Se condenó al dueño y al conductor que causó el accidente a indemnizar a quien viajaba como acompañante.

Partes: Ojeda Avelino c/ Rancaño Héctor Darío y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado:

Fecha: 7-jun-201

Cita: MJ-JU-M-74337-AR | MJJ74337 | MJJ74337

Se hizo lugar parcialmente a la demanda y se condenó al dueño y al conductor del automotor que causó el accidente a indemnizar al actor los daños que sufrió mientras viajaba como acompañante de otro de los codemandados, pero se rechazó la demanda respecto a este último, pues quedó probado que no tuvo responsabilidad en el accidente.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar al dueño del automotor y al conductor que causaron el accidente por el que el actor -que viajaba como acompañante del vehículo embestido- sufrió lesiones, pero no corresponde responsabilizar al conductor de este último, pues si bien el tercero damnificado en un accidente de tránsito múltiple puede demandar sin probar la culpa, una vez determinada la responsabilidad de uno de ellos, debe exonerarse al otro, pues se demostró su inocencia en el accidente.

2.-Resulta aplicable al caso el art. 1113, segundo párr., segunda parte del CCiv. que atribuye objetivamente responsabilidad a los emplazados, de la cual podrán eximirse total o parcialmente sólo si demuestran la fractura del nexo causal existente entre el hecho protagonizado con su vehículo y el daño sufrido por la actora, conforme a los supuestos previstos por la citada norma, o sea, la culpa de la víctima o de un tercero por el que el demandado no debe responder.

3.-Si bien el peritaje fue objeto de impugnación mediante la aportación de un dictamen emitido por el consultor técnico de la citada en garantía, cabe destacar que, además de que al dictamen efectuado por el perito designado de oficio debe reconocerse una imparcialidad de la que no son merecedores los de los consultores técnicos, al ser estos asesores de las partes y, por ende, presumibles coadyuvadores de su postura en el proceso, la impugnación para hacer caer las conclusiones de aquél debe constituir una contrapericia , es decir, demostrar los efectivos errores en las técnicas aplicadas y los principios científicos en los que se sustenta el experto designado de oficio, tal como lo impone el segundo párr. del art. 472 del CPCCN.

4.-Si, como ocurre en el caso, el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables para el juzgador, y concuerda con los demás elementos de ponderación arrimados al proceso, la sana crítica aconseja que frente a la imposibilidad de oponer argumentos de igual naturaleza y de mayor peso convictivo, se acepten sus conclusiones.

5.-En el caso quedó acreditado, que el Ford Falcon había arribado antes al cruce y que el choque se produjo cuando ya había traspuesto gran parte de la avenida, de allí que en el caso no juegue la prioridad de paso del automóvil que circulaba por la derecha como pretende la recurrente, al respecto, cabe recordar que la prioridad de paso del que avanza por la derecha no es absoluta y únicamente tiene vigencia cuando la aparición de los rodados se produce en forma simultánea o casi simultánea, pero no cuando el vehículo que circula por la izquierda ya ha traspuesto gran parte de la calzada, es que la aplicación de la ley no puede efectuarse en forma automática, ya que exige una valoración de las distintas circunstancias fácticas que han rodeado a la mecánica de la colisión, tal como lo hiciera el señor juez de la anterior instancia.

6.-La maniobra imprudente resultó ser la del conductor de la camioneta, quien además, circulaba a una velocidad que, evidentemente y tal como lo sostuvo el perito, no era la adecuada para marchar en aquel entonces y evitar el siniestro. Cuadra recordar que el conductor de un automóvil debe ser dueño en todo momento de la velocidad de la cosa riesgosa que maneja, debiendo conducir con atención y prudencia, encontrándose siempre en disposición anímica de detener instantáneamente el vehículo que maneja, si así no lo hace, no se necesita más para responsabilizarlo, por cuanto quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que, en el curso ordinario del tránsito, puedan presentarse de manera más o menos imprevista.

7.-En el caso los intereses respecto de los montos indemnizatorios admitidos deberán aplicarse desde la producción de cada perjuicio hasta este pronunciamiento en que fueron valorados a la tasa del 8% anual, y de ahí en adelante hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

8.-La aplicación de una tasa diferente durante el lapso que media desde la ocurrencia del hecho ilícito o la mora del obligado hasta el dictado de la sentencia implica apartarse de la doctrina legal, dado que no advierto ni se explica de qué modo, en el caso, la aplicación de la tasa activa conduce a una alteración sustancial del significado económico del capital de condena que configura un enriquecimiento indebido (o sea, enriquecimiento sin causa) (del voto del Dr. Zannoni – disidencia parcial).

8.-Debe disponerse que las sumas a las que la sentencia condena, se abonarán dentro del plazo establecido, con más los intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, no capitalizables; dicha salvedad queda confinada al hipotético caso que, en el futuro, se autorizara la repotenciación de un capital de condena, lo que, en principio, no es posible hacer actualmente, en acatamiento del derecho vigente (del voto del Dr. Zannoni – disidencia parcial).

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina a los 7 días del mes de junio de dos mil doce, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “F”, para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. GALMARINI. ZANNONI. POSSE SAGUIER.

A las cuestiones propuestas el Dr. Galmarini dijo:

I.- Avelino Ojeda promovió la presente demanda contra Héctor Darío Rancaño, Liliana G. Trunzo y Pedro Domingo Ríos por los daños derivados del accidente de tránsito ocurrido el día 20 de julio de 2006, sobre la intersección de las calles Belaustegui y Donato Álvarez de esta ciudad. Solicitó la citación en garantía de “Argos Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.” y de “Paraná Seguros S.A.”.

El Sr. juez de primera instancia rechazó la demanda entablada contra Pedro Domingo Ríos e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida contra Héctor Darío Rancaño y Liliana Trunzo, a quienes condenó a a abonar al actor la suma de $ 25.300 con más los intereses y costas del proceso. Hizo extensiva la condena contra “Argos Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.”.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron el actor y la citada en garantía. El actor expresó agravios a fs. 442/5 y la aseguradora lo hizo a fs. 452/7. El memorial de la citada en garantía fue respondido a fs. 468/72 y el del actor no fue replicado.II.- Razones de orden metodológico me llevan a tratar, en primer término, las quejas de la citada en garantía referidas a la responsabilidad que la juzgadora atribuyó en la sentencia.

En la especie el actora solicitó la reparación de los daños derivados de la colisión que tuvo lugar entre el automóvil de propiedad del codemandado Ríos, en el que viajaba en calidad de acompañante, y el vehículo perteneciente a la coaccionada Trunzo, que circulaba al mando del codemandado Rancaño.

A esta altura del proceso se encuentra fuera de discusión que el día 20 de julio de 2006, sobre la intersección de las calles Belaustegui y Donato Álvarez de esta ciudad, se produjo una colisión entre el vehículo marca Ford Falcon, dominio XBH 703, conducido por Pedro D. Ríos y en el cual viajaban en carácter de acompañante el actor, y la camioneta dominio VCW 441 perteneciente a la codemandada Liliana Trunzo.

Como lo señaló el magistrado, quien reclama en esta causa resulta ser tercero damnificado por el choque protagonizado por los conductores de ambos rodados, que en la ocasión viajaba como acompañante del conductor de la moto Honda. Si bien en tales supuestos no corresponde exigir a los terceros damnificados la acreditación de la culpa en la producción del hecho, y pueden dirigir la acción contra uno cualquiera o ambos conductores o propietarios, sin investigar la mecánica del hecho, una vez establecida la culpabilidad de uno de ellos, debe liberarse de responsabilidad al otro y rechazarse la demanda contra quien, de esa manera, resulta inocente (CNCiv. Sala C, febrero 2/1999, “Aguirre, Osvaldo Adrián c/ Moar, Osvaldo Jorge y otros s/ daños y perjuicios” L. 247.538).

Resulta aplicable al caso en análisis el art.1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil que atribuye objetivamente responsabilidad a los emplazados, de la cual podrán eximirse total o parcialmente sólo si demuestran la fractura del nexo causal existente entre el hecho protagonizado con su vehículo y el daño sufrido por la actora, conforme a los supuestos previstos por la citada norma, o sea, la culpa de la víctima o de un tercero por el que el demandado no debe responder.

El magistrado consideró que el accidente que originó estos actuados se produjo por la exclusiva culpa del codemandado Rancaño -conductor de la camioneta dominio VCW 441-. Consecuentemente hizo lugar a la demanda promovida contra este último y contra la titular del rodado referido y rechazó la demanda respecto de Pedro D. Ríos.

