El hecho que el menor ostente licencia de conducir no exonera a los padres por los daños que pueda ocasionar a terceros mientras conduce.

Partes: R. F. R. y otro c/ B. M. P. y otro s/ ordinario – recurso de apelación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala/Juzgado: Cuarta

Fecha: 23-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-74482-AR | MJJ74482 | MJJ74482

El hecho que el menor adulto ostente licencia de conducir no exonera a sus progenitores por los daños que pueda ocasionar a terceros mientras conduce.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que responsabilizó a los padres del menor por la muerte del hijo de los actores, quien era transportado por aquél en la caja de la camioneta cuando el vehículo chocó contra el cordón y volcó, pues sería muy fácil para los padres eludir la responsabilidad que les compete por los daños que cometiera su hijo, con el sólo hecho de autorizarlo a que obtenga el carnet de conductor, en desmedro de los derechos de las potenciales víctimas.

2.-La habilitación para conducir es una expresión técnica: se le otorga el carnet a quien se encuentra técnicamente preparado para conducir, pero no se declara que a partir de ese momento el menor se transforme en una persona plenamente capaz, que responderá por los daños que ocasione.

3.-La legislación provincial aplicable, en tanto exige para el otorgamiento de la licencia de conductor la autorización del representante legal y prevé su posibilidad de retractación, con efecto anulatorio de la otorgada, pone en evidencia la intención -en similar sentido al de la ley nacional- de mantener la exigencia de control paterno sobre la actividad de un hijo al volante, por lo que la autorización para obtener el carnet no exonera, per se, la responsabilidad de los padres.

4.-Cabe asignar 80% de responsabilidad a los demandados responsables, pues el hecho que la víctima fuera transportada en la caja de la pick up y no en el habitáculo destinado a tal fin, no constituye culpa exclusiva de la víctima, sino responsabilidad atribuible al conductor, quien debió impedir el acceso a esa parte del automotor o disponer la inmovilización del vehículo hasta tanto la víctima y los restantes transportados descendieran; además, surge probado que el vehículo circulaba a gran velocidad al momento de impactar contra el cordón y volcar.

5.-Corresponde atribuir 20% de responsabilidad a la víctima, pues si aceptó ser transportado en la caja de la pick up, ello involucró el conocimiento de un peligro potencial derivado de la situación de desprotección que tal habitáculo ofrecía.

6.-Debe revocarse el fallo en cuanto extendió la responsabilidad a la aseguradora, pues no tuvo en cuanto la cláusula de no seguro en la que disponía que la compañía no respondería por los daños sufridos por terceros transportados en la caja del vehículo, resultando clara la distinción entre un ámbito totalmente protegido (el de las personas que viajan en el habitáculo diseñado para tal fin en vehículo) y otro excluido (los pasajeros que son transportados, como en el caso, en un lugar diseñado para que vayan mercaderías).

7.-Si se trata de considerar la función social del contrato de seguro habrá que tener en cuenta también que cláusulas de este estilo se encuentran enderezadas a evitar la multiplicación de accidentes con el objetivo de restringir -y eventualmente anular- la tendencia de los conductores de vehículos a llevar a personas transportadas en sitios no diseñados por la industria automotriz.

 

En la Ciudad de Córdoba a días 23 del mes de agosto de dos mil doce, se reunieron los Señores Vocales de la Excma. Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial y en presencia de la Secretaria del Tribunal a fin de dictar Sentencia en Acuerdo Público en autos “R., F. R. Y OTRO C/ B., M. P. Y OTRO -ORDINARIO- RECURSO DE APELACIÓN EXPEDIENTE DEL INTERIOR-EXPTE. N°1989678/36” con motivo del recurso de apelación interpuesto por todas las partes en contra de la Sentencia número doscientos ochenta y tres de fecha veintitres de setiembre del año dos mil diez, dictada por el Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, y cuya parte resolutiva dispone: “I) Hacer lugar a la demanda entablada por F. R. R. y M. R. E., en contra de L. N. B., M. P. B., L. B. y en contra de J. B. S.R.L., en consecuencia, condenar a estos, a abonar a los accionante, en el plazo de diez días a contar de la fecha en que quede firme la presente y bajo apercibimiento de ejecución, el monto de pesos ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta y cinco ($176.885) con más intereses en la forma establecida en el Considerando X). II) Hacer extensiva la presente condena, en todas sus partes, a la citada en garantía, Compañía de Seguros El Norte S.A. en los términos del art.118 de la ley de seguros. III) Imponer las costas a cargo de los demandados L. N. B., M. P. B., L. B., J. B. S.R.L. y la citada en garantía Compañía de Seguros El Norte S.A.; a cuyo fin se regulan los honorarios de los Dres.Nelson Hugo Spada y Carlos Francisco Bonanzea en la suma de Pesos Sesenta y ocho mil novecientos ochenta y seis con sesenta y seis centavos ($68.986,66), IV) Regular los honorarios del Perito Contador Oficial Horacio Daniel Díaz en la suma de pesos ochocientos cuarenta y ocho ($848), siendo los mismos a cargo de los demandados vencidos. Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.: Dr. Andres Olcese, Juez”.-

