Audiencia por las condenas contra los adolescentes en la Argentina

La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública por la “imposición arbitraria de las condenas de prisión perpetua” contra adolescentes en nuestro país. Los detalles y los videos de la audiencia.

Se realizó el pasado jueves en la Corte IDH la audiencia en el marco de un caso contencioso contra la Argentina, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio del 2011, relacionado con la “imposición arbitraria de las condenas de prisión perpetua” a niños en nuestro país.

Se trata del caso Mendoza y otros vs. Argentina” donde se realizó una audiencia que, en total (contando dos días consecutivos de audiencia) duró poco más 5 horas 20 minutos, y donde el tribunal internacional escuchó escuche los alegatos finales orales de los representantes de las presuntas víctimas y las observaciones finales de la CIDH.

Asimismo declararon ante los jueces una de las presuntas víctimas, dos peritos propuestos por los representantes de este y por la CIDH y los alegatos finales de los representantes del Estado Argentino. El caso se relaciona con la alegada “imposición arbitraria de las condenas de prisión perpetua a César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza y Saúl Cristian Roldán Cajal, y de reclusión perpetua a Ricardo David Videla Fernández, por hechos que ocurrieron cuando aún eran niños”.

“Estas penas fueron impuestas en aplicación de un sistema de justicia de adolescentes que permite que éstos sean tratados al igual que los adultos infractores”, explica la presentación de la CIDH al tiempo que alegó que “[e]l presente caso también [versa sobre] una serie de violaciones ocurridas en el marco del cumplimiento de las condenas, bajo la custodia del Estado”.

En la audiencia brindó su testimonio Stella Maris Fernández, madre de Ricardo David Videla Fernández, la víctima que murió en prisión en el año 2005, y relató las inhumanas condiciones de detención que padeció su hijo en la penitenciaría de Mendoza. Allí sostuvo que no creía en la versión oficial según la cual Ricardo se ahorcó en su celda. “No voy a aceptar jamás que mi hijo se mató, porque la esperanza de él era salir un día y amaba la vida”.

Las cinco víctimas y sus familiares vienen siendo representadas durante todos estos años ante el sistema interamericano por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y a la audiencia de asistió la Defensora Pública Oficial Mariana Grasso y el Prosecretario Letrado Nicolás Laino.

Durante su alegato Grasso sostuvo que “en la actualidad, a los adolescentes en conflicto con la ley penal se les imponen penas de adultos al cumplir los 18 años y son trasladados a cárceles donde se producen violaciones de derechos humanos como las que se relataron en los casos presentados ante la Corte”. Tras lo que solicitó la reforma del Régimen Penal juvenil vigente desde la época de la dictadura.

En tanto que en representación del Estado, participaron el Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; el responsable de asuntos legales de la SENNAF, Martín Navarro y el director de Derechos Humanos (contencioso internacional) de la Cancillería, Javier Salgado, entre otros.

Lerner sostuvo que no se opone a la reforma, pero consideró que “estamos discutiendo cinco hechos que sucedieron hace 10 años” ya que “no ha habido una práctica sistemática de imposición de perpetuas, sólo hubo un pequeño puñado de jueces que lo hicieron”.

En cuanto a las declaraciones de los peritos, Cillero Bruñol, jurista chileno experto en legislación penal juvenil, sostuvo que “el régimen penal de minoridad vigente en Argentina permite la imposición de penas de adultos, que son desproporcionadas, afectan la dignidad humana y pueden ser categorizadas como crueles, inhumanas y degradantes”.

Mientras que Sofía Tiscornia, antropóloga que tuvo a su cargo las entrevistas con las víctimas y sus familiares, explicó que “los chicos condenados a perpetua son destinatarios de todos los castigos corporales y psíquicos porque para el personal penitenciario ya no tienen más destino que el castigo, por eso se les negó el derecho a la salud, a la educación y al trabajo intramuros”.

En las observaciones finales de la CIDH la Comisionada de la CIDH Rosa María Ortiz, señaló que “lo que han vivido los cinco adolescentes son consecuencias de deficiencias estructurales que requieren reformas estructurales” y solicitó que no sólo condene al Estado argentino por las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas sino también para que ordene la adecuación del actual régimen penal juvenil a los estándares internacionales.

Ahora, las partes dispondrán de 30 días para presentar sus alegatos finales escritos y a continuación la CorteIDH estará en condiciones de dictar sentencia.

Fuente: http://www.diariojudicial.com

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