Venta del inmueble que integra el acuerdo homologado antes de ser incorporado al fideicomiso, lo que provoca la inhabilitación del síndico.

Partes: Canley S.A. s/ concurso preventivo

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 15-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-74304-AR | MJJ74304 | MJJ74304

Corresponde confirmar la sanción de remoción con más la de inhabilitación por cuatro años para ejercer las funciones de sindicatura concursal al permitir que el inmueble que integraba el acuerdo homologado fuera vendido antes de ser incorporado al fideicomiso.

Sumario:

1.-Resulta procedente la sanción de remoción de los integrantes de la sindicatura, con más la de inhabilitación por cuatro años para ejercer las funciones de Sindicatura concursal que se les fue impuesto en primera y segunda instancia, ante la constatación de no haber diligenciado el oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se ordenaba la inhibición general de bienes de una empresa vinculada a la sociedad concursada, para asegurar el cumplimiento del concordato al que se había arribado -y que había sido homologado- mediante la conformación de un fideicomiso integrado por distintos bienes inmuebles, entre los que se encontraba el que pertenecía a la referida sociedad vinculada, lo cual posibilitó la venta del bien por su propietaria a un tercero, sin que de ello se anoticiara al magistrado del concurso, tornándose, de esa manera, imposible la integración del inmueble al fideicomiso.

2.-En principio, conforme a lo dispuesto por el art. 255  de la ley 24.522, cuyo tercer párrafo, expresa: … [Remoción] Son causas de remoción del síndico la negligencia, falta grave o mal desempeño de sus funciones. La remoción compete al juez, con apelación ante la cámara. Consentido o ejecutoriado el auto, el síndico cesa en sus funciones en todos los concursos en que intervenga. La remoción causa la inhabilitación para desempeñar el cargo de síndico durante un término no inferior a cuatro años ni superior a diez, que es fijado en la resolución respectiva. La remoción puede importar la reducción para el síndico de entre el treinta por ciento y cincuenta por ciento de los honorarios a regularse por su desempeño salvo en caso de dolo, en cuyo caso la reducción podrá superar dicho límite… , de manera tal que evaluar si se acreditaron las faltas imputadas al Síndico y si su gravedad justifica la sanción dictada, remiten a la apreciación de hechos invocados como fundamento para la remoción de los síndicos intervinientes en el proceso concursal.

3.-La única revisión posible ante la instancia extraordinaria es la que se limita a descartar o comprobar la existencia de absurdo, es decir, de un razonamiento viciado desde el plano lógico o que desconoce de modo manifiesto las constancias de la causa.

4.-El síndico debe cumplir sus obligaciones de modo diligente, indelegable e indeclinable y cuando el síndico viola el deber que le imputa la función, el órgano jurisdiccional viene investido de la facultad-atribución de aplicarle sanciones disciplinarias, que derivan del poder jerárquico disciplinario jurisdiccional y cuyo fundamento en su procedencia se asienta en el mejoramiento del servicio, cubren una amplia gama como correctivas o sanciones menores (apercibimiento; llamado de atención; multa) o como depurativas (remoción). La sanción depurativa se vincula con acciones u omisiones de entidad grave, cuya valoración en cada caso en particular debe ser meritada por el órgano de aplicación competente

5.-La negligencia como fundamento del reproche no importa la necesidad de ocasionar perjuicio, bastando la situación de peligro la conducta omisiva de la sindicatura en el cumplimiento de sus obligaciones.

6.-Resulta estéril la generalizada denuncia acerca de la infracción de preceptos constitucionales cuando ésta ha quedado subordinada a la prueba de la violación de normas de derecho común, faena procesal fracasada. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 15 de agosto de 2012, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Soria, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 110.197, «Canley S.A. Concurso preventivo».

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Nicolás confirmó la resolución de primera instancia que había sancionado a la Sindicatura interviniente -contadores públicos Julio Hernán Deleglise, Eduardo Julio Gatti y Rodolfo Orlando Lázaro- con remoción e inhabilitación por el término de cuatro años para desempeñar esa tarea.

Se interpuso, por dichos profesionales, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I. 1. En el concurso preventivo de Canley S.A. se homologó la propuesta concordatoria que fue elaborada al abrirse la instancia del art. 48  de la ley 24.522, consistente en la conformación de un fideicomiso integrado por distintos inmuebles, unos de propiedad de la concursada y otros del dominio de empresas vinculadas a esta última (fs. 726; 1278).