Seguidamente el Tribunal fijó las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión: ¿Procede el recurso de apelación de los codemandados M. P. B., L. B. y Oscar Gabriel Vázquez?

Segunda cuestión: ¿Procede el recurso de apelación de la citada en garantía?

Tercera cuestión: ¿Procede el recurso de apelación de la parte actora?-

Cuarta cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

Conforme el sorteo oportunamente realizado los Señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dr. Raúl E. Fernández, Dr. Miguel Ángel Bustos Argañarás y Dra. Cristina González de la Vega.-

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DR. RAUL E. FERNANDEZ, DIJO:

I. Contra la sentencia cuya parte resolutiva se transcribe más arriba, apelaron todas las partes del juicio, expresando y contestando, recípR.mente, sus agravios. Dictado y firme el decreto de autos, la causa fue pasada a resolución.-

II. Con motivo de un accidente de tránsito en el que perdió la vida el hijo de los actores, estos últimos demandan al conductor menor de edad, a sus padres y al titular registral del automóvil.

Los padres del conductor se agravian de que se les haya imputado responsabilidad, cuando su hijo contaba con carnet de conductor habilitante.A ese respecto citan un fallo del tribunal casatorio local, el cual, a través de la sala en lo penal, declaró que si el menor adulto ostenta licencia de conducir, sus progenitores quedan desobligados.-

En el precedente en cuestión se dejó sentado que sea desde las tesis subjetivas u objetivas, en cuanto a los fundamentos de la responsabilidad de los padres, “.aún cuando pueda discreparse en la naturaleza y alcance de la responsabilidad dispuesta por el artículo 1114  del Código Civil cuando se avanza en el análisis a la hipótesis particular del menor adulto que posee licencia de conducir, esto es, que se encuentra estatalmente habilitado para hacerlo, la conclusión es unívoca: la exoneración de los progenitores. El fundamento también es común: no puede en tal caso achacárseles omisión de vigilancia activa alguna, toda vez que la autorización administrativa desobliga a los padres de las obligaciones emergentes de la patria potestad (tesis subjetiva) o bien hace desaparecer la garantía que deben asumir en virtud de su condición de padres (tesis objetiva) ya que no resulta razonable que, contando su hijo con dicho permiso por haber cumplimentado todos los requisitos exigidos por la autoridad para obtenerlo, permanezcan responsables de un accionar en cuya autorización el propio Estado ha decidido prescincidir de la voluntad de aquellos y dar autonomía al joven” (T.S.J. Cba. Sala Penal, in re “Achaval, María Virginia p.s.a. Homicidio Culposo – Recurso de Casación” sent. nº 92 del 24.9.03, Sem. Jur. T. 88, 2003-B, 555 y sgts).

Tal tesitura fue reiterada posteriormente por la misma Sala, con distinta integración (in re “A.S.D. del 2.12.07, L.L.C. 2008, pág. 483, con nota de Marcelo J. López Mesa, quien trae a colación la opinión coincidente de la Suprema Corte de Buenos Aires, in re “Enrique de Ríos, Alicia N y Otros c. Di Rocco, Ana B. Y Otros” L.L.B.A. 2002-643).

III.No comparto ese modo de ver las cosas, pues sería muy fácil para los padres eludir la responsabilidad que les compete por los daños que cometiera su hijo, con el sólo hecho de autorizarlo a que obtenga el carnet de conductor, en desmedro de los derechos de las potenciales víctimas.

