Incumplimiento contractual frente a la falta de servicio de gas sufrida por la locataria producto de la indebida registración del medidor.

Partes: Navarro Sergio Ariel c/ Redondo Maria Gabriela s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Quinta

Fecha: 15-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-73998-AR | MJJ73998 | MJJ73998

Procedencia de la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, pues la locataria se vio privada en dos ocasiones del servicio de gas por no encontrarse debidamente registrado el medidor correspondiente y por resultar necesario regularizar las instalaciones a través de un gasista matriculado.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia recurrida y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, pues teniendo en cuenta los términos del contrato de locación celebrado entre las partes, el corte del servicio de gas debido al retiro del medidor existente en el inmueble por parte de la empresa prestataria -por no encontrarse el mismo debidamente registrado- constituye un claro incumplimiento de las obligaciones asumidas por la parte locadora, atento a lo establecido por los arts. 1514 , 1515 , 1525  y cc. del CCiv.

2.-Debe desestimarse la conclusión de la a quo en orden a que no se ha probado que el incumplimiento le fuera imputable a la locadora, pues contractualmente la parte accionada se obligó a entregar un inmueble destinado a vivienda familiar con sus artefactos e instalaciones en buen estado de uso, y es el caso que no se puede cumplir con el fin previsto si en forma sorpresiva la parte locataria se vio privada dos veces del servicio de gas por no encontrarse debidamente registrado el medidor correspondiente y por resultar necesario regularizar las instalaciones a través de un gasista matriculado.

3.-Resulta inadmisible el agravio según el cual la actora agravó la situación que se presentaba impidiendo que se realizaran los trabajos necesarios para regularizarla, pues se encuentra acreditado que aquélla no solo avisó a la locadora la situación que se presentaba sino que también permitió que se realizaran en el inmueble los trabajos necesarios que se exigían para regularizar las instalaciones y de esa manera poder normalizar el servicio de gas.

4.-Para realizar la calificación de la gravedad del incumplimiento en el caso no puede limitarse el examen exclusivamente al tiempo de duración de los trabajos, sino que éste debe ser necesariamente relacionado con la naturaleza propia del problema que se presentaba, la cual se encuentra íntimamente vinculada no solo con el tema comodidad de quienes habitan el inmueble sino también con el de seguridad, considerándose que éste por sus especiales características primaba sobre el tema tiempo.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza, a los quince días del mes de agosto del año dos mil doce, se reúnen en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, los Srs. Jueces titulares de la misma Drs. Adolfo Mariano Rodríguez Saá y Oscar Martínez Ferreyra, no así el Dr. Juan E. Serra Quiroga por haberse acogido a los beneficios jubilatorios, y trajeron a deliberación para resolver en definitiva la causa Nº 129.562/14.015, caratulada “NAVARRO SERGIO ARIEL C/ REDONDO MARIA GABRIELA P/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, originaria del Quinto Juzgado de Paz Letrado de la Primera Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 207 por la parte actora contra la sentencia dictada a fs. 197/200.

Llegados los autos al Tribunal, a fs. 212 se ordena expresar agravios, lo que se cumple a fs. 214/218. Corrido el traslado de ley, a fs. 221/223 se contesta el recurso, quedando los autos en estado de dictar sentencia a fs. 226.

Practicado el sorteo de ley, quedó establecido el siguiente orden de votación: Drs. Rodríguez Saá, Martínez Ferreyra y Serra Quiroga.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160  de la Constitución Provincial y 141  del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTION: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR.RODRIGUEZ SAA DIJO:

I.- Que resulta oportuno señalar que en la presente causa la parte actora promueve demanda por daños y perjuicios sosteniendo que debió resolver el contrato de locación celebrado el día 1 de diciembre del año 2.006 por cuanto el día 26 de marzo del año 2.007 se le retiró por parte de ECOGAS el medidor de gas, lo que dejó a su parte y a sus hijos viviendo en condiciones de precariedad que determinó frente a la no solución del problema la resolución del contrato y la necesidad de alquilar otra vivienda.

Reclama como daños y perjuicios la suma de pesos seiscientos once ($ 611.-) en concepto de mudanza, la de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400.-) como indemnización del mayor valor locativo y la de pesos ocho mil ($ 8.000.-) como daño moral.

