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Una profunda polémica generó el decreto que le otorgó al viceministro de Economía, Axel Kicillof, el poder sobre 41 empresas privadas que tienen directores en representación del Estado, que tendrán indemnidad legal, podrán brindarle al Gobierno datos confidenciales de las compañías y cobrarán sus honorarios a través de una cuenta única como empleados públicos.
El decreto 1278 /2012, que le confirió ese mandato al viceministro, según abogados consultados por LA NACION choca con la ley de sociedades y contra otras normas legales, al darles a los funcionarios que representan a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) más privilegios y menores obligaciones que a sus pares del sector privado.
Los artículos más controvertidos de esta decisión del Poder Ejecutivo firmada hace dos semanas son:
El Estado nacional “garantizará la indemnidad de los directores alcanzados por el presente [decreto], cuando la actuación en virtud de la cual se pretendiese hacer valer su responsabilidad se basase en el cumplimiento de las directivas y recomendaciones que hubieran sido emitidas” por el área que conduce Kicillof.
Los directores son funcionarios públicos, a diferencia del régimen que existe hasta ahora para los representantes del Estado en firmas del sector privado, que los consideraba como tales.
Los honorarios para los directores designados por el Estado deberán ser depositados en “las cuentas bancarias del servicio administrativo financiero 357-jurisdicción 50 del Ministerio de Economía”, en lugar de que lo cobren los funcionarios en forma directa.
Si los representantes del sector público son “requeridos, intimados o imputados por el ejercicio” de sus responsabilidades, el Ministerio y la Procuración del Tesoro “atenderán y proveerán con la urgencia requerida lo necesario para asegurar su defensa, representación, patrocinio legal o asistencia en la materia”.
Estos directores percibirán del Estado nacional una retribución mensual de acuerdo con una escala establecida en el reglamento por el Ministerio de Economía, en vez de cobrar, como ocurre hasta ahora, honorarios similares a sus pares del sector privado.
Podrán solicitar mensualmente informes de gestión de la empresa para que los analice Kicillof, pese a que en realidad representan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que administra el dinero de los futuros jubilados, y no al Ministerio de Economía.
Las principales
Las empresas en las que el Gobierno tiene una mayor participación son el Banco Macro (30,9 por ciento del capital accionario), San Miguel (26,9%), Gas Natural Ban (26,6%), Consultatio (26,6%) y Edenor (26,5 por ciento). También hay tenencias relevantes en Siderar, Telecom, Pampa Energía, Emdersa, Transener y Camuzzi.
El abogado Héctor Rossi Camilión, síndico e integrante del directorio de empresas argentinas y filiales de empresas extranjeras en el país, se preguntó: “¿Los directores de la Anses están en igualdad de condiciones que los demás al tener indemnidad y garantía de que los va a representar la Procuración?”.
Por su parte, el constitucionalista Gregorio Badeni consideró que “estas normas alteran el normal funcionamiento del derecho comercial y administrativo para las empresas privadas, que, pese a tener participación del Estado, son privadas”.
El experto dijo que “no puede regir la indemnidad para algunos directores, cuando el Código Civil establece claramente la solidaridad entre todos los directores de una sociedad” en el sector privado.
También calificó como “una anormalidad” la decisión de depositar los honorarios en una cuenta del Estado en lugar de pagarles directamente a los funcionarios.
El especialista en sociedades Eduardo Bacqué dijo que “el Gobierno confunde el concepto de sociedad con el de lo público; es un disparate, como las atribuciones anteriores que le otorgaron a la Anses”.
Más categórico, el presidente del Colegio Público de Abogados porteño, Jorge Rizzo, sostuvo que “los directores representantes del Estado funcionan como espías, ya que su tarea es exclusivamente de control y fiscalización y no de desarrollo, convirtiéndose en meros mandatarios de las órdenes que les da su patrono bajo pena de responsabilidad personal, solidaria e ilimitada”.
Por esta razón, agregó, “se trataría de una suerte de renuncia a la dignidad del cargo, en función de someterse ciegamente los antojos de la Secretaria de Política Económica”, la repartición que conduce Kicillof.
Pese a estas protestas verbales, hasta ahora ninguna empresa que tiene representantes de la Anses en su directorio optó por presentarse ante la Justicia para cuestionar el decreto.
“Es mejor aceptar a un par de directores que rápidamente se adaptan al funcionamiento de cualquier directorio que resistir y enfrentar la posibilidad de que haya inspecciones por parte de los organismos del Gobierno, que no dejan pasar ni siquiera una declaración crítica”, admitió un encumbrado ejecutivo del sector financiero.
LAS ACCIONES DE LA ANSES
30,97%
Banco Macro
Sector financiero
26,63%
Gas Natural Ban
Sector Energético
26,62%
Consultatio
Desarrolladora Inmobiliaria
26,54%
Edenor
Distribuidora Eléctrica
25,98%
Siderar
Siderúrgica
24,99%
Telecom
Telecomunicaciones
DIXIT
“Las normas alteran el normal funcionamiento del derecho comercial y administrativo”
GREGORIO BADENI
ABOGADO CONSTITUCIONALISTA