No está de más tener en cuenta la trascendencia de la falta de carnet de conducir en los casos de accidentes de mayores de edad, situación en la cual no puede adjudicarse, per se, responsabilidad, sino que es preciso acudir a los hechos comprobados en la causa, en función de las normas aplicables.

Con particular referencia a supuestos como el de autos, se ha dicho que “. la autoridad de aplicación estime que una persona queda habilitada para conducir, no significa elevarla al rango de responsable patrimonial frente a la víctima, por los daños que ocasione.”

“La conclusión que establece la exoneración de la responsabilidad de los padres sobre la base de un criterio administrativo, que es gozar de un carnet para conducir el vehículo, en las hipótesis planteadas, nos resulta inadecuada.”-

“En todo caso, la habilitación para conducir es una expresión técnica: se le otorga el carnet a quien se encuentra técnicamente preparado para conducir, pero no se declara que a partir de ese momento el menor se transforme en una persona plenamente capaz, que responderá por los daños que ocasione.”

“Atribuir una suerte de juicio de valor o los efectos de una facultad legislativa a la autoridad administrativa que ha otorgado el carnet, excede con creces la función propia de la administración, y otorga la posibilidad de reformar la ley por la vía de los hechos” (Lloveras, Nora, “El menor habilitado para conducir y la responsabilidad refleja de los padres” en Ameal, Oscar J. Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001, pág.233 y sgts).

No desconozco la realidad respecto de las relaciones entre padres e hijos, estos últimos con edades como el de autos, al momento del evento dañoso.

Pero un argumento me convence para mantener la responsabilidad de los padres.

Así, en comentario a una resolución análoga a la citada más arriba, emanada de la Sala en lo Penal del tribunal casatorio local (in re “Bombén, Darío Fernando s/ lesiones culposas – Recurso de casación” sent. del 12,9.00), ha señalado la doctrina que es dable tener especialmente en cuenta “.una consideración pasada llamativamente por alto en el fallo, como es la relativa a lo que, hemos visto, dispone la legislación aplicable en la Provincia de Córdoba, en tanto exige para el otorgamiento de la licencia de conductor la autorización del representante legal y prevé su posibilidad de retractación, con efecto anulatorio de la otorgada, lo que pone en evidencia la intención del legislador -en similar sentido al de la ley nacional- de mantener la exigencia de control paterno sobre la actividad de un hijo al volante; pues no otro sentido cabe asignar a la posibilidad de revocación de la autorización y a sus efectos” (Caramelo, Gustavo, “La responsabilidad de los padres por los hechos de tránsito cometidos por sus hijos con licencia de conductor otorgada por la autoridad pública”, en RDPC, 2009-2, Automotores I, pág. 335, con alusión a los arts. 11 y 17 de la ley 8650).

En suma, la autorización para obtener el carnet, no exonera, per se, la responsabilidad de los padres.

III. Como en el mismo escrito se sostienen otros argumentos, cabe analizarlos también con relación a la situación del titular registral de la camioneta Toyota, Hilux ( J B. S.R.L. ) como de los progenitores del menor.-

En particular, asume gravitación el que alude al quiebre del nexo de causalidad adecuada, por invocación de culpa de la víctima.Cabe destacar que la cuestión fue expresamente introducida en oportunidad de contestar la demanda, donde se señaló que “.el menor en forma voluntaria y deliberada asumió una situación de riesgo y peligro al aceptar ser trasladado en la caja de la pick-up.” (fs. 45 vta).

Aclaro esto, atento la actual jurisprudencia que, por mayoría, asumió la Sala en lo Civil y Comercial de esta Provincia, la cual -aunque no comparto- requiere de la oportuna invocación de la culpa de la víctima, al tiempo de trabarse la litis, como condición necesaria para su consideración por el Tribunal.

En este sentido, no está demás recordar que en materia de transporte benévolo, “.la asunción de los riesgos normales del viaje no es causal de supresión ni de disminución de la responsabilidad por los principios que emanan de los arts. 1109  y 1111  del Código Civil, como también acerca de que el riesgo que acepta la víctima no alcanza al de perder la integridad física o la vida, a menos que debido a las circunstancias particulares del hecho esa consecuencia hubiera podido h abitual y razonablemente sobrevenir,lo cual permitiría una asimilación a la culpa (Fallos:315:1570 y 319:737).” (C.S.J.N. in re “Melnik de Quintana, Mirna E. y otro c. Carafi, Juan M. y otros/rerc. de hecho dedudido por: Prats, Gustavo A.”  del 23.10.01, RCyS 2002, 763, el destacado me pertenece).