Posteriormente, el juez del concurso intimó a la Sindicatura a acreditar el diligenciamiento de los oficios librados para inhibir a las empresas vinculadas, cuyos bienes iban a ser parte del contrato de fideicomiso (fs.1895).

El magistrado, ante la falta de cumplimiento de la intimación, dispuso sancionar al órgano sindical, removiendo a sus integrantes e inhabilitándolos por cuatro años, por haberse configurado el deficiente desempeño de sus funciones ante la comprobación de la falta de inscripción de la inhibición general ordenada para proteger los bienes que integrarían el fideicomiso, lo que posibilitó que uno de los inmuebles que lo integraban -de propiedad de la empresa Olivares Mediterráneos S.A. vinculada a la concursada- fuera enajenado a un tercero sin la previa y debida intervención del juez del concurso (fs.

1932/1934).

Frente a este pronunciamiento los integrantes de la Sindicatura interpusieron recurso de apelación (fs. 1968) presentando el memorial de agravios (fs. 1986/2008) a cuyo traslado respondieron el Comité de Acreedores (fs. 2056/2057) y la concursada (fs. 2059).

Elevados los autos a la Cámara, ésta confirmó el pronunciamiento de primera instancia, lo que motivó la interposición del recurso en estudio.

2. La alzada, para confirmar la decisión arribada en la instancia anterior, encontró que a la luz de los criterios desplegados por la jurisprudencia y por la doctrina de autores respecto de la interpretación del art.

255  de la ley 24.522 y analizando los elementos obrantes en la causa, la conducta omisiva de los miembros de la Sindicatura había existido (fs. 2151 vta./2152).

Para ello tuvo en cuenta que el acuerdo preventivo había sido homologado, que el inmueble sito en la calle 25 de mayo 293, piso 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integraba el fideicomiso acordado y que era propiedad de la empresa vinculada a la concursada, quien había asumido el compromiso de concretar la transferencia a su nombre (fs.2152).

También tuvo en cuenta la alzada que la minusvalía del bien (por existencia de otros juicios sobre el inmueble) que ahora invocaba la Sindicatura en su defensa para justificar la sustitución por otros bienes, no había sido óbice para que ella prestara conformidad al acuerdo, entendiéndose tardía la argumentación articulada (fs. 2152 vta.).

Consideró, además, que el argumento basado en el mayor valor de los bienes que reemplazaban al vendido no tenía andamiento pues la negligencia como fundamento del reproche no importaba la necesidad de ocasionar perjuicio, bastando la situación de peligro que la conducta de la Sindicatura hubiera provocado (fs. 2153) y que, en el caso, el riesgo se evidenciaba por la sola desaparición del inmueble, resultando improcedente la comparación que se proponía cuando la modificación aún no había merecido judicial aprobación (fs. 2153 vta.).

Por último, desestimó la Cámara que la sanción haya sido excesiva, pues dada la complejidad del expediente reconocida por la Sindicatura, era esperable un mayor cuidado en la tramitación (fs. 2153 vta.).

Destacó que ese mismo tribunal había desautorizado la venta de otro bien que también estaba afectado al fideicomiso, configurando la desaparición del inmueble integrante del concordato que había sido aprobado, un hecho grave que había sido tenido en cuenta en la sanción decidida, resaltando que la pena impuesta no había sido la mayor pues no se había dispuesto la reducción de los honorarios (fs. 2154 y vta.).

II. Se agravian los contadores públicos, integrantes de la Sindicatura, denunciando la infracción a los arts. 255 inc.3  y 276  de la ley 24.522; 14 , 16, 17 y 18  de la Constitución nacional; 11 , 15 , 27 , 31  y 171  de su par provincial; de la doctrina legal; absurdo.

A los fines de sustentar las violaciones denunciadas y luego de referirse a la «flexibilización de soluciones» que derivó de la sanción de la ley 25.589 -modificatoria del art. 52  de la ley 24.522-, se desconforman del pronunciamiento de la siguiente manera: a) la Cámara analizó la omisión con severidad sin tomar en cuenta las consecuencias de la misma; citan jurisprudencia de Cámara nacional y doctrina de autor (fs. 2246 vta./2248); b) denuncian que el juez de primera instancia también es responsable porque omitió ordenar medidas que imponía el art. 14 de la ley concursal y que las cautelares dictadas ab initio perdieron vigor en razón del Cramdown, por lo que debió dictar otras de conformidad con el art. 53  de la ley 24.522, lo que no hizo (fs.

