La actora reviste la calidad de responsable del pago de los derechos de publicidad del taller mecánico que presta el servicio de post-venta.

Partes: Fiat Argentina S.A. c/ Municipalidad de la Carlota s/ demanda contencioso administrativa – recurso de casación

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Sala/Juzgado: Contencioso Administrativa

Fecha: 23-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-74526-AR | MJJ74526 | MJJ74526

El fabricante de automotores reviste la calidad de contribuyente y/o responsable del pago de los derechos de publicidad y propaganda con relación al domicilio correspondiente al taller mecánico que presta el servicio de post-venta con otra razón social, concesionario oficial del accionante.

Sumario:

1.-Cabe con firmar la sentencia en cuanto concluyó que la firma actora revestía la calidad de contribuyente y/o responsable del pago de los derechos de publicidad y propaganda con relación a los medios constatados en el domicilio correspondiente al taller mecánico que presta el servicio de post-venta con otra razón social, concesionario oficial de la accionante.

2.-La actora, luego de las distintas fusiones por absorción, es la empresa que queda a cargo de las actividades del grupo empresarial en el país, ya sea por si misma o a través de terceros o asociada a terceros, tal como se manifiesta en su objeto social y, por ende, es quien decide las campañas publicitarias de todo el grupo en Argentina, el cual a su vez se ve beneficiado en su conjunto y por ello resulta acertado que de entre las distintas firmas que lo integran, sea la responsable del pago de la contribución en cuestión quien dirige al conjunto empresario, más allá de la titularidad de la marca.

3.-El a quo entendió que aun cuando la firma actora no fuese la titular de la marca que la demandada le atribuye, ello no constituye un obstáculo para que haya utilizado o utilice dicha marca, aseveración que permanece incólume ante la falta de refutación alguna por parte de la recurrente.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a los veintitrés días del mes de agosto de dos mil doce, siendo las doce horas, se reúnen en Acuerdo Público los Señores Vocales integrantes de la Sala Contencioso Administrativa del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Doctores Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti y Armando Segundo Andruet (h), bajo la Presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: “FIAT ARGENTINA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LA CARLOTA – DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – RECURSO DE CASACIÓN” (Expte. Letra “F”, N° 13, iniciado el diez de septiembre de dos mil diez), fijándose las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde?-

Conforme al sorteo que en este acto se realiza los Señores Vocales votan en el siguiente orden: Doctores Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti y Armando Segundo Andruet (h).-

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:-

1.- A fs. 466/472 la parte actora interpuso recurso de casación en contra de la Sentencia Número Veintiocho, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Primera Nominación de la ciudad de Río Cuarto el doce de abril de dos mil diez (fs. 452/465vta.), la que resolvió: “I) Hacer lugar parcialmente a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por “FIAT ARGENTINA S.A.” en contra de la Municipalidad de La Carlota. II) Rechazar los planteos de la accionante en cuanto persiguen la anulación de las Resoluciones N° 14/06 de fecha 24 de abril de 2006, N° 63/06 del 31/07/06 y 292/06 del 18 de octubre de 2006, dictadas por la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de La Carlota, en tanto concluyen confirmando la determinación de la calidad de contribuyente y/o responsable que “FIAT ARGENTINA S.A.” reviste respecto de los “derechos de publicidad y propaganda” que contempla el art.186 de la Ordenanza General Impositiva del municipio demandado, en cuanto a los medios constatados en el domicilio de calle San Martín 320 de esa localidad, como así también el procedimiento seguido en las liquidaciones practicadas. III) Declarar el derecho de la demandante a la restitución de la suma que ingresó al fisco municipal en exceso, cuya restitución la Municipalidad de La Carlota deberá efectivizar en el plazo de cuatro meses. IV) Distribuir las costas del juicio por el orden en que han sido causadas. V) Diferir la regulación de honorarios.”.

2.- En aquella Sede el procedimiento se cumplió con la intervención de la parte demandada, quien a fojas 474/483 evacuó el traslado corrido a fojas 473 y solicitó se rechace el recurso de casación, con costas.

3.- Concedido por el Tribunal a quo a través del Auto Interlocutorio Número Doscientos diez del veintiocho de julio de dos mil diez (fs. 488/489), se elevaron los autos a esta Sede (fs. 497) y se dio intervención al Señor Fiscal General de la Provincia (fs. 499), expidiéndose el Señor Fiscal Adjunto por la procedencia del recurso de casación (Dictamen CA Nº 950 de fecha 26 de octubre de 2010, fs. 500/502vta.).-

4.- El decreto de autos se dictó a fojas 503, por lo que al quedar firme (fs. 504/504vta.), la causa se encuentra en estado de ser resuelta.

5.- Con sustento en el motivo formal de casación (art.45 inciso b)  de la Ley 7182) la recurrente alega que el Tribunal a quo ha incurrido en un quebrantamiento de las formas sustanciales establecidas para el dictado de la sentencia.

Alega que la Sentenciante se ha apartado de los términos de la litis, en tanto no consideró los argumentos esgrimidos por las partes.-

Explica que el único argumento defensivo de la accionada, tal como lo reconoció la Sentenciante, es que su parte resulta titular de la marca promocionada, agente denunciado y beneficiario de la supuesta publicidad.

Agrega que el referido argumento ha quedado desvirtuado al confirmarse expresamente que la marca no le pertenece, que no se ha beneficiado con la publicidad y que mucho menos ha sido el agente que la ha ordenado.

Entiende que existió un claro apartamiento de la traba de la litis, por cuanto los argumentos que sostiene la Sentenciante para condenar no son los esgrimidos por la demandada al ejercer su defensa.-

Manifiesta que el argumento referido a que la publicidad que se encuentra en el local comercial Pinerolo S.A.le es atribuible, no fue aportado por la demandada, sino que ha sido elaborado por la propia Cámara a quo.

Expresa que el Tribunal de Mérito también se ha apartado de la litis al considerar que no se indicaron las formalidades que debieron observarse, ya que se hizo especial hincapié en la falta de tratamiento de las pruebas ofrecidas (contable, informativa y documental).

Sostiene que la nulidad de los actos administrativos radica en la falta de sometimiento a las formalidades previstas y al tratamiento de las defensas y de las pruebas ofrecidas.