En otras palabras, el solo hecho de solicitar el transporte benévolo no impone, por sí, la existencia de asunción del riesgo, salvo que se trate de situaciones tales que hagan previsible la ocurrencia del daño.

Lo dicho a la luz de las palabras de la Corte Suprema, sin dejar de señalar que la cuestión debe situarse en el ámbito del hecho de la víctima (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 4, pág.287; Pizarro, Ramón Daniel, Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa. Parte General, Ed. L.L., Buenos Aires, 2006, pág. 262).

De tal modo, el hecho de la víctima puede tener potencialidad exonerativa de responsabilidad por quiebre del nexo de causalidad (art. 1111 C.C.), sea de modo total o parcial.

En este caso, entiendo que las características del evento dañoso conducen a disminuir la responsabilidad de los demandados.

En efecto, para el señor Juez a quo, el hecho que la víctima fuera transportada en la caja de la pick up y no en el habitáculo destinado a tal fin, no constituye culpa de la víctima, sino responsabilidad atribuible al conductor, quien debió impedir el acceso de la víctima a esa parte del automotor o disponer la inmovilización del vehículo hasta tanto la víctima y los restantes transportados descendieran (fs. 610 vta).

Es del caso tener presente que, conforme la declaración de Tomás Menso, otro de los transportados, surge que al salir del “boliche Molino Rojo”, cerca de las 7 de la mañana, Leandro B. se ofreció para llevarlo junto a los demás nombrados (incluida la víctima), el conductor y dos más iban en la cabina, en tanto que en la caja de la camioneta estaban Rivarola, Monti, Scagliarini y R.-

El lugar donde se conducía la víctima tiene trascendencia en cuanto al nexo de causalidad.

Se ha dicho que “.no existe aceptación de riesgos que libere de responsabilidad y por la sola intervención de la víctima en una actividad con peligrosidad genérica y abstracta, aceptada según las normas del diario vivir. Viajar en un automotor normalmente conducido no configura una aceptación de riesgos que exime la responsabilidad del transportista por un accidente, ni siquiera cuando el traslado obedece a un gesto de cortesía” ( Müller, Enrique C. “La aceptación o asunción del riesgo o peligro como eximente. Supuestos discutidos. El turismo aventura. Las prácticas deportivas.Otras hipótesis”, en Revista de daños, 2006-2, Eximentes de responsabilidad- II, pág. 137, el destacado me pertenece).

A contrario, si no se trata de una situación normal, sino que el transporte en la caja de la pick up constituye una situación de anormalidad que conduce a aceptar la influencia concausal del hecho de la víctima.

En ese sentido, es conteste la doctrina antes citada, cuando señala que “.hay casos en que la actividad desplegada por el damnificado es particularmente peligrosa, pues lo coloca en situación de desprotección. El desplazamiento en motos (contexto frecuente de accidentes, casi siempre con víctimas jóvenes) no excluye, por sí mismo, la responsabilidad del dueño o conductor del otro rodado embistente, pero puede valorarse como concausa si según las circunstancias ha intensificado el riesgo propio: omisión de medidas de resguardo -cascos- viajar con más personas que las autorizadas; protagonismo activo y no sólo pasivo de la moto en la mecánica del siniestro, etcétera” (Müller, Op. cit pág. 138).

De tal modo estimo que el agravio es parcialmente acogible, dado que si la víctima aceptó ser transportado en la caja de la pick up, ello involucró el conocimiento de un peligro potencial derivado de la situación de desprotección que tal habitáculo ofrecía.

Por ende, estimo que cabe distribuir las responsabilidades, endilgando el 20% a la víctima y el resto a los obligados legalmente. Esto así, porque conforme quedó establecido en autos, el conductor de la pick up llegó al lugar del impacto a alta velocidad, tanto que Tomás Menso le pidió que fuera más prudente (fs. 426), Juan Mauel Rivarola reconoció que quienes iban en la cajuela le gritaron al conductor que fuera más despacio (fs. 468) y al momento del accidente, el automotor pegó contra el cordón de la vereda y tumbó, lo que demuestra la mayor responsabilidad atribuida al conductor.

IV.Los codemandados se agraviaron también, por haberse concedido a los padres los rubros gastos de sepelio, pérdida de chances presentes y futuras y agravio moral, los que sólo podían reclamarse por derecho propio, cuando los mismos comparecieron, demandaron y se les otorgó participación como herederos de su hijo fallecido.-

La lectura de la demanda deja ver que los actores comparecieron “.ambos por derecho propio” (fs. 13) aunque luego aludieron al carácter de herederos forzosos de José Antonio R., pero tal alusión debe vincularse, esencialmente al rubro daño moral conforme las alusiones que se realizan en el punto “II” de fs. 13 y la cita expresa de jurisprudencia referida, justamente, a los alcances del art. 1078  del C.C. (fs. 13 vta).-

De tal modo, la pretendida falta de legitimación activa no constituye motivo alguno que justifique la recepción de esta parte de la apelación.

V. Los actores se agravian porque el señor Juez a quo condenó a pagar el interés moratorio equivalente a la tasa pasiva de uso judicial con más un 1% mensual, y solicitan se aumente el plus al 2%.

La apelación es procedente, conforme la jurisprudencia unificadora del tribunal casatorio local, la tasa de interés que corresponde adicionar a partir del 07.01.2002. es la pasiva de uso judicial con más el 2% como lo proponen los impugnantes.

Para justificar esa solución se dijo que “Existen datos objetivos que demuestran un creciente índice inflacionario con la consecuente pérdida del valor adquisitivo de la moneda.Los constantes reclamos por incrementos salariales, el paulatino crecimiento de las tarifas por servicios que no son prestados por el Estado, un dólar cuyo valor está determinado por la intervención del Ejecutivo Nacional; a esto cabe agregar la inestabilidad mundial de los mercados, que también incide en las tasas locales de interés”.

“Las pautas mencionadas, sumadas a la ausencia de una ley que determine el guarismo aplicable a esta clase de obligaciones, me orientan a buscar una solución equitativa con el fin de mantener la estricta igualdad de la prestación debida conforme las circunstancias del caso, objetivo que no se logra si la tasa resulta neutra o negativa, es decir, si es igual o inferior a la inflación subyacente durante el mismo período”.

“Es preciso recordar que los intereses puestos en tela de juicio tienen una clara orientación a resarcir o indemnizar el perjuicio provocado por la mora del deudor, y esto no se logra cuando la tasa fijada jurisprudencialmente apenas si alcanza a cubrir la depreciación que ha sufrido la moneda en los tiempos de crisis económica por la que transitó nuestro país”.

“Es así que sin apartarnos de los límites impuestos por la ley de convertibilidad, la tasa de interés agravada que se propone como aditamento de la pasiva, se presenta como un adecuado instrumento para evitar que se afecte el derecho de propiedad del actor, y cumple acabadamente con las demás pautas señaladas”.-

“Ciertamente la solución que se propicia no puede ser entendida como una verdad absoluta e inmutable. Por el contrario, tengo el convencimiento de que el juicio que se vierte tiene un elevado componente histórico al que convergen las circunstancias económicas, sociológicas y jurídicas que impregnan nuestro pasado reciente y la actual coyuntura.Es por eso que esta decisión es provisional, y responde al objetivo antes anunciado de resarcir al acreedor los daños provenientes de la mora, meta que por estos días sólo se alcanza manteniendo como adicional la tasa agravada del 2% mensual hasta la fecha del efectivo pago”. (T.S.J. Cba. Sala Civ. Y Com. in re “Municipalidad de Córdoba c. Caprari de Núñez, Norma María del Valle y Otros – Ejecutivo Fiscal”, Auto n° 45 del 9 de marzo de 2011).

VI. Por último, cabe analizar la apelación de la aseguradora cuyo agravio central radica en habérsele hecho extensiva la condena en los términos del art. 118  ley 17.418 cuando ya antes de la existencia del pleito declinó su responsabilidad, atento la configuración del supuesto de hecho contemplado contractualmente. Tal es que no respondía por personas transportadas fuera del habitáculo destinado a que viajen los tripulantes del automotor.

Se trata de la delimitación convencional del riesgo, en una cláusula de exclusión de cobertura o de “no seguro”.

Conforme la cláusula segunda, en lo pertinente, de las condiciones generales “.en relación a los alcances de la cobertura hacia personas transportadas, la responsabilidad asumida por la Aseguradora se extiende a cubrir dentro del límite indemnizatorio por acontecimiento señalado precedentemente, los daños corporales únicamente sufridos por terceras personas transportadas en el habitáculo destinado a tal fin en el vehículo asegurado.” (fs. 489 vta).

Esta situación fue hecha conocer por la aseguradora a su asegurado (J. B. S.R.L.) mediante carta documento que en copia obra a fs. 438 y ratificación del correo argentino a fs.437/439.

En tales condiciones, el agravio resulta procedente, pues es claro que se configuró el supuesto de “no seguro”, con relación a los daños que sufriera el tercero transportado en la caja de la pick up, y no en el habitáculo destinado a tal fin.

Como lo ha recordado la jurisprudencia “.cuando los términos de un contrato son claros y terminantes, sólo cabe limitarse a su aplicación sin que resulte necesaria un a labor de hermenéutica adicional (Fallos: 319:395; 318:2296 y 325:595). Asimismo los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (Fallos: 314:491 y 319:469).”

“El análisis de la cláusula en cuestión no refleja que en ella se haya insertado una condición abusiva respecto del asegurado con sustento en la posición predominante de la aseguradora. Es verdad que en los casos de contratos con cláusulas predispuestas cuyo sentido es equívoco y ofrece dificultades para precisar el alcance de las obligaciones asumidas por el predisponente, en caso de duda debe prevalecer la interpretación que favorezca a quien contrató con aquel o contra el autor de las cláusulas uniformes (Fallos: 325:677). Entiendo, sin embargo, que una interpretación correctiva de las cláusulas predispuestas no resulta adecuada en este caso.Ello es así, en primer lugar porque la cláusula aludida no es equívoca toda vez que resulta clara la distinción entre un ámbito totalmente protegido (el de las personas que viajan en el habitáculo diseñado para tal fin en vehículo) y otro excluido (los pasajeros que son transportados, como en el caso, en un lugar diseñado para que vayan mercaderías). En segundo término, no se observa que esa cláusula suponga una construcción contractual predispuesta por la aseguradora para evitar el cumplimiento del cuerpo de las obligaciones asumidas en el contrato.”

Con particular referencia a la alusión de la función social invocada por el señor Juez a quo, para justificar su interpretación, se recordó en el mismo precedente que “. si se trata de considerar la “función social” del contrato de seguro habrá que tener en cuenta también que cláusulas de este estilo se encuentran enderezadas a evitar la multiplicación de accidentes con el objetivo de restringir -y eventualmente anular- la tendencia de los conductores de vehículos a llevar a personas transportadas en sitios no diseñados por la industria automotriz. La cláusula motiva al contratante -y derivativamente a la persona que conduce el automóvil- a no transportar personas en lugares donde deben ir cosas y, secundariamente, al transportado a no ubicarse en un sitio no diseñado para las personas sino para cosas.No advierto nada abusivo en un contrato en el que el asegurador se compromete a responder hasta donde marca la ley y no más allá y no veo que vaya en contra de la conveniencia social que una compañía aseguradora haga saber a su contratante que debe cumplir la ley de tránsito, más allá de la responsabilidad que pueda surgir respecto del titular o del guardián de la cosa riesgosa respecto del transportado.” (CNCiv. Sala E. in re “González, Ricardo Julián Antonio c. Quiero, Humberto Rubén y Otro” del 9.2.09, L.L. del 21.7.09 pág.7 y sgts).

En suma, el agravio de la aseguradora es procedente.

Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. MIGUEL ANGEL BUSTOS ARGAÑARAS, DIJO:-

Adhiero a los fundamentos y conclusiones a los que arriba el Señor Vocal preopinante, en consecuencia voto en idéntico sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DRA. CRISTINA ESTELA GONZALEZ DE LA VEGA, DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones a los que arriba el Señor Vocal del primer voto, en consecuencia voto en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DR. RAUL E. FERNANDEZ, DIJO:

Corresponde acoger parcialmente el recurso de apelación de los demandados y disminuir su responsabilidad en un 20%, quedando por tanto minorada las suma mandada a pagar en la sentencia, en esa proporción, y rechazarlo en lo demás.-

Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios de primer grado.-

Costas en ambas instancias en un 60% a los demandados y el 40% restante a los actores, atento la procedencia parcial de la apelación y la trascendencia de los rubros rechazados.