En primera instancia se rechaza la demanda por daños y perjuicios promovida por la parte actora, considerando en esencia para ello el Inferior que si bien el art. 1604, inc. 4° , del Cód. Civil establece que la imposibilidad de usar la cosa conforme a su destino es una causal de resolución del contrato de locación, de la pruebas rendidas surge que en autos no se ha acreditado que la locadora demandada incumpliera en forma culpable y gravemente con sus obligaciones contractuales conforme se estipuló en el contrato y que en cambio se acreditó que hubo un agravamiento de la situación por parte del locatario quien impidió que se realizaran las reparaciones necesarias para restablecer el uso u goce del inmueble en tiempo y forma. Agrega que “La correcta interpretación del art.1604, inc. 5 del C.C.lleva a que la imposibilidad momentánea del destino de la cosa sólo autoriza a una baja proporcional del alquiler por el tiempo que duren las reparaciones o, en todo caso al uso de un hotel u otro inmuebles a cargo del locador, no siendo admisible la rescisión del contrato”.

La sentencia es apelada por la parte actora quien, al fundar su recurso, expresa que se agravia en cuanto se rechaza la demanda promovida considerándose para ello que las circunstancias fácticas alegadas por su parte no tienen entidad sufi-ciente para hacer lugar a la misma.

Cuestiona que ponga en cabeza de su parte la obligación de probar la responsabilidad y el incumplimiento de las obligaciones del locatario que llevaron a la resolución del contrato, omitiendo aplicar el art. 1605  Cód. Civil, destacando además que los vicios no eran aparentes al iniciarse la locación.

Continúa diciendo que no se han analizado elementos de prueba relevantes, señalando que se ha probado el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada aunque sea por un período de tiempo que la juez considera “corto” y que no se consideró por otra parte que del informe de ECOGAS y de la absolución de posiciones de la demandada surge que la irregularidad data del año 2001, habiendo vivido la accionada en el inmueble desde el año 2000 al 2005 por lo que sabía de las irregularidades, pues tampoco puede ella probar haber pagado el gas por ese período. No obstante ello, arrienda el inmueble como si la situación fuese inexistente y que podría haber provocado problemas en la utilización normal del servicio de gas, inclusive afectándose su salud. Además también se ha ignorado que vivían dos adultos y dos niños, uno de dos meses.Por ello es que por el estrés que causa tal situación no estaban en condiciones de soportar los inconvenientes que se produjeron.

En lo que hace a la duración del tiempo de las reparaciones, que se considera corto, se ignora que las reparaciones solo eran el comienzo del trámite para normalizar el servicio, pues la restitución del mismo no tenía un plazo cierto y por ende incierto, destacando que del informe de ECOGAS surge que el servicio fue restituido recién el 11 de abril de 2007; es decir trece días después de la resolución.

Se refiere a la realización de las obras realizadas y afirma que si bien se consideró que las demoras le eran imputables a su parte, el señor Mario Páez no llevaba su identificación para ingresar al inmueble.

Por todo lo dicho pide que se revoque la sentencia dictada y se haga lugar a la sentencia promovida.

A fs. 221/223 contesta el recurso la parte demandada quien, por las razones allí señaladas, pide su rechazo.

II.- Que en el caso que se analiza, considero que teniendo en cuenta los términos del contrato de locación celebrado entre las partes el corte del servicio de gas debido al retiro del medidor existente en el inmueble por parte de ECOGAS -por no encontrarse el mismo debidamente registrado- constituye un claro incumplimiento de las obligaciones asumidas por la parte locadora, atento a lo establecido por los arts. 1514, 1515, 1525 y cc. del Cód. Civil.

Claro está que frente al inconveniente surgido era también obligación de la parte actora comunicar inmediatamente su configuración a fin de que la parte locadora procediera a realizar las diligencias y trabajos necesarios para mantener el pleno uso y goce del inmueble, salvo que por su naturaleza, complejidad, duración e importancia de todas maneras su solución constituyera una interrupción o alteración sustancial al pleno uso y goce estipulado en el contrato, en cuyo caso es facultad de la parte locataria disolver el contrato (art. 1519 C.Civ.).

Efectuadas estas aclaraciones, y dando entonces por probado el incumplimiento del contrato de locación por parte de la demandada, corresponde analizar si resultan correctas las razones dadas en la sentencia apelada por el Inferior para rechazar la demanda promovida, debiendo para ello examinarse si efectivamente de la pruebas rendidas surge que en autos no se ha acreditado que la locadora demandada incumpliera en forma culpable y gravemente con sus obligaciones contractuales, como así también si en cambio se acreditó que hubo un agravamiento de la situación por parte del locatario impidiendo que se realizaran las reparaciones necesarias para restablecer el uso u goce del inmueble en tiempo y forma. También deberá analizarse si en el caso concreto de autos resultaba razonable la decisión adoptada por la actora de resolver en forma casi inmediata el contrato en lugar de esperar que la locadora subsanara el inconveniente que impedía en ese momento el pleno uso y goce del inmueble alquilado.

Si bien la Sra. Juez a-quo entendió que no se ha probado el incumplimiento le fuera imputable a la locadora, no puedo compartir este criterio pues contractualmente la parte accionada se obligó a entregar un inmueble destinado a vivienda familiar (cláusula I) con sus artefactos e instalaciones en buen estado de uso (cláusula XI), y es el caso que no se puede cumplir con el fin previsto si en forma sorpresiva la parte locataria se vio privada dos veces del servicio de gas por no encontrarse debidamente registrado el medidor correspondiente (fs. 106/107, pto. a) y por resultar necesario regularizar las instalaciones a través de un gasista matriculado (pto.b).

Si se tiene presente que la obligación a la que he hecho referencia es de resultado, va de suyo que ante el mero incumplimiento se presume la culpa de la parte deudora, presunción que no solo no ha sido desvirtuada en esta causa por la demandada sino que además ninguna prueba producida demuestra que los inconvenientes suscitados pudieran ser atribuidos a la parte actora.

Tampoco considero que pueda válidamente sostenerse que la actora agravó la situación que se presentaba impidiendo que se realizaran los trabajos necesarios para regularizarla, pues de la propia contestación de la demanda surge que la accionada no niega que cuando se retiró por primera vez el medidor de gas en la primera semana de marzo del año 2.007 la actora le informó tal circunstancia y al tomar ella conocimiento concurre a ECOGAS a verificar el problema logrando que ese mismo día se re-instalara el medidor, solicitando asimismo se le indicara que trabajos debía hacer para regularizar la situación.

A fs. 35 in fine admite también que el 26 de marzo retiran nuevamente el medidor, sin que se haya sostenido que ello se originó por causas atribuibles a la locataria o que ésta no le haya hecho saber o comunicado esta circunstancia. Por el contrario, que la parte actora prestó la debida colaboración conforme a las circunstancias del caso, surge del informe obrante a fs.106/107, ya que cuando se retiró por primera vez el medidor se permitió su inmediata reinstalación ante la intervención del propietario del inmueble quien solicit ó un plazo para regularizar las instalaciones, regularización que no se cumplió en tiempo y forma presentando la documentación técnica pertinente lo que determinó el segundo retiro del medidor con fecha 26 de marzo del 2.006.

Fuera de lo dicho, se encuentra acreditado en esta causa que la actora no solo avisó a la locadora la situación que se presentaba sino que también permitió que se realizaran en el inmueble los trabajos necesarios que se exigían para regularizar las instalaciones y de esa manera poder normalizar el servicio de gas.

Sobre este último punto, si bien es cierto que no prueba la actora la razón invocada para no permitir el ingreso de los operarios en primer día, no menos cierto es que pueden hacerlo el día siguiente y que un día de diferencia en más o en menos no constituye el punto central del problema que se presentaba, pues el mismo trasciende el tiempo de realización de las obras necesarias para lograr la reconexión del servicio de gas.

El ingreso de los operarios al in mueble y que en definitiva pudieron comenzar a realizar las tareas correspondientes surge de las testimoniales rendidas a fs. 108 y vta. y 109 y vta. y de las constancias de la actuación notarial agregada a fs. 12/13.