Considera que expresar -tal como lo ha hecho la Sentenciante- que su planteo sólo se ha limitado a la omisión del traslado de las actas, implica desconocer las defensas planteadas y apartarse de los términos de la litis.

Indica que si el Tribunal a quo hubiera analizado la pretensión planteada en los términos en que fue articulada, otra habría sido la solución brindada.

Afirma que el pronunciamiento recurrido carece de la debida fundamentación lógica y legal, por lo que viola el artículo 155  de la Constitución Provincial.-

Sostiene que el Tribunal de Mérito se ha apartado de las formas previstas para la sentencia al analizar la prueba rendida en la causa.

Postula que los elementos probatorios aportados resultan contundentes para rebatir las defensas esgrimidas por la demandada así como los fundamentos vertidos en los actos administrativos impugnados.

Expresa que en un proceso contencioso administrativo donde rige el principio de la verdad real y de la legalidad objetiva, todo elemento trascendente y dirimente debe ser analizado, máxime cuando toda la prueba rendida en la causa determina que su parte es ajena a toda marca o relación comercial con la publicidad o propaganda que se le imputa.

Precisa que no se han analizado las actas notariales agregadas en autos, de donde surge que se trata de comercios que en nada se relacionan con Fiat Argentina S.A.y que no exhiben publicidad ni marca alguna.

Añade que de las distintas escrituras que se encuentran incorporadas surge cuál es el objeto social de Fiat Argentina S.A., el que no tiene ninguna conexión con la propaganda y la publicidad que se le imputa.

Afirma que se ha acreditado que la firma en cuestión no tiene por objeto la comercialización de vehículos.-

Puntualiza que tampoco se han analizado correctamente los oficios ni la prueba pericial contable.

Manifiesta que la demandada no ha impugnado ninguno de estos informes, lo que les da fuerza de convicción suficiente para ser considerados al momento de resolver.

Considera que el informe del perito oficial, que tampoco ha sido impugnado por la demandada, resulta trascendental para la resolución de la causa.

Concluye que si el Tribunal a quo hubiera analizado la prueba dirimente acercada al proceso, se habría confirmado que su parte nada tiene que ver con la publicidad que se le imputa.

Entiende que existe una clara contradicción en el razonamiento del Tribunal a quo, ya que, por un lado, sostiene que no se puede colegir de los antecedentes colectados en el expediente administrativo que sea la titular de la marca consignada en las actas de constatación, como así tampoco que resulte beneficiada directa o indirectamente con la publicidad en cuya realización se pretende fundar la determinación del tributo y, por el otro, concluye que reviste la calidad de contribuyente y responsable del pago de los derechos de publicidad y propaganda, por los hechos verificados en el establecimiento ubicado en San Martín 320 de la ciudad de La Carlota.

Indica que ambos resultados son inaceptables en derecho, ya que o puede ser titular de la marca y estar beneficiada o no puede ser titular y, por lo tanto, no encontrarse beneficiada.

Hace reserva del caso federal.

6.- La instancia extraordinaria local ha sido interpuesta en tiempo propio, en contra de una sentencia definitiva y por quien se encuentra procesalmente legitimado a tal efecto (arts. 45 del C.P.C.A.y 385 y 386  del C.P.C. y C., por remisión del art. 13  de la Ley 7182).

Por ello, corresponde analizar si el remedio ensayado satisface las demás exigencias para su procedencia formal y sustancial.

7.- Mediante el pronunciamiento recaído en autos, la Sentenciante hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Fiat Argentina S.A. y desestimó su planteo efectuado en contra de la validez de las Resoluciones Números 14/2006, 63/2006 y 292/2006, dictadas por la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de La Carlota, en tanto confirmaron la determinación de la calidad de contribuyente y/o responsable que la demandante reviste respecto de los derechos de publicidad y propaganda que contempla el artículo 186 de la Ordenanza General Impositiva (O.G.I.) del Municipio demandado, en cuanto a los medios constatados en el domicilio de la calle San Martín 320 de la localidad de La Carlota. Asimismo ordenó la restitución a la firma actora de la suma abonada en exceso por los rubros contenidos en las liquidaciones 000092, 000379 y 000663 identificados en éstas como “San Martín 156 – La Carlota”.

Contra dicho pronunciamiento alza su embate recursivo la casacionista.

8.- El recurso de casación configura un medio extraordinario de impugnación de la sentencia, por motivos de derecho específicamente previstos por nuestro ordenamiento procesal (art. 45 del C.P.C.A.), que debe contener una fundamentación autónoma en la cual se brinden los argumentos sustentadores de cada motivo (art. 385 inc. 1(ref :leg9749.385) del C.P.C. y C., aplicable por remisión expresa del art. 13  de la Ley 7182).

A fin de cumplir dicho recaudo, la recurrente debe impugnar idóneamente los elementos que sustentan el fallo, explicando sobre la base de los presupuestos del pronunciamiento, en qué ha consistido la infracción que le atribuye, cuál es su influencia en el dispositivo y cómo y porqué éste debe variar.La crítica referida debe ser completa, pues si omite referirse a elementos esgrimidos en el fallo que sean capaces de sustentarlo, el recurso será improcedente (cfr. de la Rúa, Fernando, El Recurso de Casación, Buenos Aires, 1968, Editor Víctor P. de Zavalía, pág. 464).

La doctrina consolidada de este Tribunal Superior de Justicia, a través de sus distintas Salas, actualiza el principio rector según el cual el recurso de casación no cubre la discrepancia del recurrente con la determinación de los hechos y el encuadramiento jurídico que realizan los Jueces de la causa, en la medida que no se demuestre un vicio in procedendo o in iudicando, eficaz para habilitar la instancia de anulación (Sala Cont. Adm., Sent. Nro. 78/1998 “Arciadiácono.”, entre muchas). Lo contrario convertiría a este Tribunal en una instancia ordinaria para atender las objeciones de los litigantes a quienes anima un diverso criterio de interpretación, lo que no se compadece con la competencia atribuida al Máximo Órgano Jurisdiccional por la Constitución de la Provincia (art. 165 inc. 3 ).

Con esa proyección se analizará la viabilidad formal y sustancial de las objeciones opuestas al decisorio del A quo.

9.- Por razones de orden metodológico que coadyuvan a un mejor tratamiento de la materia cognoscitiva traída a esta instancia, resulta adecuado tratar en primer término los agravios referidos a la omisión e incorrecta valoración de prueba dirimente para la resolución de la causa.

9.1.- Con relación a la alegada omisión de analizar y valorar correctamente pruebas dirimentes en que habría incurrido la Sentenciante, debe destacarse que una prueba es decisiva no porque como tal la conceptúe y califique la recurrente, sino por su naturaleza misma.Por ello y a los fines de la procedencia formal del recurso de casación, la impugnante debe procurar demostrar que las razones tenidas para apreciar la calidad decisiva que atribuye a la prueba que se dice omitida son eficaces para persuadir que ese elemento está cabalmente dotado de la fuerza de convicción indispensable para repeler la decisión dictada, atento la incompatibilidad entre los elementos meritados por el Juzgador y los que se estiman omitidos (A.I. Nro. 40/1993 “Barros.”, Auto Nro. 88/1998 “Camandone.” y Sent. Nro. 83/2002 “Cester de García”, entre otros).

Dichas exigencias no se cumplimentan en el sub lite donde la impugnante denuncia la supuesta omisión por el A quo de valorar alguno de los elementos de prueba que especifica, agravio que carece de sustento real.

Tan es así, en razón que la casacionista afirma que el A quo no ha analizado “.las actas Notariales agregadas a fs. 39/46 de autos.” de donde surge -a su entender- “.que se trata de comercios que en nada se relacionan con Fiat Argentina S.A. y que no exhiben publicidad ni marca alguna.” (cfr. fs. 468vta.).

Tales alegaciones no son de recibo, toda vez que a fojas 461vta. el Tribunal de Mérito hizo expresa referencia a la documental pretendidamente omitida.

Así sostuvo que “.del acta notarial de constatación obrante a fs. 40 -acompañada por la actora- se consigna que ‘PINEROLO S.A.’, con domicilio en calle San Martín 320 de La Carlota es concesionario oficial de FIAT y en ese domicilio se encuentra establecido un taller mecánico con servicio de post-venta.”.-

La censura expuesta por la impugnante en orden a que la Sentenciante ha omitido valorar correctamente la documental de fojas 194/318, de la cual surge el objeto social de Fiat Argentina S.A., como así también los Informes de fojas 349 y 367 y la pericia contable que obra agregada a fs. 391/392vta.y 407/408vta., no es de recibo por carecer de sustento real.-

La Sentenciante, tras analizar la documental agregada a estos autos, precisó que “.en el objeto social de la firma actora -tal como quedó modificado por acta del 2 de julio de 1999 (fs. 235/245)- está contemplado en el artículo tercero, punto IV la explotación de plantas industriales para la fabricación y transformación de vehículos industriales, camiones, automóviles, ómnibus, autoelevadores, incluyendo sus elementos principales o accesorios, motores, conjuntos mecánicos, eléctricos y electrónicos, partes y repuestos. y la comercialización y servicios de reparaciones y asistencia técnica para todos o cualesquiera de estos elementos.” (cfr. fs. 461vta., el destacado es agregado).

Respecto de los informes en cuestión, señaló que “.Si bien el informe de la Asociación de Fabricantes Automotrices de la República Argentina (ADEFA), obrante a fs. 364 y 367, surge que Fiat Argentina S.A. no es asociada a esa entidad y no es terminal de la industria automotriz, lo que excluiría las actividades contempladas en el ítem a), nada se dice acerca de las señaladas en los ítems b) y c), que comprenden la comercialización en el mercado interno, la importación de los productos referidos en el apartado a) y la prestación de servicios de reparaciones y asistencia técnica para los elementos aludidos en dicho párrafo.” (cfr. fs. 461).-

Asimismo destacó que “.Del informe emitido por la Dirección de Asuntos Legales del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (fs. 349) se desprende que FIAT no tiene marcas registradas ni solicitadas por ante el Organismo. Queda así excluida la titularidad de la marca que le atribuye la demandada a la firma actora, lo cual no obsta -por cierto- a que la misma haya sido o sea utilizada, a pesar de la falta de registración.” (fs.461/461vta.).

De los párrafos transcriptos surge claramente que no le asiste razón a la casacionista, ya que la Cámara a quo no dejó de valorar la prueba aludida sino que, por el contrario, consideró que ésta carecía de virtualidad para demostrar los extremos invocados en la demanda.

Sobre este punto cabe aclarar que del Informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (fs. 349) surge que “I-SI FIAT (tal como fuera consignada), no tiene marcas registradas, ni solicitadas por ante este Organismo al día de la fecha” (énfasis agregado), es decir que en rigor el informe no descarta que Fiat Argentina S.A. sea la titular de la marca en cuestión, solamente acredita que la firma “I-SI FIAT”, no es titular de una marca registrada ante dicho organismo y no Fiat Argentina S.A.

Si se observa el oficio de fojas 190 se aprecia que el Tribunal de Mérito solicitó al organismo en cuestión que “.se sirva informar: I-si Fiat Argentina SA es o no es dueña o propietaria de la marca FIAT en Argentina.”.

Vale decir que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, según lo informado, tomó como parámetro de búsqueda la denominación “I-SI FIAT” en vez de “Fiat Argentina S.A.” para averiguar en sus registros si la firma actora tenía o no una marca registrada.

Esto se debe a que antepuso a la palabra “Fiat”, el número romano uno, seguido de un guión más la preposición “si”, todo junto como si se tratase de una sola palabra, consecuentemente al buscar si la firma “I-si Fiat” era titular de la marca Fiat difícilmente podría haber hallado en el sistema la respuesta al oficio.

En consecuencia, lo único que acredita la prueba informativa incorporada a estos autos es que “I-SI FIAT” no tiene una marca registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, mas no prueba en manera alguna que Fiat Argentina S.A.no sea la dueña de la marca en cuestión, como pretende la casacionista, ya sea “.por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros.” atento lo establecido en su objeto social (cfr. fs. 238vta.).-

Efectivamente, la Juzgadora destacó que, aún cuando la firma actora no fuese la titular de la marca que la demandada le atribuye, ello no constituye un obstáculo para que haya utilizado o utilice dicha marca (cfr. fs. 461/461vta.), aseveración que permanece incólume ante la falta de refutación alguna por parte de la recurrente.

Finalmente, en lo que respecta a la pericial contable, cabe destacar que el Tribunal de Mérito también valoró dicha prueba cuando sostuvo que “.de la documentación exhibida a la perito no surge que Fiat Argentina S.A. hubiera ordenado la publicidad que se menciona en las actas y liquidaciones.” (cfr. fs. 461vta.).

Por consiguiente, la Cámara a quo consideró y valoró especialmente las pruebas que según la casacionista fueron omitidas o valoradas incorrectamente por aquella, al resolver la cuestión sometida a juzgamiento.

Pero es del caso, que estas pruebas no fueron analizadas en forma aislada sino integradas dentro del conjunto conformado por el resto del material probatorio incorporado a la causa.-

No debe olvidarse que en virtud del principio de unidad de la prueba, ésta debe ser valorada en su totalidad, razón por la cual los elementos de prueba no pueden ser analizados en forma separada sino que, por el contrario, éstos deben ser valorados en su conjunto, con el fin de llegar al convencimiento de la verdad o falsedad de los hechos controvertidos.

Destacada doctrina afirma que “.los diversos medios de prueba analizados no constituyen, de manera alguna, compartimentos estancos. Unos y otros aparecen como elementos de un todo y será su conjunto lo que dará la prueba sintética y definitiva de los hechos.” (Devis Echandía, Hernando, citado por Peyrano, Jorge W. y Chiappini, Julio O., Apreciación conjunta de la prueba, en materia civil y comercial, J.A.1984 -III- 799 y vta.).

En efecto, aún cuando los informes agregados a fojas 349 y 367 y el dictamen pericial de fojas 391/392vta. y 407/408vta., individualmente considerados, podrían aparentemente acreditar los extremos invocados por la actora en su demanda, al integrarla con los demás elementos probatorios, carecen de valor dirimente ante la presencia de otros elementos que para la Juzgadora poseen mayor valor convictivo.

De tal modo, el Tribunal de Mérito tuvo especialmente en cuenta la documental glosada a fojas 235/245, de la cual surge el objeto social de la firma actora, como así también el acta notarial de constatación obrante a fojas 40 -acompañada por la actora- en la cual consta que Pinerolo S.A., con domicilio en calle San Martín 320 de La Carlota es concesionario oficial de Fiat y en ese domicilio se encuentra establecido un taller mecánico con servicio de post-venta.

Asimismo, consideró de suma importancia las manifestaciones del Gerente Comercial de Pinerolo S.A. en oportunidad de labrarse el acta notarial de constatación por parte de la Escribana requerida por el apoderado de la firma accionante, en cuanto expresó que “.todos los carteles, logos y propaganda que se encuentran exhibidos en dicho taller mecánico, le son exigidas por ‘Fiat Argentina S.A.’ como integrantes de la red de concesionarios” (cfr. fs. 40).

Basándose en esos elementos tuvo por acreditada la existencia de una vinculación entre las declaraciones juradas contenidas en las actas de fojas 82/85, labradas por el personal del Municipio demandado en el proceso de determinación tributaria y la difusión pública de la marca que se identifica con la firma actora.

Finalmente, la Sentenciante concluyó que Fiat Argentina S.A.reviste la calidad de contribuyente y/o responsable del pago de los derechos de publicidad y propaganda con relación a los medios constatados en el domicilio de calle San Martín 320 de la localidad de La Carlota, correspondiente al taller mecánico que presta el servicio de post-venta de la razón social Pinerolo S.A., concesionario oficial Fiat, de conformidad con lo prescripto por la Ordenanza General Impositiva municipal.

9.2.- En consecuencia, los argumentos vertidos por la impugnante para descalificar la sentencia dictada y procurar la modificación de lo decidido carecen de sustento real y lucen en realidad, como un intento de revalorización de prueba y modificación de la premisa fáctica que excede el marco de revisión del recurso casatorio, pues ha menester recordar que la selección y determinación del valor convictivo de las pruebas incorporadas al proceso y la fijación de los hechos relevantes, es facultad exclusiva de la Cámara a quo y, por lo tanto, esta materia resulta ajena al control del Tribunal de Casación, salvo en supuestos de interpretación arbitraria, vicio que conlleva un defecto en la fundamentación de la sentencia (conf. doctrina en Sentencias Nro. 137/1999 “Leonhart.”, Nro. 172/2000 “Cruchaga de Pons.” y Nro. 33/2001 “Azar.”, entre otras), el cual no se configura en el sub iudice.-

Las alegaciones de la recurrente no acreditan la existencia de un supuesto de arbitrariedad en la valoración de la prueba que permita la actuación de una excepción a los principios sentados, desde que la Judex a quo ha seleccionado los elementos de prueba y los ha meritado, traduciendo solamente una contraposición con las premisas sustentadas por el Tribunal a quo, sobre la base de una serie de apreciaciones subjetivas que ya fueron atendidas en su oportunidad.Tal esfuerzo resulta insuficiente para poner en evidencia el desacierto o la arbitrariedad de los argumentos vertidos por la Juzgadora.

9.3.- Las consideraciones expuestas son lo suficientemente persuasivas en el sentido que la prueba producida, considerada de manera integral por el Tribunal de Juicio, provee de adecuado sustento a la premisa fáctica, según la cual, la recurrente resultó beneficiada con la publicidad de su marca que se exhibía en el domicilio de calle San Martín 320 de la localidad de La Carlota, resultando, por lo tanto, sujeto pasivo de la obligación tributaria.

9.4.- Por si alguna duda cabe, de que esta es la interpretación que se adecua a la realidad del caso, basta confrontar la documentación estatutaria acompañada por la propia actora para observar que de ella surge claramente que Fiat Argentina S.A. realiza una serie de fusiones por absorción como sociedad absorbente, con el objetivo de programar y manejar unificadamente todas las actividades del grupo empresarial Fiat (cfr. fs. 198), mediante la reducción de estructuras, buscando mayor eficiencia y respaldo hacia terceros (cfr. fs. 200vta., 224, 243 y 253vta.) y, para ello, realiza las modificaciones correspondientes a su estatuto social, ampliando su objeto social (cfr. fs. 238/239, 285 y vta., 305 y 312) y otorgando las correspondientes facultades del directorio (cfr. fs. 269vta., 286vta. y 294), todo en pos de la coordinación empresarial.

Efectivamente, se aprecia que la actora inicialmente se constituye como Indufisa Sociedad Anónima Financiera Inmobiliaria y Comercial teniendo como objeto social la realización de “.operaciones financieras en general, compra y venta o cesión de acciones y participaciones, aportes de capital directa o indirectamente a empresas y sociedades. por cuenta propia o de terceros. operaciones comerciales de importación, exportación y compraventa de mercaderías en general, ejercer mandatos, representaciones y comisiones en general.” (cfr. fs.312).-

Luego, con motivo de la adecuación de su estatuto a las disposiciones de la Ley 19.551, pasa a denominarse Indufisa Sociedad Anónima Financiera y de Inversiones fijándose como objeto social “.la realización de operaciones financieras y de inversión en toda clase de bienes inmuebles, muebles y valores mobiliarios en el país y/o en el exterior.” (cfr. fs. 305).

Después, cambia su denominación a Fiat Argentina Sociedad Anónima (cfr. fs. 299) otorgándose al directorio facultades para celebrar “.toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social. operar con los Bancos. establecer agencias, sucursales u otras especies de representación dentro o fuera del país.”, modificación que es ratificada posteriormente (cfr. fs. 293/294).

Tras ello, comienza el proceso de reorganización societaria bajo la forma de fusión por absorción en la que Fiat Argentina S.A. comienza por incorporar a Fiat Diesel Sociedad Anónima Argentina antiguamente denominada Fiat Camiones Sociedad Anónima (cfr. fs. 274), buscando lograr una mayor eficiencia en el desenvolvimiento de la actividad empresarial (cfr. fs. 282vta.) que comprende “.todas las actividades que en cumplimiento de sus respectivos objetos sociales, desarrollan las entidades fusionadas, así como todos sus rubros patrimoniales, créditos, derechos y obligaciones. consolidándose unos y otros en cabeza de Fiat Argentina.” (fs. 283vta.) con tal motivo se reforma el estatuto social y en lo que interesa a este juicio, se establece como objeto “.la realización por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, de las siguientes actividades: a) Operaciones financieras y de inversión en toda clase de bienes inmuebles, muebles y valores mobiliarios. b) La explotación de plantas industriales para la fabricación y transformación de vehículos industriales, camiones chasis cabinados, ómnibus, autolelevadores, incluyendo sus elementos principales o accesorios, motores, conjuntos o subconjuntos mecánicos y eléctricos, partes y repuestos. c) La comercialización en el mercado interno o externo, así como la importación de los productos a que se refiere el apartado anterior.d) La prestación de servicios de reparaciones y asistencia técnica para todos o cualesquiera de los elementos mencionados precedentemente. Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todo otro acto que no resulte prohibido por la ley o sus Estatutos” (fs. 285 y vta.); asimismo nuevamente se faculta al Directorio a “.establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país.” (fs. 286vta.).

A posteriori, con motivo del aumento del capital social se le otorga al Directorio la facultad para celebrar “.toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con los Bancos. establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país.” (fs. 269/269vta.).-

Más tarde, al absorber a Impresit Argentina Sociedad Anónima se manifiesta que “Tiende a lograr los siguientes objetivos: a) Reducir estructuras. b) Lograr una mayor eficiencia. c) Obtener mayor respaldo hacia terceros.” y se acuerda que “.todas las operaciones de la sociedad absorbida. serán consideradas efectuadas por cuenta y orden de la sociedad absorbente” (fs. 253vta./254).-

Seguidamente, se produce la fusión con las empresas Isvor Fiat Argentina Sociedad Anónima y Fiat Gesco Argentina Sociedad Anónima, debido a ello se amplía “.el objeto social adecuándolo a los objetos sociales de las sociedades fusionadas. Tiene por OBJETO realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, la siguientes actividades: I) SERVICIOS: a) De asesoramiento y consultoría destinados a empresas, sociedades comerciales, fundaciones, ya sea en el orden administrativo, financiero, impositivo, laboral, societario, de gestión empresarial y suministro de informes, estudios de mercado, confección de planes.- b) Administración de empresas en cualquiera de sus sectores y actividades, relevamiento, análisis, estudio e instrumentación de sistemas y programación de los mismos, ya sean administrativos, técnicos, financieros y comerciales. Realizar contratos de colaboración de empresas.- La actividad mencionada se realizará con personal propio o contratado. II) INMOBILIARIA: Mediante.explotación, instalación, construcción y acondicionamiento de toda clase de inmuebles y sus accesorios, sean urbanos, rurales, comerciales, industriales, depósitos. III) FINANCIERAS: Aportes de capitales a personas o sociedades constituidas o a const ituirse. comprar o vender acciones, títulos, y toda clase de valores mobiliarios. IV) INDUSTRIAL: a) La explotación de plantas industriales para la fabricación y transformación de vehículos industriales, camiones, automóviles, ómnibus, autoelevadores, incluyendo sus elementos principales o accesorios, motores, conjuntos mecánicos, eléctricos y electrónicos, partes y repuestos, sean estas operaciones para sí o para terceros, o con materias primas de su propiedad o de terceros. b) La comercialización en el mercado interno o externo, así como la exportación e importación de los productos a que se refiere el apartado anterior. c) La prestación de servicios de reparaciones y asistencia técnica para todos o cualesquiera de los elementos mencionados precedentemente. A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las Leyes o por este Estatuto” (fs. 238/239); en el acuerdo definitivo se reitera son los objetivos buscados (cfr. fs. 243 in fine) y se establece que “.la administración y representación de las sociedades absorbidas estarán a cargo de los administradores de la sociedad incorporante.” y que “.todas las operaciones de las sociedades absorbidas. serán consideradas efectuadas por cuenta y orden de la sociedad absorbente” (fs. 243vta./244).

A continuación anexa a Fiat Concord Sociedad Anónima, antes denominada Fiat Concord Sociedad Anónima Industrial y Comercial y originalmente como Fiat Someca Construcciones Córdoba Concord Sociedad Anónima Industrial y Comercial (cfr. fs. 219 y vta.) con los mismos fines buscados en el caso de la fusión con Impresit Argentina S.A. (cfr. fs. 224) sin necesidad de modificar el estatuto, puesto que “.sus actividades se encuadran dentro del actual objeto social de FIAT ARGENTINA S.A. .” (fs. 221vta.) a la vez que “.todas las operaciones de la sociedad absorbida.serán consideradas efectuadas por cuenta y orden de la sociedad absorbente” (fs. 225).

Finalmente esta serie de fusiones por absorción culmina con la incorporación de Business Solutions Argentina Sociedad Anónima, originalmente constituida como La Fenice Sociedad Anónima (cfr. fs. 195), con la finalidad de “.1) Reducir estructuras y costos operativos y administrativos.- 2) Alcanzar la programación y manejo unificado de todas las actividades.- 3) Lograr mayor eficiencia y competitividad” (fs. 198) sin necesidad de modificar el objeto social atento que “.sus actividades se encuadran dentro del actual objeto social de Fiat Argentina S.A. .” (cfr. fs. 199vta.) reiterándose el objetivo buscado en Impresit Argentina S.A. (cfr. fs. 200vta.) y estableciéndose que la sociedad absorbente adquiere la totalidad de los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida respecto de todos los bienes, créditos y pasivos absorbidos (cfr. fs. 203vta.).

Como surge del repaso realizado Fiat Argentina S.A. luego de las distintas fusiones por absorción, es la empresa que queda a cargo de las actividades del grupo empresarial Fiat en el país, ya sea por si misma o a través de terceros o asociada a terceros, tal como se manifiesta en su objeto social (cfr. fs. 238vta. y 285) y, por ende, es quien decide las campañas publicitarias de todo el Grupo Fiat en Argentina, el cual a su vez se ve beneficiado en su conjunto y por ello resulta acertado que de entre las distintas firmas que lo integran, sea la responsable del pago de la contribución en cuestión quien dirige al conjunto empresario, más allá de la titularidad de la marca.

En respaldo de esto, cabe decir que es público y notorio que Fiat Argentina S.A. está a la cabeza del conjunto de empresas del Grupo Fiat en Argentina, tal como da cuenta la nota periodística cuando anuncia que: “Al cumplir 10 años de labor al frente de Fiat Argentina SA, sociedad que coordina y desenvuelve las estrategias del Grupo Fiat en el país, Vincenzo Barello regresa a Europa.En su reemplazo, fue designado Cristiano Rattazzi, que asumió como nuevo presidente el primer día hábil de este mes, al tiempo que continuará al frente de Fiat Auto Argentina SA, empresa de la que es presidente desde 1996” (La Nación del 08/06/2002, Edición Impresa, Sección Al Volante -el destacado es propio-).

Lo cual también puede ser corroborado en la página oficial de Fiat Argentina en Internet (www.fiat.com.ar) donde se informa que: “Se realizó la 13° edición de entrega de los ‘Premios Fiat a la Educación2011’ para los hijos del personal de las empresas de Fiat S.p.A. y Fiat Industrial que operan en la Argentina (Fiat Auto Argentina; Fiat Powertrain; Comau Argentina; Fiat Services; Magneti Marelli, Iveco Argentina; CNH Argentina; Fiat Crédito Compañía Financiera; S.G.R., y F.P.T. Industrial) con una ceremonia que se realizó en el auditorio Susanna Agnelli del complejo industrial de Ferreyra, Córdoba, acto que presidió Cristiano Rattazzi en su calidad de Presidente de Fiat Argentina” (ver http://www.fiat.com.ar/Noticias/2011-11-24-se-llevo-a-cabo-la-13-edicion-de-los-premios-fiat-a-la-educacion -el destacado es propio-).-

En igual sentido se anuncia en el mismo sitio que: “Fiat Group Purchasing Argentina, responsable de las compras de las empresas de los grupos Fiat S.p.A. y Fiat Industrial que operan en el país, realizó un nuevo encuentro anual con proveedores de Fiat Auto Argentina, Iveco Argentina y Fiat Powertrain.El evento contó con la participación, entre otros, del máximo responsable de Fiat Group Purchasing América Latina, Osías da Silva Galantine; el Director de Calidad de Fiat Auto América Latina, Windson Vieira Paz, y el Presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, quien cerró el encuentro con las empresas proveedoras” (ver http://www.fiat.com.ar/Noticias/2011-09-14).

También se publica allí que “La formación y capacitación del personal se realiza en el Centro de Desarrollo Profesional, que Fiat inauguró en la planta de Córdoba, a cargo de docentes argentinos e italianos del Isvor (Instituto Especializado en la Capacitación Técnica), una sociedad del Grupo Fiat fundada en 1978 para llevar adelante los objetivos de formación, capacitación y asesoramiento para todas las áreas y niveles organizativos de la empresa y que, en la Argentina, se constituyó bajo el nombre de Isvor Fiat Argentina S.A.” (ver http://www.fiat.com.ar/Institucional/Planta/Capacitacion) sociedad esta que como se vio anteriormente se fusionó con Fiat Argentina S.A. (cfr. fs. 235/245).

Por otra parte se aprecia en la página web de la Asociación de Fábricas de Automotores -A.D.E.F.A.- (www.adefa.com.ar) que agrupa a las terminales automotrices que producen en la Argentina automóviles, vehículos utilitarios livianos y pesados y ómnibus, que entre sus asociados se encuentran Iveco Argentina S.A. y Fiat Auto Argentina S.A., ambas integrantes del Grupo Fiat en Argentina como se vio anteriormente (ver http://www.adefa.com.ar/v2

/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=87&lang=es). Es más figuran en dicha página entre las autoridades de A.D.E.F.A. por parte de Fiat Auto Argentina S.A., Cristiano Rattazzi y Adalberto Russo como Vicepresidentes de las Comisiones Directiva y Ejecutiva respectivamente (ver http://www.adefa.com.ar/v2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=88&lang=es) dato no menor puesto que esta sociedad es accionista de Business Solutions Argentina S.A.al momento de ser absorbida por Fiat Argentina, las tres con domicilio legal en Carlos María Della Paolera, Número 297, Piso 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las tres también, con la misma persona como presidente Cristiano Rattazzi; a la vez que Adalberto Russo figura como Vicepresidente de Fiat Argentina S.A. desde la fusión mencionada (cfr. fs. 194/205), quien además es apoderado de Fiat Argentina S.A. (cfr. fs. 2/4), calidad con la que firma la carta documento de fojas 99, el recurso de reconsideración de fojas 118 a 124vta. presentados durante el trámite administrativo de determinación tributaria en la presente causa y solicita las actas de constatación (cfr. fs. 39/46).

