fbpx

El nuevo Código Civil avanzará en limitar los derechos de los empleados públicos

Luego del receso legislativo, esta semana comenzarán los trámites para debatir la unificación de los códigos Civil y Comercial, que incorporan importantes cambios.

 Uno de ellos, es el que limita la responsabilidad del Estado y los funcionarios al ámbito del derecho administrativo, motivo por el cual se los excluye de la responsabilidad civil frente a terceros.

 De esta manera, si un empleado que trabaja para alguna repartición pública sufre un accidente de trabajo, no podría reclamar en la Justicia el resarcimiento pleno del daño. Esto representa una discriminación frente a un dependiente del sector privado, que seguirá contando con la posibilidad de reclamar una indemnización por encima de la tarifa que fija la ley de Riesgos del Trabajo, informó el diario Clarín.

 Al respecto, Horacio Schick puntualizó al matutino que «el anteproyecto elaborado por una comisión de juristas determinaba que el Estado y los funcionarios respondían civilmente ante los damnificados por los daños ejecutados por sus actos, fueran éstos lícitos o ilícitos, con alcances similares a los daños ocasionados por las personas físicas o jurídicas de orden privado».

 En la actualidad, el Estado en todas sus esferas es empleador, en forma directa y a veces indirecta, de centenares de miles de trabajadores, agentes o funcionarios, quienes se rigen por las normas del empleo público y en algunos casos por la Ley de Contrato de Trabajo.

 Con el nuevo artículo 1.764, destaca Clarín, se plantea la inaplicabilidad de todas las disposiciones del título V del Código que se refieren a la responsabilidad civil al Estado tanto de manera directa como subsidiaria.

 Schick manifestó al matutino que ese cambio «implica para los empleados y funcionarios públicos una discriminación peyorativa respecto a los trabajadores del ámbito privado y una negación de derechos elementales de raigambre constitucional, indiscutidos desde la sanción del Código Civil y de la primera ley de accidentes en el año 1915».

 Los titulares del Senado y de Diputados, Amado Boudou y Julián Domínguez, nombrarán en las próximas horas a los 30 miembros de la Bicameral que comenzará a funcionar el 8 de agosto y deberá emitir dictamen en 90 días, informó el matutino.

 Luego el proyecto irá directo al Senado, donde su tratamiento seguramente estará rodeado de polémica. La misma que se espera para el momento de su aterrizaje en Diputados.

Fuente: http://legales.iprofesional.com

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: