllos.

No importa esto tomar partido alguno acerca del debate más arriba aludido, sino aceptar que hay un debate que aquí no pudo ser suprimido sin correr el riesgo de lesionar el derecho de defensa que asistía a los eventuales acreedores interesados en contradecir la legitimación del emisor de ese voto tardíamente presentado.

IV. 2.Y nada agrega tampoco a los efectos del cómputo de las mayorías, la pretendida renuncia que de su privilegio habría realizado el acreedor Consorcio de Copropietarios Los Cardales Country Club.

Al respecto, nótese que como bien señaló el a quo, no hay constancia en el expediente de ninguna renuncia a ningún privilegio, y la supuesta ratificación que de tal acto se habría pretendido realizar, fue exteriorizada con posterioridad al decreto de quiebra (ver fs. 388).

En ese contexto, es que corresponde decidir la cuestión del modo adelantado.

V. Por todo ello se RESUELVE: rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el fallido, y confirmar la sentencia recurrida.

Comuníquese a la Sra. Fiscal General a cuyo fin pase el expediente a su despacho.

Cumplido, remítase la causa -junto a las actuaciones venidas en vista-, al Juzgado de primera instancia, encomendándose al Sr. juez que tenga a bien disponer las comunicaciones del caso.

El Dr. Juan R. Garibotto no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109  del Reglamento para la Justicia Nacional).

Eduardo R. Machin, Julia Villanueva. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia del original que corre a fs. 35/6 de los autos de la materia.

Eduardo R. Machin

Julia Villanueva

Rafael F. Bruno

Secretario

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