Respecto a la entidad del incumplimiento, tampoco en este caso comparto la calificación que hace la Sra.Juez de primera instancia, pues considero que para realizar la calificación del incumplimiento en el caso particular que se analiza no puede limitarse el examen exclusivamente al tiempo de duración de los trabajos sino que éste debe ser necesariamente relacionado con la naturaleza propia del problema que se presentaba la cual se encuentra íntimamente vinculada no solo con el tema comodidad de quienes habitan el inmueble sino también con el de seguridad, considerándose que éste por sus especiales características primaba sobre el tema tiempo. Ello, más allá de entender por supuesto que también en ciertos casos el tiempo de duración de la restauración del servicio de gas puede llegar a tener la suficiente relevancia como para justificar la resolución del contrato.

De los eventuales incumplimiento en los que pudiera haber incurrido la locadora, debe tenerse especialmente presente o en cuenta que el que realmente se configuró fue la falta de suministro de gas debido y que este inconveniente no solo se debió a la irregularidad referida al medidor sino también a las instalaciones (fs. 106/107, pto. b), circunstancia ésta última que admite la propia demandada en su contestación de demanda al reconocer que ECOGAS exigía la incorporación de nuevas ventilaciones y el cambio de una cañería del calefón.

Si bien la locadora intenta minimizar las irregularidades de las instalaciones, lo cierto es que las mismas no eran secundarias o irrelevantes pues si así hubiera sido se hubiera permitido directamente la reinstalación no solo inmediata sino además definitiva del medidor y ECOGAS en su informe de fs. 106/107 no hubiera consignado “.que se desconocían las condiciones de seguridad imperantes en el inmueble.”. También el Sr. Mario Alberto Páez señala en su declaración testimonial que las obras que realizó se relacionaban “Sustancialmente a las ventilaciones” (3ª. repregunta), tema que no es menor teniendo en cuenta que se trataba de un problema relacionado con el correcto funcionamiento del servi-cio de gas del inmueble.Las irregularidades referidas a las instalaciones de gas del inmueble y que se configuraban por no ajustarse a la reglamentación vigente al momento de la celebración del contrato y del los cortes del servicio de gas constituyen a mi entender una cuestión de clara gravedad pues como ha quedado dicho con anterioridad afectan la seguridad, no solo del inmueble sino de la salud de sus ocupantes.

Esta cuestión es la que me hace apartar del criterio de la juez de grado, no pudiendo dejar de tener en cuenta que es una triste realidad que no se puede dejar de tener en cuenta los constantes accidentes que se producen por pérdida de gas, los que en situaciones como la que se configuró al cortarse el suministro de gas a la actora no pueden dejarse de tener en cuenta como situaciones potenciales que pueden presentarse, creando en los ocupantes una razonable y comprensible duda subjetiva que provoca el correspondiente temor eventual emergente.

Esta duda y este temor al ser subjetivos, pero al estar basados en antecedentes anteriores concretos y objetivos, justifican que la parte afectada no deba ser obligada a vivir en el inmueble el resto del tiempo del contrato y que por el contrario pueda pedir la cesación de la locación.

A lo dicho debe agregarse, aunque no tenga la misma entidad e importancia que el tema seguridad, las molestias propias del corte del suministro de gas en la vida diaria de una familia, molestias que no duran un día sino que exigen la realización de los trámites necesarios para efectuar las obras requeridas de regularización, las obras mismas y la aprobación definitiva de ECOGAS.

En el presente caso surge de fs.106/107 que habiéndose cortado la segunda vez el servicio el día 26 de marzo del año 2.007, el medidor recién fue reinstalado el día 11 de abril de dicho año, sin que se haya acreditado que este tiempo de duración del corte le fuera comunicado a la parte actora.

Tampoco se ha probado que la parte locadora le ofreciera a la arrendataria pagarle un lugar similar para que vivieran durante la realización de las obras.

Por las razones dadas en los párrafos precedentes considero que en esta causa la parte actora ha probado el incumplimiento imputable y grave de las obligaciones de la demandada y que por su naturaleza, complejidad, duración e importancia aún siendo materialmente subsanable de todas maneras su solución constituía una interrupción o alteración sustancial al pleno uso y goce estipulado en el contrato y que por ello la facultaba a disolver el contrato (art. 1519  C. Civ.).

Debe por lo tanto revocarse la sentencia apelada, admitiéndose la procedencia de la demanda promovida. Como consecuencia de ello deben analizarse los rubros y montos reclamados.