“Argos Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.” insiste en sostener que el accidente se produjo por la exclusiva culpa del codemandado Ríos quien, según sostiene, conducía con total imprudencia y violó la prioridad paso que correspondía al Sr. Rancaño por ser quien circulaba por la derecha y sobre una avenida de intenso tránsito vehicular y de superior jerarquía a la arteria por la que se desplazaba Ríos (fs. 452 vta.).

Con motivo del accidente de marras se labró la causa penal n°53538 caratulada “Ríos, Pedro David; Rancaño, Héctor Darío s/ lesiones art. 94 C.P.” que se acompaña por cuerda. A fs. 44 y 45 de dichas actuaciones obran glosadas las fotografías tomadas a los vehículos intervinientes luego de ocurrido el siniestro de autos. Estas dan cuenta de los daños que el Ford Falcon sufrió daños principalmente en su puerta trasera derecha, que aparece hundida, y que la camioneta presentaba daños en su parte frontal, tal como se desprende asimismo del acta de secuestro obrante a fs. 4 de la causa penal.

El perito ingeniero designado en autos sostuvo que el vehículo en el que viajaba el actor fue embestido en su lateral (fs. 193, pto.1). Afirmó que las magnitudes y ubicaciones de los daños que sufrieron ambos vehículos tornan verosímil el relato de los hechos efectuado en la demanda, esto es que el Ford Falcon estaba cruzando la Av. Donato Álvarez cuando fue embestido en su lateral derecho por la camioneta de la demandada (fs. 193 vta., pto. 4). Asimismo señaló que si bien la velocidad de la camioneta no es determinable mediante los principios de la física, esta debió ser elevada porque el Ford Falcon fue girado más de 90 grados por el impulso que le aplicó la referida camioneta (fs. 193 vta., pto. 2).

Al responder el pedido de explicaciones efectuado por el actor (fs.199), el experto señaló que en el lugar donde ocurrió el hecho no hay semáforos y expresó que teniendo en cuenta los daños que sufrió el Ford Falcon, la probable velocidad que llevaba la camioneta al momento del impacto sería superior a la máxima permitida por la ley Nacional de Tránsito para trasponer, las encrucijadas, la cual es de 30 km/h (fs. 221).

El peritaje fue impugnado por la citada en garantía “Argos Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.” a fs. 203/4. El perito respondió a fs. 213.

Si bien el peritaje fue objeto de impugnación mediante la aportación de un dictamen emitido por el consultor técnico de la citada en garantía (ver fs.203), cabe destacar que, además de que al dictamen efectuado por el perito designado de oficio debe reconocerse una imparcialidad de la que no son merecedores los de los consultores técnicos, al ser estos asesores de las partes y, por ende, presumibles coadyuvadores de su postura en el proceso, la impugnación para hacer caer las conclusiones de aquél debe constituir una “contrapericia”, es decir, demostrar los efectivos errores en las técnicas aplicadas y los principios científicos en los que se sustenta el experto designado de oficio, tal como lo impone el segundo párrafo del art.472 del Código . Si, como ocurre en el caso, el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables para el juzgador, y concuerda con los demás elementos de ponderación arrimados al proceso, la sana crítica aconseja que frente a la imposibilidad de oponer argumentos de igual naturaleza y de mayor peso convictivo, se acepten sus conclusiones (CNCiv. Sala “F”, marzo 2/2011, “Trombino, Alberto y otro c/ Echeverría, Sixto Juan y otros s/ daños y perjuicios” L. 564.307).

La información que surge del peritaje mecánico referido precedentemente y sobre todo los daños que se observan en las fotografías toadas a los vehículos en cuestión luego del accidente (fs.3/4) no parece dejar margen de duda en cuanto a que la conducta desaprensiva del codemandado Rancaño constituyó la única causa del siniestro que motivó esta litis. Ello toda vez que con su frente embistió al automóvil en que circulaba el actor, en su puerta trasera derecha, lo que permite colegir que el Ford Falcon se encontraba más avanzado en el traspaso de la encrucijada.