Acoger la apelación de los actores y establecer la tasa pasiva promedio con más el 2% nominal mensual, como intereses hasta el efectivo pago, con costas a los demandados, quienes no se allanaron en esta Sede al agravio en cuestión.

Acoger el recurso de apelación de la compañía aseguradora, y dejar sin efecto la condena efectuada en los términos del art. 118 ley 17.418., con costas a los vencidos.-

Estimar los honorarios de los Dres. Nelson Hugo Spada y Carlos Francisco Bonanzea, por sus tareas en la demanda, en el 40% del término medio de la escala del art. 34 ley 8226, y por los restantes trabajos en la instancia anterior en el 60% del término medio de la escala del art. 36  ley 9459, sobre el monto final de la condena.

Estimar los honorarios del Dr.Rubén López, por la contestación de demanda, en el 40% del término medio de la escala del art. 34  Ley 8226 y por los demás trabajos de primer grado en el 30% del término medio de la escala del art. 36 ley 9459.

Estimar los honorarios de los Dres. Sergio Mario Muzi y Martín J. Cortés Olmedo, por la contestación de demanda en el 40% del término medio de la escala del art.34 Ley 8226 y por las restantes tareas de primer grado, para el Dr. Martín Cortes Olmedo, en igual escala y proporción que los asignados al Dr. Rubén López.

Estimar los honorarios del Dr. Nelso Hugo Spada por sus tareas en esta Sede, en el 35% del término medio de la escala del art. 36 ley 9459, los del Dr. Rubén López en el 33% de igual punto y escala y los del Dr. Martín Cortes Olmedo en el 35% de igual punto y escala, todos sobre las bases de los respectivos agravios.

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. MIGUEL ANGEL BUSTOS ARGAÑARAS, DIJO:-

Adhiero a los fundamentos y conclusiones a los que arriba el Señor Vocal preopinante, en consecuencia voto en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DRA.CRISTINA ESTELA GONZALEZ DE LA VEGA, DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones a los que arriba el Señor Vocal del primer voto, en consecuencia voto en idéntico sentido.

Por ello,

SE RESUELVE:

1) Acoger parcialmente el recurso de apelación de los demandados y disminuir su responsabilidad en un 20%, quedando por tanto minorada las suma mandada a pagar en la sentencia, en esa proporción, y rechazarlo en lo demás.

2) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios de primer grado.-

3) Costas en ambas instancias en un 60% a los demandados y el 40% restante a los actores, atento la procedencia parcial de la apelación y la trascendencia de los rubros rechazados.

4) Acoger la apelación de los actores y establecer la tasa pasiva promedio con más el 2% nominal mensual, como intereses hasta el efectivo pago, con costas a los demandados, quienes no se allanaron en esta Sede al agravio en cuestión.

5) Acoger el recurso de apelación de la compañía aseguradora, y dejar sin efecto la condena efectuada en los términos del art. 118 ley 17.418., con costas a los vencidos.

6) Estimar los honorarios de los Dres. Nelson Hugo Spada y Carlos Francisco Bonanzea, por sus tareas en la demanda, en el 40% del término medio de la escala del art. 34 ley 8226, y por los restantes trabajos en la instancia anterior en el 60% del término medio de la escala del art. 36 ley 9459, sobre el monto final de la condena.

7) Estimar los honorarios del Dr. Rubén López, por la contestación de demanda, en el 40% del término medio de la escala del art.34 Ley 8226 y por los demás trabajos de primer grado en el 30% del término medio de la escala del art. 36 ley 9459.

8) Estimar los honorarios de los Dres. Sergio Mario Muzi y Martín J. Cortés Olmedo, por la contestación de demanda en el 40% del término medio de la escala del art.34 Ley 8226 y por las restantes tareas de primer grado, para el Dr. Martín Cortes Olmedo, en igual escala y proporción que los asignados al Dr. Rubén López.

9) Estimar los honorarios del Dr. Nelso Hugo Spada por sus tareas en esta Sede, en el 35% del término medio de la escala del art. 36 ley 9459, los del Dr. Rubén López en el 33% de igual punto y escala y los del Dr. Martín Cortes Olmedo en el 35% de igual punto y escala, todos sobre las bases de los respectivos agravios.

Protocolícese, hágase saber y bajen.-

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