2248/2249 vta.); c) se apartó la alzada de su reiterada doctrina donde había establecido que para definir una sanción al síndico del concurso era condición indispensable que la conducta cuestionada hubiese aparejado perjuicio para la masa; citan doctrina de autores (fs. 2249 vta./2250 vta.; 2253/2255); d) aplicó la sanción más gravosa sin tener en cuenta la inexistencia de antecedentes, la convalidación de los acreedores respecto del desempeño de la Sindicatura y las dificultades naturales de tan vasto proceso concursal, sin apreciar las consecuencias que la sanción acarrea en la labor de los profesionales y en sus vidas; citan doctrina de Cámara nacional (fs.2251 vta.; 2256); e) advierten que la Cámara incumplió el art.276 de la ley 24.522 ya que no fue parte el Ministerio Fiscal en el recurso de apelación de la Sindicatura, quien hubiera avalado las explicaciones y argumentos propuestos en la expresión de agravios; citan doctrina de autor y fallos de Cámara (fs. 2252/2253; 2258 vta.); f) destacan la arbitrariedad de la sentencia que no consideró que en su informe el valuador de los bienes del acuerdo había indicado la constitución de derecho real de hipoteca sobre el bien cuestionado; agregan que no corresponde la falta de impugnación que la alzada les endilga respecto de ese informe, pues en el período de exclusividad la actividad es de los acreedores y la Sindicatura sólo tiene que controlar si se llega a las mayorías exigidas por la ley (fs. 2259/2260); g) no tuvo en cuenta la alzada la voluntad de los acreedores, ya que la sustitución del inmueble por otro fue aprobada por el Comité de Acreedores y por el único acreedor laboral, sin que hubiera sido impugnada por los restantes. Afirman que sin daño no hay responsabilidad y sin responsabilidad no hay punición; citan doctrina de la Corte nacional (fs. 2250 vta./2252; 2255/2256); h) denuncian la interpretación inexacta y desnaturalizada de las constancias objetivas de la causa que afecta el derecho de defensa y encuentran configurada cuando la alzada asevera que el inmueble en cuestión no era un bien litigioso, conclusión que no pudieron rebatir probando lo contrario por la imposibilidad de hacerlo en esa instancia; agregan que en la segunda parte de la cláusula 2.4. del primigenio acuerdo preventivo homologado se había contemplado la posibilidad de no obtener el ciento por ciento del valor de venta de los bienes fideicomitidos en razón de circunstancias especiales atinentes a ellos (fs. 2259/2260).

III. El recurso no ha de prosperar.

1.Plantean los integrantes de la Sindicatura plural su disconformidad por la sanción de remoción con más la de inhabilitación por cuatro años para ejercer las funciones de Sindicatura concursal que se les impuso en primera instancia y se ratificó en la alzada, por considerarla excesiva al no causar perjuicio para los acreedores y al no contar los agraviados con antecedentes de sanciones.

El fundamento de la decisión confirmatoria fue la constatación de no haber diligenciado el oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se ordenaba la inhibición general de bienes de la empresa «Olivares Mediterráneos S.A.», empresa vinculada a la concursada «Canley S.A.», para asegurar el cumplimiento del concordato al que se había arribado -y que había sido homologado- mediante la conformación de un fideicomiso integrado por distintos bienes inmuebles, entre los que se encontraba el que pertenecía a la referida sociedad vinculada.

La falta de anotación de la medida cautelar ordenada posibilitó la venta del bien por su propietaria registral -«Olivares Mediterráneos S.A.»- a un tercero, sin que de ello se anoticiara al magistrado del concurso, tornándose, de esa manera, imposible la integración del inmueble al fideicomiso.

2. En principio, tenemos que el art. 255 de la ley 24.522, en su tercer párrafo, expresa: «.

[Remoción] Son causas de remoción del síndico la negligencia, falta grave o mal desempeño de sus funciones.

La remoción compete al juez, con apelación ante la cámara.

Consentido o ejecutoriado el auto, el síndico cesa en sus funciones en todos los concursos en que intervenga.La remoción causa la inhabilitación para desempeñar el cargo de síndico durante un término no inferior a cuatro años ni superior a diez, que es fijado en la resolución respectiva.

La remoción puede importar la reducción para el síndico de entre el treinta por ciento y cincuenta por ciento de los honorarios a regularse por su desempeño salvo en caso de dolo, en cuyo caso la reducción podrá superar dicho límite.» (el resaltado me pertenece).