Cabe destacar además que las sucesivas ampliaciones del objeto social de la empresa Fiat Argentina S.A. han tenido por objetivo abarcar todas las actividades previas y posteriores a la comercialización de automotores (cfr. fs. 238/239, 285 y vta., 305 y 312) al punto de no requerir nuevas modificaciones del objeto social, las absorciones de Business Solutions Argentina S.A. (cfr. fs. 199vta.) y muy especialmente de Concord S.A. (cfr. fs. 221vta.).

Este último caso de absorción, es particularmente relevante en la presente causa, ya que al momento de ser absorbida el Presidente de la sociedad absorbente manifestó que “.teniendo en cuenta el objeto social de Fiat Concord S.A., sus actividades se encuadran dentro del actual objeto social de FIAT ARGENTINA S.A.; tampoco es necesario modificar el artículo tercero, por lo que propone mantener la redacción actual.”, lo cual fue aprobado por unanimidad por los accionistas, asimismo en el acuerdo previo de fusión que luego se le da el carácter de definitivo, se acuerda que “.todas las operaciones de la sociedad absorbida. serán consideradas efectuadas por cuenta y orden de la sociedad absorbente” (cfr. fs. 221vta.y 224/225).

Como en autos se discute sobre la publicidad realizada en un concesionario de automóviles y la obligación de pago por la actora, es válido traer a colación en este punto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó distintas resoluciones con motivo del reclamo judicial por parte de la concesionaria Automóviles Saavedra S.A. en contra de Fiat Concord a consecuencia de la rescisión unilateral del contrato de concesión de venta de automotores, que también dio lugar a otra causa del mismo concesionario contra Fiat Argentina (ver A.217.XXIII. “Automóviles Saavedra S.A.C.I.F. c/ Fiat Concord S.A.I.C. s/ ordinario” Fallos 314:853, 324:3341; A.2293.XLI. RHE “Automóviles Saavedra S.A. c/ Fiat Argentina S.A.” Fallos 330:51; A.1907.XLII. REX “Automotores Saavedra c/ Fiat Argentina s/ ordinario” Fallos 330:2284; A.413.XLIII. RHE “Automotores Saavedra S.A c/ Fiat Concord S.A s/ ordinario” Fallos 332:466). También se ha pronunciado la Corte Suprema por reclamos judiciales de Fiat Concord a la Administración General de Aduanas por diferencias de impuestos en virtud del régimen de promoción de la industria automotriz vigentes al momento del reclamo (ver Fallos 307:993; 307:1003, 983, 83).-

Ello desvirtúa lo afirmado por la recurrente, en el sentido que “La firma actora ha acreditado. que el objeto social de la actora FIAT ARGENTINA S.A. surge que no es la comercialización de vehículos” por el contrario, se ha acreditado que la actora puede por sí misma o por terceros o asociada a terceros cumplir con su amplísimo objeto social, entre el cual se encuentra como ya se dijo, la explotación de plantas industriales para la fabricación y transformación de vehículos, su comercialización en el mercado interno o externo, así como la exportación e importación, más la prestación de servicio de reparaciones y asistencia técnica de dichos productos (cfr. recurso de casación, fs.469/470 con las modificaciones al objeto social, fs. 285/285vta. y 243vta./244).

10.- Con relación a los agravios que plantea la recurrente al denunciar que la Sentenciante se apartó de los términos de la litis, resulta conducente efectuar las siguientes consideraciones.-

La recurrente considera que la Sentenciante se ha apartado de los términos de la litis en dos puntos: al considerar sujeto pasivo de la obligación tributaria a la firma actora y al no declarar la nulidad del procedimiento de determinación de oficio del tributo.-

Con relación al primer punto sostiene que el único argumento que la demandada esgrimió en su defensa consistió en que la actora es titular de la marca promocionada, agente denunciado y beneficiario de la supuesta publicidad, quedó desvirtuado con la prueba incorporada al proceso y que el argumento referido a que la publicidad que se encuentra en el local comercial Pinerolo S.A. es atribuible a la actora, no lo aportó la demandada, sino que ha sido incorporado al proceso por la Cámara a quo.

En esas condiciones, la recurrente en esencia no cuestiona el apartamiento por el A quo de los términos de la litis sino el fundamento sustentador de la conclusión consistente en que la actora es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, a partir de exteriorizar una discrepancia con el criterio de selección y valoración de las pruebas.

Sobre el particular, cabe precisar que, cualesquiera que fueran las expectativas de las partes sobre el fallo, el principio de congruencia no impide al Sentenciante acudir a argumentaciones propias ni lo obliga a recorrer el íter lógico seguido, propuesto o esperado por las partes.

La casacionista califica jurídicamente de modo erróneo el vicio endilgado al fallo recurrido, ya que esgrime una cuestión que debió haber sido atacada invocando la falta de fundamentación lógica del decisorio impugnado por violación del principio de razón suficiente, pues en definitiva, cuestiona que pese ha haber quedado acreditado en autos a través de las pruebas suministradas que no es la obligada al pago del tributoen cuestión, la Cámara concluyó lo contrario.

En lo que respecta al segundo punto, entiende que el Tribunal de Mérito también se apartó de la litis, ya que la nulidad de los actos administrativos cuestionados radica en la falta de sometimiento a las formalidades previstas, a la falta de tratamiento de las defensas opuestas y de las pruebas ofrecidas.