Tales elementos permiten tener por acreditado, que el Ford Falcon había arribado antes al cruce y que el choque se produjo cuando ya había traspuesto gran parte de la avenida. De allí que en el caso no juegue la prioridad de paso del automóvil que circulaba por la derecha como pretende la recurrente. Al respecto, cabe recordar que la prioridad de paso del que avanza por la derecha no es absoluta y únicamente tiene vigencia cuando la aparición de los rodados se produce en forma simultánea o casi simultánea, pero no cuando el vehículo que circula por la izquierda ya ha traspuesto gran parte de la calzada. Es que la aplicación de la ley no puede efectuarse en forma automática, ya que exige una valoración de las distintas circunstancias fácticas que han rodeado a la mecánica de la colisión, tal como lo hiciera el señor juez de la anterior instancia.Desde ese ángulo está claro que la maniobra imprudente resultó ser la de Rancaño, quien además, circulaba a una velocidad que, evidentemente y tal como lo sostuvo el perito, no era la adecuada para marchar en aquel entonces y evitar el siniestro.

Cuadra recordar que el conductor de un automóvil debe ser dueño en todo momento de la velocidad de la cosa riesgosa que maneja, debiendo conducir con atención y prudencia, encontrándose siempre en disposición anímica de detener instantáneamente el vehículo que maneja. Si así no lo hace, no se necesita más para responsabilizarlo, por cuanto quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que, en el curso ordinario del tránsito, puedan presentarse de manera más o menos imprevista (conf. CNciv. Sala “F”, diciembre 3/2010 “Staghezza, Tulio Miguel c/ Giammetta, Alicia Rosa y otros s/daños y perjuicios”, L.552.618).

E n mérito a lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia en cuanto atribuyó eclusiva responsabilidad por el accidente de autos a los codemandados Rancaño y Trunzo.

En cuanto al codemandado Ríos, considero que ha logrado acreditar la culpa de un tercero -el codemandado Rancaño- que fractura el nexo causal y opera como eximente de la responsabilidad atribuida por la norma antes aludida, por lo que corresponde desestimar la demanda entablada en su contra.

III.- Incapacidad sobreviniente:

Se agravia el actor del importe otorgado por el magistrado en concepto de “incapacidad sobreviniente” ($6.000) por considerarlo reducido.

La incapacidad sobreviniente abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo cual el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la capacidad vital, aun en los casos en que esa merma o deterioro físico no dificulte la realización de tarea alguna (CNCiv. Sala C, agosto 31/1993, L.L. T. 1994-B, p. 613, fallo n° 92.215; id. Sala C, septiembre 25/1997, L.214.716; id. junio 6/2002, “Maidana, Javier Y. c/ Reina Carlos E. y otros s/daños y perjuicios”, L. 342.607).

Lo que se indemniza por este concepto no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física o psíquica derivada de las secuelas del accidente, especialmente las que perduran de modo permanente, y si bien los porcentajes de incapacidad fijados en los peritajes constituyen un medio útil para la apreciación de la entidad del daño, sólo tienen un valor relativo, por lo que el juzgador, con sustento en las circunstancias personales del damnificado, debe valorar principalmente las secuelas físicas, psíquicas o estéticas que surgen descriptas por el experto, que importen una disminución en la capacidad vital (conc. CNCiv. Sala C, septiembre 20/1999, “Huaman, Marña de la Cruz c/ Micro ómnibus Norte S.A. s/ da_os y perjuicios”, L. 258.943; id. Sala F, noviembre 16/ 2004, “Krauthamer Diego c/ Arriola Dalmiro Alberto y otros”, L.372.901; id. abril 14/2005, “Gómez, Jesús Eduardo y otro c/ Muiños, Eduardo Alejandro y otros s/ daños y perjuicios”, L. 403.962; id. junio 29/2006, L. 441.762 “Torres Celia Cruz c/ Empresa de Transportes Plaza SACEI Línea 114 y otros s/ daños y perjuicios”; id. Septiembre 11/2006, L. 450.612 “Cabral Liliana Mabel c/ Rojas Miguel Ángel y Otros s/ Daños y perjuicios”).

El perito médico designado en autos sostuvo que el actor a raíz del hecho de marras sufrió politraumatismo con traumatismo de hombro izquierdo, tórax y parrilla costal izquierda.

Tras revisar al actor y teniendo en cuenta las constancias obrantes en autos y el estudio complementario -ecografía de hombro izquierdo- realizados al Sr. Ojeda en el marco de este proceso, señaló que el hombro izquierdo no evidencia lesión osteoarticular; el tórax no evidencia lesiones parenquimatosas y la parrilla costal presenta fracturas costales consolidadas 2°, 3°, 4° y 5° (fs.312/vta). Explico que si bien el Sr.Ojeda presenta lesiones costales múltiples, éstas no afectan el funcionamiento respiratorio y que tampoco han disminuido sus movimientos corporales (fs. 313).