III.- Que dada la necesidad de arrendar o de ocupar un nuevo inmueble resulta como consecuencia de ello necesario trasladar los bienes muebles existentes en la vivienda alquilada a la parte demandada, por lo que resulta procedente el rubro reclamado en concepto de gastos de mudanza al estar probada su existencia.

En lo que hace al monto, si bien es cierto que se desconoció la factura acompañada (fs. 22) y la misma no fue reconocida en esta causa, no menos cierto es que la suma indicada resulta razonable, que tampoco se ha producido prueba alguna que permita considerar lo contrario y que además el Código Procesal de Mendoza en su art. 90, inc.7° , faculta al Juez para determinar el monto del perjuicio cuando no exista prueba concreta del daño acreditad.

Sobre este punto cabe recordar que este tribual tiene dicho que “. si bien es cierto que en principio es carga del reclamante acreditar la existencia del daño y su extensión, no menos cierto es que probado el daño puede el juez de la causa fijar prudencialmente su valor (art. 90 inc. 7 del C.P.C.; L.S. 14-30).

Por lo dicho debe aceptarse la suma de pesos seiscientos once ($ 611.-), con más sus intereses moratorios calculados desde la fecha de la factura de fs. 22 (30/03/07) y desde la cual devengará los intereses moratorios legales calculados a la tasa activa que cobra en banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago de la deuda.

IV.- Que en lo que hace al reclamo referido al mayor valor locativo, la parte actora no ha producida en esta causa prueba alguna (art. 179  C.P.C.) que acredite que el nuevo inmueble arrendado sea equivalente o similar al alquilado a la demandada, surgiendo por el contrario del contrato nuevo de locación una serien de detalles (un dormitorio en suite con hidromasaje, portón levadizo, dos equipos de aire acondicionado, etc.) que permiten suponer un inmueble de mayor valor locativo.

Tampoco puede deducirse un mayor valor por el tiempo transcurrido entre la celebración de los contratos, debiendo señalarse que en segundo se ha consignado erróneamente la fecha de celebración.

Consecuentemente con ello debe rechazarse la procedencia de este rubro.

V.- Que finalmente se reclama en conjunto la suma de pesos ocho mil ($ 8.000.-) en concepto de daño moral.

Previo a todo cabe recordar que el daño moral ha sido definido certeramente como la “lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria” (conf. Bustamante Alsina, “Teoría General de la responsabilidad civil”, p.205).

Se caracteriza como el que no menoscaba el patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley; su indemnización tiende a reparar la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (conf. C.N.Civ., Sala K, LA LEY 1997-F- 638).

Como señala Borda, la noción de daño moral se haya vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales. (conf. BORDA, G., “La reforma al Código Civil”, ED, 29-763) y no tiene que guardar una relación estricta con los daños materiales, toda vez que un hecho puede producir daños materiales cuantiosos y no vulnerar o lesionar las afecciones legítimas y viceversa. Existen supuestos, además, en los que no se requiere una prueba directa sobre su existencia y extensión, ya que se tiene por acreditado por la sola comisión del acto antijurídico; esto es, es una prueba “in re ipsa”, surge inmediatamente de los hechos mismos y en este sentido los jueces gozan de un amplio arbitrio para su determinación, tomando en cuenta los padecimientos sufridos y las condiciones particulares de la víctima.

Si bien en la órbita contractual se exige una acabada configuración del daño moral, existen situaciones como la de autos en la que el daño en las circunstancias particulares que se produce resulta de una máxima de la experiencia, como es que toda mudanza de suyo produce una afectación a la tranquilidad de espíritu hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley, tal como se indicara precedentemente, además de las molestias materiales propias que implica el traslado de vivienda.

De esta manera, y a pesar de que los actores no han producido ninguna prueba que permita determinar la verdadera entidad del daño moral experimentado, su existencia debe darse por probadaconforme a lo dicho precedentemente, sin perjuicio de la incidencia que esta ausencia de pruebas pueda tener respecto del monto que al mismo en definitiva se le asigne.