Tampoco aquí la fundamentación de la censura endilgada resulta adecuada, toda vez que no logra explicar cómo se configura la violación al principio de congruencia, limitándose a reeditar argumentos expuestos con anterioridad y atendidos a su turno por el Tribunal a quo.-

En efecto, nuevamente acusa que la Municipalidad en el proceso de determinación de oficio no se sometió a las formalidades previstas; agravio que fue atendido oportunamente por la Sentenciante en el pronunciamiento recurrido.

Así sostuvo que “.La inobservancia de la debida forma que también se achaca a los actos impugnados, no se encuentra suficientemente fundada, pues no se indican las formalidades que hubieran debido observarse y que a su juicio no fueron respetadas, haciendo referencia la accionante sólo a la omisión de traslado de las actas de constatación.” (cfr. fs. 463vta.).-

Luego de analizar las respectivas disposiciones de la Ordenanza General Impositiva de la Municipalidad de La Carlota, aclaró “.De estas disposiciones se colige que, efectuada la determinación por acto unilateral de la Administración, se respetó el derecho reconocido al contribuyente de efectuar las observaciones pertinentes, al notificársele de la determinación y de su condición de obligado al pago, confiriéndole el plazo de diez días para efectuar su descargo, de todo lo cual da cuenta la cédula de notificación de fs. 95, con lo que no se advierte la violación de las formas ni afección alguna del derecho de defensa de la actora.” (cfr. fs.464).-

Así, el A quo desestimó la defensa basada en una pretendida violación al derecho de defensa de la actora por no haber cumplido las formalidades propias del procedimiento de determinación de oficio, ya que fue debidamente notificada de las liquidaciones efectuadas por la demandada y, de tal modo, pudo realizar su descargo, tal como surge de la copia de la carta documento obrante a fojas 99 de autos.

11.- En lo que respecta a la violación del principio de no contradicción alegada por la recurrente también con sustento en el motivo formal de casación, se aprecia que al exponer su agravio, no ha logrado demostrar que los juicios que enuncia resulten contradictorios y se refieran al mismo objeto de pensamiento, de modo tal que sean excluyentes entre sí.

En efecto, de la atenta lectura del resolutorio objeto de casación no surge que la Sentenciante haya afirmado que Fiat Argentina sea la titular de la marca, por el contrario, manifiesta que del informe agregado a fojas 349 se infiere que no tiene marcas registradas ni solicitadas por ante el organismo, quedando excluida la titularidad de la marca atribuida por la demandada, para inmediatamente aclarar que ello “.no obsta -por cierto- a que la misma haya sido o sea utilizada, a pesar de la falta de registración.” (fs. 461/461vta.), afirmación que no ha sido rebatida en manera alguna por la actora en su recurso (cfr. fs. 466/472).-

Asimismo sobre esto, debe tenerse en cuenta lo que ya se ha puntualizado en este decisorio sobre los términos empleados en el informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (ver pto. 9.1).

Por último la casacionista critica el grado de certeza otorgada “.a la declaración de un tercero ajeno al proceso en cuanto expresa que las publicidades le son exigidas por Fiat Argentina S.A. .” (fs. 471vta.).

Sobre esto cabe decir que en rigor no se trata de una contradicción en el razonamiento de la Sentenciante sino más bien de una cuestión de valoración de prueba que ha sido precedentemente analizada (ver pto.10).

El Tribunal de Mérito consideró como elemento de peso dentro del conjunto probatorio a las actas de constatación realizadas a pedido de la actora por la Escribana María del Carmen Iraci (cfr. fs. 39/46) para atribuirle a la actora la responsabilidad tributaria por la publicidad hallada en el local de Pinerolo S.A. y para negarle la misma responsabilidad en el caso del local Bies Automotores (cfr. fs. 461vta./462vta.).

Por lo tanto, la censura expuesta en este punto resulta igualmente inatendible.

12.- Las premisas que anteceden confieren adecuado fundamento a la decisión que en definitiva se adopta en sentido adverso a la procedencia del recurso de casación interpuesto por la actora (fs. 466/472).

Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, DIJO:-

Adhiero al voto del Señor Vocal preopinante que a mi juicio ha expresado los fundamentos necesarios para resolver en forma correcta la presente cuestión. Por ello, me expido en igual sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO:

Comparto en un todo lo expresado por el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesin, votando en consecuencia, de igual forma.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:-

Corresponde: I) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora (fs. 466/472) en contra de la Sentencia Número Veintiocho, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Primera Nominación de la ciudad de Río Cuarto el doce de abril de dos mil diez (fs. 452/465vta.), con costas (art. 130  del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 de la Ley 7182).

II) Disponer que los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, Doctores José Luis Abrile -parte actora- y José María Bonino -parte demandada- por los trabajos efectuados en la presente instancia, sean regulados por el Tribunal a quo, si correspondiere (arts.1  y 26  de la Ley 9459), previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta por ciento (30%) y en el treinta y tres por ciento (33%), respectivamente, del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (art. 40 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 31 ib.

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI, DIJO:-

Adhiero a las conclusiones a que arriba el Señor Vocal preopinante, compartiendo el voto en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO:

Estimo acertada la respuesta proporcionada por el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesin, ya que la misma expresa la solución adecu ada a la presente cuestión. Por ello, voto en igual forma.

Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala Contencioso Administrativa, por unanimidad,

RESUELVE:-

I) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora (fs. 466/472) en contra de la Sentencia Número Veintiocho, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Primera Nominación de la ciudad de Río Cuarto el doce de abril de dos mil diez (fs. //RRESPONDE: A los autos caratulados: “FIAT ARGENTINA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LA CARLOTA – DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – RECURSO DE CASACIÓN” (Expte. Letra “F”, N° 13, iniciado el diez de septiembre de dos mil diez).

452/465vta.), con costas (art. 130 del C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13 de la Ley 7182).

II) Disponer que los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, Doctores José Luis Abrile -parte actora- y José María Bonino -parte demandada- por los trabajos efectuados en la presente instancia, sean regulados por el Tribunal a quo, si correspondiere (arts. 1 y 26 de la Ley 9459), previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta por ciento (30%) y en el treinta y tres por ciento (33%), respectivamente, del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (art. 40 ib.), teniendo en cuenta las pautas del artículo 31 ib.

Protocolizar, dar copia y bajar.-

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