El peritaje fue impugnado por el actor a fs. 315 y el profesional respondió a fs. 321, afirmando que las fracturas costales sufridas por el Sr. Ojeda “no son un símbolo de incapacidad toda vez que no generaron déficit funcional respiratorio ni daño estético”. Asimismo señaló que la fractura de la clavícula izquierda no generó secuelas ni alteró la movilidad y tampoco afectó las partes blandas del hombro.

De la lectura del acto impugnatorio no se vislumbran los errores sobre técnicas aplicadas y/o sobre los principios científicos en los que se sustentó el experto, tal como lo impone el segundo párrafo del art. 472 del Código procesal. Por ende, juzgo que la valoración efectuada por la magistrada fue acertada (conf.arts.386 y 477 del Código Procesal), y entiendo que no se ha formulado fundamento con entidad suficiente que justifique el apartamiento de lo dictaminado por el perito médico designado de oficio.

Sentado ello, toda vez que las conclusiones expuestas por el perito médico dan cuenta de que el actor no padece secuelas físicas de carácter permanente derivadas del accidente de autos, ninguna indemnización correspondería fijar en tal concepto.

En lo tocante al aspecto psíquico, la perito psicóloga designada en autos sostuvo que el Sr. Ojeda presenta un trastorno por estrés postraumático de tipo crónico (fs. 246, pto. 6). Señaló que el accionante posee una personalidad de tipo neurótica y que al momento de la peritación se constató una patología de tipo depresiva (fs. 247, pto.2).

Informó que el siniestro de autos fue vivido por el actor como un evento traumático -que quedó inscripto en su psiquis como desencadenante actual de sus series complementarias-, produciendo un impacto desfavorable para el normal desarrollo de todas las esferas de su personalidad, tanto afectiva, volitiva como intelectual.Indicó que el peritado presenta una neurosis depresiva de grado III que le genera una incapacidad psíquica de entre el 30% y el 40% (fs. 248, pto.6). Finalmente indicó que el actor debe realizar un tratamiento psicoterapéutico individual con una frecuencia semanal, focalizado en paliar las problemáticas que presenta y aclaró que el tiempo de duración de dicho tratamiento está supeditado al criterio del profesional interviniente.

Sostuvo la experta que “una mejora o reversión del cuadro patológico mediante la realización de un tratamiento no puede saberse de antemano, ya que depende de muchos factores” (fs. 281).

La referida peritación fue impugnada por la citada en garantía a fs. 269. La profesional respondió mediante la presentación obrante a fs. 279/82, ratificando lo expuesto en su primigenio dictamen.

El magistrado consideró que de los elementos antes apuntados surgía que el actor solo presentó secuelas -tanto físicas como psíquicas- de carácter transitorio y fijó para resarcirlas conjuntamente el importe de $6.000 en concepto de “.

Como se señaló anteriormente sólo resultan indemnizables en concepto de “incapacidad sobreviniente” las secuelas físicas o psíquicas de carácter de permanentes que no puedan ser revertidas mediante tratamiento alguno.

Conforme surge de lo informado por el perito médico, el actor no padece secuelas físicas irreversibles. Tampoco de la pericial psicológica surge debidamente comprobado que las secuelas derivadas del accidente sean irreversibles. Por lo tanto ninguna de ellas sería susceptible de ser indemnizada. Sin embargo como el monto fijado por la partida en análisis fue apelado únicamente por el actor, corresponde su confirmación.

IV.- Tratamiento psicológico:

Se queja la actora del monto fijado por el magistrado en concepto de “tratamiento psicológico” ($2.800) por considerarla reducida.Como se señaló anteriormente la perito indicó que el actor debe realizar un tratamiento psicoterapéutico individual con una frecuencia semanal, focalizado en paliar las problemáticas que presenta y aclaró que el tiempo de duración de dicho tratamiento está supeditado al criterio del profesional interviniente.

En atención a lo expuesto, ponderando la frecuencia del tratamiento aconsejado por la profesional y tomando como período estimativo un año de duración como mínimo, considero que el monto asignado por el sentenciante para resarcir el rubro en estudio resulta algo exiguo y propongo su elevación a la cantidad de $4.800.