Así las cosas, ante la orfandad probatoria sobre el tema y de conformidad con lo establecido por el art. 90, inc. 7°, C.P.C. entiendo que resulta razonable fijar este rubro en la suma conjunta de pesos tres mil ($ 3.000.-) a la fecha de la resolución del contrato (29 de marzo del 2.007), fecha desde la cual devengará los intereses moratorios legales calculados a la tasa activa que cobra en banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago de la deuda.

VI.- Que en conclusión, y a modo de resumen, por las razones dadas en los puntos anteriores considero que debe admitirse parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, admitiéndose los reclamos referidos a gastos de mudanza y al daño moral y rechazándose la procedencia del mayor valor locativo pretendido. Así voto.

Sobre la misma cuestión, el Dr. Martínez Ferreyra manifiesta que adhiere, por las razones dadas, al voto precedente.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. RODRIGUEZ SAA DIJO:

Que dado el resultado al cual se arriba respecto del recurso interpuesto, corresponde que las costas de primera instancia deben estar a cargo de la parte demandada en al proporción que progresa la demanda y cargo de la actora en la que la misma no prospera (arts. 36  C.P.C.) y 4 L.A.).

En el caso del reclamo realizado por la Sra. Fernanda Beatriz Díaz progresa la demanda por pesos dos mil ciento once ($ 2.111.-) y se rechazar por pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400.-). En el del Sr. Sergio Ariel Navarro progresa por pesos mil quinientos ($ 1.500.-).

De la misma manera, las costas de la alzada deben estar a cargo de la parte demandada en la proporción que progresa el recurso ($ 3.611.-) y a cargo de la Sra. Fernanda Beatriz Díaz en la que el mismo no prospera ($ 2.400.-; arts. 36 C.P.C.y 4 L.A.). Así voto.

Sobre la misma cuestión, el Dr. Martínez Ferreyra señala que adhiere, por las razones dadas, al voto precedente.

Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

MENDOZA, 15 de agosto de 2.012.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo precedente, este Tribunal,

RESUELVE:

I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 207 contra la sentencia dictada a fs. 197/200, la cual se revoca y se sustituye por la siguiente:

“I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por los Srs. Fernanda Beatriz Díaz y Sergio Ariel Navarro contra la Sra. María Gabriela redondo y consecuencia condenar a ésta a pagar a los actores las sumas de pesos dos mil ciento once ($ 2.111.-) y mil quinientos ($ 1.500.-), respectivamente, con más sus intereses moratorios legales calculados en la forma indicada al analizar cada uno de los rubros cuya procedencia se acepta”.

“II.- Imponer las costas del proceso a la parte demandada en la proporción que progresa la demanda y a los actores en la que la misma no prospera (arts. 36 C.P.C.) y 4 L.A.)”.

“III.- Regular los honorarios de los Drs. Esteban Rinaudo, Valentín Redondo , Daniel Rogelio Chaer, Paola Vanesa Jara, María Alejandra Sticca y Gabriela Muñoz en las sumas de pesos . ($ .), . ($ .-), . ($ .-), . ($ .-), . ($ .-) y . ($ .), respectivamente por lo que progresa la demanda y en las sumas de pesos . ($ .-), . ($.), . ($ .), . ($ .), . ($ .-) y . ($.), respectivamente por lo que la misma no progresa y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que pudieran corresponder (arts. 2,3,4,13,19 y 31 L.A.)”.

II.- Imponer las costas de la alzada a la parte demandada en la proporción que progresa el recurso y a los actores en la que el mismo no prospera (arts. 36 C.P.C.) y 4 L.A.).

III.- Regular los honorarios de los Drs. María Alejandra Sticca, Daniel Rogelio Chaher, Valentín Antonio Redondo y Laura Giunta en las sumas de pesos ochenta y seis con sesenta y seis ctvos. ($ 86,66.-), doscientos ochenta y ocho con ochenta y ocho ctvos. ($ 288,88.-), sesenta con sesenta y cuatro ctvos. ($ .) y . ($ .-), respectivamente por lo que progresa el recurso y en las sumas de pesos . ($ .), . ($.), . ($ .) y . ($.-), respectivamente por lo que el mismo no progresa y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que pudieran corresponder (arts. 2,3,4,13,19 y 31 L.A.).

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.

Dr. Adolfo RODRIGUEZ SAA

Dr. Oscar Alberto MARTINEZ FERREYRA

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s