Ahora bien, evaluar si se acreditaron las faltas imputadas al Síndico y si su gravedad justifica la sanción dictada, nos remiten a la apreciación de hechos.

Delimitado tal marco de conocimiento, la única revisión posible en esta instancia extraordinaria es la que se limita a descartar o comprobar la existencia de absurdo, es decir, de un razonamiento viciado desde el plano lógico o que desconoce de modo manifiesto las constancias de la causa (C. 102.990, sent. del 4-XI-2009), denuncia que fue satisfecha por los recurrentes, por lo que corresponde constatar si tal vicio se encuentra configurado en la especie.

Continuando con el análisis emprendido sabido es que el Síndico debe cumplir sus obligaciones de modo diligente, indelegable e indeclinable.

Cuando el Síndico viola el deber que le imputa la función, el órgano jurisdiccional viene investido de la facultad-atribución de aplicarle sanciones disciplinarias. Éstas, que derivan del poder jerárquico disciplinario jurisdiccional y cuyo fundamento en su procedencia se asienta en el mejoramiento del servicio, cubren una amplia gama como correctivas o sanciones menores (apercibimiento; llamado de atención; multa) o como depurativas (remoción). La sanción depurativa se vincula con acciones u omisiones de entidad grave, cuya valoración en cada caso en particular debe ser meritada por el órgano de aplicación competente («Remoción del Síndico en el proceso concursal.», Saúl A. Argeri, LL 1980-A, 1088).

Los Síndicos han reconocido la falta que se les imputa (v. fs. 2235 pto. 4.9.2.1.; 1998 pto. II.B., 1er.párr.) y también que ello permitió que el inmueble que integraba el acuerdo homologado desapareciera, como surge del contrato de fideicomiso agregado a fs. 1710/1850. Por ello, sus argumentos que se encaminan a intentar demostrar que no ha habido perjuicio para los acreedores en razón de que el inmueble en cuestión fue sustituido por otros de mayor valor y porque aquéllos han prestado consentimiento a la sustitución, no han de tener andamiento.

En el sub lite, lo que está en discusión es la sanción por el incumplimiento de la orden del magistrado, dictada para la preservación de los bienes que integraban el acuerdo preventivo homologado, lo que en definitiva no se logró respecto de un inmueble en razón de la omisión de la Sindicatura.

Desde esa óptica debe ser analizada la cuestión traída al debate, más allá de la insistencia de los recurrentes sobre la falta de perjuicio para los acreedores y los consentimientos dados por el Comité de Acreedores o por la concursada (v. fs. 2056/2057 y 2059).

La Cámara sostuvo que la negligencia como fundamento del reproche no importa la necesidad de ocasionar perjuicio, bastando la situación de peligro (v. fs. 2153, 4to. párr.) y agregó: «. la conducta omisiva existió, mostrándose en lo puntual incumplido aquel destacado deber de la sindicatura que impone su desempeño activo y útil en causas como el sub lite» (v. fs. 2153 vta., 2do. párr.; el destacado me pertenece), para luego concluir justificando la proporcionalidad de la sanción diciendo: «. la inadvertencia ha derivado en la desaparición de un bien sobre el cual -del modo que fueseen la causa se había erigido la aprobación del concordato.» (v. fs. 2154, 4to.párr.).

Estos fundamentos basales del pronunciamiento no han sido adecuadamente rebatidos por los recurrentes, quienes presentan su propia versión de los hechos sin lograr de esa manera demostrar el vicio del absurdo que permita revocar el pronunciamiento.

También encuentro que los argumentos desplegados por ellos son, en gran medida, una reiteración de los planteados en la expresión de agravios (v. fs. 2136 vta./2144) lo que demuestra, una vez más, la equivocada técnica recursiva utilizada y, por ende, la insuficiencia de sus embates.

Esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que parcializa la crítica del fallo y deja incólume un fundamento esencial que por sí solo resulta bastante para mantenerlo (art. 279  del C.P.C.C.; C. 101.550, sent. del 17-XII-2008) y cuando también se limita a reiterar las argumentaciones vertidas en los escritos de expresión de agravios, sin impugnar eficazmente las conclusiones esenciales del fallo (C. 101.424, sent. del 15-IV-2009), lo que acontece en la especie.

De la misma insuficiencia adolecen sus impugnaciones contra la actuación del magistrado de primera instancia, en razón de que el planteo es ajeno a la cuestión en estudio, ni la denuncia por la falta de intervención del Agente fiscal, ya que aquí no está en discusión la impugnación del acuerdo preventivo al que hace mención la primera parte del art. 276 de la ley 24.522, sobre el que asientan su denuncia los impugnantes, ni tampoco estamos ante un proceso de quiebra, como exige la segunda parte de la norma citada.