V.- Daño moral:

El actor se queja del importe fijado en concepto de “daño moral” ($15.000) por considerarlo exiguo y la citada en garantía solicita su reducción.

El resarcimiento del daño moral exige tomar en consideración los dolores y padecimientos del damnificado a partir del accidente sufrido, el tiempo de convalecencia hasta su restablecimiento, y las demás repercusiones anímicas que provocaron las lesiones inferidas. Si bien no es susceptible de prueba directa, cabe presumir el daño moral in re ipsa por las características del hecho y la índole de los perjuicios sufridos (Conf. CNCiv. Sala “F”, septiembre 23/2011, “Cardozo, A. c/ G.C.B.A. s/ daños y perjuicios” L. 575.510).

El Dr. Fernando Posse Saguier ha expresado que “en lo tocante a la fijación, sabido es, que resulta de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante (CNCiv. Sala F, junio 3/2005, “Pirozzi, Laura Vanesa y otro c/ Quiroga Carlos José y otros”, L.418.036).

Desde la perspectiva apuntada, teniendo en cuenta la índole del accidente que motivo esta litis, asi como los padecimientos y angustias que el actor debió sufrir en su consecuencia, ponderando asimismo las lesiones padecidas y la secuelas de carácter transitorio verificadas por los peritos, estimo que el importe fijado por el magistrado en concepto de “daño moral” resulta exiguo y propongo su elevación a la cantidad de $20.000.

VI.- Intereses:

El Sr. juez dispuso que los intereses correspondientes a los montos indemnizatorios admitidos en la sentencia deberán computarse desde la producción de cada perjuicio objeto de resarcimiento hasta el cumplimiento de la sentencia, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual a 30 días del Banco de la Nación Argentina.

La citada en garantía solicita que los intereses se devenguen desde la fecha del accidente hasta el dictado de la sentencia de segunda instancia, a la tasa del 6%, 8% o la tasa pasiva.

El 20 de abril de 2009 se ha dictado fallo plenario por esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perju icios” en el cual se dejó sin efecto la doctrina que había sido fijada en los fallos plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios” del 2/8/93 y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” del 23/3/04.En el nuevo fallo plenario se consideró conveniente establecer la tasa de interés moratorio, cuando no ha sido pactada o prevista legalmente, y se dispuso que corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, pero mediante una solución de consenso el tribunal en pleno admitió que esa tasa de interés debía computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, aunque se dejó a salvo el supuesto en que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.

En estas actuaciones el monto indemnizatorio es fijado a valores actuales y dado que la tasa activa admitida por el plenario incluye el componente inflacionario, de aplicarse durante el lapso corriente entre la producción del daño y la determinación de ese valor actual se duplicaría injustificadamente la indemnización -en la medida de la desvalorización monetaria- por lo que en estos supuestos se produciría la alteración del contenido económico de la sentencia, que se traduciría en un enriquecimiento indebido.Atento a ello, voto por confirmar este aspecto del pronunciamiento, aclarando que los intereses respecto de los montos indemnizatorios admitidos deberán aplicarse desde la producción de cada perjuicio hasta este pronunciamiento en que fueron valorados a la tasa del 8% anual, y de ahí en adelante hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

Sin embargo corresponde hacer la siguiente salvedad:

Los intereses respecto del monto fijado para resarcir la “incapacidad sobreviniente” y el “daño moral” (valorados en esta instancia) correrán desde la fecha del hecho de autos hasta este pronunciamiento a la tasa del 8% anual y de ahí hasta su efectivo pago, a la tasa activa antes señalada.

Con relación a el importe admitido en concepto de “gastos médicos”-que no fue valorado en esta instancia por no haber sido objeto de apelación-, los intereses se computarán a la tasa del 8% anual desde la producción del perjuicio hasta el pronunciamiento de primera instancia y de allí hasta su efectivo pago a la tasa activa.

Respecto del monto admitido por “gastos de tratamiento psicológico”, por tratarse de gatos futuros, los intereses de computarán desde que quede firme este pronunciamiento en adelante, a la tasa activa antes referida.

En mérito a lo expuesto, voto por confirmar la sentencia apelada en lo sustancial que decide y modificarla, fijando por “tratamiento psicológico futuro” la cantidad de $4.800 y por “daño moral” la cantidad de $20.000. Asimismo voto por modificar el pronunciamiento en lo relativo a la tasa de interés aplicable, la que deberá calcularse de conformidad con lo establecido en el considerando VI. Las costas de alzada se imponen a la citada en garantía “Argos Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.”, que resultó sustancialmente vencida.

El DR.ZANNONI dijo:

1.Adhiero al voto del Dr.Galmarini, excepto en lo atinente a la tasa de interés que corresponde aplicar.-

Según la doctrina legal vigente en el fuero a partir del fallo plenario dictado el 20/4/2009 por esta Cámara en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c./ Transportes Doscientos Setenta S.A. s./ Daños y Perjuicios”, la tasa de interés que corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena, es la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. De este modo se dejaron sin efecto los plenarios dictados en autos “Vázquez, maría Angélica c./ Bilbao, Walter y otros, s./ daños y perjuicios” del 23/8/93 y “Alaniz, Ramona Evelia c./ Transportes 123 S.A.C.I. s/ Daños y Perjuicios del 23/3/2004.

Como dicha doctrina legal es de aplicación inmediata a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (arg. art. 3° , Cód. Civil, ley 17.711) y no advierto que en el caso la aplicación de la tasa de interés implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido, entiendo que debe disponerse que las sumas a las que la sentencia condena, deberán ser abonadas dentro del plazo establecido, con más los intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, no capitalizables.

2. La aplicación de una tasa diferente durante el lapso que media desde la ocurrencia del hecho ilícito o la mora del obligado hasta el dictado de la sentencia implica apartarse de la doctrina legal, dado que no advierto ni se explica de qué modo, en el caso, la aplicación de la tasa activa conduce a una alteración sustancial del significado económico del capital de condena que configura un enriquecimiento indebido (o sea, enriquecimiento sin causa).

3.Los colegas de la Sala sostienen que el capital de condena incluye el componente inflacionario que es, precisamente, el que contiene la tasa activa, de modo que de aplicarse ésta durante el lapso corriente entre la producción del daño y la determinación de ese valor actual se duplicaría injustificadamente esa indemnización -en la medida de la desvalorización monetaria- lo que produciría la alteración del contenido económico de la sentencia.

Discrepo con este punto de vista. A mi juicio no es correcto sostener que capital de condena incluye el componente inflacionario. A partir de la ley 23.928, en 1991, quedó prohibida toda “indexación” por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, prohibición que ha mantenido el art. 4º de la vigente ley 25.561, denominada de emergencia económica. “En ningún caso -dice esta última norma- se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor”.

4. De tal modo el capital de condena no es susceptible, hoy, de estos mecanismos de corrección monetaria, que en su origen fueron propiciados exclusivamente para las llamadas obligaciones de valor que se liquidan en dinero y que con la hiperinflación que azotó a nuestra economía durante décadas se generalizó a todas las obligaciones dinerarias. En tal sentido, los fallos plenarios dictados por la Cámara Nacional en lo Comercial (13/4/77) y por esta Cámara (in re: “La Amistad SRL c./ Iriarte, Roberto C.” del 9/9/77), siguiendo pronunciamientos anteriores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejercieron un efecto multiplicador de la crisis inflacionaria. Y fue en ese contexto que se elaboraron criterios relativos al cálculo del interés “puro”, que oscilaba entre el 6%, el 8% y hasta el 15% anual.

El contexto actual no es, por fortuna, aquél.La circunstancia de que, cuando se trata de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el juez en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales -como suele decirse-, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se actualicen los montos reclamados en la demanda o se apliquen índices de depreciación monetaria. Tales procedimientos de actualización están prohibidos, reitero, por las leyes antes citadas. Y aunque pudiera argumentarse que, aun así, la obligación de resarcir daños constituye una típica obligación de valor que se liquida en dinero, según la clásica nomenclatura, existe consenso -por lo menos a partir del dictado de la ley 23.928 – que los montos liquidados por quien reclama el resarcimiento en juicio, constituyen parámetros que deben respetarse en acatamiento del principio de congruencia, salvo lo que, en más o en menos, surja de la prueba producida durante el proceso.

Con ese mismo criterio se aceptó, desde 1992, aplicar a falta de un pacto o convenio de intereses, la tasa pasiva promedio que mensualmente publica el Banco Central de la República Argentina y que entre ese año y el 2004, estuvo por encima de los precios al consumidor, lo cual no ocurre en la actualidad. Como ha señalado la mayoría del Tribunal al responder a la primera pregunta de este acuerdo plenario, una tasa que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios no sólo no repara al acreedor sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda.

5. Por todo lo que sucintamente dejo expuesto, entiendo que la salvedad que se hace al responder a la última pregunta que se nos formuló en el acuerdo plenario no es operante en el contexto del presente proceso. Debe, a mi juicio, disponerse que las sumas a las que la sentencia condena, se abonarán dentro del plazo establecido, con más los intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, no capitalizables.Dicha salvedad queda confinada al hipotético caso que, en el futuro, se autorizara la repotenciación de un capital de condena, lo que, en principio, no es posible hacer actualmente, en acatamiento del derecho vigente.

Por análogas razones, el DR. POSSE SAGUIER votó en igual sentido que el Dr. Galmarini, inclusive en cuanto a los intereses propuestos. Con lo que terminó el acto.

JOSE LUIS GALMARINI.

EDUARDO A. ZANNONI.

FERNANDO POSSE SAGUIER.

Es copia fiel de su original que obra en las páginas N°a N° del Libro de Acuerdos de esta Sala “F” de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, junio de 2012.

AUTOS Y VISTOS:

Por lo que r esulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo sustancial que decide y se la modifica, fijando por “tratamiento psicológico futuro” la cantidad de $4.800 y por “daño moral” la cantidad de $20.000. Asimismo se modifica el pronunciamiento en lo relativo a la tasa de interés aplicable, la que deberá calcularse de conformidad con lo establecido en el considerando VI. Las costas de alzada se imponen a la citada en garantía “Argos Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.”.

Toda vez que se ha modificado lo decidido por el Sr. Juez “a-quo”, deberán adecuarse los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal.

En atención al monto del proceso (capital e intereses), trabajos realizados, apreciados por su importancia, extensión y calidad, etapas cumplidas, resultado obtenido, teniendo en cuenta lo dispuesto por los arts. 6, 7 , 9 , 19 , 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -mod. por ley 24.432 -, se regulan los honorarios de la DRA. LAURA MARTA OTERO, letrada patrocinante de la parte actora, en ($.). Asimismo, se regulan los honorarios del apoderado de “Paraná S.A. de Seguros” y letrado patrocinante del co-demandado Ríos, DR.JUAN PABLO TRAVERSO, en ($.). Además, se regulan los honorarios del apoderado de “Argos Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.” y letrado patrocinante de los co-demandados Trunzo y Rancaño, DR. DANIEL JORGE MARINO, en ($.).

Por la labor realizada por los peritos médico DR. IGNACIO RUBÉN WAISBERG y psicóloga LIC. SILVIA SUSANA NIETO, apreciados por su importancia y calidad y teniendo en cuenta lo dispuesto en lo pertinente por la ley 24.432 , se regulan sus honorarios en ($.), a cada uno.

Por la tarea realizada por el perito ingeniero MARIO DEGLI ESPOSTI, apreciada por su importancia y calidad y teniendo en cuenta lo dispuesto por decreto ley 7887/55 (modif.por el dec. ley 16.146/57 y ley 21.165 ), y en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios, en ($.).

En atención a la labor de los consultores técnicos DRA. NATALIA CAROLINA OTERO, LIC. ALICIA M. GATICA, ING. JORGE ANTONIO FERNÁNDEZ e ING. JORGE OSCAR GERETTO apreciada también por su importancia y calidad y lo establecido en lo pertinente por la ley 24.432, se regulan sus honorarios en ($.), a cada uno.

Por la tarea desarrollada por la DRA. RITA C. BAILO, mediadora, en atención a lo dispuesto por el el decreto 1467/2011 , Anexo III, art 1 inc. e), teniendo en cuenta las apelaciones por bajos de fs. 390/391 se elevan sus honorarios a ($.).

Por la labor de alzada (art. 14 del arancel) se regulan los honorarios de la DRA. LAURA MARTA OTERO en ($.) y los del DR. JUAN PABLO TRAVERSO en ($.). Notifíquese y devuélvase.

JOSE LUIS GALMARINI

EDUARDO A. ZANNONI

FERNANDO POSSE SAGUIER.

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