En cuanto a la denuncia de violación del art. 171  de la Constitución provincial y sin perjuicio de su desestimación ante la falta de argumentación, exigencia que impone el art.279 del Código Procesal Civil y Comercial, es necesario resaltar que esta Corte ha dicho que no constituye vía idónea el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a los fines de canalizar los agravios suscitados por la eventual falta de fundamento legal del fallo ya que tales cuestiones son propias del recurso extraordinario de nulidad (C. 101.855, sent. del 11-XI-2009; C. 106.544, sent. del 2-VII-2010).

Por último, cabe recordar que resulta estéril la generalizada denuncia acerca de la infracción de preceptos constitucionales cuando ésta, como ocurre en el presente juicio, ha quedado subordinada a la prueba de la violación de normas de derecho común, faena procesal fracasada (C. 97.830, sent. del 11-II-2009; C. 100.447, sent. del 1-VI-2011).

IV. En consecuencia, no habiendo demostrado los recurrentes el absurdo ni las violaciones legales denunciadas, el recurso interpuesto debe ser rechazado (art. 289 , C.P.C.C.). Costas a los recurrentes vencidos (art. 68 , C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

El señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

1. Adhiero al voto del doctor Genoud, con la siguiente precisión adicional en torno al alcance del reconocimiento que el ponente atribuye a los síndicos respecto de la falta que se les imputa (v. quinto párrafo del pto. III.2). a. A fs. 2235 -pto. 4.9.2.1.- los recurrentes afirman que mientras algunas de las medidas cautelares solicitadas a fs. 1036 fueron correctamente anotadas, la que motiva la sanción en discusión «. no fueron asentadas en debida forma». Mas seguidamente arguyen que «. de ningún modo tales omisiones pueden ser sancionables, siendo que las precautorias habían sido pedidas para la etapa del art.48 L.C.Q., durante la cual ningún bien fue transferido».

En consonancia con ello, expresan que al concluir la etapa del salvataje y dar nacimiento a la atinente a la homologación del acuerdo, la inhibición general ordenada en un inicio y en el marco del citado art.

48 ya no podía continuar en vigor, por lo cual resultaba necesario que el señor Juez de origen ordenase otras medidas (v. fs. 2248 vta./2250). b. Ahora bien, en tal parcela de su recurso los interesados se desentienden por completo de los fundamentos esgrimidos por la Cámara a fin de desestimar idénticos agravios llevados a su conocimiento.

Sobre el particular, el tribunal a quo sostuvo que «Lo concreto es que la propiedad integró la oferta concordataria aprobada por el a quo» habiendo la concursada asumido el compromiso de «. suscribir un contrato de fideicomiso que involucraba ese inmueble [en referencia al que luego fue enajenado], y por ello fútil resulta aseverar que la inhibición en cuestión sólo tuvo en miras lograr la homologación del acuerdo preventivo alcanzado en la causa, sin alcanzar la garantía para la etapa posterior cuyo tránsito ahora discurre en el expediente». Mas aún precisó la alzada que bastan para abonar lo señalado «. los términos vertidos con anterioridad por quienes hoy recurren: ‘Y dado que si bien las medidas cautelares tenían otra finalidad en el juicio concursal, al que nos remitimos, entendemos que VE. cumpliendo también por seguridad jurídica, podría levantar esas medidas en el mismo momento de la constitución e inscripción del fideicomiso.’ (fs. 1682 vta.), aseveración ésta que mucho dista de lo ocurrido en la causa, y no se compadece con la omisión que ahora se pretende soslayar» (v. fs. 2152 vta./2153).

Estos fundamentos, reitero, no merecieron réplica alguna por parte de los integrantes de la Sindicatura, lo que torna insuficiente su intento revisor (art. 279 del C.P.C.C.).

2. Con la salvedad expuesta, reitero mi adhesión al voto del doctor Genoud y doy el mío por la negativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A

P or lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas a los recurrentes (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

El depósito de $ 2.500 efectuado a fs. 2216 queda perdido (art. 294 , C.P.C.C.). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto resol. 870/2002).

Notifíquese y devuélvase.

HECTOR NEGRI

DANIEL FERNANDO SORIA

LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN

CARLOS E. CAMPS – Secretario –

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: